Editorial
Un buen Precedente
La Sala Capitular de la Romana destituyó al alcalde de allí por emitir cheques sin fondos, lo cual se constituye en una grave violación a la ley, sobre todo porque el Estado no puede hacer lo que sanciona mediante sus leyes adjetivas.
El ahora exalcalde que además es acusado de una serie de irregularidades que van desde corrupción hasta otros delitos graves, recurrió mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, el cual acaba de rechazar el mismo y validar la decisión tomada por los regidores del ayuntamiento de la Romana.
La decisión de la Sala Capitular del cabildo de la Romana y el posterior veredicto del Tribunal Superior Electoral sienta una importante jurisprudencia en la República Dominicana, donde la mayoría de los alcaldes, por no decir todos, hacen exactamente lo mismo, manejar los ayuntamientos como si fueran patrimonios propios.
Lo bueno fuera que ahora las salas capitulares de los ayuntamientos del país juzgaran a los síndicos por todas las irregularidades cometidas, ya que se trata de una corrupción de mayor a menor y lo contrario, de menor a mayor, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Es una macro y micro corrupción, las cuales se expresan a través del gobierno central y de las administraciones municipales, causándole cuantiosos daños al pueblo dominicano, porque hasta le quitan la oportunidad de por lo menos disfrutar de una eficiente recogida de basura para evitar la propagación de enfermedades, muchas de las cuales epidémicas.
A propósito de la situación que se ha producido en el ayuntamiento de la Romana, cuyo alcalde ha sido destituido por emitir cheques sin fondos, cualquier ciudadano preocupado por esa irregularidad debe preguntarse y por qué no se hace lo propio con el síndico de Santiago que ha llenado a este municipio de este tipo de mecanismo de pagos sin respaldo.
Gilberto Serulle es el campeón de la emisión de cheques sin fondos con unos 38 millones de pesos, amén de que es un alcalde que se ha demostrado hasta la saciedad que ha incurrido en la comisión de una gran variedad de irregularidades, muchas de las cuales han permitido que el síndico hoy haya salido de las dificultades económicas que tenía cuando llegó al cargo.
Hasta la forma de caminar de Gilberto Serulle proyecta mucha irracionalidad e irresponsabilidad, cuyas únicas metas son enriquecerse con los dineros del pueblo de Santiago, lo que permite colegir que éste ha llegado mucho más lejos que el síndico de la Romana.
El mejor regalo que podría recibir el munícipe de Santiago sería la destitución del alcalde Serulle para poner a cualquier otro con un poquito más de escrúpulo y de vergüenza.
Sin embargo, hay muchas dudas de que así sea en virtud de que a pesar que la Sala Capitular que preside Papito Cruz no fue auspiciada por el alcalde Serulle y que incluso todo se decidió en los tribunales, la gran mayoría de los regidores se ha bañado en el lodo que hoy arropa al pantano llamado ayuntamiento de Santiago.
La corrupción que prevalece en el cabildo de Santiago ha beneficiado a muchos de los ediles, quienes muy difícilmente puedan promover una acción parecida a la que se impuso en el ayuntamiento de la Romana.
Empero, hay que estar plenamente seguro de que el procedimiento implementado por los regidores de la Romana es un arma que pende sobre la cabeza de Serulle, porque ahora se verá obligado a democratizar mucho más la corrupción o sencillamente su puesto se pone en peligro.
Lo malo de este jueguito es que el precedente de La Romana podría servir para enfrentar la corrupción en los podridos ayuntamientos o sencillamente se convertirá en un instrumento de chantaje y en una fórmula ideal para promover más tráfico de influencias y todas las vertientes de la corrupción que hoy se comen a la República Dominicana.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.