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El Gobierno estima que en 14 meses regularizará extranjeros ilegales
GINEBRA.- El Gobierno presentó hoy a la comunidad internacional el «más ambicioso y completo plan» para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales.
República Dominicana rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de derechos humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo.
El gobierno dominicano explicó algunas de las medidas adoptadas desde el 2009 -fecha de la presentación del anterior informe- para garantizar los derechos de los niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes.
La delegación oficial dominicana estuvo encabezada por la Vicecanciller Alejandra Liriano y la Jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rhadys Abreu de Polanco.
Respecto al capítulo migratorio, Liriano reconoció que a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso de gobierno del presidente Danilo Medina.
«El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia», señaló Liriano para añadir que «estamos, de hecho, ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas».
Asimismo, y después de agradecer el interés de la comunidad internacional y sus aportaciones, esperó que «la hoja de ruta coherente, completa y eficaz» en materia de regularización migratoria «pueda ser valiosa también para otros países en situaciones similares».
La Vicecanciller explicó que las iniciativas del Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con la situación irregular de migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla.
La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. De acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para ello.
«Sólo con este plan, la República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses elestatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad», señaló.
Como acciones concretas, anunció que durante este mes de febrero estarán operativas en todo el territorio oficinas provinciales para dar servicio a los beneficiarios del proceso de regularización. Asimismo, a partir de este mismo mes, se pondrá en marcha un amplio programa de difusión y publicidad del plan.
La Vicecanciller subrayó que respecto a los inmigrantes irregulares que trabajan y estudian en el país, el Gobierno ya ha prometido darles prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y de estudios.
Liriano destacó que el Gobierno se compromete a realizar «una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y materiales» para que se pueda llevar adelante dicho plan. Además, enfatizó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan.
El Gobierno dominicano recordó, asimismo, que como ya se garantizó el pasado noviembre mediante Decreto presidencial, durante la implementación del proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al Plan. «Este Decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades», indicó Liriano.
La segunda iniciativa está enfocada en resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes.
«Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos», recordó la Vicecanciller.
Liriano reiteró «la postura firme» del gobierno dominicano de que «ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella».
Por otro lado, el gobierno dominicano subrayó su compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Asimismo, que las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana.
La comunidad internacional saludó los avances en materia de derechos humanos, a la vez que algunos países hicieron algunas recomendaciones en diversos temas de la agenda que serán estudiadas por el Gobierno para el próximo ciclo de evaluación, en un período de cuatro años.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.