Opinión
Venezuela: Doble victoria
Por Narciso Isa Conde
Ganar en grande la mayoría de las Alcaldías y sacar la mayoría de votos a nivel nacional con un buen margen por encima de las derechas, es una doble victoria del PSUV, el POLO PATRIOTICO y el pueblo chavista.
Hacerlo en medio de una guerra económica y un intenso plan de desestabilización, tiene todavía un valor mayor y de triple impacto.
-Valor para el proceso bolivariano en Venezuela, que precisa ser defendido y profundizado, obteniendo nuevos logros.
-Valor para la oleada continental por la nueva independencia y la emancipación de nuestros pueblos, que tiene en Venezuela un gran puntal y fuerte aliento.
-Valor para la necesaria redención de la humanidad sometida en la actualidad a los efectos destructivos y degradantes de la multi-crisis capitalista.
Doble victoria demostrativa de que la baja relativa en las pasadas elecciones presidenciales, afectadas por el entonces muy reciente fallecimiento del comandante Chávez y por cierta tendencia al declive electoral progresivo, podía y debía ser revertida.
- La clave del reciente triunfo.
La clave de este doble triunfo electoral –y más que electoral-, con triple impacto positivo, a mi entender estuvo en laradicalización de la respuesta a la guerra económica montada por la gran burguesía transnacional y local, instrumentada por las derechas políticas con el propósito de restarle base social al proceso hacia la revolución.
Erosionarle popularidad al proceso, descontrolarlo, caotizarlo y traspasar el desgaste al escenario propiamente electoral, con precisos planes desestabilizadores.
La radicalización en está ocasión consistió en enfocar los problemas y accionar desde el Estado y desde las fuerzas políticas y los movimientos sociales patrióticos y de izquierda, de tal manera que una parte el pueblo humilde y sectores medios de bajos ingresos pudieran identificar muy bien a las derechas políticas y a la gran burguesía como causantes de la especulación, los desabastecimientos, la devaluación del bolívar y la crisis de divisas.
Esto, a su vez, implicó cortar conexiones sensibles del gran capital con determinados enclaves de la burocracia contrarrevolucionaria, corrompida o tránsfuga; procediendo puntualmente a atacar o amenazar determinados focos y formas de corrupción relacionadas con esas malas prácticas.
Incluyó a la vez la aprobación de la ley habilitante y el uso de los poderes concentrados derivados de la misma, para establecer controles en materia de precios, asignación y uso de divisas, comercio exterior y comercialización interna; así como ágiles mecanismos de abastecimiento e intervenciones drásticas del Estado que garantizaran suministros fluidos de alimentos y artículos de alto consumo popular y aseguraran el control de la carestía desatada con fines políticos, al tiempo de desnudar con más precisión y contundencia a una parte de los agentes culpables.
- Efectos positivos en la subjetividad chavista y en el pueblo pobre.
Esto elevó la moral de la rebelde pobrecía venezolana, la acercó más al gobierno y a los/as candidatos/as del PSUV y el Polo Patriótico, potenció el chavismo y atrajo sectores confundidos o desalentados, convirtiendo el torneo electoral en una confrontación política y de clase mucho más clara y precisa.
Ese oportuno giro le permitió al Presidente Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política del proceso, pasar claramente a la ofensiva y sacudir por el cuello a la derecha y ultraderecha social y política; contribuyendo así a elevar la subjetividad chavista y la confianza en la victoria, desatando más entusiasmo y mayor disposición al combate.
Tales pasos potenciaron en lo inmediato el perfil de la lucha de clase en la competencia política y recuperaron en mayor grado el legado combativo de Chávez.
Así las cosas -aunque todavía en escala limitada- el proceso hacia la revolución se defendió profundizándose; yendo más allá de la competencia electoralista, de las prácticas clientelistas, del despliegue de colores, la propaganda masiva, las diferencias históricas y la polarización tradicional. Comenzó a golpear parcialmente en ciertos puntos neurálgicos al viejo orden que todavía pervive y obstruye en grande, generando peligrosos desgastes, que es preciso revertir definitivamente.
- Significado de esta doble victoria.
Esto muestra todo el potencial que encierra profundizar, radicalizar y expandir las transformaciones anticapitalistas en Venezuela, que más allá de esos controles recientes –no totalmente invulnerables por la dinámica capitalista, algunos incluso montados sobre una lógica estrictamente consumista- implicaría expropiar y socializar progresivamente la gran propiedad capitalista y subvertir su lógica todavía preeminente..
Me refiero al cambio que implicaría socializar en forma ascendente lo privado y lo estatal, atacar la corrupción sistémica, subvertir la cultura rentista-consumista y desburocratizar los centros estatales de dirección en el marco de una compleja transición donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de crecer en grande y desarrollarse. Y en el que para avanzar sustancialmente, el Estado actual deberá ser desmontado para darle paso al poder de la sociedad, tal y como apuntó Chávez en su Aló Presidente Autocrítico (“Golpe de Timón”).
Estoy seguro, que asumidas con vigor la vía anticapitalista y la expansión del poder popular y la democracia directa, éstas erosionarían en mucho mayor grado la base político-electoral de las derechas, que todavía supera el 40% de los votantes y que incluso –aun en medio de esta declinación- logró mantener el control municipal en importantes ciudades venezolanas y conserva una fuerte influencia cultural.
Los resultados de esta significativa experiencia y de esta obligada radicalización del proceso en medio de las elecciones recientes, indican que en lo adelante es perfectamente posible reducir al mínimo la fuerza política de la contrarrevolución y erosionarle en mayor escala su actual peso electoral e institucional; impulsando la socialización de la economía y del poder, expandiendo las comunas en todos los niveles, traspasando más poder al pueblo, asumiendo a profundidad el GOLPE DE TIMÓN planteado por el comandante Chávez y ejecutando consecuentemente el Programa de la Patria, felizmente convertido en ley.
La fuerza electoral de la contrarrevolución, debilitada en cierta medida en estos comicios municipales, radica todavía en la fuerza económica del gran capital privado local y transnacional, en su poder mediático, en su hegemonía cultural nutrida por esos medios y en sus fábricas de ideología capitalista, en sus propiedades y operaciones financieras, industriales y comerciales, en el poder reversible que conserva en áreas de servicios, colegios y universidades, en la corrupción burocrática, en el capitalismo de Estado…
Y esa correlación cambiaría radicalmente en favor de la revolución con una reconfiguración de las fuerzas de vanguardia y un impulso categórico a la socialización (que no es igual a estatización), bien pensado, paulatino, sostenido, firme y ascendente; acompañado del estímulo sostenido a los cambios revolucionarios a nivel continental y mundial.
No de hay de otra. Revolución que se estanca y aísla, se debilita, retrocede y sucumbe. Revolución que avanza, profundizándose, radicalizándose a su interior y más allá, resulta muy difícil de derrotar.
El proceso hacia la revolución en Venezuela, con todo lo que significa para nuestra America y el mundo, tiene un nuevo periodo favorable para impulsar su calado en profundidad y su despliegue ascendente. Una nueva oportunidad.
Los momentos peores del pasado reciente han sido remontados, sin que esto implique el cese del accionar contrarrevolucionario de EU y sus fuerzas aliadas y el fin de los riesgos de reversibilidad.
Lindo fin de año abrazados/as a los ejemplos de Chávez y de Mandela.
¡Felicitémonos todos/as! Y aprovechemos al máximo esta nueva fase.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?