Opinión
Perimieron 64 iniciativas en la pasada legislatura
Por Víctor Mateo
El artículo 89 de la Constitución dominicana (2010) dispone que las cámaras legislativas habrán de reunirse de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año. Cada legislatura durará ciento cincuenta días y el Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinaria. En virtud de ello, el 27 de febrero de 2013 se inició la legislatura que finalizó el pasado 27 de julio del presente año.
El artículo 96 de la Carta Sustantiva dominicana indica que “los senadores o senadoras y los diputados o diputadas, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales, poseen derecho a iniciativa para la formación de leyes». A la luz de este precepto constitucional y del artículo 981, para que una ley se forme debe ser debatida en dos ocasiones en ambas cámaras.
Sin embargo, en caso de que la iniciativa no logre la moción necesaria ni cumpla con los trámites exigidos por las cámaras legislativas, deberá ser declarada como perimida. El artículo 104 de la Carta Magna (2010) indica al respecto:
Vigencia de un proyecto de ley. Los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado.
Un proyecto perimido es aquel que se introduce vía la secretaria general legislativa de una de las cámaras del Congreso Nacional y se pone en el orden del día. Luego se le da lectura y se envía a comisión según su naturaleza, con la finalidad de que rinda un informe al respecto.
Si en el transcurso la iniciativa presenta inconvenientes o la comisión que la estudia entiende que debe profundizar sobre su pertinencia, podría desencadenar dilación en el conocimiento del mismo y perimir. En otras palabras: el proyecto caduca por haber transcurrido el término fijado por la ley sin que lo hayan impulsado las partes2.
Iniciativas perimidas en la legislatura febrero-julio de 2013
Durante la legislatura recién finalizada, en el Senado de la República perimieron 64 iniciativas. Dentro de ellas se encuentran proyectos de ley vinculados a instituciones autónomas y a poderes del Estado, proyectos de elevación municipal, creación de nuevas salas judiciales, creación de instituciones y construcción de alcantarillados, entre otros temas.
El Poder Ejecutivo sometió dos proyectos de ley durante las últimas legislaturas. El primero depositado el 13 de agosto de 2012‒sobre Ley de Aduanas de la República Dominicana. El segundo regula el Consejo Económico y Social (CES).
En el ámbito electoral se presentó solo un proyecto de ley, relativo al presupuesto de la Junta Central Electoral para el año 2013.
Sobre medioambiente, el senador por La Vega, Euclides Sánchez, sometió dos iniciativas: una con la finalidad de declarar a Loma Miranda como área protegida y otra como parque nacional. Ambos perimieron.
A escala judicial, algunos proyectos de ley buscaban crear un tribunal de tierras de Jurisdicción Original y el Registro de Títulos en la provincia Dajabón, así como dividir en dos cámaras el Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Dajabón y de la provincia Independencia. En Higüey, Amable Aristy Castro sometió un proyecto con la finalidad de crear nuevas salas en la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo.
De igual forma, los proyectos de ley del Código Civil y de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial perimieron. Los relativos a pensiones ocuparon la segunda posición de iniciativas que perecieron en el transcurso de dos legislaturas consecutivas con ocho (8).
Por el contrario, los proyectos en el ámbito municipal fueron diez, para convertirse en el mayor número iniciativas municipales perimidas en la pasada legislatura. La mayoría de ellas consisten en designaciones de calles con nombres de personalidades y en la modificación de los artículos 77, 79, 82, 105 y 108 de la Ley No. 176-07, que crea el Distrito Nacional y los municipios.
También perimieron proyectos de ley que proponían la construcción de alcantarillados para la Línea Noroeste, El Seibo y Peravia.
Otras iniciativas procuraban la creación de instituciones, entre las que se encuentran: el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), el Colegio de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería (CODEN), el Instituto Dominicano de las Leguminosas (INDOLEGUMINOSAS), el Fondo Solidario para la Atención en Salud (FONASS) y el Instituto del Banano (INBANANO).
Un proyecto de ley que establece un tope a las exoneraciones de vehículos de los legisladores se debatió durante cierto tiempo en los medios de comunicación. El valor se estableció en 70,000 dólares y se pensó que sería aprobado de urgencia, puesto que se declaró la necesidad de regular el tema.
Otros proyectos perimidos en la presente legislatura los que buscan declarar provincias ecoturísticas a Dajabón, Peravia y La Vega como ecoturísticas.
Conclusión
Importantes proyectos perimieron en la pasada legislatura. Sin embargo, ello no impide que las iniciativas puedan introducirse de nuevo. Un sin número de leyes han perimido en el tiempo por cuestiones diversas, pero han sido retomadas con nuevas modificaciones a solicitud del legislador o la instancia que lo introdujo. Un ejemplo ha sido el Código Penal, el cual se encuentra pendiente para ser conocido en la próxima legislatura, aunque tiene más de quince años debatiéndose y perimiendo
El autor es: Catedrático de Apec y Pucamaima
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.