Nacionales
Revelan Miguel Vargas recibió préstamo privilegiado de RD$585 MM del Banreservas
SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron la documentación de un préstamo de 585 millones de pesos (15 millones de dólares) otorgados por el estatal Banco de Reservas a Miguel Vargas Maldonado en el mes de diciembre del 2011, «aprobado en tiempo record» en violación de la normativa prudencial de la entidad, con la opinión negativa de la gerencia de valuaciones y con la advertencia de que la capacidad de pago de la empresa beneficiaria era insuficiente.
De acuerdo a la denuncia presentada en rueda de prensa, el préstamo fue concedido a Vargas Maldonado en dólares norteamericanos a nombre de la firma «General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A.», donde solo aparecían como accionistas el presidente del PRD, su hijo Miguel Paul Vargas García y la secretaria Gisela Altagracia Patxot Cartacio.
Vargas Maldonado es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista, presidente del Comité para América Latina y El Caribe, y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, entidades que deberán fijar una posición sobre el escándalo en que está envuelto el político dominicano, quien también prolongó su mandato ilegalmente al frente del PRD, se indicó en la conferencia de prensa.
Al definir la transacción financiera como una operación política previamente aprobada por las altas instancias del poder político en el Estado Dominicano, los denunciantes afirmaron que la gruesa suma de dinero fue entregada a Vargas Maldonado como una compensación por los trabajos políticos que hizo a favor del PLD antes, durante y después de las elecciones del 2012.
Resaltaron que el acuerdo se hizo cinco meses antes de las elecciones, coincidiendo con una declaración pública de Vargas Maldonado de que no se montaría en la patana del candidato presidencial de su partido, Hipólito Mejía.
Los detalles de la transacción financiera fueron ofrecidos por exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y l reputado médico Jesús Feris Iglesias, acompañados de reconocidos dirigentes del PRD que también suscribieron el documento de la denuncia.
Responsables de la denuncia
Entre los firmantes figuran el excanciller Hugo Tolentino Dipp, la exsecretaria de Educación, Ivelisse Prats De Pérez, el pasado presidente del PRD Ramón Alburquerque, el vicepresidente, Roberto Fulcar, el economista Arturo Martínez Moya, y los dirigentes Eligio Jáquez, Rafael -Fafa- Taveras, Tony Peña Guaba, Nora Nivar, Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Rafael Santos, Eugenio Cedeño, Betzaida Santana, Julio Cordero, Isidro Torres, José García Ramírez, Sofía Leonor Sánchez Baret y Antonio Almonte.
La doctora Ortiz Bosch explicó que según los documentos relacionados con la operación, el 8 de diciembre del 2011, el Banco de Reservas, «pese al cuestionamiento del Comité de Evaluaciones de Crédito, aprobó una facilidad crediticia al vapor por US$15 millones de dólares, equivalente a RD$ 585,000.000.00 millones de pesos, a favor de Vargas Maldonado, facilidad aprobada el 13 de diciembre del 2011 y desembolsada en el primer trimestre del año 2012, en pleno proceso electoral»
Ni un solo block
Indicó que aunque la solicitud fue justificada como una operación empresarial con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario en un solar ubicado entre las avenidas Kennedy y San Martín, próximo a la Avenida Máximo Gómez, a dos años de recibido el préstamo, en el lugar no se ha colocado en solo block y el inmueble aparece cubierto de maleza. «Si no lo invirtió en el proyecto inmobiliario, como establecía el acuerdo con el Banco de Reservas, donde está el dinero?, se preguntó Ortiz Bosch.
«La evaluación crediticia de Miguel Vargas, hecha por la Gerencia de Análisis de Crédito, fue calificada en el nivel de riesgo D (cliente de difícil cobro) que según define el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), normativa aprobada por la Junta Monetaria en su resolución 29/11/04, hacía inaplicable este préstamo», apuntó en su exposición la pasada vicepresidenta de la República.
«El Banco de Reservas violó la normativa prudencial que dispone que los préstamos en dólares se conceden solo a empresas que generan divisas, que exportan bienes o servicios de manera comprobable y cuantificable, identificando, además, el país de destino de los bienes o servicios a exportar. Nada de eso se hizo; se otorgó el préstamo a una empresa que no genera divisas, sin la seguridad de que dispondrá del flujo de efectivo en moneda extranjera para devolver el principal y los intereses», indicaron los dirigentes perredeístas mediante un documento leído por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch.
Los rumores confirmados
El doctor Feris Iglesias, médico y dirigente del PRD resaltó en su intervención que durante el proceso electoral del 2012 y posteriormente «tanto en el Partido como en amplios sectores de la sociedad, existían razones para cuestionar la inexplicable postura de quien en ese momento ocupaba la presidencia de la organización. Los rumores para hacer creíbles necesitan de pruebas y en el caso del préstamo del Banreservas, era indispensable encontrar la documentación oficial de una sospechosa transacción entregada en manos del dirigente de mayor jerarquía institucional en medio de la contienda electoral».
«En un país de reconocida debilidad institucional resulta anormal que un préstamo de altísimo monto se asigne con tanta rapidez. Sobre todo, a una persona que el reporte desfavorable de dos profesionales del Banco de Reservas, como Vianelkys Bencosme y Miledys Taveras, establecía con claridad la improcedencia del préstamo.
Los documentos del Banco
Los documentos presentados en la rueda de prensa sobre la operación financiera entre el presidente del PRD y el banco estatal, incluyen copias de un informe técnico con los datos generales del cliente; un memorando dirigido al Consejo de Directores a la firma del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa; la resolución de fecha 13 de diciembre del 2011 mediante la cual se aprobó un crédito a término por US$15,000,000.00, equivalente a RD$585,000,000.00, calculado a la tasa de cambio de 39 pesos por cada dólar, y el contrato de crédito suscrito entre el Banco de Reservas y el ingeniero Miguel Vargas.
De acuerdo a la documentación, el préstamo fue aprobado en un tiempo record de 11 días «a pesar de que la empresa sombrilla que usó Miguel Vargas tenía clasificación «D», que la hacía inelegible para un financiamiento, además de que las garantías ofertadas fueron rechazadas previamente por la Gerencia de Valuaciones del Banco porque las mensuras no estaban actualizadas como requiere la normativa de la Superintendencia de Bancos y las garantías no eran polivalentes o no servían para varios propósitos, como lo exige la regla bancaria.
«Los técnicos del Banco de Reservas reportaron al Consejo de Directores que la empresa de Vargas Maldonado presentaba pérdidas en los primeros años, que la capacidad de pago era insuficiente, que influía para la clasificación de riego «D», que no había reportado ingresos durante los años 2009, 2010, y que las proyecciones de ingresos netos para el período 2012-2018 se sustentaban en la venta de apartamentos para lo que no existían informaciones concretas de planos, permisos, presupuestos y cronogramas», apunta la declaración de los dirigentes del PRD.
Miguel Vargas se referirá «oportunamente» a la denuncia
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, respondió esta tarde que se referirá «oportunamente» a las declaraciones «malintencionadas, aviesas, distorsionadas», ofrecidas por dirigentes perredeístas del sector de Hipólito Mejía.
Vargas acusó a los denunciantes de caracterizarse de mantener siempre «un comportamiento irrespetuoso y perturbador de la marcha institucional de nuestro partido».
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.