Editorial
Quién engaña a Quién
El pueblo padece un sufrimiento eterno como consecuencia de las deficiencias que vende muy bien la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, cuya principal queja es que son engañados por miles de dominicanos que se roban el servicio.
Es como un disco rayado, porque es una queja que se escucha permanentemente en los medios de comunicación social, pero en realidad nadie sabe con exactitud quién es más ladrón si las edes o los receptores del servicio.
En el sistema eléctrico nacional todo el mundo sabe que hay un andamiaje que está estructurado para beneficiar a los mafiosos que controlan el negocio de energía eléctrica, lo cual es propio de todos los servicios que ofrece el Estado.
En el caso de Edenorte, Edesur y Edeeste, las tres distribuidoras de energía eléctrica de propiedad Estatal, mantienen un acoso, hostigamiento y abuso en contra de los usuarios que muchas veces se expresan a través de unos aumentos de tarifas medalaganarios y unos cortes del servicio guiados por un plan concebido para perjudicar al pueblo dominicano.
Acaso existe algún engaño más vulgar y abusivo que el cobro de una tarifa de energía eléctrica que no hay manera de que se descuenten las horas de luz que no recibe el cliente?, porque se supone que si hay apagones de diez u once horas diarias debía rebajarse la disminución compulsiva del consumo.
Pero tal vez habrá otro fraude más vulgar que los benditos programas de servicios de energía eléctrica durante las 24 horas, los cuales no bien se anuncian en cualquier pueblo del país y de inmediato se intensifican los apagones o se disminuyen los prendiones.
Lo que pasa en el sistema eléctrica nacional es propio de prácticamente todos los contratos que firma el Estado con empresas nacionales y extranjeras y ni qué hablar de las compañías generadoras de energía eléctrica, las cuales le venden el servicio al sector público a un precio gansteril, ya que en esas transacciones hay involucrados funcionarios del Gobierno.
Para que el lector tenga una idea del problema, sólo habría que analizar la micro corrupción en las edes, las cuales tienen contratas con pequeñas compañías que se dedican a la paralización del servicio a sólo horas de reflejarse la factura del cliente, pero que la prisa de estos comerciantes para interrumpirlo se debe a que cobran trescientos pesos por cada corte.
Es un problema que va de mayor a menor y lo contrario de menor a mayor, lo cual permite que comerciantes de pocos y grandes capitales ganen mucho dinero a costa del sufrimiento de la gente, olvidándose el Estado que el servicio de energía eléctrica tiene un carácter social y que jamás debe estar regido por el lucro.
En cualquier país del mundo ya los principales actores del sistema eléctrico nacional hubieran tenido serios problemas, porque la gente ya hubiera hecho justicia con sus propias manos.
Es un asunto tan grave que los apagones mantienen al borde de la quiebra a miles de pequeños, medianos y grandes empresarios, cuya desaparición implica necesariamente la eliminación de cientos de empleos, creándole serios problemas de gobernabilidad al gobierno y provocando graves dificultades a la economía nacional, amén de que éste paraliza el desarrollo.
Las trampas en el sistema eléctrico nacional es un arma de doble filo que se podría constituir en una grave amenaza a la estructura mafiosa que controla todo el aparato estatal de la República Dominicana.
Si insistimos en la pregunta de quién engaña a quién, no habría que ser un mago para darse cuenta de que la gran víctima de la estructura mafiosa nacional no es nadie más que el pueblo dominicano.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.