Editorial
Un buen Precedente
La Sala Capitular de la Romana destituyó al alcalde de allí por emitir cheques sin fondos, lo cual se constituye en una grave violación a la ley, sobre todo porque el Estado no puede hacer lo que sanciona mediante sus leyes adjetivas.
El ahora exalcalde que además es acusado de una serie de irregularidades que van desde corrupción hasta otros delitos graves, recurrió mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, el cual acaba de rechazar el mismo y validar la decisión tomada por los regidores del ayuntamiento de la Romana.
La decisión de la Sala Capitular del cabildo de la Romana y el posterior veredicto del Tribunal Superior Electoral sienta una importante jurisprudencia en la República Dominicana, donde la mayoría de los alcaldes, por no decir todos, hacen exactamente lo mismo, manejar los ayuntamientos como si fueran patrimonios propios.
Lo bueno fuera que ahora las salas capitulares de los ayuntamientos del país juzgaran a los síndicos por todas las irregularidades cometidas, ya que se trata de una corrupción de mayor a menor y lo contrario, de menor a mayor, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Es una macro y micro corrupción, las cuales se expresan a través del gobierno central y de las administraciones municipales, causándole cuantiosos daños al pueblo dominicano, porque hasta le quitan la oportunidad de por lo menos disfrutar de una eficiente recogida de basura para evitar la propagación de enfermedades, muchas de las cuales epidémicas.
A propósito de la situación que se ha producido en el ayuntamiento de la Romana, cuyo alcalde ha sido destituido por emitir cheques sin fondos, cualquier ciudadano preocupado por esa irregularidad debe preguntarse y por qué no se hace lo propio con el síndico de Santiago que ha llenado a este municipio de este tipo de mecanismo de pagos sin respaldo.
Gilberto Serulle es el campeón de la emisión de cheques sin fondos con unos 38 millones de pesos, amén de que es un alcalde que se ha demostrado hasta la saciedad que ha incurrido en la comisión de una gran variedad de irregularidades, muchas de las cuales han permitido que el síndico hoy haya salido de las dificultades económicas que tenía cuando llegó al cargo.
Hasta la forma de caminar de Gilberto Serulle proyecta mucha irracionalidad e irresponsabilidad, cuyas únicas metas son enriquecerse con los dineros del pueblo de Santiago, lo que permite colegir que éste ha llegado mucho más lejos que el síndico de la Romana.
El mejor regalo que podría recibir el munícipe de Santiago sería la destitución del alcalde Serulle para poner a cualquier otro con un poquito más de escrúpulo y de vergüenza.
Sin embargo, hay muchas dudas de que así sea en virtud de que a pesar que la Sala Capitular que preside Papito Cruz no fue auspiciada por el alcalde Serulle y que incluso todo se decidió en los tribunales, la gran mayoría de los regidores se ha bañado en el lodo que hoy arropa al pantano llamado ayuntamiento de Santiago.
La corrupción que prevalece en el cabildo de Santiago ha beneficiado a muchos de los ediles, quienes muy difícilmente puedan promover una acción parecida a la que se impuso en el ayuntamiento de la Romana.
Empero, hay que estar plenamente seguro de que el procedimiento implementado por los regidores de la Romana es un arma que pende sobre la cabeza de Serulle, porque ahora se verá obligado a democratizar mucho más la corrupción o sencillamente su puesto se pone en peligro.
Lo malo de este jueguito es que el precedente de La Romana podría servir para enfrentar la corrupción en los podridos ayuntamientos o sencillamente se convertirá en un instrumento de chantaje y en una fórmula ideal para promover más tráfico de influencias y todas las vertientes de la corrupción que hoy se comen a la República Dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.