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Placas por las nubes: vehículos pagarán desde RD$1,200 hasta RD$261,000
Para los carros fabricados a partir del 2000, habrá alzas desde un 25% hasta un 11,000%. –
Los automóviles son mayoría en el parque vehicular dominicano. –
Si usted es propietario de un vehículo de motor clasificado como de uso privado, vaya preparando su presupuesto para renovar la placa o impuesto a la circulación, que ahora viene con nuevos valores.Para los vehículos fabricados a partir del 2000, habrá incrementos porcentuales desde un 25% hasta aproximadamente un 11,000%. En valor absoluto, hay categoría de vehículos que en la versión 2013 pagará más de RD$261,000 este año. De las alzas solo se libran los vehículos del transporte público, que seguirán con el patrón utilizado hasta el último proceso de renovación, que fue de RD$1,200 para los vehículos de más de cinco años de fabricación y de RD$2,200 para los de menos de cinco años.
En el caso de los vehículos privados, la valoración impositiva nunca será menor al mínimo actual, aunque el precio de la unidad, contenido en el listado de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) arroje un monto por debajo del mínimo actual.
Según la ley 253.12 de Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, el impuesto anual por circulación a los vehículos de motor será de un 1% sobre su valor. Para esos fines, la DGII tiene elaborada una tabla con los valores de los distintos modelos y marcas de vehículos fabricados a partir del 1997. Por las diferentes marcas y modelos, hay más de 100 variedades, y los modelos parten del 1997. La depreciación comienza en ese año, pero si hay algún modelo más viejo circulando, se asume el 1997 como fecha de referencia.
Los lujosos
Los vehículos cuyas solas marcas infieren lujo, como Mercedes Benz, Jaguar, Rolls Royce, Lexus, BMW, Toyota Land Cruiser y Land Rover Discovery cargarán con el mayor peso de los aumentos.
Pero el festival no excluye a los vehículos llamados utilitarios con siete u ocho años de fabricación, los cuales sufrirán aumentos de hasta más de un 100% en el pago de la placa. Un Toyota Corolla con motor de 1,800cc, del año 2004, que el año pasado pagó RD$1,200, ahora deberá pagar RD$2,823, un poco más del doble. Si es un Yaris de 1,300 cc del año 2008, que debía comenzar a pagar RD$1,200 por renovación de placa, sube a RD$3,535, y en el caso de uno del 2013 entonces el impuesto se eleva a RD$7,435.
Un Acura del 1997, que pagó en su última renovación RD$1,200, por el valor asignado en la lista de la DGII (RD$184,600) pagará a partir de agosto cuando inicia la renovación, RD$1,846. Una yipeta Hyundai Santa Fe 4X4 del 2011 pagará RD$2,402, en lugar de RD$1,200, mientras que a la del 2013 la nueva renovación le costará RD$11,141.
En tanto, un Toyota Camry XLE del año 1997 pagará RD$1,564 y la renovación para uno del 2013 costará RD$12,093. Una camioneta Toyota Hilux SR5 del año 1997 paga RD$1,539, pero si es la renovación de una del 2013, entonces el monto sube a RD$11,906.
En el caso de una Toyota Prado 4×4 del año 2009, que ahora pagaría su último año de RD$2,200, no disfrutará del beneficio de RD$1,200 para los vehículos de más de cinco años y en cambio con la nueva Ley subirá a RD$9,643. Si es una renovación para un modelo del 2013, entonces pagará RD$16,084.
Si se trata de un Toyota Land Cruiser 3,000cc del año 1997, en lugar de RD$1,200 pagará por renovar la placa RD$2,079, y si es del 2013 la cotización por derecho a circular subirá a RD$16,080. En caso de un modelo VX 4,200cc del 1997, el costo es de RD$1,780 y la renovación para un modelo 2013 cuesta RD$13,765.
En el círculo de autos lujosos (en una época bautizados como pescuezo largo), un mercedes 350 SDL V6-2960vv del 1997 paga RD$5,280 en vez de RD$1,200 y si es un modelo 2013 en función de renovación, no disfrutará la ganga de RD$2,200 y cae en RD$40,866. El modelo 600 SEL V8-5,547 del año 2013,para renovar la placa su propietario tendrá que desembolsar RD$55,137.
Un Rolls Royce Phantom del año 2009, que estaba a punto de entrar al círculo de los RD$1,200 de ´placa al año, ahora deberá pagar RD$10,682, mientras que uno del 2013 en categoría de renovación paga RD$178,139.
Un Land Rover Discovery 3.0 V6 del año 2009 pagará RD$15,694 y uno del 2013 al renovar a partir de agosto pagará RD$261,713.
Otra categoría de lujo, pero inferior, como BMW en su modelo 318i, del año 2009, pagará RD$7,889, mientras que el del 2013 sube a RD$13,154, en tanto que un Lexus IS-2500 de 2,500cc, si es del 2009 paga RD$12,109 y RD$20,193 si es del 2013.
Un Honda Acord 2200cc, que no llega a lujoso, pero que tampoco es netamente utilitario, pagará para una renovación del 2013 RD$7,900. Si es modelo 2,000 entonces sube de RD$1,200 a RD$1,500. Un Suzuki Gran Vitara de 1,600cc del 2009 pagará RD$4,199 y RD$7,001 si es del 2013.
Un Toyota Rav4,4×4, 2000cc,d el año 1997, que por su valor en libro debía pagar unos RD$900, se perjudica del mandato de que ningún vehículo paga una cuota inferior a RD$1,200 al año y por tanto se queda en ese nivel, que es mayor al 1% del valor.
Exclusiones
La Ley excluye del pago del impuesto de circulación vehicular a los vehículos exonerados propiedad de entidades del Estado, los que tienen placas rotuladas, los de oficiales de organismos militares y exonerados estatales, los vehículos que gozan de exoneración total que son propiedad de entidades sin fines de lucro o religiosas, y los vehículos exonerados propiedad de organizaciones internacionales, diplomáticas y consulares. Adicionalmente, se excluyen del impuesto las máquinas pesadas, los montacargas dedicados a actividades industriales, agrícola, minera, comercial, aduanal o de construcción que sean usados exclusivamente en el lugar de trabajo y estén registrados bajo la propiedad de personas físicas o jurídicas inscritas en la DGII con una de las actividades citadas.
Para los vehículos rentados o alquilados existe un método de valoración diferente. El artículo 9 de la Norma General 03-2013 emitida ayer por la DGII dice que los vehículos propiedad de empresas de rent car, pagarán el impuesto sobre los vehículos registrados a su nombre, con base al valor que las empresas le asigne a cada vehículo para fines de transferencia.
Precisa, sin embargo, que en ningún caso el monto a pagar que resulte de la aplicación del 1% sobre el valor, será menor que RD$2,000.00. –
El Caribe
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Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.