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Trata de personas: sólo cinco sentencias en diez años

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10 años ago

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showimage (1)SANTO DOMINGO. Diez años después de promulgada, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, solo se han producido cinco sentencias a tratantes que incurrieron en la práctica de la explotación sexual de mujeres. De esta cantidad, dos se lograron en este año 2013 luego de que por siete, este tema pareciera olvidado por la Justicia.
«La primera sentencia que logramos en este año se produjo en abril, por la que se condenó a diez años de reclusión a dos implicados de trata de personas y la segunda en mayo,  por la que se le aplicó quince años a una mujer acusada de trata y estafa«, expresó Jonathán Baró, encargado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De acuerdo a datos estadísticos suministrados por este departamento del Ministerio Público, a raíz de la creación del referido reglamento, en 2004 se produjo en la jurisdicción de la provincia Santiago, la primera sentencia por esta causa. En esa ocasión, al imputado se le impuso una pena de reclusión de cinco años, por haber violado los artículos 3 y 4 párrafos 1, 2, 5, 6, 7 del referido estatuto.
En 2005 y 2006 en Santo Domingo fueron condenados a 15 años de prisión, siete personas identificadas en dos casos de explotación sexual. Sin embargo, desde 2006 hasta 2013 pasaron siete años sin que se produjera una sola sentencia por este delito, a pesar de que se continuaron proliferando los casos de trata de personas.
Una mirada a algunos resultados de investigaciones realizadas entre 2003 y 2010, sobre casos de dominicanas traficadas y tratadas en el extranjero destaca que entre las diversas expresiones de trata, la explotación sexual era la principal actividad a la que se veían sometidas las víctimas.
La jurista del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Liliana Pavon, recuerda que en 2008 se debatió un caso en la Justicia que luego de favorecer a las víctimas en primera instancia, en la apelación se concluyó a favor del acusado de trata.
Se trataba de dos dominicanas que fueron llevadas hacia Argentina con una oferta de trabajo para cuidar ancianos y limpiar casas; al llegar fueron llevadas a un burdel de donde pudieron escapar y poner la denuncia en la Policía del referido país.
«El caso ganó una sentencia de primera instancia de un millón de pesos y diez años de cárcel, estábamos felices con la sentencia. Sin embargo, en apelación, el juez que revisó el expediente manifestó que no había pruebas materiales que estuvieran documentando el caso correctamente», narra Pavon.
«¿Qué debía tener el caso, una declaración de la persona que sirve de testigos, una investigación judicial de seis meses con fotografías y videos en el lugar en Argentina, algo que diga «mira, este es el expediente de investigación? Pero solo teníamos el testimonio de las mujeres diciendo que la trataron y del tratante diciendo que el solo las ayudó», agrega a su relato.
Una situación que explica suele suceder con regularidad en los casos de víctimas de trata.
«Cuando tú tienes un caso de una persona que fue asesinada, tú tienes el cuerpo o un arma que encuentras. En los casos de trata de personas la mujer sigue viva y no tienes ni el cuerpo ni el arma, tienes la historia de una mujer que te contó que migró hacia otro país, que no sabe dónde estaba, no tiene la dirección exacta de ese lugar, el proceso de visado se lo hizo el tratante… él tiene los recibos del ticket,  conoce la agencia donde lo compraron, es decir, él tiene la documentación, la víctima no tiene nada», explicó Pavon.
Es por esto que manifiesta que en la mayoría de los casos de trata es difícil hacer justicia, los casos quedan archivados y muy rara vez concluyen a favor de las afectadas.
Para tener una idea de la cantidad de casos de trata que se han archivado en la última década, Diario Libre solicitó al Ministerio Público la información por las vías pertinentes, pero nunca la hicieron llegar.
Escaso apoyo a menores 
Para muchos, «el sistema de justicia dominicano no solo ha dado la espalda» a los casos de trata de mujeres, sino también a los de la explotación sexual comercial, como se le conoce cuando el tratante involucra menores de edad en esta actividad.
Liliana Pavon, citó el caso de Amarfis Altagracia Tavares, una «reconocida» manejadora de burdeles en San Cristóbal, provincia ubicada al sur de República Dominicana, quien fue detenida mediante la orden de arresto 1807-2011, acusada de pertenecer a una red que prostituía menores de edad bajo la falsa promesa de que trabajarían como camareras en prestigiosos restaurantes y que luego bajo amenazas, eran obligadas a prostituirse.
El dueño del burdel, Carlos Julio Alcántara, fue apresado en Marzo de 2012 durante un allanamiento realizado en su negocio D´Clase Tony Bar, ubicado en la calle Ayala de la referida localidad, donde de acuerdo a informes de prensa, los agentes policiales encontraron evidencias contundentes de abuso sexual a menores.
«Este caso está para primera instancia el 26 de enero, es un caso emblemático, un caso donde estaban todas las circunstancias dadas, donde se evidenció una explotación de niñas de una misma comunidad y el sistema falló y están sueltos los dos, esperando la audiencia en su casa», criticó Pavon.
En este caso, una de las niñas que fue víctima de trata cuando tenía 15 años, murió a los 19, luego de haber sido rescatada del prostíbulo donde se dice contrajo una enfermedad de transmisión sexual que le causó un derrame y la llevó a la muerte, dejando un niño de dos años en la orfandad. Su hermana que también fue víctima de esta red a la edad de 11 años, nunca ha querido hablar del caso.
Sentencias por explotación sexual de menores
En la última década, solo seis sentencias se han producido por esta causa, tres en 2011, una en 2012 y dos en este año. Con el caso de Amarfis, se espera que la justicia haga honor a su nombre.
«Eran seis niñas, ninguna han proseguido con el caso. Ellas y sus padres desistieron todas, porque el tratante compró el caso. El abogado del tratante les dijoque si ellas recibían el dinero y luego hablaban las iban a matar. Les dio cheles, 20, 10, 15 así, diferente a cada una, es un caso indignante donde esperamos se haga justicia», es la opinión de la  jurista del COIN.

Extensión de los casos

De acuerdo a la psicóloga del COIN, María Esther Carbuccia, la mayoría de las víctimas de trata que recibe en su consultorio, no llevan los casos a justicia por temor y por lo agotador que resulta el proceso.

«Lo que las muchachas generalmente expresan es que se desesperan porque son tantas veces las que hay que ir a audiencia… es muy agotador porque reenvían los casos, las juezas no encuentran las pruebas suficientes, siemrpe te piden más. Es por eso que cuando van a un tribunal lo que hacen es que concilian y por tres cheles o porque se condone la deuda que tenían con el traficante dejan todo», explicó Carbuccia.

Critican cantidad de sentencias
Expertos en el tema consideran que hablar de cinco sentencias en diez años demuestra la ineficacia de la Ley y las debilidades del sistema de Justicia dominicano.
«Significa que todos los esfuerzos que se han hecho de persecución no han sido suficientes y eso lo reflejan los datos, es decir, el número de sentencias condenatorias siguen siendo insuficientes», destacó el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Este año, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, logró identificar 52 casos de trata de personas, de los cuales 25 fueron judicializados y 27 se encuentran bajo investigación.
«Ellos están haciendo un buen trabajo, sin embargo, cuando apresan a la persona, y cuando llega al sistema de justicia, el juez ve el caso y el Código de Procedimiento Penal le permite ciertas flexibilidades que normalmente hace que se pierda el caso», expresó Pavon.
En ese sentido, dijo que el país necesita jueces que comprendan la seriedad de los casos de trata y que le den un manejo diferente al tema.
«Necesitamos que el sistema de justicia entienda que la trata de personas es tan seria como una violación a una niña, o sea, la prisión preventiva es lo mínimo que queremos para estos casos, que no le den la espalda a las víctimas, porque en el sistema es donde está el mayor fallo», manifestó.
 
Complicidad del Estado
De acuerdo a Servio Tulio Castaño Guzmán, la trata y tráfico de personas es un tipo penal en donde muchas veces parte de los integrantes de esas redes son personas vinculadas al Estado, lo que dificulta darle respuesta.
«No es tan fácil, porque muchas veces es desde el propio Estado se conspira en contra de la investigación y muchas veces se borra las evidencias, se desaparecen elementos que pueden contribuir a real y efectivamente, tú poder sustentar un expediente con toda la rigurosidad que la propia ley requiere que tu tengas que cumplir para tú poder someter».

Revisión de la Ley y del Código de Procedimiento Civil 

El director de la Finjus, considera que el Ministerio Público debe realizar una revisión de la Ley 137-03 y evaluar las multas a los clientes de la prostitución.

«Creo que luego de diez años valdría la pena ver si es posible modificar la ley, porque una ley es una hipótesis de trabajo y en la medida en que la vas implementando te das cuenta de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, creo que es tiempo de perfeccionarla», expresó.

Consideró prudente hacerla en la actual coyuntura ya que a su juicio, el Estado está manifestando una voluntad para luchar contra ese crimen.

De su lado, Liliana Pavon consideró que «además de mejorar algunas puntos de la ley», el reto principal de las autoridades judiciales, es perfeccionar el Código de Procedimiento Civil.

«Este Código es prácticamente nuevo en el sistema de justicia dominicano, exige una serie de requisitos para las pruebas que deben revisarse, porque el proceso es oral pero hay pruebas materiales que deben proveerse que no son características de los casos de trata de personas», señala.

Combate de la pobreza, principal desafío del Gobierno
Según Servio Tulio Castaños Guzmán, el combate de la pobreza representa el principal desafíos del Gobierno en el tema de la trata.
«Uno de los componentes fundamentales para que la trata y tráfico de personas disminuya es trabajar primero con todo lo que tiene que ver con los niveles de inequidad, todo lo que tiene que ver con el componente educativo, porque fíjate que quienes generalmente caen en esas redes, son personas de muy escasos recursos y muy fácil de intimidar», destacó Castaños Guzmán.
Otro de los desafíos que debe enfrentar el Gobierno dominicano es disponer de un mayor presupuesto para atender a las víctimas de trata, para evitar que reciban sobornos de los tratantes y que continúen el proceso judicial.
«Una ayuda económica para su alimentación y para sus estudios, porque estas mujeres vuelven con una mano adelante y las que son tratadas aquí se ven motivadas a prostituirse por la situación de precariedad económica que se ven expuestas», agrega Pavón.
Multas a clientes, una de las opciones de combate
En Suecia, desde el año 1999 el gobierno tipificó como delito el hecho de comprar sexo, es decir sancionar a los clientes de la prostitución, no a las mujeres que venden sus cuerpos. Cuando promulgó la ley el gobierno Sueco fijó los objetivos que cumpliría la misma: «actuaría como un elemento disuasorio para los que compran servicios sexuales; el número de compradores disminuiría en consecuencia y el número de personas haciendo prostitución de calle y el número de personas que se iniciaran en la misma se reducirían también».
De acuerdo al gobierno sueco, la criminalización de los clientes de la prostitución contribuyó de manera satisfactoria a la disminución de la oferta del sexo.
En Francia, los diputados franceses adoptaron a principios de este mes de diciembre, una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada por Suecia, el primer país en adoptar este tipo de legislación.
En Londres, el primer ministro David Cameron decidió impulsar una ley contra la esclavitud moderna en el Reino Unido, con penas de cadena perpetua para los implicados en tráfico humano con antecedentes por ofensa o abusos sexuales. La secretaria de Interior de ese país, Theresa May, presentó el borrador de la ley en la Cámara de los Comunes, que cuenta de antemano con el respaldo de la oposición laborista.
En nuestro país, a pesar de que la prostitución no está penalizada, la persecución de los clientes de la prostitución es una de las opciones que se han planteado las autoridades del Ministerio Público para disminuir los casos de proxenetismo y trata de personas, ya que se considera que es una cuestión de demanda y oferta, y si se logra reducir la primera, la segunda disminuye de manera considerable, sin embargo, de acuerdo a Jonathán Baró, a los demandantes de la prostitución, no se les está aplicando sanciones en la primera ocasión en que son detenidos.
«Lo que se está haciendo es que se les está dando una segunda oportunidad cuando son detenidos por primera vez para que queden advertidos y no lo vuelvan a hacer», explicó el magistrado.

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Tribunal aplaza audiencia de imputados separados en caso Medusa

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19 horas ago

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mayo 2, 2024

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Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.

El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.

El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.

El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.

Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

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Apertura a juicio hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución

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21 horas ago

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mayo 2, 2024

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Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Aceptan irse voluntariamente en extradición dos de los acusados de estafar ancianos.

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21 horas ago

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mayo 2, 2024

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Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez

En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.

Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.

Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.

Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.

Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.

El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.

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