BUENOS AIRES.- La flexibilización del «cepo al dólar» en Argentina, con un impacto muy limitado, no despeja la incertidumbre sobre la economía del país, marcada por una inflación próxima al 30 por ciento y en una coyuntura política compleja, con un Gobierno que acusa un importante desgaste en su etapa final.
Apenas dos años después de estrenar las restricciones cambiarias, el Gobierno de Cristina Fernández ha tenido que suavizar el «cepo» al dólar en medio del mayor desplome del peso argentino en una década.
El limitado impacto de las medidas anunciadas hoy y las contradicciones del Ejecutivo sobre los detalles de su aplicación no han contribuido a crear un clima de confianza.
«No abrieron el cepo, abrieron una ventana muy limitada para sacar un poco de presión. Es una medida para tratar de dar una señal, generar un cambio de expectativas, pero es muy limitado. Es necesario un programa consistente en temas fiscales y monetarios», explicaba hoy a Efe el economista Dante Sica.
A partir de ahora, los trabajadores que estén al día con Hacienda y ganen un mínimo de 7.200 pesos, unos 900 dólares, podrán acceder hasta a 2.000 dólares al mes para el ahorro, con un gravamen del 20 por ciento que se evitarán si depositan el dinero en un plazo fijo durante un año.
Una medida que, en la práctica, sólo afecta al 20 por ciento de los cotizantes, pese a que el Gobierno insiste en afirmar que «habilitar la compra de dólares no quiere decir que los que más tienen y menos contribuyen a la estabilidad, se harán con los dólares. El mecanismo va a beneficiar a los que menos tienen», en palabras el ministro de Economía, Axel Kicillof.
La compra se limita al 20 por ciento del salario declarado por el comprador, es decir, el sueldo mínimo da derecho a 180 dólares al mes.
Para acceder al tope de 2.000 dólares hay que declarar unos ingresos mínimos de 80.000 pesos (10.000 dólares), un nivel al que solo llega el dos por ciento de los cotizantes.
Pese a que tiene un alcance limitado, el levantamiento parcial del «cepo» ha frenado, al menos de momento, el desplome del peso, que se cotiza oficialmente a 8 unidades por dólar y que hoy se pagaba algo por encima de los 12 en el mercado negro.
En la práctica, se ha producido una devaluación gradual de la moneda local en los mercados hasta llevarla a un nivel «aceptable», como ha reconocido el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich: «El Gobierno considera que el dólar llegó a un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de política económica».
El coste, una sangría de reservas, que han pasado de 50.000 a 29.000 millones de dólares en los dos últimos años, un pujante mercado negro y un alto riesgo de que la depreciación del peso se traslade a la inflación, el principal problema de la economía argentina, próxima al 30 por ciento según organismos independientes que el Gobierno desautoriza para mantener su previsión en un 10 por ciento.
Mientras analistas y empresarios advierten que la devaluación de la moneda local impactará en los precios, la Casa Rosada se apresura a hablar de controles y sanciones para evitar el aumento de la inflación.
Capitanich, que no oculta sus aspiraciones presidenciales pero empieza a acusar el desgaste de los conflictos con una jefa de Estado ausente, insiste en que la economía presenta una «situación razonable» y augura que hay «muchos dólares en proceso de ingreso», producto de las exportaciones.
Un mensaje que trata de calmar las críticas después de un fin de semana de confusión en el que propio Gobierno rectificó alguna de las medidas relacionadas con el dólar.
El viernes, el influyente ministro de Economía anunció en una emisora local la rebaja del gravamen a los gastos turísticos internacionales y las compras con tarjeta en el exterior, y sólo un día después, echaba marcha atrás para admitir que el recargo continuará en el 35 por ciento.
La coyuntura política no ayuda a mejorar la imagen del Gobierno, castigado con dureza en las encuestas.
Según los últimos sondeos, Cristina Fernández cosecha una imagen negativa del 48 por ciento tras su ausencia en los acontecimientos que han marcado la agenda política, desde los saqueos por la huelga de policías y los apagones de diciembre hasta la devaluación del peso.
Desde La Habana, donde participa en una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Fernández denunció, vía twitter, las «presiones especulativas sobre los tipos de cambio de los países emergentes», en su primera referencia a la crisis del peso que sacude su país.