Opinión
Danilo Medina en Cuba: la ilegalidad develada
Por Rosario Espinal
En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Cuba, Danilo Medina señaló cantante y sonante que en República Dominicana hay alrededor de un millón de haitianos, la mayoría indocumentados, que circulan libremente y utilizan los hospitales y escuelas; que aunque la ley laboral dominicana sólo permite 20% de empleados extranjeros en las empresas, los haitianos constituyen alrededor del 80% en la agricultura y 90% en la construcción.
Sobre la Sentencia TC 168/13 dijo que no hay violación de derechos porque los descendientes de haitianos nunca tuvieron la nacionalidad dominicana, por tanto, no se puede quitar lo que nunca se tuvo. Creativo, ¿ah?
Estos planteamientos tuvieron como objetivo responder las acusaciones de racismo y discriminación formuladas por el combativo Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, a propósito de la Sentencia TC 168/13.
Lo expresado por el exasperado Medina, lejos de mostrar que en República Dominicana no hay racismo ni discriminación, develó públicamente ante los jefes de Estado allí presentes, la magnitud de la ilegalidad migratoria en el país, ilegalidad que confirma la discriminación, no la solidaridad.
El problema dominicano no es Gonsalves ni CARICOM, ni otro país u organismo internacional. El problema dominicano es consigo mismo. Es las consecuencias sociales que derivan de tanta ilegalidad migratoria promovida por los gobernantes dominicanos para la explotación laboral.
Primero, la frontera dominico-haitiana la controlan las Fuerzas Armadas dominicanas, la Dirección de Migración y la Dirección de Aduanas. Lo que pasa por ahí, legal o ilegalmente, es con su aprobación o negligencia.
Segundo, la cantidad de haitianos indocumentados no están en República Dominicana por solidaridad, sino porque el Gobierno y muchos empresarios se han beneficiado de la abundante mano de obra ilegal haitiana.
Tercero, los gobiernos dominicanos han permitido que los empresarios agrícolas y de la construcción empleen tantos haitianos en violación a la ley laboral, no por solidaridad, sino porque realizan los trabajos más duros por bajos salarios.
Cuarto, los inmigrantes haitianos y sus descendientes van a hospitales y escuelas dominicanas porque ¿dónde van a ir si viven en el país? Lo dijo el Presidente: son el 80% de la mano de obra agrícola y 90% en la construcción.
Aunque Danilo Medina se envalentonara en Cuba, y con eso cautivó las huestes dominicanas que lo llamaban blandón, su estrategia de develar tanta ilegalidad para rebatir acusaciones de racismo y discriminación mostró un país donde más vale la explotación que la ley.
La migración haitiana indocumentada que han promovido o permitido los gobiernos dominicanos por décadas es trata humana, violatoria de derechos humanos, y ha sustentado un sistema de súper-explotación laboral en el azúcar, y luego en otros renglones. Los gobiernos haitianos han sido cómplices porque no protegen su ciudadanía y las condiciones en Haití son peores.
Este sistema de súper-explotación laboral pone la República Dominicana en la picota a nivel internacional, sobre todo ahora que el gobierno reclama soberanía para aplicar la Sentencia TC 168/13, que niega derechos de nacionalidad a personas nacidas y criadas en territorio dominicano de padres inmigrantes indocumentados.
La Sentencia busca precisamente negar derechos desde 1929, porque la Constitución de 2010 los niega de ahí en adelante. Esto lo saben los jefes de Estados de la región, hablen o no, condenen o no, porque tontos no son.
Para República Dominicana, esta población pobre y desprotegida de inmigrantes indocumentados y descendientes seguirá aquí explotada y empobrecida. Este es el problema dominicano que la Sentencia TC 168/13 agrava, no resuelve, aunque la embriaguez del nacionalismo discriminatorio produzca tanta ceguera y encono.
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía falta una acción mas contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.