Opinión
La sociedad dominicana y las elecciones del 2016
Por Narciso Isa Conde
Al modelo de la dominación clasista imperante en este país, esto es, a la dictadura de clase conformada por la burguesía transnacional y la gran burguesía local, con una fuerte y destructiva impronta minero-energética y su permanente agresión financiera-especulativa, se le ha superpuesto una especie de dictadura política basada en la Constitución neoliberal y antidemocrática del 26 de enero del 2010 y en la características del Senado de la República, surgido del proceso electoral (especialmente congresual) realizado en mayo ese mismo año.
En el contexto de ese proceso político institucional se ha producido el paso acelerado de la dictadura política bi-partidista, bajo el mando de las cúpulas del PLD y el PRD (que se encargaban de manipular al decadente PRSC y a los partidos garrapatas y/o satélites), a la dictadura del Comité Político del PLD, que a la larga ha podido controlar todas las instituciones elegidas en los dos últimos comicios (con una fuerte gravitación de su facción leonelista).
A esto hay que agregarle significativas conexiones y asociaciones de ese cohollo peledeísta con sectores del gran empresariado y de las altas jerarquías policiales-militares y eclesiales; así como la fuerza propia y las articulaciones de la Corporación Económica, conformada desde el poder político-estatal por Leonel Fernández y sus socios en suciedades, a través de todas las modalidades de corrupción, incluida la narco-corrupción.
Entre esas instituciones están las electorales (JCE y TSE) y las llamadas altas cortes (SCJ, TC, Cámara de Cuenta..), que funcionan para reproducir y reciclar la supremacía y la impunidad de la partidocracia morada mediante todo tipo de de trampas, sobornos, abusos de poder, fraudes y arbitrariedades.
UN PRD COMPRADO Y OTRO ENTRAMPADO.
En el despliegue de esa vocación absolutista, la cúpula peledeísta captó y convirtió en instrumento a su servicio lo que queda del PRSC (matricula incluida), dividió al PRD, compró su matricula en manos de la sobornada facción Vargas Maldonado (refrendada por la JCE, el TSE y el TC) y entrampó de mala manera a su facción mayoritaria bajo control de un clan corrupto, torpe y neoliberal liderado por Hipólito Mejía.
Esa facción comienza ya a exhibir peligrosas grietas en las que puede estar metida una mano peluda con guante morado.
En tales condiciones es sumamente difícil, aunque no imposible, que el PRD (y muy específicamente la facción mayoritaria opuesta a Vargas Maldonado) pueda recuperarse como fuerza “opositora” dentro del sistema, con capacidad de polarizar y restablecer el bi-partidismo en los términos anteriores.
En el tratamiento de esa vertiente del problema político y de las contradicciones que genera, soy de los que pienso que a la izquierda revolucionaria y a todas las fuerzas realmente alternativas y transformadoras, le conviene adoptar posiciones que dificulten la recuperación del PRD; evitando, contrario lo que hace la izquierda reformista y derechizada, darle oxigeno con cuestionables pactos y alianzas que solo sirven para alimentarlo electoralmente.
En fin de cuentas, el PRD, todas sus facciones dirigentes, están bajo control de fuerzas atadas al modelo neoliberal, a la partidocracia corrompida y al bloque clasista dominante.
Somos de opinión de que las fuerzas realmente alternativas no deberían favorecer alianzas con esas cúpulas. Sus energías deben dirigirse a atraer sus bases maltratadas y desorientadas, siempre dentro de un plan mayor destinado a forjar una nueva oposición: transformadora, antineoliberal, anti-partidocrática, portadora de una propuesta de Constituyente Popular y Soberana en todos los terrenos.
No hay que lamentar que el PRSC esté prácticamente liquidado como tercer polo, reducido y subordinado por el PLD. Como no hay que lamentar la decadencia del PRD. Son señales de que el camino se va despejando, quedando en pie solo el PLD, al frente de Estado y cada vez más fundido con el Estado y sus instituciones. En esa dirección debería ir el principal poder de fuego de los adversarios de este sistema, sin descuidar otros componentes del mismo.
UN PLD DIVIDIDO y MONTADO SOBRE UNA CRISIS SISTÉMICA
La dictadura bajo el mando del Comité Político del PLD se ha oxigenado con Danilo Medina al frente del Poder Ejecutivo y con sus maniobras destinadas a preservar su imagen, a diferenciarse frente al estilo de Leonel, a aprovechar las “ventajas corporativas”; registrándose, dentro de las contradicciones típicamente grupales, una soterrada competencia interna; en el marco de un pacto partidista y gubernamental que incluye a Leonel y a su facción en ara de la gobernabilidad y de la hegemonía del partido y su dictadura, que a su vez inclina a la nueva administración a volver sobre caminos trillados por las anteriores.
Leonel esta desacreditado, es vulnerable, pero no se le debe quitar el guante de la cara, dada su fortaleza al interior del PLD y de las instituciones estatales, y dadas las trabas que tiene Danilo Medina para romper con él, lo que aumenta la vulnerabilidad de su gobierno.
No se trata de emprenderla exclusivamente contra Leonel y su claque para aupar o tirarle la toalla a Danilo. Eso nos metería en otra trampa y dentro de un juego pendular que favorece el ciclaje periódico de las opciones de derecha. Hay que evidenciar la maniobra del nuevo gobernante, la esencia neoliberal de su gobierno, su pacto con los corruptos y sus vínculos de clase (ahora a flor de piel con lo del Código de Trabajo), denunciando el paquetazo tributario y todos los pactos sistémicos, su subordinación a EEUU, sus acuerdos con los corruptos; indicando su ambigüedad y su respaldo esencial a la ofensiva minero-energética transnacional.
No se debe perder de vista que el capitalismo mundial y su derivación dependiente dominicana están en medio de un gran multi-crisis crónica, que no cesa de agudizarse
El gobierno de Danilo está entrampado en esa crisis e imposibilitado de enfrentarla con propuestas superadoras, con medidas que puedan ir mas allá de los remiendos, maniobras, poses progre y variaciones limitadas, que tienden a agotarse.
La protección de los corruptos, la impunidad, los efectos del paquetazo, los estragos de la mega-minería destructiva, la agudización de la crisis del sistema eléctrico, el auge de la violencia de género, el incremento de la inseguridad ciudadana, la permanencia del Estado delincuente y del modelo neoliberal, el desborde del racismo anti-haitiano, el repunte del fascismo con fuertes enclaves institucionales, el desastre en materia de salud pública y la seguridad social…son temas claves, que bien enfrentados, asumiendo una línea independiente de protestas y movilizaciones, potenciando las indignaciones y vinculándolas al cambio político-institucional -vía Constituyente participativa soberana- podrían ayudar a hacer una oposición que se proponga erosionar, desgastar, meter en dificultades al gobierno del PLD-Danilo Medina y al régimen político vigente, además de tener la virtud de poner en jaque a Leonel y “tuche” a las facciones del PRD y aliados; siempre en favor de las esfuerzas alternativas y transformadoras de la sociedad, cuyos diversos componentes es preciso hacer confluir.
Esto implica politizar las luchas sociales, forjar contra-poder, crear un nuevo referente político-social nacional, con presencia en todos los espacios y en todas las confrontaciones. Y permitiría crear una oposición transformadora, una nueva oposición y, sobretodo, una situación política diferente, después de agrietar en grande y debilitar sensiblemente la dictadura morada; objetivo político sumamente importante en este período.
¿CÓMO ABORDAR LO ELECTORAL DESDE ESTAS VALORACIONES?
Este posicionamiento frente a la crisis y a la degradación institucional, es sumamente importante, pero no basta, dado el peso de lo electoral en nuestra sociedad y la aproximación de los dos comicios del 2016.
Creo que procede declarar la disposición a participar en ambos comicios, sin dejar de potenciar la crítica y la indignación popular respecto al modelo de dominación y al régimen político, incluido su sistema electoral excluyente y manipulado por el PLD; proponiendo su superación en términos bien concretos y desde una actitud propositiva.
Esa vertiente de las instituciones electorales, basadas en leyes y estructuras profundamente antidemocráticas y en prácticas peores, propias de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia, merece ser enérgicamente confrontada, precisamente en dirección a forzar en el sentido de su democratización, de hecho y de derecho.
Hablo de pensar en intervenir en las elecciones de medio tiempo y en las presidenciales con modalidades no predeterminadas, que posibiliten crear nuevas coyunturas, acumular fuerza y generar una amplia confluencia a favor de una nueva institucionalidad, vía la Constituyente.
A mi entender esto, para ser eficaz, debe acompañarse de las luchas extra-institucionales, de calles, de plazas… tendentes a crear una nueva situación en el país, que obligue a los derechas a ceder frente a precisos reclamos democratizadores o de lo contrario a arriesgarse a un proceso de debilitamiento institucional y profundización de la crisis política.
Sentadas estas premisas, en las elecciones de febrero, las izquierdas revolucionarias, transformadoras (sociales, políticas, culturales…) podríamos ingeniárnoslas para concentrar esfuerzos en algunos puntos del país y crear -donde se pueda y donde existan los actores sociales y liderazgos idóneos- movimiento electorales provinciales de nuevo tipo, con matriculas propias y autogestionadas, con propuestas transformadoras y candidatos/as congresuales populares comprometidos/as con el tema de la Constituyente y la línea alternativa.
Hablo de concentrar fuerzas en cuanto territorio y en cuanto a realidad social y política previamente seleccionada, y concéntralas agresivamente en la promoción de candidaturas al Congreso, con la bandera de la Constituyente y la nueva institucionalidad, dejando por ahora a un lado lo municipal. Y hacerlo en muy pocos lugares, con el solo propósito de meterle algunas tachuelas en los zapatos del modelo de dominación y del régimen político.
Para una intervención significativa, impactante, en las presidenciales de mayo, habría que crear previamente esa nueva situación a escala nacional, que facilite obtener la matrícula necesaria para participar y la confluencia adecuada; así como desarrollar anticipadamente, al calor de las luchas, un proceso de articulación de fuerzas alrededor de un programa transformador y de candidatos presidencial y vice-presidencial que lo asuman desde la democracia de calle.
En lo inmediato no hay que atormentarse con el tema de la matricula electoral necesaria para participar en las votaciones, ni lanzarse ahora a buscar matricula propia por la vía tradicional, con todo lo abrumador e incierto de ese proceso plagado de injusticias y trapisondas, bajo un sistema excluyente y un arbitro institucional desvergonzado (dadas las características de la actual ley y de la actual JCE). Primero hay que debilitar esa ignominiosa camisa de fuerza.
Conviene concentrarse en calentar el proceso, procurado crear situaciones parecidas a las que tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia y Ecuador… antes de sus respectivos triunfos electorales de corte popular e inspiración transformadora.
Así, ni las derechas ni las izquierdas reformistas, podrían salirse con las suyas.
Hay que someter a todo el mundo a presión y tratar de romper los moldes actuales.
Y de no ser esto posible –porque no se logre ese punto de debilitamiento o resquebrajadura institucional- entonces habría que pensar en una innovadora participación paralela de carácter extrainstitucional que permita seguir acumulando fuerzas.
De todas maneras hay que evitar la gran trampa.
Hay que cuidarse de precipitarse al mundito del electoralismo chiquito, el de las candidaturas de las pequeñas izquierdas reformistas y de las seudo-izquierdas compitiendo entre sí, emplazadas por una franja de la sociedad a una unión que no aceptan y que nunca se da en frío. Un mundito en el que solo ALIANZA PAÍS, con la candidatura de Guillermo Moreno, tendría posibilidad de un crecimiento limitado dentro de un encuadre sistémico, a no ser que cambie de concepción y de actitud para ser parte de algo mucho más grande, popular contestatario e incluyente de la diversidad de las izquierdas políticas, sociales y culturales transformadora.
Tengamos presente que en este país las izquierdas y las fuerzas transformadoras existen más allá de las fronteras de las organizaciones y grupos reconocidos como tal. Son mucho más sus componentes reales y potenciales en los espacios de las mujeres, de la juventud, de los movimientos ambientalistas, del el mundo cultural, las bases de las iglesias, de las fuerzas del trabajo, de todos/as los/as excluidos/as.
Solo atreviéndonos a ser fuertes desde lo extrainstitucional, confrontando modelo, régimen y las reglas electorales de las partidocracias sistémicas y las elites empresariales neoliberales, podríamos cambiar el vicioso y viciado círculo electoral y convertir lo acumulado en opción electoral respetable.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026