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Trata de personas: sólo cinco sentencias en diez años

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showimage (1)SANTO DOMINGO. Diez años después de promulgada, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, solo se han producido cinco sentencias a tratantes que incurrieron en la práctica de la explotación sexual de mujeres. De esta cantidad, dos se lograron en este año 2013 luego de que por siete, este tema pareciera olvidado por la Justicia.
«La primera sentencia que logramos en este año se produjo en abril, por la que se condenó a diez años de reclusión a dos implicados de trata de personas y la segunda en mayo,  por la que se le aplicó quince años a una mujer acusada de trata y estafa«, expresó Jonathán Baró, encargado de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De acuerdo a datos estadísticos suministrados por este departamento del Ministerio Público, a raíz de la creación del referido reglamento, en 2004 se produjo en la jurisdicción de la provincia Santiago, la primera sentencia por esta causa. En esa ocasión, al imputado se le impuso una pena de reclusión de cinco años, por haber violado los artículos 3 y 4 párrafos 1, 2, 5, 6, 7 del referido estatuto.
En 2005 y 2006 en Santo Domingo fueron condenados a 15 años de prisión, siete personas identificadas en dos casos de explotación sexual. Sin embargo, desde 2006 hasta 2013 pasaron siete años sin que se produjera una sola sentencia por este delito, a pesar de que se continuaron proliferando los casos de trata de personas.
Una mirada a algunos resultados de investigaciones realizadas entre 2003 y 2010, sobre casos de dominicanas traficadas y tratadas en el extranjero destaca que entre las diversas expresiones de trata, la explotación sexual era la principal actividad a la que se veían sometidas las víctimas.
La jurista del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Liliana Pavon, recuerda que en 2008 se debatió un caso en la Justicia que luego de favorecer a las víctimas en primera instancia, en la apelación se concluyó a favor del acusado de trata.
Se trataba de dos dominicanas que fueron llevadas hacia Argentina con una oferta de trabajo para cuidar ancianos y limpiar casas; al llegar fueron llevadas a un burdel de donde pudieron escapar y poner la denuncia en la Policía del referido país.
«El caso ganó una sentencia de primera instancia de un millón de pesos y diez años de cárcel, estábamos felices con la sentencia. Sin embargo, en apelación, el juez que revisó el expediente manifestó que no había pruebas materiales que estuvieran documentando el caso correctamente», narra Pavon.
«¿Qué debía tener el caso, una declaración de la persona que sirve de testigos, una investigación judicial de seis meses con fotografías y videos en el lugar en Argentina, algo que diga «mira, este es el expediente de investigación? Pero solo teníamos el testimonio de las mujeres diciendo que la trataron y del tratante diciendo que el solo las ayudó», agrega a su relato.
Una situación que explica suele suceder con regularidad en los casos de víctimas de trata.
«Cuando tú tienes un caso de una persona que fue asesinada, tú tienes el cuerpo o un arma que encuentras. En los casos de trata de personas la mujer sigue viva y no tienes ni el cuerpo ni el arma, tienes la historia de una mujer que te contó que migró hacia otro país, que no sabe dónde estaba, no tiene la dirección exacta de ese lugar, el proceso de visado se lo hizo el tratante… él tiene los recibos del ticket,  conoce la agencia donde lo compraron, es decir, él tiene la documentación, la víctima no tiene nada», explicó Pavon.
Es por esto que manifiesta que en la mayoría de los casos de trata es difícil hacer justicia, los casos quedan archivados y muy rara vez concluyen a favor de las afectadas.
Para tener una idea de la cantidad de casos de trata que se han archivado en la última década, Diario Libre solicitó al Ministerio Público la información por las vías pertinentes, pero nunca la hicieron llegar.
Escaso apoyo a menores 
Para muchos, «el sistema de justicia dominicano no solo ha dado la espalda» a los casos de trata de mujeres, sino también a los de la explotación sexual comercial, como se le conoce cuando el tratante involucra menores de edad en esta actividad.
Liliana Pavon, citó el caso de Amarfis Altagracia Tavares, una «reconocida» manejadora de burdeles en San Cristóbal, provincia ubicada al sur de República Dominicana, quien fue detenida mediante la orden de arresto 1807-2011, acusada de pertenecer a una red que prostituía menores de edad bajo la falsa promesa de que trabajarían como camareras en prestigiosos restaurantes y que luego bajo amenazas, eran obligadas a prostituirse.
El dueño del burdel, Carlos Julio Alcántara, fue apresado en Marzo de 2012 durante un allanamiento realizado en su negocio D´Clase Tony Bar, ubicado en la calle Ayala de la referida localidad, donde de acuerdo a informes de prensa, los agentes policiales encontraron evidencias contundentes de abuso sexual a menores.
«Este caso está para primera instancia el 26 de enero, es un caso emblemático, un caso donde estaban todas las circunstancias dadas, donde se evidenció una explotación de niñas de una misma comunidad y el sistema falló y están sueltos los dos, esperando la audiencia en su casa», criticó Pavon.
En este caso, una de las niñas que fue víctima de trata cuando tenía 15 años, murió a los 19, luego de haber sido rescatada del prostíbulo donde se dice contrajo una enfermedad de transmisión sexual que le causó un derrame y la llevó a la muerte, dejando un niño de dos años en la orfandad. Su hermana que también fue víctima de esta red a la edad de 11 años, nunca ha querido hablar del caso.
Sentencias por explotación sexual de menores
En la última década, solo seis sentencias se han producido por esta causa, tres en 2011, una en 2012 y dos en este año. Con el caso de Amarfis, se espera que la justicia haga honor a su nombre.
«Eran seis niñas, ninguna han proseguido con el caso. Ellas y sus padres desistieron todas, porque el tratante compró el caso. El abogado del tratante les dijoque si ellas recibían el dinero y luego hablaban las iban a matar. Les dio cheles, 20, 10, 15 así, diferente a cada una, es un caso indignante donde esperamos se haga justicia», es la opinión de la  jurista del COIN.

Extensión de los casos

De acuerdo a la psicóloga del COIN, María Esther Carbuccia, la mayoría de las víctimas de trata que recibe en su consultorio, no llevan los casos a justicia por temor y por lo agotador que resulta el proceso.

«Lo que las muchachas generalmente expresan es que se desesperan porque son tantas veces las que hay que ir a audiencia… es muy agotador porque reenvían los casos, las juezas no encuentran las pruebas suficientes, siemrpe te piden más. Es por eso que cuando van a un tribunal lo que hacen es que concilian y por tres cheles o porque se condone la deuda que tenían con el traficante dejan todo», explicó Carbuccia.

Critican cantidad de sentencias
Expertos en el tema consideran que hablar de cinco sentencias en diez años demuestra la ineficacia de la Ley y las debilidades del sistema de Justicia dominicano.
«Significa que todos los esfuerzos que se han hecho de persecución no han sido suficientes y eso lo reflejan los datos, es decir, el número de sentencias condenatorias siguen siendo insuficientes», destacó el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Este año, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, logró identificar 52 casos de trata de personas, de los cuales 25 fueron judicializados y 27 se encuentran bajo investigación.
«Ellos están haciendo un buen trabajo, sin embargo, cuando apresan a la persona, y cuando llega al sistema de justicia, el juez ve el caso y el Código de Procedimiento Penal le permite ciertas flexibilidades que normalmente hace que se pierda el caso», expresó Pavon.
En ese sentido, dijo que el país necesita jueces que comprendan la seriedad de los casos de trata y que le den un manejo diferente al tema.
«Necesitamos que el sistema de justicia entienda que la trata de personas es tan seria como una violación a una niña, o sea, la prisión preventiva es lo mínimo que queremos para estos casos, que no le den la espalda a las víctimas, porque en el sistema es donde está el mayor fallo», manifestó.
 
Complicidad del Estado
De acuerdo a Servio Tulio Castaño Guzmán, la trata y tráfico de personas es un tipo penal en donde muchas veces parte de los integrantes de esas redes son personas vinculadas al Estado, lo que dificulta darle respuesta.
«No es tan fácil, porque muchas veces es desde el propio Estado se conspira en contra de la investigación y muchas veces se borra las evidencias, se desaparecen elementos que pueden contribuir a real y efectivamente, tú poder sustentar un expediente con toda la rigurosidad que la propia ley requiere que tu tengas que cumplir para tú poder someter».

Revisión de la Ley y del Código de Procedimiento Civil 

El director de la Finjus, considera que el Ministerio Público debe realizar una revisión de la Ley 137-03 y evaluar las multas a los clientes de la prostitución.

«Creo que luego de diez años valdría la pena ver si es posible modificar la ley, porque una ley es una hipótesis de trabajo y en la medida en que la vas implementando te das cuenta de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, creo que es tiempo de perfeccionarla», expresó.

Consideró prudente hacerla en la actual coyuntura ya que a su juicio, el Estado está manifestando una voluntad para luchar contra ese crimen.

De su lado, Liliana Pavon consideró que «además de mejorar algunas puntos de la ley», el reto principal de las autoridades judiciales, es perfeccionar el Código de Procedimiento Civil.

«Este Código es prácticamente nuevo en el sistema de justicia dominicano, exige una serie de requisitos para las pruebas que deben revisarse, porque el proceso es oral pero hay pruebas materiales que deben proveerse que no son características de los casos de trata de personas», señala.

Combate de la pobreza, principal desafío del Gobierno
Según Servio Tulio Castaños Guzmán, el combate de la pobreza representa el principal desafíos del Gobierno en el tema de la trata.
«Uno de los componentes fundamentales para que la trata y tráfico de personas disminuya es trabajar primero con todo lo que tiene que ver con los niveles de inequidad, todo lo que tiene que ver con el componente educativo, porque fíjate que quienes generalmente caen en esas redes, son personas de muy escasos recursos y muy fácil de intimidar», destacó Castaños Guzmán.
Otro de los desafíos que debe enfrentar el Gobierno dominicano es disponer de un mayor presupuesto para atender a las víctimas de trata, para evitar que reciban sobornos de los tratantes y que continúen el proceso judicial.
«Una ayuda económica para su alimentación y para sus estudios, porque estas mujeres vuelven con una mano adelante y las que son tratadas aquí se ven motivadas a prostituirse por la situación de precariedad económica que se ven expuestas», agrega Pavón.
Multas a clientes, una de las opciones de combate
En Suecia, desde el año 1999 el gobierno tipificó como delito el hecho de comprar sexo, es decir sancionar a los clientes de la prostitución, no a las mujeres que venden sus cuerpos. Cuando promulgó la ley el gobierno Sueco fijó los objetivos que cumpliría la misma: «actuaría como un elemento disuasorio para los que compran servicios sexuales; el número de compradores disminuiría en consecuencia y el número de personas haciendo prostitución de calle y el número de personas que se iniciaran en la misma se reducirían también».
De acuerdo al gobierno sueco, la criminalización de los clientes de la prostitución contribuyó de manera satisfactoria a la disminución de la oferta del sexo.
En Francia, los diputados franceses adoptaron a principios de este mes de diciembre, una proposición de ley que prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, siguiendo la doctrina marcada por Suecia, el primer país en adoptar este tipo de legislación.
En Londres, el primer ministro David Cameron decidió impulsar una ley contra la esclavitud moderna en el Reino Unido, con penas de cadena perpetua para los implicados en tráfico humano con antecedentes por ofensa o abusos sexuales. La secretaria de Interior de ese país, Theresa May, presentó el borrador de la ley en la Cámara de los Comunes, que cuenta de antemano con el respaldo de la oposición laborista.
En nuestro país, a pesar de que la prostitución no está penalizada, la persecución de los clientes de la prostitución es una de las opciones que se han planteado las autoridades del Ministerio Público para disminuir los casos de proxenetismo y trata de personas, ya que se considera que es una cuestión de demanda y oferta, y si se logra reducir la primera, la segunda disminuye de manera considerable, sin embargo, de acuerdo a Jonathán Baró, a los demandantes de la prostitución, no se les está aplicando sanciones en la primera ocasión en que son detenidos.
«Lo que se está haciendo es que se les está dando una segunda oportunidad cuando son detenidos por primera vez para que queden advertidos y no lo vuelvan a hacer», explicó el magistrado.

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Se impone la voluntad de Abinader y se queda Eduardo Estrella como presidente del Senado.

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Santo Domingo, RD.-En lo que podría calificarse como otra imposición más del presidente Luis Abinader y a pesar de que varios de sus senadores han manifestado públicamente su descontento, la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que ese bloque respaldará la continuidad de Eduardo Estrella como presidente del Senado de la República para el período 2022-2023.

De acuerdo con las declaraciones del presidente del oficialista, José Ignacio Paliza, se «tomó una decisión unánime» dentro de la reunión de la dirección ejecutiva y que se determinó que para el período de 2023-2024 se entrará a un proceso de «alternancia».

«Queremos hacer público la decisión de este organismo de que para el año próximo, el PRM propiciará un proceso de alternancia, sobretodo en el Senado de la República, que está dirigido y apoyado por nosotros por un aliado de nuestra organización, que es un hombre de gran respeto y honorabilidad (en alusión a Eduardo Estrella), pero que algunos entienden que debido a la naturaleza del órgano, debe siempre de propiciarse niveles de alternancia y de participación», explicó el también ministro Administrativo de la Presidencia.

Las declaraciones del funcionario dan a entender que esa fue la solución negociada con los senadores de ese partido, ya que muchos de estos, entre ellos Faride Raful y Ginnete Bournigal, han expresado abiertamente de que «era tiempo»  de que «alguien del partido» dirija el la Cámara Alta del Congreso Nacional.

«El PRM no conoce de rupturas, ni conoce de divisiones, es un partido que en sus siete años de existencia sus decisiones siempre han sido coherentes y de unidad en toda la organización, nuestro partido es uno siempre apegado en las mejores intenciones de sí y en la República Dominicana…pueden ustedes tener la garantía y la seguridad de que el grupo de hombres y mujeres que dirigen el país, lo hacen con las mejores intenciones y lo hacen siempre en el entendimiento de que unidos somos más fuertes…», exclamó Paliza al momento de ser cuestionado sobre si esa decisión provocará descontentos dentro del PRM.

El resto del bufete directivo del Congreso

El PRM también apoyará a que se mantengan en el Senado, Santiago José Zorrilla como vicepresidente; además de Ginnete Bournigal y Lía Díaz como secretarias.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el partido de Gobierno apoyará a que siga Alfredo Pacheco como presidente, Olfanny Méndez, cómo vicepresidente y Agustín Burgos como secretario.

Sobre el bufete directivo de la Cámara Baja del Poder Legislativo no sé habló de alternancia debido a la «gran aceptación» que tiene Pacheco entre los legisladores.

Se recuerda que al PRM ser la mayoría en ambas cámaras legislativas, la plancha y candidatura que ellos presenten será la vencedora al momento de la votación el 16 de agosto.

Las vocerías

El PRM informó que convocará a los bloques legislativos el próximo lunes para elegir los voceros y vicevoceros de ambas bancadas; Paliza adelantó la posibilidad de que Julito Fulcar repita como vocero en la Cámara de Diputados, ya Faride Raful indicó que no seguiría en esas funciones en el Senado.

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Agresión Canódromo en manos de juez de instrucción.

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Santo Domingo, RD.-El caso del Canódromo descansa ante el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien  fue apoderado del sometimiento en contra de la ex encargada del Centro de Retención Vehicular, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa.

El magistrado Raymundo Mejía fue apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados, por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado.

El tribunal fue apoderado luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela presentara acusación formal en contra de los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa, en el Canódromo el pasado mes de abril.

Los agresores
En el caso donde fueron borrados la data del teléfono que le fue arrebatado a la periodista del Listín, figuran como acusados además de la coronela de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fueron acusados de golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. Mientras que De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En la acusación el ministerio público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.

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Arranca hoy el juicio preliminar arrestados en operación Medusa

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Santo Domingo, RD.-Inicia hoy el conocimiento del juicio preliminar al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso Medusa, en una audiencia convocada para las 9:00 de la mañana por el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción  del Distrito Nacional.

El magistrado convocó a las partes para que estén presentes a las 9:00 de la mañana, en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tribunal seleccionado por razones de espacio.

Previo, la secretaría del tribunal notificó a cada uno de los imputados y a sus abogados la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y los abogados que representan al Estado dominicano, constituido en actor civil.

Con esta etapa se inicia el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación,  que cuenta con más de 12,000 páginas, tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictaría auto de no ha lugar.

La sala de audiencia donde se conocerá el caso Medusa es amplia, espaciosa y bien iluminada. Cuenta con dos hileras de cómodas butacas acolchadas, para acoger a 272 personas. Los pasillos céntricos, laterales y traseros son tan amplios, que permitirían la colocación de más asientos, si fueren necesarios.

Es la sala más grande del viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, construido en el año 1947, donde funcionaba la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Tiene capacidad para alojar a 272 personas.

Cuenta con un sistema de audio que incluye seis pequeñas bocinas colocadas discretamente en la pared de los pasillos laterales y la modalidad de la audiencia será presencial y además se ha habilitado un enlace virtual para facilitar la labor de cobertura de los medios de comunicación.

Los imputados
En el caso figuran como imputados, además de Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos y los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y Miguel de Moya.

Nuevos acusados
En la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec); Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Hace 13 meses
“Operación Medusa” puesta en marcha el 28 de junio de 2021 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución.

Los primeros arrestados fueron Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información, entre otros

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