Nacionales
Placas por las nubes: vehículos pagarán desde RD$1,200 hasta RD$261,000
Para los carros fabricados a partir del 2000, habrá alzas desde un 25% hasta un 11,000%. –
Los automóviles son mayoría en el parque vehicular dominicano. –
Si usted es propietario de un vehículo de motor clasificado como de uso privado, vaya preparando su presupuesto para renovar la placa o impuesto a la circulación, que ahora viene con nuevos valores.Para los vehículos fabricados a partir del 2000, habrá incrementos porcentuales desde un 25% hasta aproximadamente un 11,000%. En valor absoluto, hay categoría de vehículos que en la versión 2013 pagará más de RD$261,000 este año. De las alzas solo se libran los vehículos del transporte público, que seguirán con el patrón utilizado hasta el último proceso de renovación, que fue de RD$1,200 para los vehículos de más de cinco años de fabricación y de RD$2,200 para los de menos de cinco años.
En el caso de los vehículos privados, la valoración impositiva nunca será menor al mínimo actual, aunque el precio de la unidad, contenido en el listado de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) arroje un monto por debajo del mínimo actual.
Según la ley 253.12 de Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, el impuesto anual por circulación a los vehículos de motor será de un 1% sobre su valor. Para esos fines, la DGII tiene elaborada una tabla con los valores de los distintos modelos y marcas de vehículos fabricados a partir del 1997. Por las diferentes marcas y modelos, hay más de 100 variedades, y los modelos parten del 1997. La depreciación comienza en ese año, pero si hay algún modelo más viejo circulando, se asume el 1997 como fecha de referencia.
Los lujosos
Los vehículos cuyas solas marcas infieren lujo, como Mercedes Benz, Jaguar, Rolls Royce, Lexus, BMW, Toyota Land Cruiser y Land Rover Discovery cargarán con el mayor peso de los aumentos.
Pero el festival no excluye a los vehículos llamados utilitarios con siete u ocho años de fabricación, los cuales sufrirán aumentos de hasta más de un 100% en el pago de la placa. Un Toyota Corolla con motor de 1,800cc, del año 2004, que el año pasado pagó RD$1,200, ahora deberá pagar RD$2,823, un poco más del doble. Si es un Yaris de 1,300 cc del año 2008, que debía comenzar a pagar RD$1,200 por renovación de placa, sube a RD$3,535, y en el caso de uno del 2013 entonces el impuesto se eleva a RD$7,435.
Un Acura del 1997, que pagó en su última renovación RD$1,200, por el valor asignado en la lista de la DGII (RD$184,600) pagará a partir de agosto cuando inicia la renovación, RD$1,846. Una yipeta Hyundai Santa Fe 4X4 del 2011 pagará RD$2,402, en lugar de RD$1,200, mientras que a la del 2013 la nueva renovación le costará RD$11,141.
En tanto, un Toyota Camry XLE del año 1997 pagará RD$1,564 y la renovación para uno del 2013 costará RD$12,093. Una camioneta Toyota Hilux SR5 del año 1997 paga RD$1,539, pero si es la renovación de una del 2013, entonces el monto sube a RD$11,906.
En el caso de una Toyota Prado 4×4 del año 2009, que ahora pagaría su último año de RD$2,200, no disfrutará del beneficio de RD$1,200 para los vehículos de más de cinco años y en cambio con la nueva Ley subirá a RD$9,643. Si es una renovación para un modelo del 2013, entonces pagará RD$16,084.
Si se trata de un Toyota Land Cruiser 3,000cc del año 1997, en lugar de RD$1,200 pagará por renovar la placa RD$2,079, y si es del 2013 la cotización por derecho a circular subirá a RD$16,080. En caso de un modelo VX 4,200cc del 1997, el costo es de RD$1,780 y la renovación para un modelo 2013 cuesta RD$13,765.
En el círculo de autos lujosos (en una época bautizados como pescuezo largo), un mercedes 350 SDL V6-2960vv del 1997 paga RD$5,280 en vez de RD$1,200 y si es un modelo 2013 en función de renovación, no disfrutará la ganga de RD$2,200 y cae en RD$40,866. El modelo 600 SEL V8-5,547 del año 2013,para renovar la placa su propietario tendrá que desembolsar RD$55,137.
Un Rolls Royce Phantom del año 2009, que estaba a punto de entrar al círculo de los RD$1,200 de ´placa al año, ahora deberá pagar RD$10,682, mientras que uno del 2013 en categoría de renovación paga RD$178,139.
Un Land Rover Discovery 3.0 V6 del año 2009 pagará RD$15,694 y uno del 2013 al renovar a partir de agosto pagará RD$261,713.
Otra categoría de lujo, pero inferior, como BMW en su modelo 318i, del año 2009, pagará RD$7,889, mientras que el del 2013 sube a RD$13,154, en tanto que un Lexus IS-2500 de 2,500cc, si es del 2009 paga RD$12,109 y RD$20,193 si es del 2013.
Un Honda Acord 2200cc, que no llega a lujoso, pero que tampoco es netamente utilitario, pagará para una renovación del 2013 RD$7,900. Si es modelo 2,000 entonces sube de RD$1,200 a RD$1,500. Un Suzuki Gran Vitara de 1,600cc del 2009 pagará RD$4,199 y RD$7,001 si es del 2013.
Un Toyota Rav4,4×4, 2000cc,d el año 1997, que por su valor en libro debía pagar unos RD$900, se perjudica del mandato de que ningún vehículo paga una cuota inferior a RD$1,200 al año y por tanto se queda en ese nivel, que es mayor al 1% del valor.
Exclusiones
La Ley excluye del pago del impuesto de circulación vehicular a los vehículos exonerados propiedad de entidades del Estado, los que tienen placas rotuladas, los de oficiales de organismos militares y exonerados estatales, los vehículos que gozan de exoneración total que son propiedad de entidades sin fines de lucro o religiosas, y los vehículos exonerados propiedad de organizaciones internacionales, diplomáticas y consulares. Adicionalmente, se excluyen del impuesto las máquinas pesadas, los montacargas dedicados a actividades industriales, agrícola, minera, comercial, aduanal o de construcción que sean usados exclusivamente en el lugar de trabajo y estén registrados bajo la propiedad de personas físicas o jurídicas inscritas en la DGII con una de las actividades citadas.
Para los vehículos rentados o alquilados existe un método de valoración diferente. El artículo 9 de la Norma General 03-2013 emitida ayer por la DGII dice que los vehículos propiedad de empresas de rent car, pagarán el impuesto sobre los vehículos registrados a su nombre, con base al valor que las empresas le asigne a cada vehículo para fines de transferencia.
Precisa, sin embargo, que en ningún caso el monto a pagar que resulte de la aplicación del 1% sobre el valor, será menor que RD$2,000.00. –
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.