Opinión
La sociedad dominicana y las elecciones del 2016
Por Narciso Isa Conde
Al modelo de la dominación clasista imperante en este país, esto es, a la dictadura de clase conformada por la burguesía transnacional y la gran burguesía local, con una fuerte y destructiva impronta minero-energética y su permanente agresión financiera-especulativa, se le ha superpuesto una especie de dictadura política basada en la Constitución neoliberal y antidemocrática del 26 de enero del 2010 y en la características del Senado de la República, surgido del proceso electoral (especialmente congresual) realizado en mayo ese mismo año.
En el contexto de ese proceso político institucional se ha producido el paso acelerado de la dictadura política bi-partidista, bajo el mando de las cúpulas del PLD y el PRD (que se encargaban de manipular al decadente PRSC y a los partidos garrapatas y/o satélites), a la dictadura del Comité Político del PLD, que a la larga ha podido controlar todas las instituciones elegidas en los dos últimos comicios (con una fuerte gravitación de su facción leonelista).
A esto hay que agregarle significativas conexiones y asociaciones de ese cohollo peledeísta con sectores del gran empresariado y de las altas jerarquías policiales-militares y eclesiales; así como la fuerza propia y las articulaciones de la Corporación Económica, conformada desde el poder político-estatal por Leonel Fernández y sus socios en suciedades, a través de todas las modalidades de corrupción, incluida la narco-corrupción.
Entre esas instituciones están las electorales (JCE y TSE) y las llamadas altas cortes (SCJ, TC, Cámara de Cuenta..), que funcionan para reproducir y reciclar la supremacía y la impunidad de la partidocracia morada mediante todo tipo de de trampas, sobornos, abusos de poder, fraudes y arbitrariedades.
UN PRD COMPRADO Y OTRO ENTRAMPADO.
En el despliegue de esa vocación absolutista, la cúpula peledeísta captó y convirtió en instrumento a su servicio lo que queda del PRSC (matricula incluida), dividió al PRD, compró su matricula en manos de la sobornada facción Vargas Maldonado (refrendada por la JCE, el TSE y el TC) y entrampó de mala manera a su facción mayoritaria bajo control de un clan corrupto, torpe y neoliberal liderado por Hipólito Mejía.
Esa facción comienza ya a exhibir peligrosas grietas en las que puede estar metida una mano peluda con guante morado.
En tales condiciones es sumamente difícil, aunque no imposible, que el PRD (y muy específicamente la facción mayoritaria opuesta a Vargas Maldonado) pueda recuperarse como fuerza “opositora” dentro del sistema, con capacidad de polarizar y restablecer el bi-partidismo en los términos anteriores.
En el tratamiento de esa vertiente del problema político y de las contradicciones que genera, soy de los que pienso que a la izquierda revolucionaria y a todas las fuerzas realmente alternativas y transformadoras, le conviene adoptar posiciones que dificulten la recuperación del PRD; evitando, contrario lo que hace la izquierda reformista y derechizada, darle oxigeno con cuestionables pactos y alianzas que solo sirven para alimentarlo electoralmente.
En fin de cuentas, el PRD, todas sus facciones dirigentes, están bajo control de fuerzas atadas al modelo neoliberal, a la partidocracia corrompida y al bloque clasista dominante.
Somos de opinión de que las fuerzas realmente alternativas no deberían favorecer alianzas con esas cúpulas. Sus energías deben dirigirse a atraer sus bases maltratadas y desorientadas, siempre dentro de un plan mayor destinado a forjar una nueva oposición: transformadora, antineoliberal, anti-partidocrática, portadora de una propuesta de Constituyente Popular y Soberana en todos los terrenos.
No hay que lamentar que el PRSC esté prácticamente liquidado como tercer polo, reducido y subordinado por el PLD. Como no hay que lamentar la decadencia del PRD. Son señales de que el camino se va despejando, quedando en pie solo el PLD, al frente de Estado y cada vez más fundido con el Estado y sus instituciones. En esa dirección debería ir el principal poder de fuego de los adversarios de este sistema, sin descuidar otros componentes del mismo.
UN PLD DIVIDIDO y MONTADO SOBRE UNA CRISIS SISTÉMICA
La dictadura bajo el mando del Comité Político del PLD se ha oxigenado con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo y con sus maniobras destinadas a preservar su imagen, a diferenciarse frente al estilo de Leonel, a aprovechar las “ventajas corporativas”; registrándose, dentro de las contradicciones típicamente grupales, una soterrada competencia interna; en el marco de un pacto partidista y gubernamental que incluye a Leonel y a su facción en ara de la gobernabilidad y de la hegemonía del partido y su dictadura, que a su vez inclina a la nueva administración a volver sobre caminos trillados por las anteriores.
Leonel esta desacreditado, es vulnerable, pero no se le debe quitar el guante de la cara, dada su fortaleza al interior del PLD y de las instituciones estatales, y dadas las trabas que tiene Danilo Medina para romper con él, lo que aumenta la vulnerabilidad de su gobierno.
No se trata de emprenderla exclusivamente contra Leonel y su claque para aupar o tirarle la toalla a Danilo. Eso nos metería en otra trampa y dentro de un juego pendular que favorece el ciclaje periódico de las opciones de derecha. Hay que evidenciar la maniobra del nuevo gobernante, la esencia neoliberal de su gobierno, su pacto con los corruptos y sus vínculos de clase (ahora a flor de piel con lo del Código de Trabajo), denunciando el paquetazo tributario y todos los pactos sistémicos, su subordinación a EEUU, sus acuerdos con los corruptos; indicando su ambigüedad y su respaldo esencial a la ofensiva minero-energética transnacional.
No se debe perder de vista que el capitalismo mundial y su derivación dependiente dominicana están en medio de un gran multi-crisis crónica, que no cesa de agudizarse
El gobierno de Danilo está entrampado en esa crisis e imposibilitado de enfrentarla con propuestas superadoras, con medidas que puedan ir mas allá de los remiendos, maniobras, poses progre y variaciones limitadas, que tienden a agotarse.
La protección de los corruptos, la impunidad, los efectos del paquetazo, los estragos de la mega-minería destructiva, la agudización de la crisis del sistema eléctrico, el auge de la violencia de género, el incremento de la inseguridad ciudadana, la permanencia del Estado delincuente y del modelo neoliberal, el desborde del racismo anti-haitiano, el repunte del fascismo con fuertes enclaves institucionales, el desastre en materia de salud pública y la seguridad social…son temas claves, que bien enfrentados, asumiendo una línea independiente de protestas y movilizaciones, potenciando las indignaciones y vinculándolas al cambio político-institucional -vía Constituyente participativa soberana- podrían ayudar a hacer una oposición que se proponga erosionar, desgastar, meter en dificultades al gobierno del PLD-Danilo Medina y al régimen político vigente, además de tener la virtud de poner en jaque a Leonel y “tuche” a las facciones del PRD y aliados; siempre en favor de las esfuerzas alternativas y transformadoras de la sociedad, cuyos diversos componentes es preciso hacer confluir.
Esto implica politizar las luchas sociales, forjar contra-poder, crear un nuevo referente político-social nacional, con presencia en todos los espacios y en todas las confrontaciones. Y permitiría crear una oposición transformadora, una nueva oposición y, sobretodo, una situación política diferente, después de agrietar en grande y debilitar sensiblemente la dictadura morada; objetivo político sumamente importante en este período.
¿CÓMO ABORDAR LO ELECTORAL DESDE ESTAS VALORACIONES?
Este posicionamiento frente a la crisis y a la degradación institucional, es sumamente importante, pero no basta, dado el peso de lo electoral en nuestra sociedad y la aproximación de los dos comicios del 2016.
Creo que procede declarar la disposición a participar en ambos comicios, sin dejar de potenciar la crítica y la indignación popular respecto al modelo de dominación y al régimen político, incluido su sistema electoral excluyente y manipulado por el PLD; proponiendo su superación en términos bien concretos y desde una actitud propositiva.
Esa vertiente de las instituciones electorales, basadas en leyes y estructuras profundamente antidemocráticas y en prácticas peores, propias de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia, merece ser enérgicamente confrontada, precisamente en dirección a forzar en el sentido de su democratización, de hecho y de derecho.
Hablo de pensar en intervenir en las elecciones de medio tiempo y en las presidenciales con modalidades no predeterminadas, que posibiliten crear nuevas coyunturas, acumular fuerza y generar una amplia confluencia a favor de una nueva institucionalidad, vía la Constituyente.
A mi entender esto, para ser eficaz, debe acompañarse de las luchas extra-institucionales, de calles, de plazas… tendentes a crear una nueva situación en el país, que obligue a los derechas a ceder frente a precisos reclamos democratizadores o de lo contrario a arriesgarse a un proceso de debilitamiento institucional y profundización de la crisis política.
Sentadas estas premisas, en las elecciones de febrero, las izquierdas revolucionarias, transformadoras (sociales, políticas, culturales…) podríamos ingeniárnoslas para concentrar esfuerzos en algunos puntos del país y crear -donde se pueda y donde existan los actores sociales y liderazgos idóneos- movimiento electorales provinciales de nuevo tipo, con matriculas propias y autogestionadas, con propuestas transformadoras y candidatos/as congresuales populares comprometidos/as con el tema de la Constituyente y la línea alternativa.
Hablo de concentrar fuerzas en cuanto territorio y en cuanto a realidad social y política previamente seleccionada, y concéntralas agresivamente en la promoción de candidaturas al Congreso, con la bandera de la Constituyente y la nueva institucionalidad, dejando por ahora a un lado lo municipal. Y hacerlo en muy pocos lugares, con el solo propósito de meterle algunas tachuelas en los zapatos del modelo de dominación y del régimen político.
Para una intervención significativa, impactante, en las presidenciales de mayo, habría que crear previamente esa nueva situación a escala nacional, que facilite obtener la matrícula necesaria para participar y la confluencia adecuada; así como desarrollar anticipadamente, al calor de las luchas, un proceso de articulación de fuerzas alrededor de un programa transformador y de candidatos presidencial y vice-presidencial que lo asuman desde la democracia de calle.
En lo inmediato no hay que atormentarse con el tema de la matricula electoral necesaria para participar en las votaciones, ni lanzarse ahora a buscar matricula propia por la vía tradicional, con todo lo abrumador e incierto de ese proceso plagado de injusticias y trapisondas, bajo un sistema excluyente y un arbitro institucional desvergonzado (dadas las características de la actual ley y de la actual JCE). Primero hay que debilitar esa ignominiosa camisa de fuerza.
Conviene concentrarse en calentar el proceso, procurado crear situaciones parecidas a las que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Ecuador… antes de sus respectivos triunfos electorales de corte popular e inspiración transformadora.
Así, ni las derechas ni las izquierdas reformistas, podrían salirse con las suyas.
Hay que someter a todo el mundo a presión y tratar de romper los moldes actuales.
Y de no ser esto posible –porque no se logre ese punto de debilitamiento o resquebrajadura institucional- entonces habría que pensar en una innovadora participación paralela de carácter extrainstitucional que permita seguir acumulando fuerzas.
De todas maneras hay que evitar la gran trampa.
Hay que cuidarse de precipitarse al mundito del electoralismo chiquito, el de las candidaturas de las pequeñas izquierdas reformistas y de las seudo-izquierdas compitiendo entre sí, emplazadas por una franja de la sociedad a una unión que no aceptan y que nunca se da en frío. Un mundito en el que solo ALIANZA PAÍS, con la candidatura de Guillermo Moreno, tendría posibilidad de un crecimiento limitado dentro de un encuadre sistémico, a no ser que cambie de concepción y de actitud para ser parte de algo mucho más grande, popular contestatario e incluyente de la diversidad de las izquierdas políticas, sociales y culturales transformadora.
Tengamos presente que en este país las izquierdas y las fuerzas transformadoras existen más allá de las fronteras de las organizaciones y grupos reconocidos como tal. Son mucho más sus componentes reales y potenciales en los espacios de las mujeres, de la juventud, de los movimientos ambientalistas, del el mundo cultural, las bases de las iglesias, de las fuerzas del trabajo, de todos/as los/as excluidos/as.
Solo atreviéndonos a ser fuertes desde lo extrainstitucional, confrontando modelo, régimen y las reglas electorales de las partidocracias sistémicas y las elites empresariales neoliberales, podríamos cambiar el vicioso y viciado círculo electoral y convertir lo acumulado en opción electoral respetable.
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?
Por Miguel Guerrero
Cuando hablamos del precio de la democracia, nada me parece más horripilante que ese lugar común al que apelan diariamente los dirigentes del país para justificar los vicios de la política vernácula. Eso de “pagar el precio de la dominicana” no es más que una vulgar falacia, un intento de legitimar cuantas barbaridades ha padecido la nación para mantener los privilegios de una clase que controla los resortes de la vida política, como si se tratara de derechos nobiliarios, adquiridos por herencia, olvidándose de que al igual que la realeza europea, que se casa entre familia, los genes de la dirigencia política nacional han dejado ver desde hace tiempo sus estragos.
Mientras se aduce falta de recursos para atender los principales requerimientos de la salud y la educación, dos de nuestras grandes e inaplazables prioridades, y el país vive a oscuras a causa de la falta de pago por el Gobierno a los generadores, se destinan en publicidad miles de millones de pesos para exaltar la figura presidencial en desmedro de reales necesidades de la sociedad.
Asignación que no discrimina si hay elecciones o no cada año, cuando se trata de un año preelectoral, significa que al siguiente la erogación será mucho mayor. La suma en sí misma no significaría mucho si se les exigiera transparencia en el uso y rendición de cuentas. Pero no podemos esperar que eso suceda, porque el sistema es tan pobre en garantías ciudadanas que los políticos del país no se sienten obligados a cumplir siquiera algo tan simple como una declaración de bienes, que pueden en todo caso manipular a su antojo sin mayores consecuencias.
La democracia no necesita que se entregue el precio que por ella pagamos, ni requiere tampoco del tutelaje que pretenden unos clanes que han hecho de la noble actividad partidaria un coto de corrupción y malas mañas.