Nacionales
El Gobierno estima que en 14 meses regularizará extranjeros ilegales
GINEBRA.- El Gobierno presentó hoy a la comunidad internacional el «más ambicioso y completo plan» para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales.
República Dominicana rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de derechos humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo.
El gobierno dominicano explicó algunas de las medidas adoptadas desde el 2009 -fecha de la presentación del anterior informe- para garantizar los derechos de los niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes.
La delegación oficial dominicana estuvo encabezada por la Vicecanciller Alejandra Liriano y la Jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rhadys Abreu de Polanco.
Respecto al capítulo migratorio, Liriano reconoció que a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso de gobierno del presidente Danilo Medina.
«El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia», señaló Liriano para añadir que «estamos, de hecho, ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas».
Asimismo, y después de agradecer el interés de la comunidad internacional y sus aportaciones, esperó que «la hoja de ruta coherente, completa y eficaz» en materia de regularización migratoria «pueda ser valiosa también para otros países en situaciones similares».
La Vicecanciller explicó que las iniciativas del Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con la situación irregular de migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla.
La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. De acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para ello.
«Sólo con este plan, la República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses elestatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad», señaló.
Como acciones concretas, anunció que durante este mes de febrero estarán operativas en todo el territorio oficinas provinciales para dar servicio a los beneficiarios del proceso de regularización. Asimismo, a partir de este mismo mes, se pondrá en marcha un amplio programa de difusión y publicidad del plan.
La Vicecanciller subrayó que respecto a los inmigrantes irregulares que trabajan y estudian en el país, el Gobierno ya ha prometido darles prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y de estudios.
Liriano destacó que el Gobierno se compromete a realizar «una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y materiales» para que se pueda llevar adelante dicho plan. Además, enfatizó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan.
El Gobierno dominicano recordó, asimismo, que como ya se garantizó el pasado noviembre mediante Decreto presidencial, durante la implementación del proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al Plan. «Este Decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades», indicó Liriano.
La segunda iniciativa está enfocada en resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes.
«Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos», recordó la Vicecanciller.
Liriano reiteró «la postura firme» del gobierno dominicano de que «ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella».
Por otro lado, el gobierno dominicano subrayó su compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Asimismo, que las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana.
La comunidad internacional saludó los avances en materia de derechos humanos, a la vez que algunos países hicieron algunas recomendaciones en diversos temas de la agenda que serán estudiadas por el Gobierno para el próximo ciclo de evaluación, en un período de cuatro años.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.