Opinión
Venezuela: un plan perverso a derrotar
Por Narciso Isa Conde
En esta entrega me hago eco de esta condensada, profunda y audaz reflexión del intelectual Julio Escalona sobre la situación actual de Venezuela y las perspectivas derivadas del plan orquestado por la extrema derecha de ese país y el poder imperialista estadounidense. Su texto se titula “Impugnación Y Guerra” y dice así:
“Capriles ha impugnado el resultado de las elecciones ante el TSJ. Han desconocido al CNE, al presidente Maduro, y desconocerán al TSJ. Desconocer las instituciones es una forma de subversión.”
“La declaración de Obama, la intensificación de la guerra en Siria con la participación de Israel, son una clara señal de que una vez que inician un proceso de desestabilización, continúan hasta el final, a menos que los derrotemos políticamente.”
“La relación entre política y guerra cambió. Ayer la guerra era la continuación de la política por otros medios. Hoy la política imperial es la continuación de la guerra por otros medios. Si las fuerzas imperiales nos derrotan políticamente, habrá guerra. Por eso hoy los errores políticos son tan graves.”
“La invasión es un hecho. Bandas de narco-paramilitares han ocupado zonas fronterizas, barrios, campos, cárceles; controlan el contrabando de gasolina, bienes de Mercal, tráfico de armas, sicariato, tráfico de drogas… Con redes “populares” lanzan invasiones de terrenos que negocian con gente pobre fortaleciendo su base social; secuestros exprés, motines carcelarios, guerras de pandillas, atracos, desorden urbano… La vida cotidiana convertida en un infierno.”
“El desconocimiento del resultado electoral y el llamado de Capriles a “descargar la arrechera” son la señal para que esas fuerzas entren en acción para la batalla final. Por eso se han sumado la cúpula de la Iglesia Católica y organizaciones como Provea.”
“Con guerra mediática y psicológica, fomentan desestabilización, inseguridad y miedo, bases del fascismo. Con participación de fuerzas de derecha y funcionarios públicos corruptos van constituyendo un poder paralelo. Si no actuamos a tiempo ese poder proclamará a Capriles como presidente electo.”
“Tiene razón el presidente Maduro, el asesinato del periodista Jhonny González es obra de sicarios. También el secuestro del concejal Rafael Albertos. Van a generalizar los atentados y la guerra económica, crear ingobernabilidad, a proclamar a Capriles presidente e invocar protección internacional. Tratarán de llevarse por delante la Celac, Unasur, Petrocaribe, la cooperación solidaria, el comercio justo, la soberanía…”
“El plan para una guerra regional está en marcha. Si ganamos la batalla política podemos impedir su ejecución.”
- Motivaciones del recrudecimiento de la contrarrevolución.
La Venezuela de Bolívar y Chávez ha sido la bujía inspiradora de un camino desbrozado recientemente por la fuerza de un pueblo, que desde su nueva y original rebeldía cívico-militar, entendió que en un continente bajo dominación imperial no era posible recuperar su independencia y alcanzar su libertad plena sin unir voluntades con las demás naciones oprimidas, camino a la Patria Grande liberada y al socialismo redentor; más aún en medio de la pertinaces y perversas agresiones imperialistas encabezadas por el Norte revuelto y brutal que nos explota y saquea.
La Venezuela de Chávez -esa que se abraza a Bolívar, Manuelita Sáez, Martí, O’higgins, San Martín, Zapata, Sandino, Betances, Duarte, El Che, Caamaño y Fidel- ha sido dínamo y factor solidario de una trascendente y profunda oleada transformadora, confabulándose entre sí sus enemigos jurados para generar fascismo, contrarrevolución interna e imperial, intervención pentagónica y guerra.
Esa Venezuela, que sobrevive con gallardía al delicado impacto de la dolorosa muerte inducida del comandante Chávez y que promete desde el nuevo gobierno del PSUV y el Polo Patriótico lealtad al valioso legado del comandante eterno, está ahora (por esa noble actitud y por el pérfido cálculo imperial sobre la “oportunidad” que le brinda la muerte de Chávez), sometida a un nuevo, agresivo y peligroso plan desestabilizador de factura imperial.
Un plan contrarrevolucionario que arranca con el desconocimiento de los resultados electorales (desfavorables para las derechas), que niega la legitimidad probada y mundialmente reconocida del gobierno Nicolás Maduro y que procura subvertir las instituciones vigentes, merece un rechazo categórico e inequívoco de nuestros pueblos.
Un plan desestabilizador que se perfila en los trajines paramilitares y conspirativos de la reacción interna, en las declaraciones incitadoras del presidente Obama y sus asesores, en el contubernio de Capriles con las fuerzas del guerrerismo colombiano, en las incitaciones del naciente neo-fascismo alimentado por la lumpen-burguesía- exhibe ya el rostro genocida y criminal de la subversión antidemocrática, de la agresión violenta y la amenaza de guerra. No olvidemos la siembra de bases militares en Colombia de cara a Venezuela y a la Amazonía, al petróleo, al gas, al agua, a la biodiversidad y a los minerales estratégicos presentes en la región.
- Contraofensiva reaccionaria continental.
Esa contraofensiva de la gran burguesía transnacional trasciende las fronteras venezolanas y está presente y activa, con gradaciones variadas, contra todos los países del ALBA y más allá: contra todo el proceso hacia la segunda independencia continental, no importa su profundidad en cada caso (Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Brasil, Uruguay…); caminando parejo a otras similares en Asia, África, Medio Oriente y Europa.
La apuesta imperial –en el contexto de la multi-crisis crónica del sistema capitalista- es a la derecha, a la recolonización monda y lironda, a las agresiones multifacéticas (directas e indirectas) de ablandamiento y desgaste, a la ocupación de territorio con sus tropas y al empleo brutal de su decadente poderío.
Esto amerita un persistente concierto de movilización interna y de solidaridad mundial, que pasa por el avance en grande del torrente transformador colombiano (país vecino y plataforma de la contra venezolana-estadounidense), hasta derrotar políticamente esos funestos designios.
De lo contrario, si no hay victoria política rotunda, profundización de las transformaciones emprendidas y rápida ampliación del apoyo y la participación popular, habrá guerra en Venezuela, traspasando a continuación las fronteras formales en el Norte de Suramérica, vórtice de los cambios continentales en marcha.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.