Opinión
Colombia y los diálogos de paz
Por Narciso Isa Conde
1.– A partir de los diálogos de paz, el modelo de dominación clasista, el sistema político y las características de las instituciones del Estado colombiano, todavía no han sufrido cambios significativos.
El gobierno de Santos no ha variado sustancialmente. Es el mismo en esencia, aunque se ha visto forzado (y/o entiende conveniente a los intereses del presidente y su clan), modular su proceder: mostrarse favorable a la paz, aceptar en los hechos a la insurgencia- especialmente a las FARC y al ELN- como fuerzas beligerantes. Eso puede ser pasajero, o podría afirmarse como un dato más perdurable dentro de una nueva realidad.
El gobierno hegemonizado por todo lo que representa el Presidente Santos, ha adoptado un tono y un estilo diferente al de Uribe; sobretodo después de constatar la imposibilidad de sofocar la insurgencia popular (armada y sin armar) por la vía militar. Y de apreciar las dificultades para reelegirse sin por lo menos hacer una apuesta temporal a la paz y luego de ponderar los obstáculos para expandir el modelo minero-energético en medio de una guerra en ascenso.
Lo que si ha cambiado es la correlación de fuerza.
Las FARC-EP no han retrocedido militarmente y si han crecido políticamente. Su rostro propositivo tiene mucho mas poder de atracción.
Sus articulaciones políticas y sociales con la diversidad del campo popular y las fuerzas alternativas es cada vez mayor.
Su sintonía con el potente sentimiento de pro-paz, presente en gran parte de la sociedad colombiana, ha crecido en gran escala acompañada de una mayor conciencia colectiva sobre las causas sociales y políticas del conflicto armado y sobre la pertinencia de la propuesta de una paz digna, impregnada de justicia social, participación democrática y recuperación de la soberanía.
La agenda de la mesa en La Habana –contrario a lo que quiso inicialmente impedir el gobierno de Santos y toda la derecha- se ha convertido en una agenda nacional, de la cual se ha apoderado un gran abanico de autores y sujetos sociales que tienden a convertirse en un torrente político-social transformador con gran capacidad de movilización y convocatoria. Ejemplo de esto ha sido el surgimiento del Movimiento Político-social Marcha Patriótica y su confluencia con otros movimientos alternativos incorporados a la RUTA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, entre ellos los Congresos de los Pueblos, las Mingas Campesinas y otros agrupamientos relacionados con el campo agropecuario, la minería y los pueblos originarios.
Esta coyuntura no es radicalmente distinta a la del inicio de los diálogos de paz, pero ha sufrido variaciones significativas en dirección a la perspectiva de la disputa por el poder a mediano plazo y al reordenamiento del cuadro político en favor de la transición democrática.
También ha cambiado en relación con los niveles de indignación y movilización social politizada, ahora expresada en el formidable paro nacional agropecuario, minero, estudiantil y del transporte que tiene en vilo al gobierno luego de que las movilizaciones pro-paz incorporaran más de un millón de personas de todas las edades.
Además, Colombia ha salido definitivamente del hueco informativo que facilitaba a sus opresores deformar su realidad, así como de un cierto estancamiento político; pasando ahora a ser escenario de un proceso con una dinámica ascendente en dirección a la conquista de cambios democráticos, parecidos a los registrados en los países punteros de la cuarta oleada transformadora continental.
En ese orden la firmeza de la insurgencia y su extraordinaria persistencia, hasta catapultarse como fuerza insoslayable del tránsito hacia la verdadera democracia y la justicia social, ha sido fundamental.
2.– En realidad lo que ha dividido a las derechas colombianas no es fundamentalmente la oportunista iniciativa de diálogo de Santos, ni tampoco la tozudez de Uribe –aunque eso influye y así en parte se expresa la contradicción en el seno del poder- sino el extraordinario sentimiento popular a favor de la paz, unido al enorme descrédito de la guerra sucia y del terrorismo de Estado.
Gravitan mucho también en estos resultados las peculiaridades de ambas facciones; una de ellas (la uribista) indisolublemente vinculadas al negocio de la guerra, a las narco-mafias y al para-militarismo; y la otra (la de Santos) a la gran burguesía tradicional y transnacional (mafiosa y tramposa también pero con métodos más sofisticados), y a sus planes de acumulación a través de la actividad minero-energética
En casos así, en plena disputa entre las derechas y entre éstas y las izquierdas alternativas, con el imperialismo detrás y al asecho, sería aventurado afirmar que las rupturas entre los de arriba sería irreversible, como también afirmar que es simplemente coyuntural.
Lo coyuntural tiene mucho que ver con el propósito táctico de la reelección de Santos, que en caso de ser lograda podría provocar un descenso de su tono pro- paz; pero sin que por ello quede superado el tema del modelo de expansión, ni los desafíos que plantea el auge de una gran confluencia alternativa en el plano político.
Debe contemplarse, además, que ante reales perspectivas de un cambio político que proclame reformas profundas, pueda darse una re-compactación de las derechas hoy divididas.
3- Surgen siempre inquietudes sobre el impacto del fallecimiento del comandante Chávez en ese país vecino. En general Chávez era un referente estimulante de un cambio político-social de bastante profundidad en Venezuela y mas allá de sus fronteras, aunque la política de Estado y los intereses coyunturales de la diplomacia en el caso de Colombia lo llevaron, por periodo y momentos, a trazar políticas de coexistencia y de colaboración interestatal no favorable al avance de las fuerzas revolucionarias vecinas.
Su mejor momento fue cuando defendió el reconocimiento de las FARC-EP y el ELN como fuerzas beligerantes, el canje humanitario de de prisioneros y la línea crítica-confrontativa a la gestión de Uribe, que incluía la facción de Santos en su condición de ministro de guerra. Su peor, a raíz de los apresamientos y extradición a Colombia del periodista revolucionario de Joaquín Pérez Becerra y el apresamiento ilegal del canta-autor de las FARC Julián Conrado, con sus negativas derivaciones.
Ahora con su ausencia habrá que ver en que dirección marchan los cambios internos en Venezuela, en un periodo en que me parece imperioso combinar la defensa del proceso acosado por las derechas y el imperialismo con la profundización del mismo; entendiendo la profundización no solo como des-burocratización, aceleración de la socialización y mayor protagonismo popular, sino también como rescate del internacionalismo revolucionario y sus consecuencias prácticas. Todas esas cosas todavía pendientes y/o estancadas o a ritmo lento
4-Esos factores, junto a otros como el golpe fascistoide en Honduras, los avances de la derecha en Costa Rica y Chile, la derechización de Humala, la Alianza del Pacífico, el reforzamiento de la presencia militar y la restructuración de las fuerzas estratégicas de EEUU en el continente, son componentes relevantes de una persistente contraofensiva imperialista.
A nuestro entender ese contra-ataque amerita ser atacado, profundizando y extendiendo los cambios en dirección a mas soberanía, más anti-imperalismo, más democracia social, mas participación y construcción de poder popular… en un mayor número de países en la región y en aquellos que ya emprendieron esa ruta.
5- Esta interrogante ustedes la pueden responder con más propiedad que yo.
Pero de todas maneras no puedo dejar de decirles que en esa decisión del gobierno del PT, como en su intervención militar en Haití, junto a EEUU, percibo la impronta de un nuevo imperialismo que no tiene reparos en pactar y/o confluir -desde su particularidad- con la estrategia de EEUU, cuando tal paso facilita su expansión.
6- En la necesidad de arrancar de raíz las causas del conflicto social armado: las enormes desigualdades sociales, las represiones brutales y el modelo despótico, las políticas de empobrecimiento, la falta de soberanía y autodeterminación, la ingerencia militar de EEUU y sus fuerzas mercenarias, el latifundio, el saqueo minero-energético, las políticas neoliberales… En pocas palabras: la paz por una nueva Colombia, profunda y extensamente democrática, la paz con soberanía, sin bases militares gringas, sin pactos con la OTAN, sin militarismo “Made en USA”.
7- El problema no es el tiempo que se tomen los acuerdos, sino la profundidad y calidad de los mismos, para que haya vuelta atrás; siempre habrá de costar tiempo, trabajo, voluntad e inteligencia desmontar una guerra que ha durado más de medio siglo. Una paz calimocha sería fatal y falsa.
Un acuerdo que no se base en la superación de las raíces del conflicto social armado, no pasaría de ser una nueva frustración.
Observando los diálogos, es claro que los que piden celeridad, confundiendo paz con rendición, son precisamente los que dilatan las soluciones de fondo y se resisten al cese al fuego, demandando desarme unilateral.
No faltan los que aspiran a un acuerdo que haga las veces de trofeo electoral para garantizar una continuidad maquillada que le permita seguir la ruta de las injusticias sociales, la dependencia, el saqueo, la antidemocracia y la destrucción del país. Todo para salvar al gran capital. Esa paz conduciría de nuevo a los cementerios.
8–A la cooperación interestatal desde la óptica de la nueva independencia continental, hay que sumarle la unidad de pueblos, de los/as trabajadores/as, campesinos, jóvenes, indígenas, mujeres, movimientos sociales contestatarios, partidos y agrupaciones revolucionarias, democráticas, antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, comunistas…
El Movimiento Continental Bolivariano-MCB apunta en esa dirección: hacia el incorporación de los/as de abajo, de las fuerzas del trabajo y la cultura, de la diversidad anti-neoliberal, antiimperialista, anticapitalista… para hacer mas eficaz la lucha contra el capitalismo neoliberal y por las transiciones revolucionarias.
Hay que forjar nuevas vanguardias y articular las vanguardias revolucionarias de las diferentes países, al tiempo de auspiciar políticas de alianzas más amplias, pero con claras perspectivas alternativas frente al orden dominante y precisas propuestas transformadoras.
9-Creo en la necesidad de una nueva Internacional Anticapitalista, que a su vez forme parte de otros sistemas de alianzas antineoliberales y antiimperialistas. La presente decadencia del capitalismo, su insalvable multi-crisis, así lo exige. No hay de otra, si queremos sobrevivir y renunciamos al miedo a ser definitivamente felices.
Me parece que el XV Congreso PCB apuntó bien en ese sentido. Esto -repito- es algo imperioso, dado la presente declinación de la civilización capitalista y el carácter altamente destructivo del imperialismo actual.
La humanidad no se merece la destrucción en marcha que impone el capitalismo senil de estos tiempos.
Y si nos ponemos de acuerdo en que las grandes crisis generan grandes transformaciones, estamos ante una oportunidad sin precedente para emprender las nuevas revoluciones camino a un comunismo digno del siglo XVI y de las experiencias vividas.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.