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El Gobierno estima que en 14 meses regularizará extranjeros ilegales
GINEBRA.- El Gobierno presentó hoy a la comunidad internacional el «más ambicioso y completo plan» para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales.
República Dominicana rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de derechos humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo.
El gobierno dominicano explicó algunas de las medidas adoptadas desde el 2009 -fecha de la presentación del anterior informe- para garantizar los derechos de los niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes.
La delegación oficial dominicana estuvo encabezada por la Vicecanciller Alejandra Liriano y la Jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rhadys Abreu de Polanco.
Respecto al capítulo migratorio, Liriano reconoció que a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso de gobierno del presidente Danilo Medina.
«El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia», señaló Liriano para añadir que «estamos, de hecho, ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas».
Asimismo, y después de agradecer el interés de la comunidad internacional y sus aportaciones, esperó que «la hoja de ruta coherente, completa y eficaz» en materia de regularización migratoria «pueda ser valiosa también para otros países en situaciones similares».
La Vicecanciller explicó que las iniciativas del Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con la situación irregular de migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla.
La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. De acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para ello.
«Sólo con este plan, la República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses elestatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad», señaló.
Como acciones concretas, anunció que durante este mes de febrero estarán operativas en todo el territorio oficinas provinciales para dar servicio a los beneficiarios del proceso de regularización. Asimismo, a partir de este mismo mes, se pondrá en marcha un amplio programa de difusión y publicidad del plan.
La Vicecanciller subrayó que respecto a los inmigrantes irregulares que trabajan y estudian en el país, el Gobierno ya ha prometido darles prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y de estudios.
Liriano destacó que el Gobierno se compromete a realizar «una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y materiales» para que se pueda llevar adelante dicho plan. Además, enfatizó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan.
El Gobierno dominicano recordó, asimismo, que como ya se garantizó el pasado noviembre mediante Decreto presidencial, durante la implementación del proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al Plan. «Este Decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades», indicó Liriano.
La segunda iniciativa está enfocada en resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes.
«Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos», recordó la Vicecanciller.
Liriano reiteró «la postura firme» del gobierno dominicano de que «ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella».
Por otro lado, el gobierno dominicano subrayó su compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Asimismo, que las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana.
La comunidad internacional saludó los avances en materia de derechos humanos, a la vez que algunos países hicieron algunas recomendaciones en diversos temas de la agenda que serán estudiadas por el Gobierno para el próximo ciclo de evaluación, en un período de cuatro años.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.