Opinión
Entre la negligencia y la complicidad
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11 años agoon
Uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es: “Supervisar e inspeccionar todas las obras de infraestructura de transporte que se ejecutan en el país, para garantizar su seguridad y funcionalidad en el tiempo.”
Vistos los casos y comprobados los hechos, tenemos que llegar a la conclusión de que el ministro Víctor Díaz Rúa y sus funcionarios no están cumpliendo satisfactoriamente con lo que establecen las leyes, reglamentos y decretos que desde 1887 rigen esa institución pública. El increíble e inefable caso del robo de los cables tensores del importante puente Juan Pablo Duarte sobre el río Ozama expone, de nuevo, la selectiva indiferencia de estos funcionarios que sólo los dominicanos entendemos por lo habitual de su ocurrencia.
Informa el Ministerio de Obras Públicas que el puente Duarte redujo su capacidad de carga en más de la mitad debido al robo de cables y de piezas de esa estructura. Olvida el ministro de Obras Públicas que también durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, bajo los reinados de Jimmy Durán y de Diandino Peña, se sustituyeron cables del puente. También Freddy Pérez y Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, le entraron a los cables del puente. Y cada vez se gastaron millones de dólares sin que se estableciera la negligencia o la complicidad de todos esos jerarcas de Obras Públicas. Otra vez habrá que comprar cables, justo ahora “cuando se echan las palomas”, y el gobierno consume sus últimos días con el control del presupuesto.
¿Cómo es posible que la mayor parte de los cables que sostienen el puente colgante de la capital dominicana hayan podido ser sustraídos sin que alguna autoridad civil o militar haya percibido que este delito se estuvo cometiendo durante meses, sino años, a plena luz del día? Esa estructura no está en algún lugar apartado de la geografía dominicana. Ha sido, desde hace 57 años, el principal vínculo que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, oficialmente la capital dominicana. Por sus alrededores circula diariamente cerca de un millón de personas. Entre estos transeúntes hay miles de militares asignados a la Marina de Guerra y a la base militar de San Isidro. ¿No hubo servicio policial, incluidos los agentes de tránsito de AMET, asignados para vigilar esa área?
¿Ninguna autoridad coincidió con el momento en que algún camión, inexplicablemente, transportaba toneladas de piezas metálicas robadas? ¿Ningún funcionario o empleado del MOPC es responsable de la inspección periódica como lo establecen los objetivos de la institución? Entonces, ¿cómo es posible que este delito haya podido cometerse impunemente durante tanto tiempo? ¿Nadie en Aduanas preguntó por qué en estos dos períodos de gobierno consecutivos de Leonel Fernández la exportación de metales no producidos en el país se multiplicó por cinco? ¿Nadie sintió curiosidad por saber de dónde salía tanto metal? Cualquiera podría especular que el saqueo permanente fue varias veces denunciado y concluir que las autoridades decidieron no actuar.
Pregunto: ¿Es este un caso de negligencia oficial o de complicidad? Negligente se aplica a la persona que no pone el cuidado o el interés debido en las tareas que debe realizar. Cómplice es quien contribuye, sin tomar parte directa en la ejecución material, a la comisión de un delito. Ahora habría que determinar qué sanción merecen los funcionarios por negligentes o cuanto castigo les corresponde en el caso de que fueran cómplices. Afortunadamente, si hubiera interés desde la Procuraduría General de la República, podría establecerse la cadena de responsabilidades que no fueron asumidas desde el Ministro de Obras Públicas hasta el Sargento del puesto policial más cercano.
Ahora, el ministro de Obras Públicas nos dice a los imbéciles dominicanos que colocará cámaras de vigilancia en los puentes para evitar que el robo continúe. Más bien debían ser instaladas en su despacho para determinar en qué usa el tiempo que le niega a la supervisión de los puentes. Volvemos ahora a encontrarnos con el caso del pirómano que, luego de provocar el incendio, reclama que lo felicitemos porque ayuda a recoger las cenizas del desastre que provocó.
Opinión
Cuando el conocimiento y el intelecto se diluyen en el estiércol.
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1 día agoon
septiembre 27, 2023Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Opinión
El Estatuto de Roma y la Cooperación de los Estados
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1 día agoon
septiembre 27, 2023Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.