Análisis Noticiosos
Corrupción, clientelismo: doctrina política de Leonel
Por Juan Bolívar Díaz
El doctor Leonel Fernández hace un “strip tease” para desnudar su doctrina política fundada en el clientelismo y la corrupción, que si bien es milenaria, ha sido condenada y sancionada en la democracia y la sociedad del conocimiento
El expresidente de la República Leonel Fernández incurrió en un impúdico “strip tease” desnudando la concepción del poder que puso en vigencia en sus tres períodos de gobierno, fundada en el reparto del patrimonio público y en las dádivas que degradan la dignidad humana y mantienen la subordinación de las masas.
Sin duda que Fernández no creó esa doctrina, tan antigua como la humanidad, pero proscrita, condenada y sancionada por la democracia en la era de la información y la sociedad del conocimiento, y cuyo rechazo fue fundamento de su Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch.
La confesión del líder Leonel
El artículo “El poder y el liderazg Entre puestos y sobrecitos”, publicado por el doctor Leonel Fernández el lunes 10 en el Listín Diario, es una confesión, casi una autoincriminación, de la concepción política en que el autor ha fundado su liderazgo nacional, sin que deba restársele méritos a su carisma y condiciones intelectuales.
Tras un rápido repaso a los teóricos del poder y el liderazgo, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo y Weber hasta llegar al dominicano Leonte Brea, Fernández refiere dos ejemplos específicos, para concluir en que, aparte de ideología y de conciencia, el poder “hace referencia a otros dos factores: al poder de coacción o represión y al poder compensatorio, que es la capacidad para dar o distribuir”.
El primer ejemplo es el poder que confirió al dirigente reformista Modesto Guzmán, al designarlo director del Instituto Postal Dominicano en 1996, “cargo en que vivía como en el paraíso”, pese a ser una pequeña entidad estatal, cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar personal. Pero el expresidente pondera que le otorgó un gran poder ante sus compatriotas y hasta en la casa del caudillo Balaguer porque “podía nombrar algunos compatriotas, repartir de vez en cuando, algún dinerito, y satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes”. Leonel Fernández sabía que el sueldito de Modesto era bien modesto y no le alcanzaba para repartir, lo que implica sustracción.
El segundo ejemplo fue la distribución de sobrecitos, con dinero, en una de sus jornadas de cajitas navideñas en Dajabón. Cuando su chofer le señaló cómo las multitudes seguían al repartidor “convertido de repente en un gran líder”, el mandatario dispuso que encargaran el reparto a otro para demostrar cómo hacia éste se movería “la eufórica muchedumbre”. Pondera aquellos momentos de grandes experiencias junto al pueblo”. Y agrega que en ambos ejemplos “se pone de relieve una gran enseñanza de las ciencias políticas acerca del liderazgo y la teoría del poder”.
Bonos acumulados de Leonel
La experiencia de Medina debe hacerle consciente que, contrario a lo que algunos creen, Leonel tiene suficientes bonos acumulados para no subestimar sus posibilidades de alzarse con la candidatura presidencial, y dada la crisis de los partidos opositores, volver a repartir puestos y sobrecitos. Aunque no hay dudas que pasa por una coyuntura bien difícil.
Es que el exmandatario montó una inmensa pirámide de bonos para prolongar su liderazgo político, al viejo estilo de los caudillos dominicanos, como su nuevo maestro inspirador, Joaquín Balaguer, modelo de político que supo erigir un pedestal para reinar durante más de cuatro décadas, y hasta postularse a la presidencia ciego y a los 94 años.
El doctor Fernández comenzó a gobernar en 1996 con fidelidad a los postulados originales de su partido y de su líder fundador, pero a mitad de período empezó su Programa de Empleo (PEME) que defendió bajo el postulado de que “prefería pagar a pegar”, las nominillas de su segundo período las justificó en “que si no repartimos se cae el Gobierno” y en el 2011 dijo en Nueva York que, liberado de la tutela del FMI, invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo del PLD el año siguiente. E invirtió como 80 mil entre enero y mayo, y otros tantos en los tres meses de transición con cargo al 2016.
La concepción del poder de Fernández descansa en un inmenso entramad más de dos millones de tarjetas, en diversos “programas sociales” la mayoría con montos que sólo sirven para mantener la pobreza, degradando y subordinando a las más ignorantes que agradecen esas migajas. En las clases medias invirtió cientos de miles de empleos sobre remunerados, miles de pensiones privilegiadas y de becas en el exterior. Y se entendió con sectores de poder económico y políticos a los cuales complació. Dio curso a un rentismo que alentó nuevos capitales. A los aliados políticos y figuras intocables de su partido les entregó parcelas de poder para que las administraran como el Inposdom (Modesto lleva 13 años ahí), la Cancillería, el Banco de la Vivienda, Bienes Nacionales, Inespre, Migración, Consejo de Frontera, Lotería Nacional, Desarrollo de la Comunidad, el IDSS, Superintendencia de Seguros, ministerios y otras.
La respuesta de Danilo
La respuesta pública de Danilo se produjo el jueves, cuando dijo que no busca hacerse líder, que no intentará reelegirse y que “lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga gracias Danilo porque en su gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.
El artículo de Fernández provocó el público rechazo del Presidente a la degradación de los repartos, y se dice que la respuesta privada sería alentar precandidatos que compiten por la nominación presidencial del PLD para el 2016, como el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, por demás hermano del ministro de las Fuerzas Armadas y asistente clave del actual mandatario, quien esta semana lanzará formalmente su proyecto.
No sólo en esta respuesta, sino en su gestión, el presidente Medina ha tomado distancia de la doctrina del poder y corruptiva de Leonel, lo que explica en parte la alta aprobación que sigue teniendo. Pero no ha intentado desmontar la pirámide clientelista, temeroso de afectar intereses y alentar enemigos internos y entre sus aliados políticos.
La ley de partidos
Es obvio que Medina lleva sobre la cabeza, sin sustituirlos, a funcionarios como el director de Migración, José Ricardo Taveras, a quien le han bajado el protagonismo y de otros que le enmendaron sus planteamientos sobre la desnacionalización, o del embajador en España, César Medina, quien hasta le ha formulado advertencias en sus columnas periodísticas diarias.
Un ejemplo dramático es lo ocurrido con el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, y sus dos graves traspiés diplomáticos, cuando envió y publicó una carta al Papa, denunciando una “conspiración” del embajador de Estados Unidos ante el gobierno dominicano, y luego con otra carta pública rechazando el llamado de atención privado que le había hecho un vicecanciller. La respuesta oficial ha sido una desautorización diciendo que sus “desafortunadas declaraciones” fueron a título personal y no comprometen al gobierno. Pero no fue una “declaración”, sino una carta denuncia enviada al jefe del Estado donde está acreditado, que en cualquier caso debió cursarse al Gobierno dominicano. En términos diplomáticos la denuncia y rebelión de Grimaldi amerita despido ipso facto, pero ese puesto es parte del entramado intocable.
Una advertencia a Danilo
Por los recientes acontecimientos a lo interior de su partido, donde ha perdido poder ante el altar del presidente Danilo Medina, es obvio que Leonel disparó una advertencia al mandatario, diciéndole que los liderazgos están directamente proporcionados a la capacidad de distribuir “puestos y sobrecitos”. El metamensaje es que como Medina no podrá reelegirse, como lo hizo él, su liderazgo puede ser efímero.
Fernández pudo haber incurrido en un error costoso al ignorar el factor coercitivo del poder, que aludió, aunque el mismo no fue suficiente para impedir que Medina alcanzara la candidatura presidencial de su partido, como se intentó desde las posiciones de mayores repartos que encabezaban los “ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista y Díaz Rúa.
El artículo se inscribe en una larga serie de errores tácticos a los que ha sido inducido Fernández por el machismo político de sus financiadores, algunos disgustados porque los danilistas les cortaron lucrativas contrataciones, el mayor de los cuales ha sido el inicio demasiado prematuro de una campaña para el retorno en el 2016, apenas el Gobierno cumplió su primer año, lo que ha incentivado luchas internas.
Aunque Leonel lo ha negado, los danilistas le atribuyen responsabilidad en el escándalo internacional y crisis diplomática derivada de la sentencia que desnacionaliza decenas de miles de dominicanos, que ha consumido demasiado durante cinco meses, poniendo al Estado a la defensiva en el mundo globalizado y dejándolo en riesgo de una vergonzosa condena internacional por violación de derechos humanos.
El expresidente no necesitaba esa campaña precipitada, que ha reactivado sus rechazos, ya que tiene ventajas de liderazgo, posición de mando, deudas y lealtades en el PLD y de recursos multimillonarios que sólo una frontal y decidida acción del presidente Medina podría neutralizar, si apoyara contundentemente alguna opción o, menos viable, intentando abrir camino a la reelección.
Hay quienes todavía esperan que el Presidente desligue más claramente su gobierno de un clientelismo y rentismo clientelares que los códigos democráticos condenan y persiguen como malversación de fondos y tráfico de influencia, sobre todo en la sociedad del conocimiento de la que tanto ha teorizado el doctor Fernández. Una forma de comenzar podría ser que el Presidente aproveche su auge y promueva la aprobación del proyecto de ley de partidos con sanciones al abuso del patrimonio público en las actividades políticas.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.