Análisis Noticiosos
Tras los pasos de Snowden
Por Pedro Miguel
El tránsito de Edward Snowden desde Hong Kong hacia quién sabe dónde ha provocado un revuelo mundial en los medios y encontronazos agrios de la diplomacia estadunidense con los gobiernos de Hong Kong, China, Rusia y Ecuador: el Departamento de Estado acusa a la ciudad china autónoma de haber permitido la salida de un fugitivo; achaca a Pekín el haber tenido parte importante en la decisión; reprocha a Moscú que no haya efectuado una entrega expedita del ex consultor de la CIA y la NSA y advierte a Quito que habrá consecuencias si el gobierno de Rafael Correa decide otorgar refugio a Snowden. En general, Washington amenaza a todos los que colaboren en la fuga del infidente con tomar represalias –diplomáticas y, a lo sumo, económicas, se entiende.
Oficialmente, Edward Snowden permanece, desde el domingo en la mañana, en la zona internacional de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. El martes el vuelo de Aeroflot que supuestamente llevaría a Snowden a La Habana despegó de suelo ruso repleto de periodistas que compraron el boleto correspondiente con el único propósito de entrevistar al prófugo en las largas horas de vuelo hacia la capital cubana. Para su desgracia hubieron de conformarse con matar el tiempo fotografiando los dos asientos vacíos reservados por Snowden y por la abogada Sarah Harrison, integrante de Wikileaks a la que le fue encomendada la misión de asistir al estadunidense en su incierto viaje de Hong Kong hacia Islandia, Cuba, Venezuela o Ecuador. Ese mismo día el presidente Vladímir Putin y su canciller, Serguéi Lavrov, se ampararon en el hecho de que Snowden no ha cruzado la frontera rusa –en referencia a que no ha llegado a los controles de migración del aeródromo– y apelaron a la ficción de que tal área es una suerte de tierra de nadie en la que las autoridades no tienen injerencia. El mandatario ruso aseguró que el ex contratista era un hombre libre que podía dirigirse hacia donde le diera la gana, y mientras más pronto, mejor. Pero, hasta donde se sabe, Snowden no ha abandonado Sheremetyevo.
¿Meses en un aeropuerto?
Algunos atribuyen la demora al hecho de que ninguna aerolínea está dispuesta a venderle un boleto porque carece de pasaporte, toda vez que el suyo fue revocado por el Departamento de Estado. En un primer momento, Wikileaks afirmó que Snowden viajaba con un documento de refugiado que le habría sido otorgado por el gobierno ecuatoriano –el cual podría demorarse meses en decidir sobre su solicitud de asilo–, pero el hecho fue desmentido por las autoridades de Quito; el ex juez español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, se rehusó a defender al perseguido estadunidense, y los ávidos periodistas siguen peinando la zona internacional de tránsito de la terminal aérea moscovita sin encontrar rastro alguno del prófugo. El martes WikiLeaks señaló en un tuit que la cancelación de pasaporte de Snowden y la intimidación a países intermediarios pueden mantenerlo permanentemente en Rusia. No es el equipo más brillante en el (Departamento de) Estado. Ayer algunos medios occidentales afirmaron que el FBI estadunidense y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antes KGB) ruso habían establecido contactos sobre el caso Snowden y que desde la víspera el director del FBI, Robert Mueller, se había comunicado al menos en dos ocasiones con el jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov. La organización de Julian Assange informó ayer que el ex consultor no está siendo interrogado por el FSB; se encuentra bien y Harrison lo acompaña de manera permanente.
Desde los primeros días de este mes, cuando The Guardian empezó a revelar los documentos filtrados por Snowden, en los que se exhibía el gigantesco aparato de espionaje electrónico de la NSA y su uso contra ciudadanos estadunidenses y extranjeros, así como contra universidades, empresas y funcionarios de otros países, a la presidencia de Barack Obama no la calienta el sol, por más que su titular sude copiosamente en los jardines de la Casa Blanca en conferencias de prensa dedicadas por completo a otros temas. El secretario de Estado, John Kerry, papalotea por medio planeta y oscila entre la amenaza y la súplica para que alguien en el mundo le haga la caridad de ayudarlo a echarle el guante al revelador de prácticas de gobierno ilegales y vergonzosas. Mientras tanto, las derechas estadunidenses –republicanas y demócratas– acosan a Obama, lo acusan de blandengue ante Rusia –como si pretendieran tomar por asalto un aeropuerto moscovita para secuestrar a Snowden y llevarlo a la fuerza a territorio estadunidense– y piden sumergir al ex empleado de la NSA y de la CIA en un baño de ácido hirviente, o algo así. De acuerdo con los datos disponibles, el causante del revuelo permanece en Sheremetyevo, sea porque no puede salir de allí, sea porque está meditando su próxima jugada.
¿Y dónde quedó Bradley Manning?
De lo que (casi) nadie se acuerda, a estas alturas del escándalo, es dónde quedó Bradley Manning, el soldado estadunidense que filtró centenares de miles de documentos secretos que permitieron al mundo conocer, sin veladuras, el horror de los crímenes de guerra perpetrados por Washington en Irak y Afganistán, así como las turbias injerencias diplomáticas que conforman la política exterior real de Estados Unidos en el mundo.
Es pertinente recordarlo: por estos días, Manning sigue enfrentando un juicio militar amañado y grotesco que no tiene por objeto hacer justicia sino a) sentar un precedente para disuadir de antemano a cualquier empleado del gobierno de Washington que sienta la tentación de revelar podredumbres clasificadas, y b) forzarlo a incriminar a Julian Assange a fin de que las dependencias judiciales estadunidenses tengan un asidero para emprender una persecución formal en contra del australiano. Como lo recuerda una nota de David Carr y Ravi Somaiya publicada el martes pasado por The New York Times (http://goo.gl/mMZOX), el gobierno de Estados Unidos no se ha olvidado de él y varias dependencias oficiales siguen investigando a Assange y a WikiLeaks, y un gran jurado ha girado citatorios a testigos; decenas de miles de páginas han sido recopiladas como pruebas y al menos cuatro ex integrantes de WikiLeaks han hecho contacto con autoridades estadunidenses que investigan a Assange para hablar de asuntos confidenciales. Sin embargo, dicen los autores de la nota, la persecución pondría a la administración en un territorio legal engañoso: Wikileaks es una organización internacional y, a diferencia del soldado Manning y de Snowden, Assange y los miembros de su equipo no trabajaron para el gobierno o sus contratistas y no podrían ser acusados de espionaje.
Manning, por su parte, acude día a día a las audiencias del proceso que preside la coronel Denise Lind a enfrentarse con cosas tan absurdas como la prohibición de argumentar que, al filtrar documentos gubernamentales, actuó en función del interés público, un atropello que ha escandalizado incluso a Amnistía Internacional (http://goo.gl/tGC5H), pese a la timorata postura adoptada por esa organización ante la persecución contra Manning, Assange y Wikileaks en general (http://goo.gl/vBvqc).
Según Clark Stoeckley, uno de los pocos civiles a los que se ha permitido el acceso a la sala donde se realiza el juicio, y quien registra en dibujos lo que ocurre en el sitio, «lo que más me ha sorprendido es la confianza de Bradley y su buen humor; al oírlo, encuentro que es inteligente, sincero y valiente»
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.