Opinión
Elecciones UASD: mensaje a la familia universitaria.
Por Narciso Isa Conde
Como me duele tanto la UASD del presente y recuerdo mi estimulante paso por sus aulas, mi participación en la fundación de la FED, en el equipo del periódico Fragua y en el formidable movimiento estudiantil de inspiración marxista que estimuló…
Como recuerdo la comunidad de ideas y acciones junto a Asdrúbal Domínguez, Amín Abel, Narciso González… los contenidos del Manifiesto de Córdoba, el pensamiento de Julio Antonio Mella, los vínculos entre Reforma Universitaria y Revolución Nacional, las rebeldías juveniles contra las raíces y los desafueros de la tiranía, los combates por el Fuero y la Autonomía de la universidad encarcelada; la pelea por una educación gratuita, científica y de calidad, los impulsos post abril del 65 al Movimiento Renovador…
Como me apena y a la vez me indigna el estado actual de degradación de los poderes establecidos… y la profunda crisis estructural que afecta a la UASD…
He decidido, en mi condición de profesor honorario-acompañando a importantes sectores profesorales, estudiantiles, empleados administrativos y organizaciones de izquierdas- impulsar la creación y desarrollo de un Nuevo Movimiento Renovador con vocación transformadora.
En la ruta hacia esa meta se nos presentan las elecciones de autoridades del 15 de febrero, sin una opción capaz de enfrentar y subvertir ese lamentable status quo.
¿Qué hacer entonces?
Pienso que no debemos ser indiferentes a las funestas implicaciones de la continuidad del grupo de poder que responde a la rectoría actual, ni tampoco a ciertas competencias en otros niveles del poder universitario.
Creo posible actuar en esta coyuntura electoral en dos direcciones: CASTIGAR al clan del actual rector con una avalancha de votos en contra y RESPALDAR puntualmente a los mejores candidatos/as a nivel de vice-rectorías, decanatos, escuelas…
Desplazar del control que ejerce sobre nuestra UASD el grupo que encabeza el actual Rector Mateo Aquino Febrillet -representada su continuidad por la candidatura de la profesora Emma Polanco y su equipo de gobierno- más que necesario, se ha tornado imperioso.
Porque hay extremos de corrupción, privilegios, abusos de poder, privatizaciones y concepción policial del manejo de esta valiosa reserva histórica-cultural del país, que además de destructivos, resultan ofensivos en alto grado e inaceptable por más tiempo.
Llegó la hora de comenzar a revertir tales aberraciones y de iniciar por lo menos un curso democrático del proceso, con otra dinámica; capaz de detener la degradación que conduce a la muerte de todos los valores y todas las potencialidades de nuestra Primada de América.
Esta UASD necesita un respiro para abrir un gran debate sobre su destino y tal propósito no tiene espacio en el continuismo de lo actual.
Requiere como objetivo mínimo que en estos comicios destronemos del poder central a esa cúpula empecinada en imponerse con todas sus mugres.
Y ese limitado, pero importante propósito -no importa las diferencias mayores o menores que podamos tener con él- solo puede lograrse ahora a través del triunfo de la candidatura a rector del maestro Iván Grullón.
Por eso es necesario respaldarla sin ningún compromiso adicional, con plena independencia crítica, sin ilusiones… con el único propósito de contener este ciclo perverso y recuperar la posibilidad de construir futuro al interior de la UASD.
Por los/as mejores candidatos/as a respaldar en otros niveles del poder universitario, entendemos a aquellos maestros/as, que aun dentro de un espectro diverso -cada quien con sus características, valores e incluso limitaciones- reúnan condiciones básicas de honestidad, capacidad, formación académica y vocación por nuevas reformas que apunten hacia la educación gratuita y de calidad, la recuperación de la Autonomía, el Fuero, el Co-gobierno, la desprivatización, la democracia interna, y la UASD crítica y comprometida con la transformación democrática y la soberanía del país.
En tal sentido, sin agotar la lista de los/as que reúnen tales condiciones, aspiramos al triunfo de maestros y maestras como Rafael Jiménez Pérez, candidato a Vice-rector de Investigación y Post-grado, Nino Félix a la Vice de Extensión, Radhamés García a la Dirección de la Escuela de Derecho y Rosa Lara a la dirección de la Escuela de Sociología.
Hacemos extensivo ese apoyo y esa aspiración a todos/a aquellos/as candidatos/a que la familia universitaria perciba con atributos parecidos.
Llamamos a castigar a los peores, apoyar a los/as mejores y a inhibirnos frente a los/as oportunistas consumados; sin afectar en lo más mínimo la necesidad de derrotar sin contemplaciones al actual rector y la candidata de su clan depredador.
Llamamos al compromiso colectivo por el reconocimiento de los derechos de FELABEL y la libertad de sus dirigentes y activistas injustamente apresados, porla eliminación de todas las sanciones abusivas, por la erradicación de los componentes policiales del Cuerpo de Seguridad de la UASD y el estado de represión impuesto por la actual Rectoría contra estudiantes, empleados y profesores, y por la plena vigencia del Fuero, la Autonomía y el Co-gobierno universitarios y el presupuesto de ley.
Exhortamos a avanzar -aun sea un poquito- para a continuación seguir creando las fuerzas del gran cambio universitario y nacional.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.