Opinión
Elecciones UASD: mensaje a la familia universitaria.
Por Narciso Isa Conde
Como me duele tanto la UASD del presente y recuerdo mi estimulante paso por sus aulas, mi participación en la fundación de la FED, en el equipo del periódico Fragua y en el formidable movimiento estudiantil de inspiración marxista que estimuló…
Como recuerdo la comunidad de ideas y acciones junto a Asdrúbal Domínguez, Amín Abel, Narciso González… los contenidos del Manifiesto de Córdoba, el pensamiento de Julio Antonio Mella, los vínculos entre Reforma Universitaria y Revolución Nacional, las rebeldías juveniles contra las raíces y los desafueros de la tiranía, los combates por el Fuero y la Autonomía de la universidad encarcelada; la pelea por una educación gratuita, científica y de calidad, los impulsos post abril del 65 al Movimiento Renovador…
Como me apena y a la vez me indigna el estado actual de degradación de los poderes establecidos… y la profunda crisis estructural que afecta a la UASD…
He decidido, en mi condición de profesor honorario-acompañando a importantes sectores profesorales, estudiantiles, empleados administrativos y organizaciones de izquierdas- impulsar la creación y desarrollo de un Nuevo Movimiento Renovador con vocación transformadora.
En la ruta hacia esa meta se nos presentan las elecciones de autoridades del 15 de febrero, sin una opción capaz de enfrentar y subvertir ese lamentable status quo.
¿Qué hacer entonces?
Pienso que no debemos ser indiferentes a las funestas implicaciones de la continuidad del grupo de poder que responde a la rectoría actual, ni tampoco a ciertas competencias en otros niveles del poder universitario.
Creo posible actuar en esta coyuntura electoral en dos direcciones: CASTIGAR al clan del actual rector con una avalancha de votos en contra y RESPALDAR puntualmente a los mejores candidatos/as a nivel de vice-rectorías, decanatos, escuelas…
Desplazar del control que ejerce sobre nuestra UASD el grupo que encabeza el actual Rector Mateo Aquino Febrillet -representada su continuidad por la candidatura de la profesora Emma Polanco y su equipo de gobierno- más que necesario, se ha tornado imperioso.
Porque hay extremos de corrupción, privilegios, abusos de poder, privatizaciones y concepción policial del manejo de esta valiosa reserva histórica-cultural del país, que además de destructivos, resultan ofensivos en alto grado e inaceptable por más tiempo.
Llegó la hora de comenzar a revertir tales aberraciones y de iniciar por lo menos un curso democrático del proceso, con otra dinámica; capaz de detener la degradación que conduce a la muerte de todos los valores y todas las potencialidades de nuestra Primada de América.
Esta UASD necesita un respiro para abrir un gran debate sobre su destino y tal propósito no tiene espacio en el continuismo de lo actual.
Requiere como objetivo mínimo que en estos comicios destronemos del poder central a esa cúpula empecinada en imponerse con todas sus mugres.
Y ese limitado, pero importante propósito -no importa las diferencias mayores o menores que podamos tener con él- solo puede lograrse ahora a través del triunfo de la candidatura a rector del maestro Iván Grullón.
Por eso es necesario respaldarla sin ningún compromiso adicional, con plena independencia crítica, sin ilusiones… con el único propósito de contener este ciclo perverso y recuperar la posibilidad de construir futuro al interior de la UASD.
Por los/as mejores candidatos/as a respaldar en otros niveles del poder universitario, entendemos a aquellos maestros/as, que aun dentro de un espectro diverso -cada quien con sus características, valores e incluso limitaciones- reúnan condiciones básicas de honestidad, capacidad, formación académica y vocación por nuevas reformas que apunten hacia la educación gratuita y de calidad, la recuperación de la Autonomía, el Fuero, el Co-gobierno, la desprivatización, la democracia interna, y la UASD crítica y comprometida con la transformación democrática y la soberanía del país.
En tal sentido, sin agotar la lista de los/as que reúnen tales condiciones, aspiramos al triunfo de maestros y maestras como Rafael Jiménez Pérez, candidato a Vice-rector de Investigación y Post-grado, Nino Félix a la Vice de Extensión, Radhamés García a la Dirección de la Escuela de Derecho y Rosa Lara a la dirección de la Escuela de Sociología.
Hacemos extensivo ese apoyo y esa aspiración a todos/a aquellos/as candidatos/a que la familia universitaria perciba con atributos parecidos.
Llamamos a castigar a los peores, apoyar a los/as mejores y a inhibirnos frente a los/as oportunistas consumados; sin afectar en lo más mínimo la necesidad de derrotar sin contemplaciones al actual rector y la candidata de su clan depredador.
Llamamos al compromiso colectivo por el reconocimiento de los derechos de FELABEL y la libertad de sus dirigentes y activistas injustamente apresados, porla eliminación de todas las sanciones abusivas, por la erradicación de los componentes policiales del Cuerpo de Seguridad de la UASD y el estado de represión impuesto por la actual Rectoría contra estudiantes, empleados y profesores, y por la plena vigencia del Fuero, la Autonomía y el Co-gobierno universitarios y el presupuesto de ley.
Exhortamos a avanzar -aun sea un poquito- para a continuación seguir creando las fuerzas del gran cambio universitario y nacional.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.