Nacionales
Más de 500 mil haitianos hacen vida en República Dominicana
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de República Dominicana anunció que más de 524 mil haitianos migraron a ese país. Los inmigrantes y sus descendientes elevan esa cifra hasta las 768 mil 783 personas, lo que representa 7,9 por ciento de la población total de República Dominicana.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de República Dominicana informaron que ese país acoge a más de 524 mil inmigrantes de los que 458 mil 233 nacieron en Haití, lo que equivale al 87,3 por ciento de esa población .
De acuerdo con el estudio, los inmigrantes y sus descendientes elevan esa cifra hasta las 768 mil 783 personas, lo que representa 7,9 por ciento de la población total del país.
La encuesta también arrojó la permanencia en el país de 66 mil 399 inmigrantes de otras nacionalidadesajenas a la haitiana.
El director de ONE, Pablo Tactuk, afirmó en comunicado que los resultados de la encuesta han marcado «un antes y un después» en torno al tema de migración en el país.
«Es la primera vez en la historia nacional que se cuenta con datos fidedignos, oportunos y objetivos del volumen real de personas nacidas en el extranjero que residen en República Dominicana», precisó.
Dijo que este estudio representa un punto de partida y la línea de base para que el Estado y los diversos sectores relacionados con el tema migratorio confluyan en la elaboración de una política nacional de migración.
La encuesta sale a la luz justo cuando República Dominicana y Haití han visto enfriar sus relaciones, tras el fallo dado por el Tribunal Constitucional dominicano que establece los parámetros para ser reconocido como ciudadano de esta nación.
El fallo del tribunal ha desatado el rechazo de Haití, que ha reclamado su no aplicación al considerar que el mismo afecta a miles de sus ciudadanos que viven en condición de irregulares en República Dominicana, y que podrían pasar a convertirse en apátridas.
El Gobierno dominicano, sin embargo, ha rechazado esos alegatos y ha puesto en marcha un plan nacional de regularización de extranjeros con el que busca dotar de documentación como residentes a los haitianos y sus descendientes que incluye la oportunidad para quienes deseen acceder a la ciudadanía, de cumplir una serie de requisitos.
Organismos como el Caricom y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), han expresado su condena a la sentencia del Tribunal Constitucional, mientras que las oficinas locales de las Naciones Unidas consideran que el Estado dominicano es soberano para aplicar sus políticas de migración.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Nacionales
Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución
Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Nacionales
Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición
Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.