Opinión
Venezuela: un plan perverso a derrotar
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega me hago eco de esta condensada, profunda y audaz reflexión del intelectual Julio Escalona sobre la situación actual de Venezuela y las perspectivas derivadas del plan orquestado por la extrema derecha de ese país y el poder imperialista estadounidense. Su texto se titula “Impugnación Y Guerra” y dice así:
“Capriles ha impugnado el resultado de las elecciones ante el TSJ. Han desconocido al CNE, al presidente Maduro, y desconocerán al TSJ. Desconocer las instituciones es una forma de subversión.”
“La declaración de Obama, la intensificación de la guerra en Siria con la participación de Israel, son una clara señal de que una vez que inician un proceso de desestabilización, continúan hasta el final, a menos que los derrotemos políticamente.”
“La relación entre política y guerra cambió. Ayer la guerra era la continuación de la política por otros medios. Hoy la política imperial es la continuación de la guerra por otros medios. Si las fuerzas imperiales nos derrotan políticamente, habrá guerra. Por eso hoy los errores políticos son tan graves.”
“La invasión es un hecho. Bandas de narco-paramilitares han ocupado zonas fronterizas, barrios, campos, cárceles; controlan el contrabando de gasolina, bienes de Mercal, tráfico de armas, sicariato, tráfico de drogas… Con redes “populares” lanzan invasiones de terrenos que negocian con gente pobre fortaleciendo su base social; secuestros exprés, motines carcelarios, guerras de pandillas, atracos, desorden urbano… La vida cotidiana convertida en un infierno.”
“El desconocimiento del resultado electoral y el llamado de Capriles a “descargar la arrechera” son la señal para que esas fuerzas entren en acción para la batalla final. Por eso se han sumado la cúpula de la Iglesia Católica y organizaciones como Provea.”
“Con guerra mediática y psicológica, fomentan desestabilización, inseguridad y miedo, bases del fascismo. Con participación de fuerzas de derecha y funcionarios públicos corruptos van constituyendo un poder paralelo. Si no actuamos a tiempo ese poder proclamará a Capriles como presidente electo.”
“Tiene razón el presidente Maduro, el asesinato del periodista Jhonny González es obra de sicarios. También el secuestro del concejal Rafael Albertos. Van a generalizar los atentados y la guerra económica, crear ingobernabilidad, a proclamar a Capriles presidente e invocar protección internacional. Tratarán de llevarse por delante la Celac, Unasur, Petrocaribe, la cooperación solidaria, el comercio justo, la soberanía…”
“El plan para una guerra regional está en marcha. Si ganamos la batalla política podemos impedir su ejecución.”
- Motivaciones del recrudecimiento de la contrarrevolución.
La Venezuela de Bolívar y Chávez ha sido la bujía inspiradora de un camino desbrozado recientemente por la fuerza de un pueblo, que desde su nueva y original rebeldía cívico-militar, entendió que en un continente bajo dominación imperial no era posible recuperar su independencia y alcanzar su libertad plena sin unir voluntades con las demás naciones oprimidas, camino a la Patria Grande liberada y al socialismo redentor; más aún en medio de la pertinaces y perversas agresiones imperialistas encabezadas por el Norte revuelto y brutal que nos explota y saquea.
La Venezuela de Chávez -esa que se abraza a Bolívar, Manuelita Sáez, Martí, O’higgins, San Martín, Zapata, Sandino, Betances, Duarte, El Che, Caamaño y Fidel- ha sido dínamo y factor solidario de una trascendente y profunda oleada transformadora, confabulándose entre sí sus enemigos jurados para generar fascismo, contrarrevolución interna e imperial, intervención pentagónica y guerra.
Esa Venezuela, que sobrevive con gallardía al delicado impacto de la dolorosa muerte inducida del comandante Chávez y que promete desde el nuevo gobierno del PSUV y el Polo Patriótico lealtad al valioso legado del comandante eterno, está ahora (por esa noble actitud y por el pérfido cálculo imperial sobre la “oportunidad” que le brinda la muerte de Chávez), sometida a un nuevo, agresivo y peligroso plan desestabilizador de factura imperial.
Un plan contrarrevolucionario que arranca con el desconocimiento de los resultados electorales (desfavorables para las derechas), que niega la legitimidad probada y mundialmente reconocida del gobierno Nicolás Maduro y que procura subvertir las instituciones vigentes, merece un rechazo categórico e inequívoco de nuestros pueblos.
Un plan desestabilizador que se perfila en los trajines paramilitares y conspirativos de la reacción interna, en las declaraciones incitadoras del presidente Obama y sus asesores, en el contubernio de Capriles con las fuerzas del guerrerismo colombiano, en las incitaciones del naciente neo-fascismo alimentado por la lumpen-burguesía- exhibe ya el rostro genocida y criminal de la subversión antidemocrática, de la agresión violenta y la amenaza de guerra. No olvidemos la siembra de bases militares en Colombia de cara a Venezuela y a la Amazonía, al petróleo, al gas, al agua, a la biodiversidad y a los minerales estratégicos presentes en la región.
- Contraofensiva reaccionaria continental.
Esa contraofensiva de la gran burguesía transnacional trasciende las fronteras venezolanas y está presente y activa, con gradaciones variadas, contra todos los países del ALBA y más allá: contra todo el proceso hacia la segunda independencia continental, no importa su profundidad en cada caso (Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Brasil, Uruguay…); caminando parejo a otras similares en Asia, África, Medio Oriente y Europa.
La apuesta imperial –en el contexto de la multi-crisis crónica del sistema capitalista- es a la derecha, a la recolonización monda y lironda, a las agresiones multifacéticas (directas e indirectas) de ablandamiento y desgaste, a la ocupación de territorio con sus tropas y al empleo brutal de su decadente poderío.
Esto amerita un persistente concierto de movilización interna y de solidaridad mundial, que pasa por el avance en grande del torrente transformador colombiano (país vecino y plataforma de la contra venezolana-estadounidense), hasta derrotar políticamente esos funestos designios.
De lo contrario, si no hay victoria política rotunda, profundización de las transformaciones emprendidas y rápida ampliación del apoyo y la participación popular, habrá guerra en Venezuela, traspasando a continuación las fronteras formales en el Norte de Suramérica, vórtice de los cambios continentales en marcha.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.