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Trata de personas: sólo cinco sentencias en diez años

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showimage (1)SANTO DOMINGO. Diez años después de promulgada, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, solo se han producido cinco sentencias a tratantes que incurrieron en la práctica de la explotación sexual de mujeres. De esta cantidad, dos se lograron en este año 2013 luego de que por siete, este tema pareciera olvidado por la Justicia.
«La primera sentencia que logramos en este año se produjo en abril, por la que se condenó a diez años de reclusión a dos implicados de trata de personas y la segunda en mayo,  por la que se le aplicó quince años a una mujer acusada de trata y estafa«, expresó Jonathán Baró, encargado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De acuerdo a datos estadísticos suministrados por este departamento del Ministerio Público, a raíz de la creación del referido reglamento, en 2004 se produjo en la jurisdicción de la provincia Santiago, la primera sentencia por esta causa. En esa ocasión, al imputado se le impuso una pena de reclusión de cinco años, por haber violado los artículos 3 y 4 párrafos 1, 2, 5, 6, 7 del referido estatuto.
En 2005 y 2006 en Santo Domingo fueron condenados a 15 años de prisión, siete personas identificadas en dos casos de explotación sexual. Sin embargo, desde 2006 hasta 2013 pasaron siete años sin que se produjera una sola sentencia por este delito, a pesar de que se continuaron proliferando los casos de trata de personas.
Una mirada a algunos resultados de investigaciones realizadas entre 2003 y 2010, sobre casos de dominicanas traficadas y tratadas en el extranjero destaca que entre las diversas expresiones de trata, la explotación sexual era la principal actividad a la que se veían sometidas las víctimas.
La jurista del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Liliana Pavon, recuerda que en 2008 se debatió un caso en la Justicia que luego de favorecer a las víctimas en primera instancia, en la apelación se concluyó a favor del acusado de trata.
Se trataba de dos dominicanas que fueron llevadas hacia Argentina con una oferta de trabajo para cuidar ancianos y limpiar casas; al llegar fueron llevadas a un burdel de donde pudieron escapar y poner la denuncia en la Policía del referido país.
«El caso ganó una sentencia de primera instancia de un millón de pesos y diez años de cárcel, estábamos felices con la sentencia. Sin embargo, en apelación, el juez que revisó el expediente manifestó que no había pruebas materiales que estuvieran documentando el caso correctamente», narra Pavon.
«¿Qué debía tener el caso, una declaración de la persona que sirve de testigos, una investigación judicial de seis meses con fotografías y videos en el lugar en Argentina, algo que diga «mira, este es el expediente de investigación? Pero solo teníamos el testimonio de las mujeres diciendo que la trataron y del tratante diciendo que el solo las ayudó», agrega a su relato.
Una situación que explica suele suceder con regularidad en los casos de víctimas de trata.
«Cuando tú tienes un caso de una persona que fue asesinada, tú tienes el cuerpo o un arma que encuentras. En los casos de trata de personas la mujer sigue viva y no tienes ni el cuerpo ni el arma, tienes la historia de una mujer que te contó que migró hacia otro país, que no sabe dónde estaba, no tiene la dirección exacta de ese lugar, el proceso de visado se lo hizo el tratante… él tiene los recibos del ticket,  conoce la agencia donde lo compraron, es decir, él tiene la documentación, la víctima no tiene nada», explicó Pavon.
Es por esto que manifiesta que en la mayoría de los casos de trata es difícil hacer justicia, los casos quedan archivados y muy rara vez concluyen a favor de las afectadas.
Para tener una idea de la cantidad de casos de trata que se han archivado en la última década, Diario Libre solicitó al Ministerio Público la información por las vías pertinentes, pero nunca la hicieron llegar.
Escaso apoyo a menores 
Para muchos, «el sistema de justicia dominicano no solo ha dado la espalda» a los casos de trata de mujeres, sino también a los de la explotación sexual comercial, como se le conoce cuando el tratante involucra menores de edad en esta actividad.
Liliana Pavon, citó el caso de Amarfis Altagracia Tavares, una «reconocida» manejadora de burdeles en San Cristóbal, provincia ubicada al sur de República Dominicana, quien fue detenida mediante la orden de arresto 1807-2011, acusada de pertenecer a una red que prostituía menores de edad bajo la falsa promesa de que trabajarían como camareras en prestigiosos restaurantes y que luego bajo amenazas, eran obligadas a prostituirse.
El dueño del burdel, Carlos Julio Alcántara, fue apresado en Marzo de 2012 durante un allanamiento realizado en su negocio D´Clase Tony Bar, ubicado en la calle Ayala de la referida localidad, donde de acuerdo a informes de prensa, los agentes policiales encontraron evidencias contundentes de abuso sexual a menores.
«Este caso está para primera instancia el 26 de enero, es un caso emblemático, un caso donde estaban todas las circunstancias dadas, donde se evidenció una explotación de niñas de una misma comunidad y el sistema falló y están sueltos los dos, esperando la audiencia en su casa», criticó Pavon.
En este caso, una de las niñas que fue víctima de trata cuando tenía 15 años, murió a los 19, luego de haber sido rescatada del prostíbulo donde se dice contrajo una enfermedad de transmisión sexual que le causó un derrame y la llevó a la muerte, dejando un niño de dos años en la orfandad. Su hermana que también fue víctima de esta red a la edad de 11 años, nunca ha querido hablar del caso.
Sentencias por explotación sexual de menores
En la última década, solo seis sentencias se han producido por esta causa, tres en 2011, una en 2012 y dos en este año. Con el caso de Amarfis, se espera que la justicia haga honor a su nombre.
«Eran seis niñas, ninguna han proseguido con el caso. Ellas y sus padres desistieron todas, porque el tratante compró el caso. El abogado del tratante les dijoque si ellas recibían el dinero y luego hablaban las iban a matar. Les dio cheles, 20, 10, 15 así, diferente a cada una, es un caso indignante donde esperamos se haga justicia», es la opinión de la  jurista del COIN.

Extensión de los casos

De acuerdo a la psicóloga del COIN, María Esther Carbuccia, la mayoría de las víctimas de trata que recibe en su consultorio, no llevan los casos a justicia por temor y por lo agotador que resulta el proceso.

«Lo que las muchachas generalmente expresan es que se desesperan porque son tantas veces las que hay que ir a audiencia… es muy agotador porque reenvían los casos, las juezas no encuentran las pruebas suficientes, siemrpe te piden más. Es por eso que cuando van a un tribunal lo que hacen es que concilian y por tres cheles o porque se condone la deuda que tenían con el traficante dejan todo», explicó Carbuccia.

Critican cantidad de sentencias
Expertos en el tema consideran que hablar de cinco sentencias en diez años demuestra la ineficacia de la Ley y las debilidades del sistema de Justicia dominicano.
«Significa que todos los esfuerzos que se han hecho de persecución no han sido suficientes y eso lo reflejan los datos, es decir, el número de sentencias condenatorias siguen siendo insuficientes», destacó el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Este año, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, logró identificar 52 casos de trata de personas, de los cuales 25 fueron judicializados y 27 se encuentran bajo investigación.
«Ellos están haciendo un buen trabajo, sin embargo, cuando apresan a la persona, y cuando llega al sistema de justicia, el juez ve el caso y el Código de Procedimiento Penal le permite ciertas flexibilidades que normalmente hace que se pierda el caso», expresó Pavon.
En ese sentido, dijo que el país necesita jueces que comprendan la seriedad de los casos de trata y que le den un manejo diferente al tema.
«Necesitamos que el sistema de justicia entienda que la trata de personas es tan seria como una violación a una niña, o sea, la prisión preventiva es lo mínimo que queremos para estos casos, que no le den la espalda a las víctimas, porque en el sistema es donde está el mayor fallo», manifestó.
 
Complicidad del Estado
De acuerdo a Servio Tulio Castaño Guzmán, la trata y tráfico de personas es un tipo penal en donde muchas veces parte de los integrantes de esas redes son personas vinculadas al Estado, lo que dificulta darle respuesta.
«No es tan fácil, porque muchas veces es desde el propio Estado se conspira en contra de la investigación y muchas veces se borra las evidencias, se desaparecen elementos que pueden contribuir a real y efectivamente, tú poder sustentar un expediente con toda la rigurosidad que la propia ley requiere que tu tengas que cumplir para tú poder someter».

Revisión de la Ley y del Código de Procedimiento Civil 

El director de la Finjus, considera que el Ministerio Público debe realizar una revisión de la Ley 137-03 y evaluar las multas a los clientes de la prostitución.

«Creo que luego de diez años valdría la pena ver si es posible modificar la ley, porque una ley es una hipótesis de trabajo y en la medida en que la vas implementando te das cuenta de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, creo que es tiempo de perfeccionarla», expresó.

Consideró prudente hacerla en la actual coyuntura ya que a su juicio, el Estado está manifestando una voluntad para luchar contra ese crimen.

De su lado, Liliana Pavon consideró que «además de mejorar algunas puntos de la ley», el reto principal de las autoridades judiciales, es perfeccionar el Código de Procedimiento Civil.

«Este Código es prácticamente nuevo en el sistema de justicia dominicano, exige una serie de requisitos para las pruebas que deben revisarse, porque el proceso es oral pero hay pruebas materiales que deben proveerse que no son características de los casos de trata de personas», señala.

Combate de la pobreza, principal desafío del Gobierno
Según Servio Tulio Castaños Guzmán, el combate de la pobreza representa el principal desafíos del Gobierno en el tema de la trata.
«Uno de los componentes fundamentales para que la trata y tráfico de personas disminuya es trabajar primero con todo lo que tiene que ver con los niveles de inequidad, todo lo que tiene que ver con el componente educativo, porque fíjate que quienes generalmente caen en esas redes, son personas de muy escasos recursos y muy fácil de intimidar», destacó Castaños Guzmán.
Otro de los desafíos que debe enfrentar el Gobierno dominicano es disponer de un mayor presupuesto para atender a las víctimas de trata, para evitar que reciban sobornos de los tratantes y que continúen el proceso judicial.
«Una ayuda económica para su alimentación y para sus estudios, porque estas mujeres vuelven con una mano adelante y las que son tratadas aquí se ven motivadas a prostituirse por la situación de precariedad económica que se ven expuestas», agrega Pavón.
Multas a clientes, una de las opciones de combate
En Suecia, desde el año 1999 el gobierno tipificó como delito el hecho de comprar sexo, es decir sancionar a los clientes de la prostitución, no a las mujeres que venden sus cuerpos. Cuando promulgó la ley el gobierno Sueco fijó los objetivos que cumpliría la misma: «actuaría como un elemento disuasorio para los que compran servicios sexuales; el número de compradores disminuiría en consecuencia y el número de personas haciendo prostitución de calle y el número de personas que se iniciaran en la misma se reducirían también».
De acuerdo al gobierno sueco, la criminalización de los clientes de la prostitución contribuyó de manera satisfactoria a la disminución de la oferta del sexo.
En Francia, los diputados franceses adoptaron a principios de este mes de diciembre, una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada por Suecia, el primer país en adoptar este tipo de legislación.
En Londres, el primer ministro David Cameron decidió impulsar una ley contra la esclavitud moderna en el Reino Unido, con penas de cadena perpetua para los implicados en tráfico humano con antecedentes por ofensa o abusos sexuales. La secretaria de Interior de ese país, Theresa May, presentó el borrador de la ley en la Cámara de los Comunes, que cuenta de antemano con el respaldo de la oposición laborista.
En nuestro país, a pesar de que la prostitución no está penalizada, la persecución de los clientes de la prostitución es una de las opciones que se han planteado las autoridades del Ministerio Público para disminuir los casos de proxenetismo y trata de personas, ya que se considera que es una cuestión de demanda y oferta, y si se logra reducir la primera, la segunda disminuye de manera considerable, sin embargo, de acuerdo a Jonathán Baró, a los demandantes de la prostitución, no se les está aplicando sanciones en la primera ocasión en que son detenidos.
«Lo que se está haciendo es que se les está dando una segunda oportunidad cuando son detenidos por primera vez para que queden advertidos y no lo vuelvan a hacer», explicó el magistrado.

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Rechazan declarar la extinción del caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez

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Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido  al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».

Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar AriasClara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.

«Cuando el tribunal hace el análisis de la actividad procesal, el tribunal llega a la conclusión que, independientemente de que el caso ha excedido el plazo máximo de duración del proceso, ha sido necesario, la duración ha sido razonable, no se ha observado una demora injustificada»Clara CastilloJueza del Segundo Tribunal Colegiado del DN

Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».

Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.

La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.

Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.

«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.

Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.

A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.

Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.

El director de Persecución del Ministerio PúblicoWilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.

Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.

La acusación y quiénes son

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregularesextorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.

Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez  son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio PúblicoJavier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio PúblicoRafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.

Asimismo están señalados por el Ministerio PúblicoRamón Lucrecio Burgos AcostaFélix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.

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Fueron identificados los dos fallecidos en explosión de camión en el malecón.

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Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.

De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.

  • Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.

El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.

  • Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.

El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.

Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).

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Nuevos mandados militares y policiales son juramentados por Abinader.

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Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.

En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía NacionalJimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República DominicanaEnmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.

En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores

Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del EjércitoRaúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.

También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.

La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.

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