Opinión
Entre la negligencia y la complicidad
Published
12 años agoon
Uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es: “Supervisar e inspeccionar todas las obras de infraestructura de transporte que se ejecutan en el país, para garantizar su seguridad y funcionalidad en el tiempo.”
Vistos los casos y comprobados los hechos, tenemos que llegar a la conclusión de que el ministro Víctor Díaz Rúa y sus funcionarios no están cumpliendo satisfactoriamente con lo que establecen las leyes, reglamentos y decretos que desde 1887 rigen esa institución pública. El increíble e inefable caso del robo de los cables tensores del importante puente Juan Pablo Duarte sobre el río Ozama expone, de nuevo, la selectiva indiferencia de estos funcionarios que sólo los dominicanos entendemos por lo habitual de su ocurrencia.
Informa el Ministerio de Obras Públicas que el puente Duarte redujo su capacidad de carga en más de la mitad debido al robo de cables y de piezas de esa estructura. Olvida el ministro de Obras Públicas que también durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, bajo los reinados de Jimmy Durán y de Diandino Peña, se sustituyeron cables del puente. También Freddy Pérez y Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, le entraron a los cables del puente. Y cada vez se gastaron millones de dólares sin que se estableciera la negligencia o la complicidad de todos esos jerarcas de Obras Públicas. Otra vez habrá que comprar cables, justo ahora “cuando se echan las palomas”, y el gobierno consume sus últimos días con el control del presupuesto.
¿Cómo es posible que la mayor parte de los cables que sostienen el puente colgante de la capital dominicana hayan podido ser sustraídos sin que alguna autoridad civil o militar haya percibido que este delito se estuvo cometiendo durante meses, sino años, a plena luz del día? Esa estructura no está en algún lugar apartado de la geografía dominicana. Ha sido, desde hace 57 años, el principal vínculo que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, oficialmente la capital dominicana. Por sus alrededores circula diariamente cerca de un millón de personas. Entre estos transeúntes hay miles de militares asignados a la Marina de Guerra y a la base militar de San Isidro. ¿No hubo servicio policial, incluidos los agentes de tránsito de AMET, asignados para vigilar esa área?
¿Ninguna autoridad coincidió con el momento en que algún camión, inexplicablemente, transportaba toneladas de piezas metálicas robadas? ¿Ningún funcionario o empleado del MOPC es responsable de la inspección periódica como lo establecen los objetivos de la institución? Entonces, ¿cómo es posible que este delito haya podido cometerse impunemente durante tanto tiempo? ¿Nadie en Aduanas preguntó por qué en estos dos períodos de gobierno consecutivos de Leonel Fernández la exportación de metales no producidos en el país se multiplicó por cinco? ¿Nadie sintió curiosidad por saber de dónde salía tanto metal? Cualquiera podría especular que el saqueo permanente fue varias veces denunciado y concluir que las autoridades decidieron no actuar.
Pregunto: ¿Es este un caso de negligencia oficial o de complicidad? Negligente se aplica a la persona que no pone el cuidado o el interés debido en las tareas que debe realizar. Cómplice es quien contribuye, sin tomar parte directa en la ejecución material, a la comisión de un delito. Ahora habría que determinar qué sanción merecen los funcionarios por negligentes o cuanto castigo les corresponde en el caso de que fueran cómplices. Afortunadamente, si hubiera interés desde la Procuraduría General de la República, podría establecerse la cadena de responsabilidades que no fueron asumidas desde el Ministro de Obras Públicas hasta el Sargento del puesto policial más cercano.
Ahora, el ministro de Obras Públicas nos dice a los imbéciles dominicanos que colocará cámaras de vigilancia en los puentes para evitar que el robo continúe. Más bien debían ser instaladas en su despacho para determinar en qué usa el tiempo que le niega a la supervisión de los puentes. Volvemos ahora a encontrarnos con el caso del pirómano que, luego de provocar el incendio, reclama que lo felicitemos porque ayuda a recoger las cenizas del desastre que provocó.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.