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Venezuela: Doble victoria

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121Ganar en grande la mayoría de las Alcaldías y sacar la mayoría de votos a nivel nacional con un buen margen por encima de las derechas, es una doble victoria del PSUV, el POLO PATRIOTICO y el pueblo chavista.

 Hacerlo en medio de una guerra económica y un intenso plan de desestabilización, tiene todavía un valor mayor y de triple impacto.

-Valor para el proceso bolivariano en Venezuela, que precisa ser defendido y profundizado, obteniendo nuevos logros.

-Valor para la oleada continental por la nueva independencia y la emancipación de nuestros pueblos, que tiene en Venezuela un gran puntal y fuerte aliento.

-Valor para la necesaria redención de la humanidad sometida en la actualidad a los efectos destructivos y degradantes de la multi-crisis capitalista.

Doble victoria demostrativa de que la baja relativa en las pasadas elecciones presidenciales, afectadas por el entonces muy reciente fallecimiento del comandante Chávez y por cierta tendencia al declive electoral progresivo, podía y debía ser revertida.

  • La clave del reciente triunfo.

La clave de este doble triunfo electoral –y más que electoral-, con triple impacto positivo, a mi entender estuvo en laradicalización de la respuesta a la guerra económica montada por la gran burguesía transnacional y local, instrumentada por las derechas políticas con el propósito de restarle base social al proceso hacia la revolución.

Erosionarle popularidad al proceso, descontrolarlo, caotizarlo y traspasar el desgaste al escenario propiamente electoral, con precisos planes desestabilizadores.

La radicalización en está ocasión consistió en enfocar los problemas y accionar desde el Estado y desde las fuerzas políticas y los movimientos sociales patrióticos y de izquierda, de tal manera que una parte el pueblo humilde y sectores medios de bajos ingresos pudieran identificar muy bien a las derechas políticas y a la gran burguesía como causantes de la especulación, los desabastecimientos, la devaluación del bolívar y la crisis de divisas.

Esto, a su vez, implicó cortar conexiones sensibles del gran capital con determinados enclaves de la burocracia contrarrevolucionaria, corrompida o tránsfuga; procediendo puntualmente a atacar o amenazar determinados focos y formas de corrupción relacionadas con esas malas prácticas.

Incluyó a la vez la aprobación de la ley habilitante y el uso de los poderes concentrados derivados de la misma, para establecer controles en materia de precios, asignación y uso de divisas, comercio exterior y comercialización interna; así como ágiles mecanismos de abastecimiento e intervenciones drásticas del Estado que garantizaran suministros fluidos de alimentos y artículos de alto consumo popular y aseguraran el control de la carestía desatada con fines políticos, al tiempo de desnudar con más precisión y contundencia a  una parte de los agentes culpables.

  • Efectos positivos en la subjetividad chavista y en el pueblo pobre.

Esto elevó la moral de la rebelde pobrecía venezolana, la acercó más al gobierno y a los/as candidatos/as del PSUV y el Polo Patriótico, potenció el chavismo y atrajo sectores confundidos o desalentados, convirtiendo el torneo electoral en una confrontación política y de clase mucho más clara y precisa.

Ese oportuno giro le permitió al Presidente Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política del proceso, pasar claramente a la ofensiva y sacudir por el cuello a la derecha y ultraderecha social y política; contribuyendo así a elevar la subjetividad chavista y la confianza en la victoria, desatando más entusiasmo y mayor disposición al combate.

Tales pasos potenciaron en lo inmediato el perfil de la lucha de clase en la competencia política y recuperaron en mayor grado el legado combativo de Chávez.

Así las cosas -aunque todavía en escala limitada- el proceso hacia la revolución se defendió profundizándose; yendo más allá de la competencia electoralista, de las prácticas clientelistas, del despliegue de colores, la propaganda masiva, las diferencias históricas y la polarización tradicional. Comenzó a golpear parcialmente en ciertos puntos neurálgicos al viejo orden que todavía pervive y obstruye en grande, generando peligrosos desgastes, que es preciso revertir definitivamente.

  •  Significado de esta doble victoria.

Esto muestra todo el potencial que encierra profundizar, radicalizar y expandir las transformaciones anticapitalistas en Venezuela, que más allá de esos controles recientes –no totalmente invulnerables por la dinámica capitalista, algunos incluso montados sobre una lógica estrictamente consumista- implicaría expropiar y socializar progresivamente la gran propiedad capitalista y subvertir su lógica todavía preeminente..

Me refiero al cambio que implicaría socializar en forma ascendente lo privado y lo estatal, atacar la corrupción sistémica, subvertir la cultura rentista-consumista y  desburocratizar los centros estatales de dirección en el marco de una compleja transición donde lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de crecer en grande y desarrollarse. Y en el que para avanzar sustancialmente, el Estado actual deberá ser desmontado para darle paso al poder de la sociedad, tal y como apuntó Chávez en su Aló Presidente Autocrítico (“Golpe de Timón”).

Estoy seguro, que asumidas con vigor la vía anticapitalista y la expansión del poder popular y la democracia directa, éstas erosionarían en mucho mayor grado la base político-electoral de las derechas, que todavía supera el 40% de los votantes y que incluso –aun en medio de esta declinación- logró mantener el control municipal en importantes ciudades venezolanas y conserva una fuerte influencia cultural.

Los resultados de esta significativa experiencia y de esta obligada  radicalización del proceso en medio de las elecciones recientes, indican que en lo adelante es perfectamente posible reducir al mínimo la fuerza política de la contrarrevolución y erosionarle en mayor escala su actual peso electoral e institucional; impulsando la socialización de la economía y del poder, expandiendo las comunas en todos los niveles, traspasando más poder al pueblo, asumiendo a profundidad el GOLPE DE TIMÓN planteado por el comandante Chávez y ejecutando consecuentemente el Programa de la Patria, felizmente convertido en ley.

La fuerza electoral de la contrarrevolución, debilitada en cierta medida en estos comicios municipales, radica todavía en la fuerza económica del gran capital privado local y transnacional, en su poder mediático, en su hegemonía cultural nutrida por esos medios y en sus fábricas de ideología capitalista, en sus propiedades y operaciones financieras, industriales y comerciales, en el poder reversible que conserva en áreas de servicios, colegios y universidades, en la corrupción burocrática, en el capitalismo de Estado…

Y esa correlación cambiaría radicalmente en favor de la revolución con una reconfiguración de las fuerzas de vanguardia y un impulso categórico a la socialización (que no es igual a estatización), bien pensado, paulatino, sostenido, firme y ascendente; acompañado del estímulo sostenido a los cambios revolucionarios a nivel continental y mundial.

No de hay de otra. Revolución que se estanca y aísla, se debilita, retrocede y sucumbe. Revolución que avanza, profundizándose, radicalizándose a su interior y más allá, resulta muy difícil de derrotar.

El proceso hacia la revolución en Venezuela, con todo lo que significa para nuestra America y el mundo, tiene un nuevo periodo favorable para impulsar su calado en profundidad y su despliegue ascendente. Una nueva oportunidad.

Los momentos peores del pasado reciente han sido remontados, sin que esto implique el cese del accionar contrarrevolucionario de EU y sus fuerzas aliadas y el fin de los riesgos de reversibilidad.

Lindo fin de año abrazados/as a los ejemplos de Chávez y de Mandela.

¡Felicitémonos todos/as! Y aprovechemos al máximo esta nueva fase.

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Opinión

Un Futuro Digno, Libre y Democrático

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Por el Dr. Isaías Ramos

En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.

La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.

Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.

Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.

Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.

La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.

En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.

Es por esa razón que en el  FCS creemos que un  llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.

No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!

¡Despierta, RD!

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La Competencia de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 1 del Estatuto de Roma  la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento  en que se cometió el crimen.

El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la  CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente  a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia  sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga  la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia  de la Corte como un Estado no Parte.

Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.

Los Estados  que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.

Adicionalmente, el Estado podría  tomar en cuenta  para ejercer su competencia sería  la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las  Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos  conceptos de  ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término  en cuanto a que un Estado  puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga  con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La criminalidad y nuestro entorno

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Por Nelson Encarnación

Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.

Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.

Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.

Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.

Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.

Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.

Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.

El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.

Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.

“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.

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