Opinión
La sociedad dominicana y las elecciones del 2016
Por Narciso Isa Conde
Al modelo de la dominación clasista imperante en este país, esto es, a la dictadura de clase conformada por la burguesía transnacional y la gran burguesía local, con una fuerte y destructiva impronta minero-energética y su permanente agresión financiera-especulativa, se le ha superpuesto una especie de dictadura política basada en la Constitución neoliberal y antidemocrática del 26 de enero del 2010 y en la características del Senado de la República, surgido del proceso electoral (especialmente congresual) realizado en mayo ese mismo año.
En el contexto de ese proceso político institucional se ha producido el paso acelerado de la dictadura política bi-partidista, bajo el mando de las cúpulas del PLD y el PRD (que se encargaban de manipular al decadente PRSC y a los partidos garrapatas y/o satélites), a la dictadura del Comité Político del PLD, que a la larga ha podido controlar todas las instituciones elegidas en los dos últimos comicios (con una fuerte gravitación de su facción leonelista).
A esto hay que agregarle significativas conexiones y asociaciones de ese cohollo peledeísta con sectores del gran empresariado y de las altas jerarquías policiales-militares y eclesiales; así como la fuerza propia y las articulaciones de la Corporación Económica, conformada desde el poder político-estatal por Leonel Fernández y sus socios en suciedades, a través de todas las modalidades de corrupción, incluida la narco-corrupción.
Entre esas instituciones están las electorales (JCE y TSE) y las llamadas altas cortes (SCJ, TC, Cámara de Cuenta..), que funcionan para reproducir y reciclar la supremacía y la impunidad de la partidocracia morada mediante todo tipo de de trampas, sobornos, abusos de poder, fraudes y arbitrariedades.
UN PRD COMPRADO Y OTRO ENTRAMPADO.
En el despliegue de esa vocación absolutista, la cúpula peledeísta captó y convirtió en instrumento a su servicio lo que queda del PRSC (matricula incluida), dividió al PRD, compró su matricula en manos de la sobornada facción Vargas Maldonado (refrendada por la JCE, el TSE y el TC) y entrampó de mala manera a su facción mayoritaria bajo control de un clan corrupto, torpe y neoliberal liderado por Hipólito Mejía.
Esa facción comienza ya a exhibir peligrosas grietas en las que puede estar metida una mano peluda con guante morado.
En tales condiciones es sumamente difícil, aunque no imposible, que el PRD (y muy específicamente la facción mayoritaria opuesta a Vargas Maldonado) pueda recuperarse como fuerza “opositora” dentro del sistema, con capacidad de polarizar y restablecer el bi-partidismo en los términos anteriores.
En el tratamiento de esa vertiente del problema político y de las contradicciones que genera, soy de los que pienso que a la izquierda revolucionaria y a todas las fuerzas realmente alternativas y transformadoras, le conviene adoptar posiciones que dificulten la recuperación del PRD; evitando, contrario lo que hace la izquierda reformista y derechizada, darle oxigeno con cuestionables pactos y alianzas que solo sirven para alimentarlo electoralmente.
En fin de cuentas, el PRD, todas sus facciones dirigentes, están bajo control de fuerzas atadas al modelo neoliberal, a la partidocracia corrompida y al bloque clasista dominante.
Somos de opinión de que las fuerzas realmente alternativas no deberían favorecer alianzas con esas cúpulas. Sus energías deben dirigirse a atraer sus bases maltratadas y desorientadas, siempre dentro de un plan mayor destinado a forjar una nueva oposición: transformadora, antineoliberal, anti-partidocrática, portadora de una propuesta de Constituyente Popular y Soberana en todos los terrenos.
No hay que lamentar que el PRSC esté prácticamente liquidado como tercer polo, reducido y subordinado por el PLD. Como no hay que lamentar la decadencia del PRD. Son señales de que el camino se va despejando, quedando en pie solo el PLD, al frente de Estado y cada vez más fundido con el Estado y sus instituciones. En esa dirección debería ir el principal poder de fuego de los adversarios de este sistema, sin descuidar otros componentes del mismo.
UN PLD DIVIDIDO y MONTADO SOBRE UNA CRISIS SISTÉMICA
La dictadura bajo el mando del Comité Político del PLD se ha oxigenado con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo y con sus maniobras destinadas a preservar su imagen, a diferenciarse frente al estilo de Leonel, a aprovechar las “ventajas corporativas”; registrándose, dentro de las contradicciones típicamente grupales, una soterrada competencia interna; en el marco de un pacto partidista y gubernamental que incluye a Leonel y a su facción en ara de la gobernabilidad y de la hegemonía del partido y su dictadura, que a su vez inclina a la nueva administración a volver sobre caminos trillados por las anteriores.
Leonel esta desacreditado, es vulnerable, pero no se le debe quitar el guante de la cara, dada su fortaleza al interior del PLD y de las instituciones estatales, y dadas las trabas que tiene Danilo Medina para romper con él, lo que aumenta la vulnerabilidad de su gobierno.
No se trata de emprenderla exclusivamente contra Leonel y su claque para aupar o tirarle la toalla a Danilo. Eso nos metería en otra trampa y dentro de un juego pendular que favorece el ciclaje periódico de las opciones de derecha. Hay que evidenciar la maniobra del nuevo gobernante, la esencia neoliberal de su gobierno, su pacto con los corruptos y sus vínculos de clase (ahora a flor de piel con lo del Código de Trabajo), denunciando el paquetazo tributario y todos los pactos sistémicos, su subordinación a EEUU, sus acuerdos con los corruptos; indicando su ambigüedad y su respaldo esencial a la ofensiva minero-energética transnacional.
No se debe perder de vista que el capitalismo mundial y su derivación dependiente dominicana están en medio de un gran multi-crisis crónica, que no cesa de agudizarse
El gobierno de Danilo está entrampado en esa crisis e imposibilitado de enfrentarla con propuestas superadoras, con medidas que puedan ir mas allá de los remiendos, maniobras, poses progre y variaciones limitadas, que tienden a agotarse.
La protección de los corruptos, la impunidad, los efectos del paquetazo, los estragos de la mega-minería destructiva, la agudización de la crisis del sistema eléctrico, el auge de la violencia de género, el incremento de la inseguridad ciudadana, la permanencia del Estado delincuente y del modelo neoliberal, el desborde del racismo anti-haitiano, el repunte del fascismo con fuertes enclaves institucionales, el desastre en materia de salud pública y la seguridad social…son temas claves, que bien enfrentados, asumiendo una línea independiente de protestas y movilizaciones, potenciando las indignaciones y vinculándolas al cambio político-institucional -vía Constituyente participativa soberana- podrían ayudar a hacer una oposición que se proponga erosionar, desgastar, meter en dificultades al gobierno del PLD-Danilo Medina y al régimen político vigente, además de tener la virtud de poner en jaque a Leonel y “tuche” a las facciones del PRD y aliados; siempre en favor de las esfuerzas alternativas y transformadoras de la sociedad, cuyos diversos componentes es preciso hacer confluir.
Esto implica politizar las luchas sociales, forjar contra-poder, crear un nuevo referente político-social nacional, con presencia en todos los espacios y en todas las confrontaciones. Y permitiría crear una oposición transformadora, una nueva oposición y, sobretodo, una situación política diferente, después de agrietar en grande y debilitar sensiblemente la dictadura morada; objetivo político sumamente importante en este período.
¿CÓMO ABORDAR LO ELECTORAL DESDE ESTAS VALORACIONES?
Este posicionamiento frente a la crisis y a la degradación institucional, es sumamente importante, pero no basta, dado el peso de lo electoral en nuestra sociedad y la aproximación de los dos comicios del 2016.
Creo que procede declarar la disposición a participar en ambos comicios, sin dejar de potenciar la crítica y la indignación popular respecto al modelo de dominación y al régimen político, incluido su sistema electoral excluyente y manipulado por el PLD; proponiendo su superación en términos bien concretos y desde una actitud propositiva.
Esa vertiente de las instituciones electorales, basadas en leyes y estructuras profundamente antidemocráticas y en prácticas peores, propias de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia, merece ser enérgicamente confrontada, precisamente en dirección a forzar en el sentido de su democratización, de hecho y de derecho.
Hablo de pensar en intervenir en las elecciones de medio tiempo y en las presidenciales con modalidades no predeterminadas, que posibiliten crear nuevas coyunturas, acumular fuerza y generar una amplia confluencia a favor de una nueva institucionalidad, vía la Constituyente.
A mi entender esto, para ser eficaz, debe acompañarse de las luchas extra-institucionales, de calles, de plazas… tendentes a crear una nueva situación en el país, que obligue a los derechas a ceder frente a precisos reclamos democratizadores o de lo contrario a arriesgarse a un proceso de debilitamiento institucional y profundización de la crisis política.
Sentadas estas premisas, en las elecciones de febrero, las izquierdas revolucionarias, transformadoras (sociales, políticas, culturales…) podríamos ingeniárnoslas para concentrar esfuerzos en algunos puntos del país y crear -donde se pueda y donde existan los actores sociales y liderazgos idóneos- movimiento electorales provinciales de nuevo tipo, con matriculas propias y autogestionadas, con propuestas transformadoras y candidatos/as congresuales populares comprometidos/as con el tema de la Constituyente y la línea alternativa.
Hablo de concentrar fuerzas en cuanto territorio y en cuanto a realidad social y política previamente seleccionada, y concéntralas agresivamente en la promoción de candidaturas al Congreso, con la bandera de la Constituyente y la nueva institucionalidad, dejando por ahora a un lado lo municipal. Y hacerlo en muy pocos lugares, con el solo propósito de meterle algunas tachuelas en los zapatos del modelo de dominación y del régimen político.
Para una intervención significativa, impactante, en las presidenciales de mayo, habría que crear previamente esa nueva situación a escala nacional, que facilite obtener la matrícula necesaria para participar y la confluencia adecuada; así como desarrollar anticipadamente, al calor de las luchas, un proceso de articulación de fuerzas alrededor de un programa transformador y de candidatos presidencial y vice-presidencial que lo asuman desde la democracia de calle.
En lo inmediato no hay que atormentarse con el tema de la matricula electoral necesaria para participar en las votaciones, ni lanzarse ahora a buscar matricula propia por la vía tradicional, con todo lo abrumador e incierto de ese proceso plagado de injusticias y trapisondas, bajo un sistema excluyente y un arbitro institucional desvergonzado (dadas las características de la actual ley y de la actual JCE). Primero hay que debilitar esa ignominiosa camisa de fuerza.
Conviene concentrarse en calentar el proceso, procurado crear situaciones parecidas a las que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Ecuador… antes de sus respectivos triunfos electorales de corte popular e inspiración transformadora.
Así, ni las derechas ni las izquierdas reformistas, podrían salirse con las suyas.
Hay que someter a todo el mundo a presión y tratar de romper los moldes actuales.
Y de no ser esto posible –porque no se logre ese punto de debilitamiento o resquebrajadura institucional- entonces habría que pensar en una innovadora participación paralela de carácter extrainstitucional que permita seguir acumulando fuerzas.
De todas maneras hay que evitar la gran trampa.
Hay que cuidarse de precipitarse al mundito del electoralismo chiquito, el de las candidaturas de las pequeñas izquierdas reformistas y de las seudo-izquierdas compitiendo entre sí, emplazadas por una franja de la sociedad a una unión que no aceptan y que nunca se da en frío. Un mundito en el que solo ALIANZA PAÍS, con la candidatura de Guillermo Moreno, tendría posibilidad de un crecimiento limitado dentro de un encuadre sistémico, a no ser que cambie de concepción y de actitud para ser parte de algo mucho más grande, popular contestatario e incluyente de la diversidad de las izquierdas políticas, sociales y culturales transformadora.
Tengamos presente que en este país las izquierdas y las fuerzas transformadoras existen más allá de las fronteras de las organizaciones y grupos reconocidos como tal. Son mucho más sus componentes reales y potenciales en los espacios de las mujeres, de la juventud, de los movimientos ambientalistas, del el mundo cultural, las bases de las iglesias, de las fuerzas del trabajo, de todos/as los/as excluidos/as.
Solo atreviéndonos a ser fuertes desde lo extrainstitucional, confrontando modelo, régimen y las reglas electorales de las partidocracias sistémicas y las elites empresariales neoliberales, podríamos cambiar el vicioso y viciado círculo electoral y convertir lo acumulado en opción electoral respetable.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.