Nacionales
Se profundizan diferencias entre la Procuraduría y la Policía Nacional
SANTO DOMINGO. Las críticas al sistema de investigación acentuaron ayer las diferencias entre la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía Nacional.
Ayer, el procurador Francisco Domínguez Brito renovó sus cuestionamientos, y fue más lejos, al declarar inadmisible la utilización de métodos de tortura para sacar confesiones a imputados de crímenes y delitos.
Mientras que el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, desligó a la institución de que delincuentes detenidos estén hoy en libertad.
Domínguez Brito abogó porque el método de investigación policial no sea darle un tiro en las rodillas a un imputado, porque esa etapa fue superada. «Que a nadie se le ocurra, a ningún policía se le ocurra, y que no permitamos nunca, ponerle una plancha en el pie a un imputado para obtener una declaración, porque esa no es la sociedad dominicana, porque eso no es lo que manda la Constitución».
El funcionario planteó que el gobierno tiene un compromiso con los derechos humanos, en la lucha contra el crimen y darle a la sociedad lo que merece, que es la paz.
Observó que no quiere polemizar, sino que la posición como gobierno es buscar una policía más eficiente, para lo cual está trabajando. «Queremos una policía más técnica, y vamos a trabajar para ello, queremos profesionalidad en el sistema de acceso y de contratación de la policía». También abogó por un sistema de capacitación.
Afirmó que aspira a que no existan sólo policías de investigación que no hayan sido egresados de la academia policial, bachilleres y con cuatro años de academia.
«Que la academia policial en materia investigativa no sean solo cursos de derecho y sean abogados, sino especialistas en investigación», señaló.
El Jefe PN
En tanto, el jefe de la Policía Nacional argumentó que a pesar de que los policías tienen sueldos muy bajos, trabajan con el corazón las 24 horas del día para llevarle tranquilidad y paz a la ciudadanía.
Dijo que la uniformada ha sido mal valorada por distintos sectores, y se ha creado una errónea percepción de que es la única responsable de la seguridad.
Asimismo, que durante los últimos años han logrado grandes avances tecnológicos, capacitación de personal y adquirir herramientas que le capacitan para enfrentar la criminalidad y la inseguridad.
Señala que esa apreciación se agudiza cuando ciudadanos autorizados critican y señalan deficiencias de la función de la Policía.
Profilaxis
Castro Castillo declaró que la institución que dirige es la única que constantemente hace profilaxis dentro de sus filas, y puso como ejemplo que en tan sólo un año ha expulsado a 3,208 agentes como muestra del esfuerzo que están haciendo.
Dijo que en la actualidad se ha destinado una inversión de recursos, «nunca realizada a lo interno de la institución, con el interés de acelerar el proceso de reforma y modernización de la Policía».
Detención de «Cristian Matatán»trajo tranquilidad
San Cristóbal. Comerciantes y residentes de esta provincia coincidieron que tras el apresamiento del presunto narcotraficante Cristian Pozo (Cristian Matatán) aquí se respira un aire de tranquilidad.
En tanto, un oficial de la Policía que pidió reservas de su nombre dijo que Cristian «sonsacó» a once policías, tres de ellos oficiales para que cuidaran sus operaciones.
El comerciante Fausto Rodríguez Almonte alega que esta banda, la que llamó poderosa y temible, obligaba a muchos comerciantes de barrios marginados a pagarle para cuidarlos de los ladrones y atracadores y ese cobro lo hacían semanal.
En tanto, la profesora Martina Rosario dijo que Cristian se tornaba una persona buena y muy respetuosa, «pero una vez discutimos, porque quería poner un punto de venta de droga al lado del liceo donde imparto docencia».
Residentes de barrios Lava Pies, Jeringa y Madre Vieja Sur, dijeron que ahora están más tranquilos y se sienten más seguros una vez la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a «Cristian Matatán», sindicado como el más grande narco de aquí.
«El matatan»
El Procurador manifestó que se está investigando informaciones concretas de que gente asociada a «Cristian el Matatán» supuestamente recibía RD$6 millones todas las semanas, para comprar complicidades entre personas que tenían que perseguirlo.
Deploró que quienes deben perseguir el crimen se conviertan en sus aliados.
Domínguez Brito indicó que fiscales tuvieron problemas en esa fiscalía por esa conducta.
Advirtió que si los encargados de combatir el crimen se asocian al mismo, no se logrará ningún resultado.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.