Análisis Noticiosos
Por una policía de calidad
Por Juan Bolívar Díaz
A pesar de un aumento a partir de este mes que oscila entre 7 y 30 por ciento, los sueldos de la Policía Nacional (PN) siguen distando millas de lo que correspondería para garantizarnos unos agentes del orden y la seguridad en capacidad y disposición de jugarse la vida para defender la de cualquier ciudadano o ciudadana víctima de la delincuencia.
Aún con esos aumentos, los rasos, cabos y sargentos, que deben integrar la mayor parte de los 33 mil miembros de la PN, devengarán entre 7 y 11 mil pesos mensuales, por debajo del sueldo mínimo. De ellos sólo los sargentos mayores alcanzan los 10 mil 407 pesos que cuesta la canasta familiar del quintil de menores ingresos, según las estadísticas del Banco Central. Hay que ascender a coronel para alcanzar un sueldo que cubra el costo promedio de la canasta familiar promedio nacional, que ya en el 2011 era de 23 mil 399 pesos.
El desorden salarial en el Estado es tan absurdo que el Jefe de la PN tiene una remuneración mensual de 81 mil 785 pesos, menos de la mitad de lo que perciben infinidad de viceministros, directores departamentales técnicos gubernamentales y más de un centenar de regidores de los principales municipios. Ni compararlo con lo que se paga a más de 300 vicecónsules y a decenas de diplomáticos. Los ministros ganan 300 mil pesos, casi cuatro veces lo del jefe policial, como si la responsabilidad de este fuera menor a la de la gran mayoría de los ministros.
Es evidente que un buen régimen salarial y de seguridad social no es suficiente para garantizarnos la policía que demanda esta sociedad, cada vez más fragmentada por dramáticas desigualdades que excluyen cada año a decenas de miles de jóvenes, haciéndolos vulnerables a las tentaciones de la delincuencia. Pero es un elemento fundamental para atraer a ese servicio a jóvenes con vocación social e integridad.
Hace muchos años que venimos abogando por una policía y fuerzas armadas mucho mejor pagadas, sometidas a evaluaciones y vigilancia para evitar que se conviertan, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, en socios o participantes activos de bandas delincuenciales.
En vez de 55 mil militares podríamos tener sólo la mitad, y hasta menos, con mejor remuneración, vestuario y alimentación. Los 33 mil policías en nómina no serán excesivos para la demanda de la seguridad, pero la mitad de ellos no prestan servicio público, sino que están como guardianes, mensajeros, choferes, niñeros y guarda espaldas de generales y coroneles retirados, de políticos, funcionarios, empresarios y hasta periodistas y comentaristas.
Hay que ser iluso para creer que nuestros agentes policiales viven con esos sueldos, que son apenas un “tente en pie”, ya que la mayor parte de sus ingresos provienen de un doble empleo y chiripeos, en los mejores casos, pues muchos viven de su asociación con delincuentes o de la extorsión a estos, y a ciudadanos a los que privan de su libertad para cobrarles por excarcelarlos. Nunca hemos entendido cómo líderes políticos, empresariales y sociales quieren disponer de una policía eficiente, de calidad que les garantice seguridad, con tan precarios salarios y condiciones laborales.
Es obvio que una parte de los policías asimilados al servicio de particulares, terminan obteniendo de estos mejor remuneración que del Estado, razón por la cual es una ilusión pretender que aceptarán irse al patrullaje o a un cuartel barrial para enfrentarse a la delincuencia. Lo mejor sería darle la baja y convocar nuevos agentes mejor remunerados desde el principio.
La Policía Nacional requiere una reestructuración a fondo, una profunda depuración y profesionalización, incluyendo su régimen salarial. Lo penoso es que no hay voluntad política para afrontarla. Ni siquiera por la urgencia de enfrentar una criminalidad que ha comenzado este año con un apogeo casi sin precedente. Aquí se impone la consigna gubernamental de manos a la obra.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.