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Opinión

Entre la negligencia y la complicidad

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Uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es: “Supervisar e inspeccionar todas las obras de infraestructura de transporte que se ejecutan en el país, para garantizar su seguridad y funcionalidad en el tiempo.”

Vistos los casos y comprobados los hechos, tenemos que llegar a la conclusión de que el ministro Víctor Díaz Rúa y sus funcionarios no están cumpliendo satisfactoriamente con lo que establecen las leyes, reglamentos y decretos que desde 1887 rigen esa institución pública. El increíble e inefable caso del robo de los cables tensores del importante puente Juan Pablo Duarte sobre el río Ozama expone, de nuevo, la selectiva indiferencia de estos funcionarios que sólo los dominicanos entendemos por lo habitual de su ocurrencia.

Informa el Ministerio de Obras Públicas que el puente Duarte redujo su capacidad de carga en más de la mitad debido al robo de cables y de piezas de esa estructura. Olvida el ministro de Obras Públicas que también durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, bajo los reinados de Jimmy Durán y de Diandino Peña, se sustituyeron cables del puente. También Freddy Pérez y Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, le entraron a los cables del puente. Y cada vez se gastaron millones de dólares sin que se estableciera la negligencia o la complicidad de todos esos jerarcas de Obras Públicas. Otra vez habrá que comprar cables, justo ahora “cuando se echan las palomas”, y el gobierno consume sus últimos días con el control del presupuesto.

¿Cómo es posible que la mayor parte de los cables que sostienen el puente colgante de la capital dominicana hayan podido ser sustraídos sin que alguna autoridad civil o militar haya percibido que este delito se estuvo cometiendo durante meses, sino años, a plena luz del día? Esa estructura no está en algún lugar apartado de la geografía dominicana. Ha sido, desde hace 57 años, el principal vínculo que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, oficialmente la capital dominicana. Por sus alrededores circula diariamente cerca de un millón de personas. Entre estos transeúntes hay miles de militares asignados a la Marina de Guerra y a la base militar de San Isidro. ¿No hubo servicio policial, incluidos los agentes de tránsito de AMET, asignados para vigilar esa área?

¿Ninguna autoridad coincidió con el momento en que algún camión, inexplicablemente, transportaba toneladas de piezas metálicas robadas? ¿Ningún funcionario o empleado del MOPC es responsable de la inspección periódica como lo establecen los objetivos de la institución? Entonces, ¿cómo es posible que este delito haya podido cometerse impunemente durante tanto tiempo? ¿Nadie en Aduanas preguntó por qué en estos dos períodos de gobierno consecutivos de Leonel Fernández la exportación de metales no producidos en el país se multiplicó por cinco? ¿Nadie sintió curiosidad por saber de dónde salía tanto metal? Cualquiera podría especular que el saqueo permanente fue varias veces denunciado y concluir que las autoridades decidieron no actuar.

Pregunto: ¿Es este un caso de negligencia oficial o de complicidad? Negligente se aplica a la persona que no pone el cuidado o el interés debido en las tareas que debe realizar. Cómplice es quien contribuye, sin tomar parte directa en la ejecución material, a la comisión de un delito. Ahora habría que determinar qué sanción merecen los funcionarios por negligentes o cuanto castigo les corresponde en el caso de que fueran cómplices. Afortunadamente, si hubiera interés desde la Procuraduría General de la República, podría establecerse la cadena de responsabilidades que no fueron asumidas desde el Ministro de Obras Públicas hasta el Sargento del puesto policial más cercano.

Ahora, el ministro de Obras Públicas nos dice a los imbéciles dominicanos que colocará cámaras de vigilancia en los puentes para evitar que el robo continúe. Más bien debían ser instaladas en su despacho para determinar en qué usa el tiempo que le niega a la supervisión de los puentes. Volvemos ahora a encontrarnos con el caso del pirómano que, luego de provocar el incendio, reclama que lo felicitemos porque ayuda a recoger las cenizas del desastre que provocó.

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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