Comunidad en el exterior
Ven corrupción debilita bases democracia RD
WASHINGTON.- La corrupción en República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de su administración pública, una circunstancia que, de enquistarse, podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones de un estudio que este martes presentará en Washington el prestigioso Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS).
El dominio del poder legislativo y del judicial por parte del partido en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), avivado por una oposición fragmentada y débil ha contribuido, según el estudio, a asentar “una cultura de la corrupción” en el Gobierno que está lastrando las perspectivas de crecimiento económico de la nación y la relación con Estados Unidos, su principal socio comercial.
La abrumadora mayoría del PLD, primero con los dos mandatos de Leonel Fernández Reyna (2004-2008, 2008-2012) y ahora con el recién elegido Danilo Medina, han permitido a la formación abordar reformas constitucionales para favorecer el control del resto de las ramas de la Administración, facilitando la elección de los integrantes de las altas instancias del sistema judicial dominicano, denuncia el estudio del CSIS.
A esta circunstancia se suma una oposición dividida y enfrentada (el apoyo de la principal alternativa de Gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a las modificaciones de la Constitución, en 2010, provocó la escisión de sus integrantes), sin capacidad para denunciar el abuso y la falta de transparencia del Ejecutivo.
El caos en la oposición dominicana y la omnipresencia del PLD podría dar lugar, advierte el informe, a un Estado unipartidista. “Las instituciones democráticas de República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un sólo partido”, señala el estudio.
Esa ubicuidad, de acuerdo con varios líderes de la oposición citados en el documentos de CSIS, ha permitido al Gobierno apuntalar en esta última década una vasta red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”.
El Departamento de Estado alude en su informe sobre República Dominicana al riesgo que para la inversión extranjera se deriva de las “denuncias de corrupción, exigencias de sobornos, el retraso en el pago por parte del Gobierno y su falta de seriedad, además de la del sector privado, a la hora de cumplir con los contratos”.
En este sentido, la Fundación Global para la Democracia y Desarrollo ha acusado al expresidente Fernández de lavado de dinero derivado de acuerdos comerciales autorizados por la Administración.
El clientelismo se ha extendido hasta tal punto que ha comenzado a horadar seriamente la economía dominicana, denuncia el informe del CSIS, que cita las preocupaciones del sector privado ante el crecimiento de la economía sumergida y de las prácticas de corrupción estatal que imponen “tarifas y licencias cuestionables” para presentarse a licitaciones públicas, desincentivando, con ese comportamiento, la participación de las empresas particulares en el sector público y su crecimiento.
A esta circunstancia, añade los esfuerzos fallidos por parte del Gobierno para hacer frente al déficit generado por la política de estímulos que se aplicó para mitigar los efectos de la recesión y que se traducen en una distribución desigual de la riqueza de la economía más importante del Caribe y una de las de mayor pujanza del hemisferio.
La falta de confianza en un sistema judicial controlado por el Gobierno y la extensión generalizada de la corrupción a todos los sectores de la Administración, entre ellos el policial, han favorecido el asentamiento de carteles de la droga en un país estratégicamente situado entre Colombia, Venezuela y el sur de EE UU, la ruta del Caribe que ha vuelto a impulsarse como alternativa a la mexicana, debilitada tras los últimos años de guerra contra el narco.
El incremento de la presencia de los narcotraficantes en República Dominicana, unido a su cuestionada política de inmigración respecto a los haitiano-dominicanos, puede afectar a su relación bilateral con EE.UU, marcada por sus vínculos comerciales forjados a través del tratado de libre comercio con Centroamérica.
El informe llama la atención sobre un posible crecimiento de los inmigrantes dominicanos en EE UU -con un millón y medio, son la cuarta nacionalidad de América Latina en este país- “si la situación económica y política dominicana empeora”.
El estudio sostiene que para revertir el camino hacia una República Dominicana de un partido único es necesario un debate nacional sobre la independencia de su Poder Judicial, una revisión de su Ley de Partidos y un análisis de cómo deba evolucionar el PRD “dada su actual incapacidad para presentar una oposición viable al partido en el poder”.
El informe se lamenta de la merma que la corrupción en el país está ocasionando a su potencial capacidad de liderazgo regional.
almomento.net
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Son dominicanos los dos hombres baleados la noche del pasado Domingo de Pascua en el distrito de Brooklyn, en esta ciudad, uno de los cuales murió.
Las víctimas son José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 que no ha sido identificado.
El agresor es el hondureño Michael Mendoza Cardona, de 24 años, quien fue acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de armas.
El tiroteo ocurrió frente a un edificio de la calle Fulton, en el sector Cypress Hills.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso disparó contra Ureña Morán y el otro hombre mientras se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton, cuando estaban de pie en la acera, cerca de un grupo de tres personas.
Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y otro hombre que se encontraba a su lado.
Las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.
Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.
jt-am-sp
COLUMBIA.- Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
NO PUEDE RESENTARSE EN DOCUMENTOS JUDICIALES ABIERTOS
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
TAMBIÉN PROHIBIÓ DIVULGACIÓN DE:
Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa; información sobre fuentes confidenciales del gobierno, Identidad de agentes encubiertos, Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos.
Asimismo, información privada de terceros no relacionados con el caso, historial médico o de salud mental, métodos de investigación de las autoridades e información que afecte investigaciones en curso o futuras.
También está prohibido divulgar datos de sistemas internos policiales y declaraciones o información tributaria.
an/am
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am