Editorial
Un buen Precedente
La Sala Capitular de la Romana destituyó al alcalde de allí por emitir cheques sin fondos, lo cual se constituye en una grave violación a la ley, sobre todo porque el Estado no puede hacer lo que sanciona mediante sus leyes adjetivas.
El ahora exalcalde que además es acusado de una serie de irregularidades que van desde corrupción hasta otros delitos graves, recurrió mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, el cual acaba de rechazar el mismo y validar la decisión tomada por los regidores del ayuntamiento de la Romana.
La decisión de la Sala Capitular del cabildo de la Romana y el posterior veredicto del Tribunal Superior Electoral sienta una importante jurisprudencia en la República Dominicana, donde la mayoría de los alcaldes, por no decir todos, hacen exactamente lo mismo, manejar los ayuntamientos como si fueran patrimonios propios.
Lo bueno fuera que ahora las salas capitulares de los ayuntamientos del país juzgaran a los síndicos por todas las irregularidades cometidas, ya que se trata de una corrupción de mayor a menor y lo contrario, de menor a mayor, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Es una macro y micro corrupción, las cuales se expresan a través del gobierno central y de las administraciones municipales, causándole cuantiosos daños al pueblo dominicano, porque hasta le quitan la oportunidad de por lo menos disfrutar de una eficiente recogida de basura para evitar la propagación de enfermedades, muchas de las cuales epidémicas.
A propósito de la situación que se ha producido en el ayuntamiento de la Romana, cuyo alcalde ha sido destituido por emitir cheques sin fondos, cualquier ciudadano preocupado por esa irregularidad debe preguntarse y por qué no se hace lo propio con el síndico de Santiago que ha llenado a este municipio de este tipo de mecanismo de pagos sin respaldo.
Gilberto Serulle es el campeón de la emisión de cheques sin fondos con unos 38 millones de pesos, amén de que es un alcalde que se ha demostrado hasta la saciedad que ha incurrido en la comisión de una gran variedad de irregularidades, muchas de las cuales han permitido que el síndico hoy haya salido de las dificultades económicas que tenía cuando llegó al cargo.
Hasta la forma de caminar de Gilberto Serulle proyecta mucha irracionalidad e irresponsabilidad, cuyas únicas metas son enriquecerse con los dineros del pueblo de Santiago, lo que permite colegir que éste ha llegado mucho más lejos que el síndico de la Romana.
El mejor regalo que podría recibir el munícipe de Santiago sería la destitución del alcalde Serulle para poner a cualquier otro con un poquito más de escrúpulo y de vergüenza.
Sin embargo, hay muchas dudas de que así sea en virtud de que a pesar que la Sala Capitular que preside Papito Cruz no fue auspiciada por el alcalde Serulle y que incluso todo se decidió en los tribunales, la gran mayoría de los regidores se ha bañado en el lodo que hoy arropa al pantano llamado ayuntamiento de Santiago.
La corrupción que prevalece en el cabildo de Santiago ha beneficiado a muchos de los ediles, quienes muy difícilmente puedan promover una acción parecida a la que se impuso en el ayuntamiento de la Romana.
Empero, hay que estar plenamente seguro de que el procedimiento implementado por los regidores de la Romana es un arma que pende sobre la cabeza de Serulle, porque ahora se verá obligado a democratizar mucho más la corrupción o sencillamente su puesto se pone en peligro.
Lo malo de este jueguito es que el precedente de La Romana podría servir para enfrentar la corrupción en los podridos ayuntamientos o sencillamente se convertirá en un instrumento de chantaje y en una fórmula ideal para promover más tráfico de influencias y todas las vertientes de la corrupción que hoy se comen a la República Dominicana.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.