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Tres meses de coerción al padre Cordero por violación a menor en Bonao
BONAO.-El sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano quien pertenece a la iglesia católica de la República Dominicana tendrá que cumplir 3 meses y 5 día de prisión como medida coercitiva hasta que los tribunales del distrito judicial de Monseñor Nouel profundicen las investigaciones, en relación a las acusaciones en su contra por la familia Sánchez en representación de la menor en la cárcel pública La Isleta de Moca.
El reverendo Cordero Liriano es señalado por presuntamente violar los artículos 330 y 333 del Código Penal y la Ley 24-97 y el artículo 396, letra C de la Ley 136-03 en perjuicio de la menor de 15 años cuyo nombre se omite por razones legales.
La medida fue conocida en contra de sacerdote mediante fuertes medidas de seguridad para evitar enfrentamientos entre feligreses representantes de la iglesia católica San Pedro y San Pablo del sector San José y los familiares de la menor violada ya que los parqueos, pasillos y parte frontal del edificio ubicado en medio de lados autopistas tuvo que ser reforzado por fuerte medida de seguridad por más de 4 horas.
El sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano al ser abordado por los medios de comunicación en relación a las acusaciones de violación a la menor este en ningún momento opinó nada pese a la insistencia de los periodistas y medios nacionales, locales e internacionales y solo se escuchaba la voz de dos sacerdotes compañero de su misma iglesia expresar no digas nada no hables tu eres inocente.
Después de conocerse la medida de 3 meses de coerción al padre Cordero y que este era trasladado hacia la dotación policial de Monseñor Nouel ubicada en La Avenida Doctor Gautier de esta ciudad varios feligreses lloraban desesperado y se registraron desmallo de personas mayores de edad las cuales tuvieron que ser auxiliada por los demás compañeros cuando vieron llevarse el padre Cordero con una gran seguridad la policía.
El padre Alberto Zacarías Cordero Liriano de 30 años de edad reside en la calle Freddy Acosta número 32 del sector Cuesta Hermosa de la ciudad de Cotui quien fue apresado en la noche de ayer mediante la orden de arresto número 00870 e inmediatamente fue encerado bajo extrita medida de seguridad.
Los familiares de la menor señalaron que el sacerdote Alberto Cordero hace tiempo que viene acosando sexualmente a la menor y mediante seducciones este se la llevaba a hoteles y moteles manoseándole su cuerpo hasta saciar su relaciones y deseos sexuales.
Fuente: Roberto Pérez
Nacionales
Se prolonga conocimiento de recurso de apelación de Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El conocimiento en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional de los recursos de segunda instancia interpuestos por Santiago Hazin y otros imputados en el caso SENASA continua ventilandose este martes.
Con los recursos, los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Rafael Luis Martinez Hazim a su salida de la sala de audiencia.Jorge Martínez/LD.
Asimismo, la Corte fijó para este martes, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Santo Domingo. El pago de 21 mil millones de pesos a Banreservas por parte de Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, fue una operacion interinsitucional legal, sin salida de fondos del Estado dominicano, afirmaron los abogados del imputado.
La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.
En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.
Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.
La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.
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Defensa de hermanos Espaillat buscan frenar demolición del Jet Set hasta concluir peritaje
Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.
La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.
Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.
El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.