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Tres meses de coerción al padre Cordero por violación a menor en Bonao
BONAO.-El sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano quien pertenece a la iglesia católica de la República Dominicana tendrá que cumplir 3 meses y 5 día de prisión como medida coercitiva hasta que los tribunales del distrito judicial de Monseñor Nouel profundicen las investigaciones, en relación a las acusaciones en su contra por la familia Sánchez en representación de la menor en la cárcel pública La Isleta de Moca.
El reverendo Cordero Liriano es señalado por presuntamente violar los artículos 330 y 333 del Código Penal y la Ley 24-97 y el artículo 396, letra C de la Ley 136-03 en perjuicio de la menor de 15 años cuyo nombre se omite por razones legales.
La medida fue conocida en contra de sacerdote mediante fuertes medidas de seguridad para evitar enfrentamientos entre feligreses representantes de la iglesia católica San Pedro y San Pablo del sector San José y los familiares de la menor violada ya que los parqueos, pasillos y parte frontal del edificio ubicado en medio de lados autopistas tuvo que ser reforzado por fuerte medida de seguridad por más de 4 horas.
El sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano al ser abordado por los medios de comunicación en relación a las acusaciones de violación a la menor este en ningún momento opinó nada pese a la insistencia de los periodistas y medios nacionales, locales e internacionales y solo se escuchaba la voz de dos sacerdotes compañero de su misma iglesia expresar no digas nada no hables tu eres inocente.
Después de conocerse la medida de 3 meses de coerción al padre Cordero y que este era trasladado hacia la dotación policial de Monseñor Nouel ubicada en La Avenida Doctor Gautier de esta ciudad varios feligreses lloraban desesperado y se registraron desmallo de personas mayores de edad las cuales tuvieron que ser auxiliada por los demás compañeros cuando vieron llevarse el padre Cordero con una gran seguridad la policía.
El padre Alberto Zacarías Cordero Liriano de 30 años de edad reside en la calle Freddy Acosta número 32 del sector Cuesta Hermosa de la ciudad de Cotui quien fue apresado en la noche de ayer mediante la orden de arresto número 00870 e inmediatamente fue encerado bajo extrita medida de seguridad.
Los familiares de la menor señalaron que el sacerdote Alberto Cordero hace tiempo que viene acosando sexualmente a la menor y mediante seducciones este se la llevaba a hoteles y moteles manoseándole su cuerpo hasta saciar su relaciones y deseos sexuales.
Fuente: Roberto Pérez
BARAHONA.- La solicitud de medida de coerción contra 10 integrantes de la red criminal conocida como Operación Caimán será ventilada el próximo viernes 19 de abril por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona.
El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.
También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.
El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.
Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.
Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.
SANTO DOMINGO.- El Gobierno negó este lunes que se haya contratado a chinos para que hackeen a opositores como lo denunció el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo.
Durante su participación este lunes en «La Semanal con la Prensa», el Mandatario dijo que el Gobierno está abierto a que desde un organismo internacional se realice una investigación sobre el hackeo denunciado por el congresista, con la finalidad de que se determine la verdad.
El gobernante sostuvo que en la República Dominicana no ha habido ninguna denuncia sobre supuesto hackeo a opositores y empresarios.
“Nosotros no hemos invertido en 5g, lo que él tiene que hacer, no ha hecho ninguna denuncia en la República Dominicana, que vaya a un organismo internacional para una investigación independiente y nosotros le abrimos las puertas, todo lo que necesite del Gobierno y que se determine la verdad», manifestó.
Lorenzo dijo recientemente a través del programa el Sol de la Mañana, que se trató de un hackeo a sus cuentas personales, una comunicación enviada a medios internacionales denunciando supuestas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los migrantes indocumentados de origen haitiano.
an-am
Santo Domingo, R.D.-La madre de la niña fallecida durante un presunto asalto en la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando de la capital, Kerlin Alcántara Jorge, pidió al Gobierno y a los legisladores cambiar la ley que permite que, a uno de los vinculados en la muerte de su hija, se le procese como menor de edad.
Alcántara Jorge cuestionó el hecho de que el Código del Menor (ley 136-03) contempla al imputado Andy Matos (Puchinga) como menor porque cometió el hecho el día en que cumplió los 18 años y no un día después.
Asimismo, expresó que, si «él era mayor para cometer el delito», a la hora de juzgarlo deben tratarlo como tal.
- «Como es que tú, si eres mayor para cometer un hecho delictivo, andar con armas de fuego, andar con tu compañero planificando… pero hay que juzgarlo como un menor, pero para él andar a esa hora, robar, matar…», expresó.
Manifestó que su lucha no es solo por una condena para los implicados en la muerte de su hija, sino también por un «cambio«.
Además, comentó que, aunque en ocasiones anteriores afirmó que su hija murió por un propósito, «nadie quiere que a un hijo se lo maten por un propósito, y mucho menos como me la mataron a mí, atrás de mí y sin yo poder hacer nada».