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La exclusión por la cuota de la mujer genera un debate
SANTO DOMINGO. El error en que incurrió la Comisión Organizadora del VIII Congreso Norge Botello, al aplicar a la elección, y no a las candidaturas, la cuota del 33% para las mujeres, ha destapado un problema de carácter legal y político.
El 30 de marzo del 2000, fue promulgada la Ley 12-00, que modificó la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre de 1997, para otorgar un 33% en lugar de un 25% a las propuestas o nominaciones a diputaciones y municipales.
El hecho pone en el debate si es democráticamente justo despojar de candidaturas a dirigentes que lograron una alta votación dentro de sus partidos para las nominaciones a puestos electivos.
Algunos grupos feministas exigen que la actual cuota se eleve a una proporción de un 50% de las candidaturas, lo que provocaría aún más problemas internos en los partidos.
Para Freddy Ángel Castro, presidente del Grupo Estratégico Gobierno y Democracia, la mala interpretación de esa cuota legal afecta a la democracia.
«La democracia está siendo afectada de una manera seria al interior de los partidos políticos, y evidentemente hay una dirección de cúpula que es la que está haciendo la captación del poder político en los partidos, y esto de alguna manera limita seriamente la democracia», dijo.
Estima que en el caso del PLD se hizo una mala interpretación de la Ley Electoral, y se desnaturalizó.
«Muchos de los candidatos que están perjudicados por esa decisión consiguieron 40 mil y hasta 50 mil votos y ahora están excluídos de la nómina del Comité Central», aseveró.
Aseguró que los siete candidatos al Comité Central del PLD que fueron afectados pueden recurrir al Tribunal Electoral, y de hacerlo considera que obtendrían ganancia de esa causa.
Grupo iría al TSE
Uno de los afectados por la mala aplicación de la Ley Electoral en la cuota femenina del Comité Central del PLD, Carlos Peña, afirmó que no elevará ningún recurso ante el Tribunal Superior Electoral, a pesar de que logró la posición 31 de los 37 más votados que serían electos a ese organismo.
Sostuvo que también fueros afectados con esa medida los candidatos a los 86 puestos provinciales al Comité Central. Dijo que Richard Pérez y un grupo de dirigentes afectados en el nivel nacional preparó un expediente para someterlo ante el Tribunal Superior Electoral.
Peña dijo que esperaba que la Comisión Organizadora del congreso peledeísta reconociera públicamente su error.
«De seguro, si se aplica la ley como la ordena el mismo procedimiento, esos compañeros que presenten recursos ante el Tribunal tendrán ganancia de causa, no cabe la menor duda», dijo.
Los afectados
Las incluidas por cuota fueron Rafaela Nova (49,085 votos) , Sofía Azcona, Irma Abad, Rosanna Altagracia Montilla Espinal, Nancy Sánchez, Rosa Castro y Claritza de la Cruz (33,071). Los excluidos fueron: Carlos Peña, con 57,627 votos, Alexander Heredia, con 55,825, José Dantés, con 55,557, Guarocuya Félix, con 54,316, César Fernández, con 53,702 votos, Virgilio Bautista, con 50,772 votos, y Luis Prieto con 50,166.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.