Opinión
Venezuela: Doble victoria
Por Narciso Isa Conde
Ganar en grande la mayoría de las Alcaldías y sacar la mayoría de votos a nivel nacional con un buen margen por encima de las derechas, es una doble victoria del PSUV, el POLO PATRIOTICO y el pueblo chavista.
Hacerlo en medio de una guerra económica y un intenso plan de desestabilización, tiene todavía un valor mayor y de triple impacto.
-Valor para el proceso bolivariano en Venezuela, que precisa ser defendido y profundizado, obteniendo nuevos logros.
-Valor para la oleada continental por la nueva independencia y la emancipación de nuestros pueblos, que tiene en Venezuela un gran puntal y fuerte aliento.
-Valor para la necesaria redención de la humanidad sometida en la actualidad a los efectos destructivos y degradantes de la multi-crisis capitalista.
Doble victoria demostrativa de que la baja relativa en las pasadas elecciones presidenciales, afectadas por el entonces muy reciente fallecimiento del comandante Chávez y por cierta tendencia al declive electoral progresivo, podía y debía ser revertida.
- La clave del reciente triunfo.
La clave de este doble triunfo electoral –y más que electoral-, con triple impacto positivo, a mi entender estuvo en laradicalización de la respuesta a la guerra económica montada por la gran burguesía transnacional y local, instrumentada por las derechas políticas con el propósito de restarle base social al proceso hacia la revolución.
Erosionarle popularidad al proceso, descontrolarlo, caotizarlo y traspasar el desgaste al escenario propiamente electoral, con precisos planes desestabilizadores.
La radicalización en está ocasión consistió en enfocar los problemas y accionar desde el Estado y desde las fuerzas políticas y los movimientos sociales patrióticos y de izquierda, de tal manera que una parte el pueblo humilde y sectores medios de bajos ingresos pudieran identificar muy bien a las derechas políticas y a la gran burguesía como causantes de la especulación, los desabastecimientos, la devaluación del bolívar y la crisis de divisas.
Esto, a su vez, implicó cortar conexiones sensibles del gran capital con determinados enclaves de la burocracia contrarrevolucionaria, corrompida o tránsfuga; procediendo puntualmente a atacar o amenazar determinados focos y formas de corrupción relacionadas con esas malas prácticas.
Incluyó a la vez la aprobación de la ley habilitante y el uso de los poderes concentrados derivados de la misma, para establecer controles en materia de precios, asignación y uso de divisas, comercio exterior y comercialización interna; así como ágiles mecanismos de abastecimiento e intervenciones drásticas del Estado que garantizaran suministros fluidos de alimentos y artículos de alto consumo popular y aseguraran el control de la carestía desatada con fines políticos, al tiempo de desnudar con más precisión y contundencia a una parte de los agentes culpables.
- Efectos positivos en la subjetividad chavista y en el pueblo pobre.
Esto elevó la moral de la rebelde pobrecía venezolana, la acercó más al gobierno y a los/as candidatos/as del PSUV y el Polo Patriótico, potenció el chavismo y atrajo sectores confundidos o desalentados, convirtiendo el torneo electoral en una confrontación política y de clase mucho más clara y precisa.
Ese oportuno giro le permitió al Presidente Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política del proceso, pasar claramente a la ofensiva y sacudir por el cuello a la derecha y ultraderecha social y política; contribuyendo así a elevar la subjetividad chavista y la confianza en la victoria, desatando más entusiasmo y mayor disposición al combate.
Tales pasos potenciaron en lo inmediato el perfil de la lucha de clase en la competencia política y recuperaron en mayor grado el legado combativo de Chávez.
Así las cosas -aunque todavía en escala limitada- el proceso hacia la revolución se defendió profundizándose; yendo más allá de la competencia electoralista, de las prácticas clientelistas, del despliegue de colores, la propaganda masiva, las diferencias históricas y la polarización tradicional. Comenzó a golpear parcialmente en ciertos puntos neurálgicos al viejo orden que todavía pervive y obstruye en grande, generando peligrosos desgastes, que es preciso revertir definitivamente.
- Significado de esta doble victoria.
Esto muestra todo el potencial que encierra profundizar, radicalizar y expandir las transformaciones anticapitalistas en Venezuela, que más allá de esos controles recientes –no totalmente invulnerables por la dinámica capitalista, algunos incluso montados sobre una lógica estrictamente consumista- implicaría expropiar y socializar progresivamente la gran propiedad capitalista y subvertir su lógica todavía preeminente..
Me refiero al cambio que implicaría socializar en forma ascendente lo privado y lo estatal, atacar la corrupción sistémica, subvertir la cultura rentista-consumista y desburocratizar los centros estatales de dirección en el marco de una compleja transición donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de crecer en grande y desarrollarse. Y en el que para avanzar sustancialmente, el Estado actual deberá ser desmontado para darle paso al poder de la sociedad, tal y como apuntó Chávez en su Aló Presidente Autocrítico (“Golpe de Timón”).
Estoy seguro, que asumidas con vigor la vía anticapitalista y la expansión del poder popular y la democracia directa, éstas erosionarían en mucho mayor grado la base político-electoral de las derechas, que todavía supera el 40% de los votantes y que incluso –aun en medio de esta declinación- logró mantener el control municipal en importantes ciudades venezolanas y conserva una fuerte influencia cultural.
Los resultados de esta significativa experiencia y de esta obligada radicalización del proceso en medio de las elecciones recientes, indican que en lo adelante es perfectamente posible reducir al mínimo la fuerza política de la contrarrevolución y erosionarle en mayor escala su actual peso electoral e institucional; impulsando la socialización de la economía y del poder, expandiendo las comunas en todos los niveles, traspasando más poder al pueblo, asumiendo a profundidad el GOLPE DE TIMÓN planteado por el comandante Chávez y ejecutando consecuentemente el Programa de la Patria, felizmente convertido en ley.
La fuerza electoral de la contrarrevolución, debilitada en cierta medida en estos comicios municipales, radica todavía en la fuerza económica del gran capital privado local y transnacional, en su poder mediático, en su hegemonía cultural nutrida por esos medios y en sus fábricas de ideología capitalista, en sus propiedades y operaciones financieras, industriales y comerciales, en el poder reversible que conserva en áreas de servicios, colegios y universidades, en la corrupción burocrática, en el capitalismo de Estado…
Y esa correlación cambiaría radicalmente en favor de la revolución con una reconfiguración de las fuerzas de vanguardia y un impulso categórico a la socialización (que no es igual a estatización), bien pensado, paulatino, sostenido, firme y ascendente; acompañado del estímulo sostenido a los cambios revolucionarios a nivel continental y mundial.
No de hay de otra. Revolución que se estanca y aísla, se debilita, retrocede y sucumbe. Revolución que avanza, profundizándose, radicalizándose a su interior y más allá, resulta muy difícil de derrotar.
El proceso hacia la revolución en Venezuela, con todo lo que significa para nuestra America y el mundo, tiene un nuevo periodo favorable para impulsar su calado en profundidad y su despliegue ascendente. Una nueva oportunidad.
Los momentos peores del pasado reciente han sido remontados, sin que esto implique el cese del accionar contrarrevolucionario de EU y sus fuerzas aliadas y el fin de los riesgos de reversibilidad.
Lindo fin de año abrazados/as a los ejemplos de Chávez y de Mandela.
¡Felicitémonos todos/as! Y aprovechemos al máximo esta nueva fase.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?