Editorial
Quién engaña a Quién
El pueblo padece un sufrimiento eterno como consecuencia de las deficiencias que vende muy bien la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, cuya principal queja es que son engañados por miles de dominicanos que se roban el servicio.
Es como un disco rayado, porque es una queja que se escucha permanentemente en los medios de comunicación social, pero en realidad nadie sabe con exactitud quién es más ladrón si las edes o los receptores del servicio.
En el sistema eléctrico nacional todo el mundo sabe que hay un andamiaje que está estructurado para beneficiar a los mafiosos que controlan el negocio de energía eléctrica, lo cual es propio de todos los servicios que ofrece el Estado.
En el caso de Edenorte, Edesur y Edeeste, las tres distribuidoras de energía eléctrica de propiedad Estatal, mantienen un acoso, hostigamiento y abuso en contra de los usuarios que muchas veces se expresan a través de unos aumentos de tarifas medalaganarios y unos cortes del servicio guiados por un plan concebido para perjudicar al pueblo dominicano.
Acaso existe algún engaño más vulgar y abusivo que el cobro de una tarifa de energía eléctrica que no hay manera de que se descuenten las horas de luz que no recibe el cliente?, porque se supone que si hay apagones de diez u once horas diarias debía rebajarse la disminución compulsiva del consumo.
Pero tal vez habrá otro fraude más vulgar que los benditos programas de servicios de energía eléctrica durante las 24 horas, los cuales no bien se anuncian en cualquier pueblo del país y de inmediato se intensifican los apagones o se disminuyen los prendiones.
Lo que pasa en el sistema eléctrica nacional es propio de prácticamente todos los contratos que firma el Estado con empresas nacionales y extranjeras y ni qué hablar de las compañías generadoras de energía eléctrica, las cuales le venden el servicio al sector público a un precio gansteril, ya que en esas transacciones hay involucrados funcionarios del Gobierno.
Para que el lector tenga una idea del problema, sólo habría que analizar la micro corrupción en las edes, las cuales tienen contratas con pequeñas compañías que se dedican a la paralización del servicio a sólo horas de reflejarse la factura del cliente, pero que la prisa de estos comerciantes para interrumpirlo se debe a que cobran trescientos pesos por cada corte.
Es un problema que va de mayor a menor y lo contrario de menor a mayor, lo cual permite que comerciantes de pocos y grandes capitales ganen mucho dinero a costa del sufrimiento de la gente, olvidándose el Estado que el servicio de energía eléctrica tiene un carácter social y que jamás debe estar regido por el lucro.
En cualquier país del mundo ya los principales actores del sistema eléctrico nacional hubieran tenido serios problemas, porque la gente ya hubiera hecho justicia con sus propias manos.
Es un asunto tan grave que los apagones mantienen al borde de la quiebra a miles de pequeños, medianos y grandes empresarios, cuya desaparición implica necesariamente la eliminación de cientos de empleos, creándole serios problemas de gobernabilidad al gobierno y provocando graves dificultades a la economía nacional, amén de que éste paraliza el desarrollo.
Las trampas en el sistema eléctrico nacional es un arma de doble filo que se podría constituir en una grave amenaza a la estructura mafiosa que controla todo el aparato estatal de la República Dominicana.
Si insistimos en la pregunta de quién engaña a quién, no habría que ser un mago para darse cuenta de que la gran víctima de la estructura mafiosa nacional no es nadie más que el pueblo dominicano.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.