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Empresa solicitó medidas cautelares para suspender el contrato entre la JCE y CSI
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Caelum, la multinacional alemana que impugnó los resultados de la licitación para el nuevo documento de identidad y electoral dominicano, solicitaron medidas cautelares ante el Órgano Rector de las Contrataciones Públicas.
Según Francisco Álvarez, de la oficina de abogados Headrick Rizik Alvarez & Fernández, han pedido que se ordene la suspensión de los efectos del Contrato Administrativo firmado entre la JCE y Copy Solutions International (CSI) hasta tanto sea conocida la apelación sobre el rechazo de las impugnaciones efectuada a la licitación.
“Con los pronunciamientos de varios miembros de la JCE y el director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), entre otros, ha quedado demostrados que teníamos razón y que el proceso ha estado plagado de incongruencias y falta de seriedad”, aseguró Francisco Álvarez.
El abogado puntualizó que, sobre la marcha, la JCE electoral le ha ido incorporando características a la propuesta escogida, de manera que ya está lejos de la que presentó originalmente CSI, violando así nuevamente la Ley de Contrataciones Públicas. “Aún así, no es cierto que tenga 23 medidas de seguridad; varias de ellas se reiteran con diferentes nombres”, aseguró.
“Como prueban los documentos, CSI ni siquiera cotizó impresión en ultra violeta, pero ahora, fuera de la licitación, la agregan. Todas las medidas de seguridad que ahora presentan, están sobre el plástico virgen y no hay ninguna en el film que protege la información variable sobre el titular del documento. Ya ningún documento confiable se produce de esa manera”, dijo el abogado.
El abogado llamó la atención de que el reverso de la cédula que planea expedir la JCE no tiene ninguna medida de protección sobre los datos variables impresos, con la gravedad de que esta parte de la cédula es la que contiene toda la información electoral, lo que debería preocupar seriamente a los partidos políticos.
Según el representante de Caelum, una de las mayores incongruencias de la JCE fue anunciar que tendríamos una cédula biométrica, para luego admitir que no es posible porque el país no está preparado para tener una cédula con chip integrado. Varios bancos dominicanos han emitido el plástico de sus tarjetas de crédito con chip integrado, porque las medidas de seguridad que utilizaban, similares a las anunciadas por la JCE, ya no son efectivas.
El abogado señaló que en una licitación se mueven los intereses de los participantes, que lógicamente desean ganar, pero que siempre debe primar el interés público, por lo que debe asegurarse que la cédula que se vaya a entregar sea la mejor y más segura posible, lo que no ha sido posible de asegurar en el presente caso debido a las violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas en que incurrió la JCE.
“La JCE debería contratar un experto internacional en documentos de identidad, cuya reputación pueda ser avalada por organismos internacionales, y pedirle un examen de la cédula que planea expedir, incluyendo medidas de seguridad y costo. Así el país podrá confiar en que esta vez la JCE no se equivocará, como lo hizo en los costosísimos fracasos de Datocentro y Somo”, finalizó el abogado.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.