Análisis Noticiosos
Tras los pasos de Snowden
Por Pedro Miguel
El tránsito de Edward Snowden desde Hong Kong hacia quién sabe dónde ha provocado un revuelo mundial en los medios y encontronazos agrios de la diplomacia estadunidense con los gobiernos de Hong Kong, China, Rusia y Ecuador: el Departamento de Estado acusa a la ciudad china autónoma de haber permitido la salida de un fugitivo; achaca a Pekín el haber tenido parte importante en la decisión; reprocha a Moscú que no haya efectuado una entrega expedita del ex consultor de la CIA y la NSA y advierte a Quito que habrá consecuencias si el gobierno de Rafael Correa decide otorgar refugio a Snowden. En general, Washington amenaza a todos los que colaboren en la fuga del infidente con tomar represalias –diplomáticas y, a lo sumo, económicas, se entiende.
Oficialmente, Edward Snowden permanece, desde el domingo en la mañana, en la zona internacional de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo. El martes el vuelo de Aeroflot que supuestamente llevaría a Snowden a La Habana despegó de suelo ruso repleto de periodistas que compraron el boleto correspondiente con el único propósito de entrevistar al prófugo en las largas horas de vuelo hacia la capital cubana. Para su desgracia hubieron de conformarse con matar el tiempo fotografiando los dos asientos vacíos reservados por Snowden y por la abogada Sarah Harrison, integrante de Wikileaks a la que le fue encomendada la misión de asistir al estadunidense en su incierto viaje de Hong Kong hacia Islandia, Cuba, Venezuela o Ecuador. Ese mismo día el presidente Vladímir Putin y su canciller, Serguéi Lavrov, se ampararon en el hecho de que Snowden no ha cruzado la frontera rusa –en referencia a que no ha llegado a los controles de migración del aeródromo– y apelaron a la ficción de que tal área es una suerte de tierra de nadie en la que las autoridades no tienen injerencia. El mandatario ruso aseguró que el ex contratista era un hombre libre que podía dirigirse hacia donde le diera la gana, y mientras más pronto, mejor. Pero, hasta donde se sabe, Snowden no ha abandonado Sheremetyevo.
¿Meses en un aeropuerto?
Algunos atribuyen la demora al hecho de que ninguna aerolínea está dispuesta a venderle un boleto porque carece de pasaporte, toda vez que el suyo fue revocado por el Departamento de Estado. En un primer momento, Wikileaks afirmó que Snowden viajaba con un documento de refugiado que le habría sido otorgado por el gobierno ecuatoriano –el cual podría demorarse meses en decidir sobre su solicitud de asilo–, pero el hecho fue desmentido por las autoridades de Quito; el ex juez español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, se rehusó a defender al perseguido estadunidense, y los ávidos periodistas siguen peinando la zona internacional de tránsito de la terminal aérea moscovita sin encontrar rastro alguno del prófugo. El martes WikiLeaks señaló en un tuit que la cancelación de pasaporte de Snowden y la intimidación a países intermediarios pueden mantenerlo permanentemente en Rusia. No es el equipo más brillante en el (Departamento de) Estado. Ayer algunos medios occidentales afirmaron que el FBI estadunidense y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antes KGB) ruso habían establecido contactos sobre el caso Snowden y que desde la víspera el director del FBI, Robert Mueller, se había comunicado al menos en dos ocasiones con el jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov. La organización de Julian Assange informó ayer que el ex consultor no está siendo interrogado por el FSB; se encuentra bien y Harrison lo acompaña de manera permanente.
Desde los primeros días de este mes, cuando The Guardian empezó a revelar los documentos filtrados por Snowden, en los que se exhibía el gigantesco aparato de espionaje electrónico de la NSA y su uso contra ciudadanos estadunidenses y extranjeros, así como contra universidades, empresas y funcionarios de otros países, a la presidencia de Barack Obama no la calienta el sol, por más que su titular sude copiosamente en los jardines de la Casa Blanca en conferencias de prensa dedicadas por completo a otros temas. El secretario de Estado, John Kerry, papalotea por medio planeta y oscila entre la amenaza y la súplica para que alguien en el mundo le haga la caridad de ayudarlo a echarle el guante al revelador de prácticas de gobierno ilegales y vergonzosas. Mientras tanto, las derechas estadunidenses –republicanas y demócratas– acosan a Obama, lo acusan de blandengue ante Rusia –como si pretendieran tomar por asalto un aeropuerto moscovita para secuestrar a Snowden y llevarlo a la fuerza a territorio estadunidense– y piden sumergir al ex empleado de la NSA y de la CIA en un baño de ácido hirviente, o algo así. De acuerdo con los datos disponibles, el causante del revuelo permanece en Sheremetyevo, sea porque no puede salir de allí, sea porque está meditando su próxima jugada.
¿Y dónde quedó Bradley Manning?
De lo que (casi) nadie se acuerda, a estas alturas del escándalo, es dónde quedó Bradley Manning, el soldado estadunidense que filtró centenares de miles de documentos secretos que permitieron al mundo conocer, sin veladuras, el horror de los crímenes de guerra perpetrados por Washington en Irak y Afganistán, así como las turbias injerencias diplomáticas que conforman la política exterior real de Estados Unidos en el mundo.
Es pertinente recordarlo: por estos días, Manning sigue enfrentando un juicio militar amañado y grotesco que no tiene por objeto hacer justicia sino a) sentar un precedente para disuadir de antemano a cualquier empleado del gobierno de Washington que sienta la tentación de revelar podredumbres clasificadas, y b) forzarlo a incriminar a Julian Assange a fin de que las dependencias judiciales estadunidenses tengan un asidero para emprender una persecución formal en contra del australiano. Como lo recuerda una nota de David Carr y Ravi Somaiya publicada el martes pasado por The New York Times (http://goo.gl/mMZOX), el gobierno de Estados Unidos no se ha olvidado de él y varias dependencias oficiales siguen investigando a Assange y a WikiLeaks, y un gran jurado ha girado citatorios a testigos; decenas de miles de páginas han sido recopiladas como pruebas y al menos cuatro ex integrantes de WikiLeaks han hecho contacto con autoridades estadunidenses que investigan a Assange para hablar de asuntos confidenciales. Sin embargo, dicen los autores de la nota, la persecución pondría a la administración en un territorio legal engañoso: Wikileaks es una organización internacional y, a diferencia del soldado Manning y de Snowden, Assange y los miembros de su equipo no trabajaron para el gobierno o sus contratistas y no podrían ser acusados de espionaje.
Manning, por su parte, acude día a día a las audiencias del proceso que preside la coronel Denise Lind a enfrentarse con cosas tan absurdas como la prohibición de argumentar que, al filtrar documentos gubernamentales, actuó en función del interés público, un atropello que ha escandalizado incluso a Amnistía Internacional (http://goo.gl/tGC5H), pese a la timorata postura adoptada por esa organización ante la persecución contra Manning, Assange y Wikileaks en general (http://goo.gl/vBvqc).
Según Clark Stoeckley, uno de los pocos civiles a los que se ha permitido el acceso a la sala donde se realiza el juicio, y quien registra en dibujos lo que ocurre en el sitio, «lo que más me ha sorprendido es la confianza de Bradley y su buen humor; al oírlo, encuentro que es inteligente, sincero y valiente»
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.