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Tras los pasos de Snowden

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Por Pedro Miguel

SNOWDEN-400x262El tránsito de Edward Snowden desde Hong Kong hacia quién sabe dónde ha provocado un revuelo mundial en los medios y encontronazos agrios de la diplomacia estadunidense con los gobiernos de Hong Kong, China, Rusia y Ecuador: el Departamento de Estado acusa a la ciudad china autónoma de haber permitido la salida de un fugitivo; achaca a Pekín el haber tenido parte importante en la decisión; reprocha a Moscú que no haya efectuado una entrega expedita del ex consultor de la CIA y la NSA y advierte a Quito que habrá consecuencias si el gobierno de Rafael Correa decide otorgar refugio a Snowden. En general, Washington amenaza a todos los que colaboren en la fuga del infidente con tomar represalias –diplomáticas y, a lo sumo, económicas, se entiende.

Oficialmente, Edward Snowden permanece, desde el domingo en la mañana, en la zona internacional de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. El martes el vuelo de Aeroflot que supuestamente llevaría a Snowden a La Habana despegó de suelo ruso repleto de periodistas que compraron el boleto correspondiente con el único propósito de entrevistar al prófugo en las largas horas de vuelo hacia la capital cubana. Para su desgracia hubieron de conformarse con matar el tiempo fotografiando los dos asientos vacíos reservados por Snowden y por la abogada Sarah Harrison, integrante de Wikileaks a la que le fue encomendada la misión de asistir al estadunidense en su incierto viaje de Hong Kong hacia Islandia, Cuba, Venezuela o Ecuador. Ese mismo día el presidente Vladímir Putin y su canciller, Serguéi Lavrov, se ampararon en el hecho de que Snowden no ha cruzado la frontera rusa –en referencia a que no ha llegado a los controles de migración del aeródromo– y apelaron a la ficción de que tal área es una suerte de tierra de nadie en la que las autoridades no tienen injerencia. El mandatario ruso aseguró que el ex contratista era un hombre libre que podía dirigirse hacia donde le diera la gana, y mientras más pronto, mejor. Pero, hasta donde se sabe, Snowden no ha abandonado Sheremetyevo.

¿Meses en un aeropuerto?

Algunos atribuyen la demora al hecho de que ninguna aerolínea está dispuesta a venderle un boleto porque carece de pasaporte, toda vez que el suyo fue revocado por el Departamento de Estado. En un primer momento, Wikileaks afirmó que Snowden viajaba con un documento de refugiado que le habría sido otorgado por el gobierno ecuatoriano –el cual podría demorarse meses en decidir sobre su solicitud de asilo–, pero el hecho fue desmentido por las autoridades de Quito; el ex juez español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, se rehusó a defender al perseguido estadunidense, y los ávidos periodistas siguen peinando la zona internacional de tránsito de la terminal aérea moscovita sin encontrar rastro alguno del prófugo. El martes WikiLeaks señaló en un tuit que la cancelación de pasaporte de Snowden y la intimidación a países intermediarios pueden mantenerlo permanentemente en Rusia. No es el equipo más brillante en el (Departamento de) Estado. Ayer algunos medios occidentales afirmaron que el FBI estadunidense y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antes KGB) ruso habían establecido contactos sobre el caso Snowden y que desde la víspera el director del FBI, Robert Mueller, se había comunicado al menos en dos ocasiones con el jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov. La organización de Julian Assange informó ayer que el ex consultor no está siendo interrogado por el FSB; se encuentra bien y Harrison lo acompaña de manera permanente.

Desde los primeros días de este mes, cuando The Guardian empezó a revelar los documentos filtrados por Snowden, en los que se exhibía el gigantesco aparato de espionaje electrónico de la NSA y su uso contra ciudadanos estadunidenses y extranjeros, así como contra universidades, empresas y funcionarios de otros países, a la presidencia de Barack Obama no la calienta el sol, por más que su titular sude copiosamente en los jardines de la Casa Blanca en conferencias de prensa dedicadas por completo a otros temas. El secretario de Estado, John Kerry, papalotea por medio planeta y oscila entre la amenaza y la súplica para que alguien en el mundo le haga la caridad de ayudarlo a echarle el guante al revelador de prácticas de gobierno ilegales y vergonzosas. Mientras tanto, las derechas estadunidenses –republicanas y demócratas– acosan a Obama, lo acusan de blandengue ante Rusia –como si pretendieran tomar por asalto un aeropuerto moscovita para secuestrar a Snowden y llevarlo a la fuerza a territorio estadunidense– y piden sumergir al ex empleado de la NSA y de la CIA en un baño de ácido hirviente, o algo así. De acuerdo con los datos disponibles, el causante del revuelo permanece en Sheremetyevo, sea porque no puede salir de allí, sea porque está meditando su próxima jugada.

¿Y dónde quedó Bradley Manning?

De lo que (casi) nadie se acuerda, a estas alturas del escándalo, es dónde quedó Bradley Manning, el soldado estadunidense que filtró centenares de miles de documentos secretos que permitieron al mundo conocer, sin veladuras, el horror de los crímenes de guerra perpetrados por Washington en Irak y Afganistán, así como las turbias injerencias diplomáticas que conforman la política exterior real de Estados Unidos en el mundo.

Es pertinente recordarlo: por estos días, Manning sigue enfrentando un juicio militar amañado y grotesco que no tiene por objeto hacer justicia sino a) sentar un precedente para disuadir de antemano a cualquier empleado del gobierno de Washington que sienta la tentación de revelar podredumbres clasificadas, y b) forzarlo a incriminar a Julian Assange a fin de que las dependencias judiciales estadunidenses tengan un asidero para emprender una persecución formal en contra del australiano. Como lo recuerda una nota de David Carr y Ravi Somaiya publicada el martes pasado por The New York Times (http://goo.gl/mMZOX), el gobierno de Estados Unidos no se ha olvidado de él y varias dependencias oficiales siguen investigando a Assange y a WikiLeaks, y un gran jurado ha girado citatorios a testigos; decenas de miles de páginas han sido recopiladas como pruebas y al menos cuatro ex integrantes de WikiLeaks han hecho contacto con autoridades estadunidenses que investigan a Assange para hablar de asuntos confidenciales. Sin embargo, dicen los autores de la nota, la persecución pondría a la administración en un territorio legal engañoso: Wikileaks es una organización internacional y, a diferencia del soldado Manning y de Snowden, Assange y los miembros de su equipo no trabajaron para el gobierno o sus contratistas y no podrían ser acusados de espionaje.

Manning, por su parte, acude día a día a las audiencias del proceso que preside la coronel Denise Lind a enfrentarse con cosas tan absurdas como la prohibición de argumentar que, al filtrar documentos gubernamentales, actuó en función del interés público, un atropello que ha escandalizado incluso a Amnistía Internacional (http://goo.gl/tGC5H), pese a la timorata postura adoptada por esa organización ante la persecución contra Manning, Assange y Wikileaks en general (http://goo.gl/vBvqc).

Según Clark Stoeckley, uno de los pocos civiles a los que se ha permitido el acceso a la sala donde se realiza el juicio, y quien registra en dibujos lo que ocurre en el sitio, «lo que más me ha sorprendido es la confianza de Bradley y su buen humor; al oírlo, encuentro que es inteligente, sincero y valiente»

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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción

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Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino

La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.

Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.

Recuperar su hábitat

La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.

José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.

En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.

El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.

Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.

Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.

La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.

La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.

ELPAIS.COM

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Análisis Noticiosos

Los desastres son inevitables; las tragedias, no

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En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían

Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.

Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.

Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.

Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?

Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.

Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.

En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.

Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.

Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.

Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.

En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.

Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.

En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.

Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.

En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.

Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.

Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.

Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

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El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas

Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.

Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.

Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.

El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.

El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.

Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.

Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.

El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.

El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.

El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.

Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.

En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.

Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.

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