Opinión
Colombia y los diálogos de paz
Por Narciso Isa Conde
1.– A partir de los diálogos de paz, el modelo de dominación clasista, el sistema político y las características de las instituciones del Estado colombiano, todavía no han sufrido cambios significativos.
El gobierno de Santos no ha variado sustancialmente. Es el mismo en esencia, aunque se ha visto forzado (y/o entiende conveniente a los intereses del presidente y su clan), modular su proceder: mostrarse favorable a la paz, aceptar en los hechos a la insurgencia- especialmente a las FARC y al ELN- como fuerzas beligerantes. Eso puede ser pasajero, o podría afirmarse como un dato más perdurable dentro de una nueva realidad.
El gobierno hegemonizado por todo lo que representa el Presidente Santos, ha adoptado un tono y un estilo diferente al de Uribe; sobretodo después de constatar la imposibilidad de sofocar la insurgencia popular (armada y sin armar) por la vía militar. Y de apreciar las dificultades para reelegirse sin por lo menos hacer una apuesta temporal a la paz y luego de ponderar los obstáculos para expandir el modelo minero-energético en medio de una guerra en ascenso.
Lo que si ha cambiado es la correlación de fuerza.
Las FARC-EP no han retrocedido militarmente y si han crecido políticamente. Su rostro propositivo tiene mucho mas poder de atracción.
Sus articulaciones políticas y sociales con la diversidad del campo popular y las fuerzas alternativas es cada vez mayor.
Su sintonía con el potente sentimiento de pro-paz, presente en gran parte de la sociedad colombiana, ha crecido en gran escala acompañada de una mayor conciencia colectiva sobre las causas sociales y políticas del conflicto armado y sobre la pertinencia de la propuesta de una paz digna, impregnada de justicia social, participación democrática y recuperación de la soberanía.
La agenda de la mesa en La Habana –contrario a lo que quiso inicialmente impedir el gobierno de Santos y toda la derecha- se ha convertido en una agenda nacional, de la cual se ha apoderado un gran abanico de autores y sujetos sociales que tienden a convertirse en un torrente político-social transformador con gran capacidad de movilización y convocatoria. Ejemplo de esto ha sido el surgimiento del Movimiento Político-social Marcha Patriótica y su confluencia con otros movimientos alternativos incorporados a la RUTA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, entre ellos los Congresos de los Pueblos, las Mingas Campesinas y otros agrupamientos relacionados con el campo agropecuario, la minería y los pueblos originarios.
Esta coyuntura no es radicalmente distinta a la del inicio de los diálogos de paz, pero ha sufrido variaciones significativas en dirección a la perspectiva de la disputa por el poder a mediano plazo y al reordenamiento del cuadro político en favor de la transición democrática.
También ha cambiado en relación con los niveles de indignación y movilización social politizada, ahora expresada en el formidable paro nacional agropecuario, minero, estudiantil y del transporte que tiene en vilo al gobierno luego de que las movilizaciones pro-paz incorporaran más de un millón de personas de todas las edades.
Además, Colombia ha salido definitivamente del hueco informativo que facilitaba a sus opresores deformar su realidad, así como de un cierto estancamiento político; pasando ahora a ser escenario de un proceso con una dinámica ascendente en dirección a la conquista de cambios democráticos, parecidos a los registrados en los países punteros de la cuarta oleada transformadora continental.
En ese orden la firmeza de la insurgencia y su extraordinaria persistencia, hasta catapultarse como fuerza insoslayable del tránsito hacia la verdadera democracia y la justicia social, ha sido fundamental.
2.– En realidad lo que ha dividido a las derechas colombianas no es fundamentalmente la oportunista iniciativa de diálogo de Santos, ni tampoco la tozudez de Uribe –aunque eso influye y así en parte se expresa la contradicción en el seno del poder- sino el extraordinario sentimiento popular a favor de la paz, unido al enorme descrédito de la guerra sucia y del terrorismo de Estado.
Gravitan mucho también en estos resultados las peculiaridades de ambas facciones; una de ellas (la uribista) indisolublemente vinculadas al negocio de la guerra, a las narco-mafias y al para-militarismo; y la otra (la de Santos) a la gran burguesía tradicional y transnacional (mafiosa y tramposa también pero con métodos más sofisticados), y a sus planes de acumulación a través de la actividad minero-energética
En casos así, en plena disputa entre las derechas y entre éstas y las izquierdas alternativas, con el imperialismo detrás y al asecho, sería aventurado afirmar que las rupturas entre los de arriba sería irreversible, como también afirmar que es simplemente coyuntural.
Lo coyuntural tiene mucho que ver con el propósito táctico de la reelección de Santos, que en caso de ser lograda podría provocar un descenso de su tono pro- paz; pero sin que por ello quede superado el tema del modelo de expansión, ni los desafíos que plantea el auge de una gran confluencia alternativa en el plano político.
Debe contemplarse, además, que ante reales perspectivas de un cambio político que proclame reformas profundas, pueda darse una re-compactación de las derechas hoy divididas.
3- Surgen siempre inquietudes sobre el impacto del fallecimiento del comandante Chávez en ese país vecino. En general Chávez era un referente estimulante de un cambio político-social de bastante profundidad en Venezuela y mas allá de sus fronteras, aunque la política de Estado y los intereses coyunturales de la diplomacia en el caso de Colombia lo llevaron, por periodo y momentos, a trazar políticas de coexistencia y de colaboración interestatal no favorable al avance de las fuerzas revolucionarias vecinas.
Su mejor momento fue cuando defendió el reconocimiento de las FARC-EP y el ELN como fuerzas beligerantes, el canje humanitario de de prisioneros y la línea crítica-confrontativa a la gestión de Uribe, que incluía la facción de Santos en su condición de ministro de guerra. Su peor, a raíz de los apresamientos y extradición a Colombia del periodista revolucionario de Joaquín Pérez Becerra y el apresamiento ilegal del canta-autor de las FARC Julián Conrado, con sus negativas derivaciones.
Ahora con su ausencia habrá que ver en que dirección marchan los cambios internos en Venezuela, en un periodo en que me parece imperioso combinar la defensa del proceso acosado por las derechas y el imperialismo con la profundización del mismo; entendiendo la profundización no solo como des-burocratización, aceleración de la socialización y mayor protagonismo popular, sino también como rescate del internacionalismo revolucionario y sus consecuencias prácticas. Todas esas cosas todavía pendientes y/o estancadas o a ritmo lento
4-Esos factores, junto a otros como el golpe fascistoide en Honduras, los avances de la derecha en Costa Rica y Chile, la derechización de Humala, la Alianza del Pacífico, el reforzamiento de la presencia militar y la restructuración de las fuerzas estratégicas de EEUU en el continente, son componentes relevantes de una persistente contraofensiva imperialista.
A nuestro entender ese contra-ataque amerita ser atacado, profundizando y extendiendo los cambios en dirección a mas soberanía, más anti-imperalismo, más democracia social, mas participación y construcción de poder popular… en un mayor número de países en la región y en aquellos que ya emprendieron esa ruta.
5- Esta interrogante ustedes la pueden responder con más propiedad que yo.
Pero de todas maneras no puedo dejar de decirles que en esa decisión del gobierno del PT, como en su intervención militar en Haití, junto a EEUU, percibo la impronta de un nuevo imperialismo que no tiene reparos en pactar y/o confluir -desde su particularidad- con la estrategia de EEUU, cuando tal paso facilita su expansión.
6- En la necesidad de arrancar de raíz las causas del conflicto social armado: las enormes desigualdades sociales, las represiones brutales y el modelo despótico, las políticas de empobrecimiento, la falta de soberanía y autodeterminación, la ingerencia militar de EEUU y sus fuerzas mercenarias, el latifundio, el saqueo minero-energético, las políticas neoliberales… En pocas palabras: la paz por una nueva Colombia, profunda y extensamente democrática, la paz con soberanía, sin bases militares gringas, sin pactos con la OTAN, sin militarismo “Made en USA”.
7- El problema no es el tiempo que se tomen los acuerdos, sino la profundidad y calidad de los mismos, para que haya vuelta atrás; siempre habrá de costar tiempo, trabajo, voluntad e inteligencia desmontar una guerra que ha durado más de medio siglo. Una paz calimocha sería fatal y falsa.
Un acuerdo que no se base en la superación de las raíces del conflicto social armado, no pasaría de ser una nueva frustración.
Observando los diálogos, es claro que los que piden celeridad, confundiendo paz con rendición, son precisamente los que dilatan las soluciones de fondo y se resisten al cese al fuego, demandando desarme unilateral.
No faltan los que aspiran a un acuerdo que haga las veces de trofeo electoral para garantizar una continuidad maquillada que le permita seguir la ruta de las injusticias sociales, la dependencia, el saqueo, la antidemocracia y la destrucción del país. Todo para salvar al gran capital. Esa paz conduciría de nuevo a los cementerios.
8–A la cooperación interestatal desde la óptica de la nueva independencia continental, hay que sumarle la unidad de pueblos, de los/as trabajadores/as, campesinos, jóvenes, indígenas, mujeres, movimientos sociales contestatarios, partidos y agrupaciones revolucionarias, democráticas, antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, comunistas…
El Movimiento Continental Bolivariano-MCB apunta en esa dirección: hacia el incorporación de los/as de abajo, de las fuerzas del trabajo y la cultura, de la diversidad anti-neoliberal, antiimperialista, anticapitalista… para hacer mas eficaz la lucha contra el capitalismo neoliberal y por las transiciones revolucionarias.
Hay que forjar nuevas vanguardias y articular las vanguardias revolucionarias de las diferentes países, al tiempo de auspiciar políticas de alianzas más amplias, pero con claras perspectivas alternativas frente al orden dominante y precisas propuestas transformadoras.
9-Creo en la necesidad de una nueva Internacional Anticapitalista, que a su vez forme parte de otros sistemas de alianzas antineoliberales y antiimperialistas. La presente decadencia del capitalismo, su insalvable multi-crisis, así lo exige. No hay de otra, si queremos sobrevivir y renunciamos al miedo a ser definitivamente felices.
Me parece que el XV Congreso PCB apuntó bien en ese sentido. Esto -repito- es algo imperioso, dado la presente declinación de la civilización capitalista y el carácter altamente destructivo del imperialismo actual.
La humanidad no se merece la destrucción en marcha que impone el capitalismo senil de estos tiempos.
Y si nos ponemos de acuerdo en que las grandes crisis generan grandes transformaciones, estamos ante una oportunidad sin precedente para emprender las nuevas revoluciones camino a un comunismo digno del siglo XVI y de las experiencias vividas.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026