Nacionales
La exclusión por la cuota de la mujer genera un debate
SANTO DOMINGO. El error en que incurrió la Comisión Organizadora del VIII Congreso Norge Botello, al aplicar a la elección, y no a las candidaturas, la cuota del 33% para las mujeres, ha destapado un problema de carácter legal y político.
El 30 de marzo del 2000, fue promulgada la Ley 12-00, que modificó la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre de 1997, para otorgar un 33% en lugar de un 25% a las propuestas o nominaciones a diputaciones y municipales.
El hecho pone en el debate si es democráticamente justo despojar de candidaturas a dirigentes que lograron una alta votación dentro de sus partidos para las nominaciones a puestos electivos.
Algunos grupos feministas exigen que la actual cuota se eleve a una proporción de un 50% de las candidaturas, lo que provocaría aún más problemas internos en los partidos.
Para Freddy Ángel Castro, presidente del Grupo Estratégico Gobierno y Democracia, la mala interpretación de esa cuota legal afecta a la democracia.
«La democracia está siendo afectada de una manera seria al interior de los partidos políticos, y evidentemente hay una dirección de cúpula que es la que está haciendo la captación del poder político en los partidos, y esto de alguna manera limita seriamente la democracia», dijo.
Estima que en el caso del PLD se hizo una mala interpretación de la Ley Electoral, y se desnaturalizó.
«Muchos de los candidatos que están perjudicados por esa decisión consiguieron 40 mil y hasta 50 mil votos y ahora están excluídos de la nómina del Comité Central», aseveró.
Aseguró que los siete candidatos al Comité Central del PLD que fueron afectados pueden recurrir al Tribunal Electoral, y de hacerlo considera que obtendrían ganancia de esa causa.
Grupo iría al TSE
Uno de los afectados por la mala aplicación de la Ley Electoral en la cuota femenina del Comité Central del PLD, Carlos Peña, afirmó que no elevará ningún recurso ante el Tribunal Superior Electoral, a pesar de que logró la posición 31 de los 37 más votados que serían electos a ese organismo.
Sostuvo que también fueros afectados con esa medida los candidatos a los 86 puestos provinciales al Comité Central. Dijo que Richard Pérez y un grupo de dirigentes afectados en el nivel nacional preparó un expediente para someterlo ante el Tribunal Superior Electoral.
Peña dijo que esperaba que la Comisión Organizadora del congreso peledeísta reconociera públicamente su error.
«De seguro, si se aplica la ley como la ordena el mismo procedimiento, esos compañeros que presenten recursos ante el Tribunal tendrán ganancia de causa, no cabe la menor duda», dijo.
Los afectados
Las incluidas por cuota fueron Rafaela Nova (49,085 votos) , Sofía Azcona, Irma Abad, Rosanna Altagracia Montilla Espinal, Nancy Sánchez, Rosa Castro y Claritza de la Cruz (33,071). Los excluidos fueron: Carlos Peña, con 57,627 votos, Alexander Heredia, con 55,825, José Dantés, con 55,557, Guarocuya Félix, con 54,316, César Fernández, con 53,702 votos, Virgilio Bautista, con 50,772 votos, y Luis Prieto con 50,166.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.