Editorial
Quién engaña a Quién
El pueblo padece un sufrimiento eterno como consecuencia de las deficiencias que vende muy bien la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, cuya principal queja es que son engañados por miles de dominicanos que se roban el servicio.
Es como un disco rayado, porque es una queja que se escucha permanentemente en los medios de comunicación social, pero en realidad nadie sabe con exactitud quién es más ladrón si las edes o los receptores del servicio.
En el sistema eléctrico nacional todo el mundo sabe que hay un andamiaje que está estructurado para beneficiar a los mafiosos que controlan el negocio de energía eléctrica, lo cual es propio de todos los servicios que ofrece el Estado.
En el caso de Edenorte, Edesur y Edeeste, las tres distribuidoras de energía eléctrica de propiedad Estatal, mantienen un acoso, hostigamiento y abuso en contra de los usuarios que muchas veces se expresan a través de unos aumentos de tarifas medalaganarios y unos cortes del servicio guiados por un plan concebido para perjudicar al pueblo dominicano.
Acaso existe algún engaño más vulgar y abusivo que el cobro de una tarifa de energía eléctrica que no hay manera de que se descuenten las horas de luz que no recibe el cliente?, porque se supone que si hay apagones de diez u once horas diarias debía rebajarse la disminución compulsiva del consumo.
Pero tal vez habrá otro fraude más vulgar que los benditos programas de servicios de energía eléctrica durante las 24 horas, los cuales no bien se anuncian en cualquier pueblo del país y de inmediato se intensifican los apagones o se disminuyen los prendiones.
Lo que pasa en el sistema eléctrica nacional es propio de prácticamente todos los contratos que firma el Estado con empresas nacionales y extranjeras y ni qué hablar de las compañías generadoras de energía eléctrica, las cuales le venden el servicio al sector público a un precio gansteril, ya que en esas transacciones hay involucrados funcionarios del Gobierno.
Para que el lector tenga una idea del problema, sólo habría que analizar la micro corrupción en las edes, las cuales tienen contratas con pequeñas compañías que se dedican a la paralización del servicio a sólo horas de reflejarse la factura del cliente, pero que la prisa de estos comerciantes para interrumpirlo se debe a que cobran trescientos pesos por cada corte.
Es un problema que va de mayor a menor y lo contrario de menor a mayor, lo cual permite que comerciantes de pocos y grandes capitales ganen mucho dinero a costa del sufrimiento de la gente, olvidándose el Estado que el servicio de energía eléctrica tiene un carácter social y que jamás debe estar regido por el lucro.
En cualquier país del mundo ya los principales actores del sistema eléctrico nacional hubieran tenido serios problemas, porque la gente ya hubiera hecho justicia con sus propias manos.
Es un asunto tan grave que los apagones mantienen al borde de la quiebra a miles de pequeños, medianos y grandes empresarios, cuya desaparición implica necesariamente la eliminación de cientos de empleos, creándole serios problemas de gobernabilidad al gobierno y provocando graves dificultades a la economía nacional, amén de que éste paraliza el desarrollo.
Las trampas en el sistema eléctrico nacional es un arma de doble filo que se podría constituir en una grave amenaza a la estructura mafiosa que controla todo el aparato estatal de la República Dominicana.
Si insistimos en la pregunta de quién engaña a quién, no habría que ser un mago para darse cuenta de que la gran víctima de la estructura mafiosa nacional no es nadie más que el pueblo dominicano.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.