Opinión
La Revolución del Agua
Por Freddy E. Núñez M.
A partir de la llegada del Lic. Danilo Medina a la dirección del gobierno, hemos visto una notoria diferencia en el manejo de los asuntos del estado, se han dinamizado muchas áreas del mismo y se respira un aire diferente en cuanto a las repuestas que el ejecutivo da a las demandas de la población, independientemente de la filiación política, de la posición social o económica, esa es una verdad que a pesar de todos los “peros” que se puedan emitir es innegable.
Uno de los sectores en donde más se ha sentido esta situación es el sector agua, representado por las instituciones que trabajan el preciado líquido, como son entre otras, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, INAPA, con su Director Ejecutivo a la cabeza Ingeniero Alberto Holguín, quien está desarrollando un programa de construcción y adecuación de acueductos por todo el país de una magnitud impresionante, también la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAASD con el Arquitecto Alejandro Montas como su director ejecutivo, y la mayor de todas el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulico, INDRHI, con el Ingeniero Olgo Fernández al frente de la misma.
La dinámica observada y la disposición a darle solución a los problemas que se heredaron y que se van sucediendo en la operación de dichas instituciones en muy notoria, pero en este escrito queremos destacar lo que está sucediendo en el INDRHI y sus áreas de responsabilidad, que dicho sea de paso es la institución del sector agua que más interactúa y tiene más interoperabilidad con otras instituciones, entre las cuales podemos citar el sector energía, por lo de la generación hidroeléctrica, la agropecuaria, por lo vital que es el recurso agua para la misma, la salud, el medio ambiente y hasta la seguridad nacional, pues ya hemos visto lo que puede suceder por una mala operación del embalse de una presa, en caso de que nos azote un fenómeno natural capaz de causar un desastre importante.
Pero lo que debemos destacar de la actual gestión del Ing. Olgo Fernández al frente del INDRHI, es la forma en que en tan corto tiempo se han puesto en operación importantes sistemas de riegos del país, que se encontraban fuera de servicio o en operación mínima solo por falta de mantenimiento, la integración y participación entusiasta de los productores y miembros de las comunidades; a las Juntas de Regantes, cuyo fortalecimiento es innegable en la actual gestión del INDRHI, el mantenimiento de grandes sistemas hidráulicos de gran importancia para la agricultura y el control de crecidas extraordinarias de los ríos en varias provincias del país, así como la preparación y sometimiento de los grandes proyectos hidráulicos, y la correcta continuación de los encontrados en ejecución.
La actual gestión de Olgo Fernández, se deja sentir en todos los rincones del país, en el este, el sur, el norte, la región fronteriza, la línea y en donde sea necesaria la construcción y el mantenimiento de canales, presas, sistemas de electrobombas, diques, drenajes, bermas, sifones y otras infraestructuras hidráulica de apoyo a la producción agropecuaria nacional, la generación eléctrica y el consumo humano.
Sin embargo, y a pesar de todo lo antes dicho el sistema de obras más grande y auténticamente revolucionario que está llevando a cabo el INDRHI, es el “Plan de Desarrollo de la Cuenca del rio Yaque del Sur: Proyecto Múltiple Montegrande, Rehabilitación de la Presa de Sabana Yegua, y el Proyecto Azua II- Pueblo Viejo, un conjunto de obras interrelacionadas, que se han comenzado a ejecutar en la región más olvidada y pobre del país, la región sur.
Es imposible en el espacio que dan estas líneas plasmar la totalidad de particularidades y características, así como los beneficios que dejaran estas obras a la gente de la región por lo que destacaremos solo las más importantes, como es el hecho que estas obras regularan el 56% de la cuenca sur del Yaque del Sur que no está regulado actualmente, es decir unos 2,700 Km2, aportando regadío para más de 200,000 mil tareas que no están en producción ahora mismo.
El proyecto Azua II-Pueblo Viejo, mejorara la eficiencia de riego, duplicando el área de tierra actualmente con la misma cantidad de agua, proporcionando riego a 71,500 tareas más, beneficiando a comunidades como Estebanía, Las Charcas, Pueblo Viejo, Los Tramojos que en la actualidad no tienen sistemas de riego, con obras como la construcción de lagunas de regulación y almacenamiento, construcción y reconstrucción de canales laterales, aumentando considerablemente la capacidad de distribución de agua, mejorando el nivel de vida a unos de 9,152 usuarios del riego y a sus familiares.
La presa de Montegrande, aportara agua para acueductos por unos 2 metros cúbicos por segundo, siempre por gravedad, e irrigara unas 18,943 hectáreas adicionales a las 25,160 existentes, a las cuales mejorara su operación, esta presa aportara también unos 68.6 Megawatts/hora anualmente, con sus 7.83 Mw de capacidad instalada, pero también controlara las inundaciones en la parte baja del Yaque del Sur, ya que el área regulada pasara de 48% al 80%, siendo esta la parte más importante de todo el sistema, por lo que representa para la conservación de vidas, propiedades y evitar las grandes pérdidas económicas en la producción agrícola, seriamente afectada cada vez que nos azota un fenómeno meteorológico, pues se habilitaran y construirán canales de desvío y aliviaderos en Canoa, Jaquimeyes, Palo Alto y otras comunidades altamente afectadas por las crecidas del rio Yaque del Sur, la adecuación del Caño Lucas para aliviadero de la laguna de Cabral, rehabilitación y protección del canal Cristóbal, la reconstrucción del sistema original de compuertas del caño Trujillo, lo cual regulara los flujos de caudales hacia el Lago Enriquillo, eliminando una de las causas que aportan a su conflictivo aumento de nivel.
En definitiva, lo que está ocurriendo con el agua en el país y el manejo que le está dando el INDRHI en esta gestión gubernamental encabezada por el Ing. Olgo Fernández, es sencillamente revolucionario, los datos son contundentes, pero también se siente en el aumento de la oferta de productos agrícolas, que ya comienzan hacer presencia en el mercado nacional y en el nivel de conformidad que manifiestan los productores y agentes que interactúan con la institución en las operaciones de las diferentes infraestructuras hidráulicas de la nación, también en las operaciones de generación eléctrica de las presas, y de la disponibilidad de agua para los acueductos que se surten de los sistemas que maneja la institución, sin dudas una silenciosa revolución.
El autor es Politólogo
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Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.