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Gobierno lanzará a las calles en diciembre $50,000 millones
Trabaja en la solución de los problemas eléctrico y educativo
SANTO DOMINGO. Desde el próximo 1ro de diciembre, el Gobierno pondrá en circulación más de RD$50,000 millones para contribuir a dinamizar más la economía.
La información la ofreció el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, durante un encuentro con periodistas del área económica en el Palacio Nacional.
Expresó que sólo para regalía y sueldos se destinarán RD$19,000 millones; RD$10,000 millones para pagos de obras de infraestructura; RD$10,000 millones para la construcción de aulas y estancias infantiles; y RD$11,000 millones en gastos normales del gobierno.
«Eso es una cifra que implica un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), eso va tener un impacto que va a dinamizar la economía, y a darnos las bases para un crecimiento más sostenido en el 2014», precisó Peralta.
Manifestó que el Gobierno llegará a enero próximo con menos deudas de los compromisos pendientes de pagos. Destacó que en octubre, la economía creció un 6%, y que a finales de este año, el crecimiento del PIB será de un 3% de acuerdo a lo proyectado.
Entre los puntos que considera permitirán un mayor crecimiento económico, destacó el apoyo que ha estado ofreciendo el presidente Danilo Medina a los productores.
Además de procurar una dinamización de la economía, el funcionario también aseguró que en lo que resta de este período de gobierno no se contemplan más reformas fiscales.
Sector eléctrico
El sector eléctrico es una carga pesada para el país y para el Gobierno, ya que este año, el subsidio será de alrededor de US$1,200 millones, aseguró el funcionario.
Sin embargo, precisó que aún con estos datos, el sector exhibe como noticia positiva el hecho de haber disminuido las pérdidas de las distribuidoras en un 5%.
Afirmó que aunque el actual gobierno no lo presenciará, el problema eléctrico, así como otros de igual importancia, como el de la Educación, serán solucionados por las actuales autoridades.
Comercio
El funcionario manifestó que la baja que ha tenido el sector comercio se ha debido, entre otros puntos, a que en el país se han creado varias grandes plazas comerciales sin que la población haya crecido en esa cantidad.
Dijo que otro factor ha sido la comercialización de pacas y la importación de tanques de comida en los que llegan distintos productos, además de la instalación de tiendas chinas que cambian de nombre varias veces al año.
Presupuesto no da para aumento
El ministro Administrativo de la Presidencia informó que es lamentable que muchos servidores públicos devenguen salarios de miseria, pero que el Gobierno ya no puede comprometer más el Presupuesto General para aumento de salarios. «Eso surgirá más en el camino, si hay que hacerlo más adelante, habrá que tomar en cuenta eso, y seguir trabajando con la carrera administrativa, por mérito», dijo al referirse a los incrementos salariales en el sector público. Aclaró que a los médicos se les aprobó un incremento, porque el presidente, Danilo Medina se había comprometido con ese sector, y no por presiones, como algunos han manifestado.
Diariolibre.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.