Opinión
La sociedad dominicana y las elecciones del 2016
Por Narciso Isa Conde
Al modelo de la dominación clasista imperante en este país, esto es, a la dictadura de clase conformada por la burguesía transnacional y la gran burguesía local, con una fuerte y destructiva impronta minero-energética y su permanente agresión financiera-especulativa, se le ha superpuesto una especie de dictadura política basada en la Constitución neoliberal y antidemocrática del 26 de enero del 2010 y en la características del Senado de la República, surgido del proceso electoral (especialmente congresual) realizado en mayo ese mismo año.
En el contexto de ese proceso político institucional se ha producido el paso acelerado de la dictadura política bi-partidista, bajo el mando de las cúpulas del PLD y el PRD (que se encargaban de manipular al decadente PRSC y a los partidos garrapatas y/o satélites), a la dictadura del Comité Político del PLD, que a la larga ha podido controlar todas las instituciones elegidas en los dos últimos comicios (con una fuerte gravitación de su facción leonelista).
A esto hay que agregarle significativas conexiones y asociaciones de ese cohollo peledeísta con sectores del gran empresariado y de las altas jerarquías policiales-militares y eclesiales; así como la fuerza propia y las articulaciones de la Corporación Económica, conformada desde el poder político-estatal por Leonel Fernández y sus socios en suciedades, a través de todas las modalidades de corrupción, incluida la narco-corrupción.
Entre esas instituciones están las electorales (JCE y TSE) y las llamadas altas cortes (SCJ, TC, Cámara de Cuenta..), que funcionan para reproducir y reciclar la supremacía y la impunidad de la partidocracia morada mediante todo tipo de de trampas, sobornos, abusos de poder, fraudes y arbitrariedades.
UN PRD COMPRADO Y OTRO ENTRAMPADO.
En el despliegue de esa vocación absolutista, la cúpula peledeísta captó y convirtió en instrumento a su servicio lo que queda del PRSC (matricula incluida), dividió al PRD, compró su matricula en manos de la sobornada facción Vargas Maldonado (refrendada por la JCE, el TSE y el TC) y entrampó de mala manera a su facción mayoritaria bajo control de un clan corrupto, torpe y neoliberal liderado por Hipólito Mejía.
Esa facción comienza ya a exhibir peligrosas grietas en las que puede estar metida una mano peluda con guante morado.
En tales condiciones es sumamente difícil, aunque no imposible, que el PRD (y muy específicamente la facción mayoritaria opuesta a Vargas Maldonado) pueda recuperarse como fuerza “opositora” dentro del sistema, con capacidad de polarizar y restablecer el bi-partidismo en los términos anteriores.
En el tratamiento de esa vertiente del problema político y de las contradicciones que genera, soy de los que pienso que a la izquierda revolucionaria y a todas las fuerzas realmente alternativas y transformadoras, le conviene adoptar posiciones que dificulten la recuperación del PRD; evitando, contrario lo que hace la izquierda reformista y derechizada, darle oxigeno con cuestionables pactos y alianzas que solo sirven para alimentarlo electoralmente.
En fin de cuentas, el PRD, todas sus facciones dirigentes, están bajo control de fuerzas atadas al modelo neoliberal, a la partidocracia corrompida y al bloque clasista dominante.
Somos de opinión de que las fuerzas realmente alternativas no deberían favorecer alianzas con esas cúpulas. Sus energías deben dirigirse a atraer sus bases maltratadas y desorientadas, siempre dentro de un plan mayor destinado a forjar una nueva oposición: transformadora, antineoliberal, anti-partidocrática, portadora de una propuesta de Constituyente Popular y Soberana en todos los terrenos.
No hay que lamentar que el PRSC esté prácticamente liquidado como tercer polo, reducido y subordinado por el PLD. Como no hay que lamentar la decadencia del PRD. Son señales de que el camino se va despejando, quedando en pie solo el PLD, al frente de Estado y cada vez más fundido con el Estado y sus instituciones. En esa dirección debería ir el principal poder de fuego de los adversarios de este sistema, sin descuidar otros componentes del mismo.
UN PLD DIVIDIDO y MONTADO SOBRE UNA CRISIS SISTÉMICA
La dictadura bajo el mando del Comité Político del PLD se ha oxigenado con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo y con sus maniobras destinadas a preservar su imagen, a diferenciarse frente al estilo de Leonel, a aprovechar las “ventajas corporativas”; registrándose, dentro de las contradicciones típicamente grupales, una soterrada competencia interna; en el marco de un pacto partidista y gubernamental que incluye a Leonel y a su facción en ara de la gobernabilidad y de la hegemonía del partido y su dictadura, que a su vez inclina a la nueva administración a volver sobre caminos trillados por las anteriores.
Leonel esta desacreditado, es vulnerable, pero no se le debe quitar el guante de la cara, dada su fortaleza al interior del PLD y de las instituciones estatales, y dadas las trabas que tiene Danilo Medina para romper con él, lo que aumenta la vulnerabilidad de su gobierno.
No se trata de emprenderla exclusivamente contra Leonel y su claque para aupar o tirarle la toalla a Danilo. Eso nos metería en otra trampa y dentro de un juego pendular que favorece el ciclaje periódico de las opciones de derecha. Hay que evidenciar la maniobra del nuevo gobernante, la esencia neoliberal de su gobierno, su pacto con los corruptos y sus vínculos de clase (ahora a flor de piel con lo del Código de Trabajo), denunciando el paquetazo tributario y todos los pactos sistémicos, su subordinación a EEUU, sus acuerdos con los corruptos; indicando su ambigüedad y su respaldo esencial a la ofensiva minero-energética transnacional.
No se debe perder de vista que el capitalismo mundial y su derivación dependiente dominicana están en medio de un gran multi-crisis crónica, que no cesa de agudizarse
El gobierno de Danilo está entrampado en esa crisis e imposibilitado de enfrentarla con propuestas superadoras, con medidas que puedan ir mas allá de los remiendos, maniobras, poses progre y variaciones limitadas, que tienden a agotarse.
La protección de los corruptos, la impunidad, los efectos del paquetazo, los estragos de la mega-minería destructiva, la agudización de la crisis del sistema eléctrico, el auge de la violencia de género, el incremento de la inseguridad ciudadana, la permanencia del Estado delincuente y del modelo neoliberal, el desborde del racismo anti-haitiano, el repunte del fascismo con fuertes enclaves institucionales, el desastre en materia de salud pública y la seguridad social…son temas claves, que bien enfrentados, asumiendo una línea independiente de protestas y movilizaciones, potenciando las indignaciones y vinculándolas al cambio político-institucional -vía Constituyente participativa soberana- podrían ayudar a hacer una oposición que se proponga erosionar, desgastar, meter en dificultades al gobierno del PLD-Danilo Medina y al régimen político vigente, además de tener la virtud de poner en jaque a Leonel y “tuche” a las facciones del PRD y aliados; siempre en favor de las esfuerzas alternativas y transformadoras de la sociedad, cuyos diversos componentes es preciso hacer confluir.
Esto implica politizar las luchas sociales, forjar contra-poder, crear un nuevo referente político-social nacional, con presencia en todos los espacios y en todas las confrontaciones. Y permitiría crear una oposición transformadora, una nueva oposición y, sobretodo, una situación política diferente, después de agrietar en grande y debilitar sensiblemente la dictadura morada; objetivo político sumamente importante en este período.
¿CÓMO ABORDAR LO ELECTORAL DESDE ESTAS VALORACIONES?
Este posicionamiento frente a la crisis y a la degradación institucional, es sumamente importante, pero no basta, dado el peso de lo electoral en nuestra sociedad y la aproximación de los dos comicios del 2016.
Creo que procede declarar la disposición a participar en ambos comicios, sin dejar de potenciar la crítica y la indignación popular respecto al modelo de dominación y al régimen político, incluido su sistema electoral excluyente y manipulado por el PLD; proponiendo su superación en términos bien concretos y desde una actitud propositiva.
Esa vertiente de las instituciones electorales, basadas en leyes y estructuras profundamente antidemocráticas y en prácticas peores, propias de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia, merece ser enérgicamente confrontada, precisamente en dirección a forzar en el sentido de su democratización, de hecho y de derecho.
Hablo de pensar en intervenir en las elecciones de medio tiempo y en las presidenciales con modalidades no predeterminadas, que posibiliten crear nuevas coyunturas, acumular fuerza y generar una amplia confluencia a favor de una nueva institucionalidad, vía la Constituyente.
A mi entender esto, para ser eficaz, debe acompañarse de las luchas extra-institucionales, de calles, de plazas… tendentes a crear una nueva situación en el país, que obligue a los derechas a ceder frente a precisos reclamos democratizadores o de lo contrario a arriesgarse a un proceso de debilitamiento institucional y profundización de la crisis política.
Sentadas estas premisas, en las elecciones de febrero, las izquierdas revolucionarias, transformadoras (sociales, políticas, culturales…) podríamos ingeniárnoslas para concentrar esfuerzos en algunos puntos del país y crear -donde se pueda y donde existan los actores sociales y liderazgos idóneos- movimiento electorales provinciales de nuevo tipo, con matriculas propias y autogestionadas, con propuestas transformadoras y candidatos/as congresuales populares comprometidos/as con el tema de la Constituyente y la línea alternativa.
Hablo de concentrar fuerzas en cuanto territorio y en cuanto a realidad social y política previamente seleccionada, y concéntralas agresivamente en la promoción de candidaturas al Congreso, con la bandera de la Constituyente y la nueva institucionalidad, dejando por ahora a un lado lo municipal. Y hacerlo en muy pocos lugares, con el solo propósito de meterle algunas tachuelas en los zapatos del modelo de dominación y del régimen político.
Para una intervención significativa, impactante, en las presidenciales de mayo, habría que crear previamente esa nueva situación a escala nacional, que facilite obtener la matrícula necesaria para participar y la confluencia adecuada; así como desarrollar anticipadamente, al calor de las luchas, un proceso de articulación de fuerzas alrededor de un programa transformador y de candidatos presidencial y vice-presidencial que lo asuman desde la democracia de calle.
En lo inmediato no hay que atormentarse con el tema de la matricula electoral necesaria para participar en las votaciones, ni lanzarse ahora a buscar matricula propia por la vía tradicional, con todo lo abrumador e incierto de ese proceso plagado de injusticias y trapisondas, bajo un sistema excluyente y un arbitro institucional desvergonzado (dadas las características de la actual ley y de la actual JCE). Primero hay que debilitar esa ignominiosa camisa de fuerza.
Conviene concentrarse en calentar el proceso, procurado crear situaciones parecidas a las que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Ecuador… antes de sus respectivos triunfos electorales de corte popular e inspiración transformadora.
Así, ni las derechas ni las izquierdas reformistas, podrían salirse con las suyas.
Hay que someter a todo el mundo a presión y tratar de romper los moldes actuales.
Y de no ser esto posible –porque no se logre ese punto de debilitamiento o resquebrajadura institucional- entonces habría que pensar en una innovadora participación paralela de carácter extrainstitucional que permita seguir acumulando fuerzas.
De todas maneras hay que evitar la gran trampa.
Hay que cuidarse de precipitarse al mundito del electoralismo chiquito, el de las candidaturas de las pequeñas izquierdas reformistas y de las seudo-izquierdas compitiendo entre sí, emplazadas por una franja de la sociedad a una unión que no aceptan y que nunca se da en frío. Un mundito en el que solo ALIANZA PAÍS, con la candidatura de Guillermo Moreno, tendría posibilidad de un crecimiento limitado dentro de un encuadre sistémico, a no ser que cambie de concepción y de actitud para ser parte de algo mucho más grande, popular contestatario e incluyente de la diversidad de las izquierdas políticas, sociales y culturales transformadora.
Tengamos presente que en este país las izquierdas y las fuerzas transformadoras existen más allá de las fronteras de las organizaciones y grupos reconocidos como tal. Son mucho más sus componentes reales y potenciales en los espacios de las mujeres, de la juventud, de los movimientos ambientalistas, del el mundo cultural, las bases de las iglesias, de las fuerzas del trabajo, de todos/as los/as excluidos/as.
Solo atreviéndonos a ser fuertes desde lo extrainstitucional, confrontando modelo, régimen y las reglas electorales de las partidocracias sistémicas y las elites empresariales neoliberales, podríamos cambiar el vicioso y viciado círculo electoral y convertir lo acumulado en opción electoral respetable.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.