Nacionales
Revelan Miguel Vargas recibió préstamo privilegiado de RD$585 MM del Banreservas
SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentaron la documentación de un préstamo de 585 millones de pesos (15 millones de dólares) otorgados por el estatal Banco de Reservas a Miguel Vargas Maldonado en el mes de diciembre del 2011, «aprobado en tiempo record» en violación de la normativa prudencial de la entidad, con la opinión negativa de la gerencia de valuaciones y con la advertencia de que la capacidad de pago de la empresa beneficiaria era insuficiente.
De acuerdo a la denuncia presentada en rueda de prensa, el préstamo fue concedido a Vargas Maldonado en dólares norteamericanos a nombre de la firma «General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A.», donde solo aparecían como accionistas el presidente del PRD, su hijo Miguel Paul Vargas García y la secretaria Gisela Altagracia Patxot Cartacio.
Vargas Maldonado es vicepresidente a nivel mundial de la Internacional Socialista, presidente del Comité para América Latina y El Caribe, y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, entidades que deberán fijar una posición sobre el escándalo en que está envuelto el político dominicano, quien también prolongó su mandato ilegalmente al frente del PRD, se indicó en la conferencia de prensa.
Al definir la transacción financiera como una operación política previamente aprobada por las altas instancias del poder político en el Estado Dominicano, los denunciantes afirmaron que la gruesa suma de dinero fue entregada a Vargas Maldonado como una compensación por los trabajos políticos que hizo a favor del PLD antes, durante y después de las elecciones del 2012.
Resaltaron que el acuerdo se hizo cinco meses antes de las elecciones, coincidiendo con una declaración pública de Vargas Maldonado de que no se montaría en la patana del candidato presidencial de su partido, Hipólito Mejía.
Los detalles de la transacción financiera fueron ofrecidos por exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch y l reputado médico Jesús Feris Iglesias, acompañados de reconocidos dirigentes del PRD que también suscribieron el documento de la denuncia.
Responsables de la denuncia
Entre los firmantes figuran el excanciller Hugo Tolentino Dipp, la exsecretaria de Educación, Ivelisse Prats De Pérez, el pasado presidente del PRD Ramón Alburquerque, el vicepresidente, Roberto Fulcar, el economista Arturo Martínez Moya, y los dirigentes Eligio Jáquez, Rafael -Fafa- Taveras, Tony Peña Guaba, Nora Nivar, Bonaparte Gautreaux Piñeiro, Rafael Santos, Eugenio Cedeño, Betzaida Santana, Julio Cordero, Isidro Torres, José García Ramírez, Sofía Leonor Sánchez Baret y Antonio Almonte.
La doctora Ortiz Bosch explicó que según los documentos relacionados con la operación, el 8 de diciembre del 2011, el Banco de Reservas, «pese al cuestionamiento del Comité de Evaluaciones de Crédito, aprobó una facilidad crediticia al vapor por US$15 millones de dólares, equivalente a RD$ 585,000.000.00 millones de pesos, a favor de Vargas Maldonado, facilidad aprobada el 13 de diciembre del 2011 y desembolsada en el primer trimestre del año 2012, en pleno proceso electoral»
Ni un solo block
Indicó que aunque la solicitud fue justificada como una operación empresarial con el supuesto propósito de desarrollar un proyecto inmobiliario en un solar ubicado entre las avenidas Kennedy y San Martín, próximo a la Avenida Máximo Gómez, a dos años de recibido el préstamo, en el lugar no se ha colocado en solo block y el inmueble aparece cubierto de maleza. «Si no lo invirtió en el proyecto inmobiliario, como establecía el acuerdo con el Banco de Reservas, donde está el dinero?, se preguntó Ortiz Bosch.
«La evaluación crediticia de Miguel Vargas, hecha por la Gerencia de Análisis de Crédito, fue calificada en el nivel de riesgo D (cliente de difícil cobro) que según define el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), normativa aprobada por la Junta Monetaria en su resolución 29/11/04, hacía inaplicable este préstamo», apuntó en su exposición la pasada vicepresidenta de la República.
«El Banco de Reservas violó la normativa prudencial que dispone que los préstamos en dólares se conceden solo a empresas que generan divisas, que exportan bienes o servicios de manera comprobable y cuantificable, identificando, además, el país de destino de los bienes o servicios a exportar. Nada de eso se hizo; se otorgó el préstamo a una empresa que no genera divisas, sin la seguridad de que dispondrá del flujo de efectivo en moneda extranjera para devolver el principal y los intereses», indicaron los dirigentes perredeístas mediante un documento leído por la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch.
Los rumores confirmados
El doctor Feris Iglesias, médico y dirigente del PRD resaltó en su intervención que durante el proceso electoral del 2012 y posteriormente «tanto en el Partido como en amplios sectores de la sociedad, existían razones para cuestionar la inexplicable postura de quien en ese momento ocupaba la presidencia de la organización. Los rumores para hacer creíbles necesitan de pruebas y en el caso del préstamo del Banreservas, era indispensable encontrar la documentación oficial de una sospechosa transacción entregada en manos del dirigente de mayor jerarquía institucional en medio de la contienda electoral».
«En un país de reconocida debilidad institucional resulta anormal que un préstamo de altísimo monto se asigne con tanta rapidez. Sobre todo, a una persona que el reporte desfavorable de dos profesionales del Banco de Reservas, como Vianelkys Bencosme y Miledys Taveras, establecía con claridad la improcedencia del préstamo.
Los documentos del Banco
Los documentos presentados en la rueda de prensa sobre la operación financiera entre el presidente del PRD y el banco estatal, incluyen copias de un informe técnico con los datos generales del cliente; un memorando dirigido al Consejo de Directores a la firma del administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa; la resolución de fecha 13 de diciembre del 2011 mediante la cual se aprobó un crédito a término por US$15,000,000.00, equivalente a RD$585,000,000.00, calculado a la tasa de cambio de 39 pesos por cada dólar, y el contrato de crédito suscrito entre el Banco de Reservas y el ingeniero Miguel Vargas.
De acuerdo a la documentación, el préstamo fue aprobado en un tiempo record de 11 días «a pesar de que la empresa sombrilla que usó Miguel Vargas tenía clasificación «D», que la hacía inelegible para un financiamiento, además de que las garantías ofertadas fueron rechazadas previamente por la Gerencia de Valuaciones del Banco porque las mensuras no estaban actualizadas como requiere la normativa de la Superintendencia de Bancos y las garantías no eran polivalentes o no servían para varios propósitos, como lo exige la regla bancaria.
«Los técnicos del Banco de Reservas reportaron al Consejo de Directores que la empresa de Vargas Maldonado presentaba pérdidas en los primeros años, que la capacidad de pago era insuficiente, que influía para la clasificación de riego «D», que no había reportado ingresos durante los años 2009, 2010, y que las proyecciones de ingresos netos para el período 2012-2018 se sustentaban en la venta de apartamentos para lo que no existían informaciones concretas de planos, permisos, presupuestos y cronogramas», apunta la declaración de los dirigentes del PRD.
Miguel Vargas se referirá «oportunamente» a la denuncia
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, respondió esta tarde que se referirá «oportunamente» a las declaraciones «malintencionadas, aviesas, distorsionadas», ofrecidas por dirigentes perredeístas del sector de Hipólito Mejía.
Vargas acusó a los denunciantes de caracterizarse de mantener siempre «un comportamiento irrespetuoso y perturbador de la marcha institucional de nuestro partido».
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.