Opinión
Venezuela: Doble victoria
Por Narciso Isa Conde
Ganar en grande la mayoría de las Alcaldías y sacar la mayoría de votos a nivel nacional con un buen margen por encima de las derechas, es una doble victoria del PSUV, el POLO PATRIOTICO y el pueblo chavista.
Hacerlo en medio de una guerra económica y un intenso plan de desestabilización, tiene todavía un valor mayor y de triple impacto.
-Valor para el proceso bolivariano en Venezuela, que precisa ser defendido y profundizado, obteniendo nuevos logros.
-Valor para la oleada continental por la nueva independencia y la emancipación de nuestros pueblos, que tiene en Venezuela un gran puntal y fuerte aliento.
-Valor para la necesaria redención de la humanidad sometida en la actualidad a los efectos destructivos y degradantes de la multi-crisis capitalista.
Doble victoria demostrativa de que la baja relativa en las pasadas elecciones presidenciales, afectadas por el entonces muy reciente fallecimiento del comandante Chávez y por cierta tendencia al declive electoral progresivo, podía y debía ser revertida.
- La clave del reciente triunfo.
La clave de este doble triunfo electoral –y más que electoral-, con triple impacto positivo, a mi entender estuvo en laradicalización de la respuesta a la guerra económica montada por la gran burguesía transnacional y local, instrumentada por las derechas políticas con el propósito de restarle base social al proceso hacia la revolución.
Erosionarle popularidad al proceso, descontrolarlo, caotizarlo y traspasar el desgaste al escenario propiamente electoral, con precisos planes desestabilizadores.
La radicalización en está ocasión consistió en enfocar los problemas y accionar desde el Estado y desde las fuerzas políticas y los movimientos sociales patrióticos y de izquierda, de tal manera que una parte el pueblo humilde y sectores medios de bajos ingresos pudieran identificar muy bien a las derechas políticas y a la gran burguesía como causantes de la especulación, los desabastecimientos, la devaluación del bolívar y la crisis de divisas.
Esto, a su vez, implicó cortar conexiones sensibles del gran capital con determinados enclaves de la burocracia contrarrevolucionaria, corrompida o tránsfuga; procediendo puntualmente a atacar o amenazar determinados focos y formas de corrupción relacionadas con esas malas prácticas.
Incluyó a la vez la aprobación de la ley habilitante y el uso de los poderes concentrados derivados de la misma, para establecer controles en materia de precios, asignación y uso de divisas, comercio exterior y comercialización interna; así como ágiles mecanismos de abastecimiento e intervenciones drásticas del Estado que garantizaran suministros fluidos de alimentos y artículos de alto consumo popular y aseguraran el control de la carestía desatada con fines políticos, al tiempo de desnudar con más precisión y contundencia a una parte de los agentes culpables.
- Efectos positivos en la subjetividad chavista y en el pueblo pobre.
Esto elevó la moral de la rebelde pobrecía venezolana, la acercó más al gobierno y a los/as candidatos/as del PSUV y el Polo Patriótico, potenció el chavismo y atrajo sectores confundidos o desalentados, convirtiendo el torneo electoral en una confrontación política y de clase mucho más clara y precisa.
Ese oportuno giro le permitió al Presidente Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política del proceso, pasar claramente a la ofensiva y sacudir por el cuello a la derecha y ultraderecha social y política; contribuyendo así a elevar la subjetividad chavista y la confianza en la victoria, desatando más entusiasmo y mayor disposición al combate.
Tales pasos potenciaron en lo inmediato el perfil de la lucha de clase en la competencia política y recuperaron en mayor grado el legado combativo de Chávez.
Así las cosas -aunque todavía en escala limitada- el proceso hacia la revolución se defendió profundizándose; yendo más allá de la competencia electoralista, de las prácticas clientelistas, del despliegue de colores, la propaganda masiva, las diferencias históricas y la polarización tradicional. Comenzó a golpear parcialmente en ciertos puntos neurálgicos al viejo orden que todavía pervive y obstruye en grande, generando peligrosos desgastes, que es preciso revertir definitivamente.
- Significado de esta doble victoria.
Esto muestra todo el potencial que encierra profundizar, radicalizar y expandir las transformaciones anticapitalistas en Venezuela, que más allá de esos controles recientes –no totalmente invulnerables por la dinámica capitalista, algunos incluso montados sobre una lógica estrictamente consumista- implicaría expropiar y socializar progresivamente la gran propiedad capitalista y subvertir su lógica todavía preeminente..
Me refiero al cambio que implicaría socializar en forma ascendente lo privado y lo estatal, atacar la corrupción sistémica, subvertir la cultura rentista-consumista y desburocratizar los centros estatales de dirección en el marco de una compleja transición donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de crecer en grande y desarrollarse. Y en el que para avanzar sustancialmente, el Estado actual deberá ser desmontado para darle paso al poder de la sociedad, tal y como apuntó Chávez en su Aló Presidente Autocrítico (“Golpe de Timón”).
Estoy seguro, que asumidas con vigor la vía anticapitalista y la expansión del poder popular y la democracia directa, éstas erosionarían en mucho mayor grado la base político-electoral de las derechas, que todavía supera el 40% de los votantes y que incluso –aun en medio de esta declinación- logró mantener el control municipal en importantes ciudades venezolanas y conserva una fuerte influencia cultural.
Los resultados de esta significativa experiencia y de esta obligada radicalización del proceso en medio de las elecciones recientes, indican que en lo adelante es perfectamente posible reducir al mínimo la fuerza política de la contrarrevolución y erosionarle en mayor escala su actual peso electoral e institucional; impulsando la socialización de la economía y del poder, expandiendo las comunas en todos los niveles, traspasando más poder al pueblo, asumiendo a profundidad el GOLPE DE TIMÓN planteado por el comandante Chávez y ejecutando consecuentemente el Programa de la Patria, felizmente convertido en ley.
La fuerza electoral de la contrarrevolución, debilitada en cierta medida en estos comicios municipales, radica todavía en la fuerza económica del gran capital privado local y transnacional, en su poder mediático, en su hegemonía cultural nutrida por esos medios y en sus fábricas de ideología capitalista, en sus propiedades y operaciones financieras, industriales y comerciales, en el poder reversible que conserva en áreas de servicios, colegios y universidades, en la corrupción burocrática, en el capitalismo de Estado…
Y esa correlación cambiaría radicalmente en favor de la revolución con una reconfiguración de las fuerzas de vanguardia y un impulso categórico a la socialización (que no es igual a estatización), bien pensado, paulatino, sostenido, firme y ascendente; acompañado del estímulo sostenido a los cambios revolucionarios a nivel continental y mundial.
No de hay de otra. Revolución que se estanca y aísla, se debilita, retrocede y sucumbe. Revolución que avanza, profundizándose, radicalizándose a su interior y más allá, resulta muy difícil de derrotar.
El proceso hacia la revolución en Venezuela, con todo lo que significa para nuestra America y el mundo, tiene un nuevo periodo favorable para impulsar su calado en profundidad y su despliegue ascendente. Una nueva oportunidad.
Los momentos peores del pasado reciente han sido remontados, sin que esto implique el cese del accionar contrarrevolucionario de EU y sus fuerzas aliadas y el fin de los riesgos de reversibilidad.
Lindo fin de año abrazados/as a los ejemplos de Chávez y de Mandela.
¡Felicitémonos todos/as! Y aprovechemos al máximo esta nueva fase.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.