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Revelan Miguel Vargas recibió préstamo privilegiado de RD$585 MM del Banreservas
SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron la documentación de un préstamo de 585 millones de pesos (15 millones de dólares) otorgados por el estatal Banco de Reservas a Miguel Vargas Maldonado en el mes de diciembre del 2011, «aprobado en tiempo record» en violación de la normativa prudencial de la entidad, con la opinión negativa de la gerencia de valuaciones y con la advertencia de que la capacidad de pago de la empresa beneficiaria era insuficiente.
De acuerdo a la denuncia presentada en rueda de prensa, el préstamo fue concedido a Vargas Maldonado en dólares norteamericanos a nombre de la firma «General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A.», donde solo aparecían como accionistas el presidente del PRD, su hijo Miguel Paul Vargas García y la secretaria Gisela Altagracia Patxot Cartacio.
Vargas Maldonado es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista, presidente del Comité para América Latina y El Caribe, y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, entidades que deberán fijar una posición sobre el escándalo en que está envuelto el político dominicano, quien también prolongó su mandato ilegalmente al frente del PRD, se indicó en la conferencia de prensa.
Al definir la transacción financiera como una operación política previamente aprobada por las altas instancias del poder político en el Estado Dominicano, los denunciantes afirmaron que la gruesa suma de dinero fue entregada a Vargas Maldonado como una compensación por los trabajos políticos que hizo a favor del PLD antes, durante y después de las elecciones del 2012.
Resaltaron que el acuerdo se hizo cinco meses antes de las elecciones, coincidiendo con una declaración pública de Vargas Maldonado de que no se montaría en la patana del candidato presidencial de su partido, Hipólito Mejía.
Los detalles de la transacción financiera fueron ofrecidos por exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y l reputado médico Jesús Feris Iglesias, acompañados de reconocidos dirigentes del PRD que también suscribieron el documento de la denuncia.
Responsables de la denuncia
Entre los firmantes figuran el excanciller Hugo Tolentino Dipp, la exsecretaria de Educación, Ivelisse Prats De Pérez, el pasado presidente del PRD Ramón Alburquerque, el vicepresidente, Roberto Fulcar, el economista Arturo Martínez Moya, y los dirigentes Eligio Jáquez, Rafael -Fafa- Taveras, Tony Peña Guaba, Nora Nivar, Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Rafael Santos, Eugenio Cedeño, Betzaida Santana, Julio Cordero, Isidro Torres, José García Ramírez, Sofía Leonor Sánchez Baret y Antonio Almonte.
La doctora Ortiz Bosch explicó que según los documentos relacionados con la operación, el 8 de diciembre del 2011, el Banco de Reservas, «pese al cuestionamiento del Comité de Evaluaciones de Crédito, aprobó una facilidad crediticia al vapor por US$15 millones de dólares, equivalente a RD$ 585,000.000.00 millones de pesos, a favor de Vargas Maldonado, facilidad aprobada el 13 de diciembre del 2011 y desembolsada en el primer trimestre del año 2012, en pleno proceso electoral»
Ni un solo block
Indicó que aunque la solicitud fue justificada como una operación empresarial con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario en un solar ubicado entre las avenidas Kennedy y San Martín, próximo a la Avenida Máximo Gómez, a dos años de recibido el préstamo, en el lugar no se ha colocado en solo block y el inmueble aparece cubierto de maleza. «Si no lo invirtió en el proyecto inmobiliario, como establecía el acuerdo con el Banco de Reservas, donde está el dinero?, se preguntó Ortiz Bosch.
«La evaluación crediticia de Miguel Vargas, hecha por la Gerencia de Análisis de Crédito, fue calificada en el nivel de riesgo D (cliente de difícil cobro) que según define el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), normativa aprobada por la Junta Monetaria en su resolución 29/11/04, hacía inaplicable este préstamo», apuntó en su exposición la pasada vicepresidenta de la República.
«El Banco de Reservas violó la normativa prudencial que dispone que los préstamos en dólares se conceden solo a empresas que generan divisas, que exportan bienes o servicios de manera comprobable y cuantificable, identificando, además, el país de destino de los bienes o servicios a exportar. Nada de eso se hizo; se otorgó el préstamo a una empresa que no genera divisas, sin la seguridad de que dispondrá del flujo de efectivo en moneda extranjera para devolver el principal y los intereses», indicaron los dirigentes perredeístas mediante un documento leído por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch.
Los rumores confirmados
El doctor Feris Iglesias, médico y dirigente del PRD resaltó en su intervención que durante el proceso electoral del 2012 y posteriormente «tanto en el Partido como en amplios sectores de la sociedad, existían razones para cuestionar la inexplicable postura de quien en ese momento ocupaba la presidencia de la organización. Los rumores para hacer creíbles necesitan de pruebas y en el caso del préstamo del Banreservas, era indispensable encontrar la documentación oficial de una sospechosa transacción entregada en manos del dirigente de mayor jerarquía institucional en medio de la contienda electoral».
«En un país de reconocida debilidad institucional resulta anormal que un préstamo de altísimo monto se asigne con tanta rapidez. Sobre todo, a una persona que el reporte desfavorable de dos profesionales del Banco de Reservas, como Vianelkys Bencosme y Miledys Taveras, establecía con claridad la improcedencia del préstamo.
Los documentos del Banco
Los documentos presentados en la rueda de prensa sobre la operación financiera entre el presidente del PRD y el banco estatal, incluyen copias de un informe técnico con los datos generales del cliente; un memorando dirigido al Consejo de Directores a la firma del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa; la resolución de fecha 13 de diciembre del 2011 mediante la cual se aprobó un crédito a término por US$15,000,000.00, equivalente a RD$585,000,000.00, calculado a la tasa de cambio de 39 pesos por cada dólar, y el contrato de crédito suscrito entre el Banco de Reservas y el ingeniero Miguel Vargas.
De acuerdo a la documentación, el préstamo fue aprobado en un tiempo record de 11 días «a pesar de que la empresa sombrilla que usó Miguel Vargas tenía clasificación «D», que la hacía inelegible para un financiamiento, además de que las garantías ofertadas fueron rechazadas previamente por la Gerencia de Valuaciones del Banco porque las mensuras no estaban actualizadas como requiere la normativa de la Superintendencia de Bancos y las garantías no eran polivalentes o no servían para varios propósitos, como lo exige la regla bancaria.
«Los técnicos del Banco de Reservas reportaron al Consejo de Directores que la empresa de Vargas Maldonado presentaba pérdidas en los primeros años, que la capacidad de pago era insuficiente, que influía para la clasificación de riego «D», que no había reportado ingresos durante los años 2009, 2010, y que las proyecciones de ingresos netos para el período 2012-2018 se sustentaban en la venta de apartamentos para lo que no existían informaciones concretas de planos, permisos, presupuestos y cronogramas», apunta la declaración de los dirigentes del PRD.
Miguel Vargas se referirá «oportunamente» a la denuncia
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, respondió esta tarde que se referirá «oportunamente» a las declaraciones «malintencionadas, aviesas, distorsionadas», ofrecidas por dirigentes perredeístas del sector de Hipólito Mejía.
Vargas acusó a los denunciantes de caracterizarse de mantener siempre «un comportamiento irrespetuoso y perturbador de la marcha institucional de nuestro partido».
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.