Nacionales
Se profundizan diferencias entre la Procuraduría y la Policía Nacional
SANTO DOMINGO. Las críticas al sistema de investigación acentuaron ayer las diferencias entre la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía Nacional.
Ayer, el procurador Francisco Domínguez Brito renovó sus cuestionamientos, y fue más lejos, al declarar inadmisible la utilización de métodos de tortura para sacar confesiones a imputados de crímenes y delitos.
Mientras que el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, desligó a la institución de que delincuentes detenidos estén hoy en libertad.
Domínguez Brito abogó porque el método de investigación policial no sea darle un tiro en las rodillas a un imputado, porque esa etapa fue superada. «Que a nadie se le ocurra, a ningún policía se le ocurra, y que no permitamos nunca, ponerle una plancha en el pie a un imputado para obtener una declaración, porque esa no es la sociedad dominicana, porque eso no es lo que manda la Constitución».
El funcionario planteó que el gobierno tiene un compromiso con los derechos humanos, en la lucha contra el crimen y darle a la sociedad lo que merece, que es la paz.
Observó que no quiere polemizar, sino que la posición como gobierno es buscar una policía más eficiente, para lo cual está trabajando. «Queremos una policía más técnica, y vamos a trabajar para ello, queremos profesionalidad en el sistema de acceso y de contratación de la policía». También abogó por un sistema de capacitación.
Afirmó que aspira a que no existan sólo policías de investigación que no hayan sido egresados de la academia policial, bachilleres y con cuatro años de academia.
«Que la academia policial en materia investigativa no sean solo cursos de derecho y sean abogados, sino especialistas en investigación», señaló.
El Jefe PN
En tanto, el jefe de la Policía Nacional argumentó que a pesar de que los policías tienen sueldos muy bajos, trabajan con el corazón las 24 horas del día para llevarle tranquilidad y paz a la ciudadanía.
Dijo que la uniformada ha sido mal valorada por distintos sectores, y se ha creado una errónea percepción de que es la única responsable de la seguridad.
Asimismo, que durante los últimos años han logrado grandes avances tecnológicos, capacitación de personal y adquirir herramientas que le capacitan para enfrentar la criminalidad y la inseguridad.
Señala que esa apreciación se agudiza cuando ciudadanos autorizados critican y señalan deficiencias de la función de la Policía.
Profilaxis
Castro Castillo declaró que la institución que dirige es la única que constantemente hace profilaxis dentro de sus filas, y puso como ejemplo que en tan sólo un año ha expulsado a 3,208 agentes como muestra del esfuerzo que están haciendo.
Dijo que en la actualidad se ha destinado una inversión de recursos, «nunca realizada a lo interno de la institución, con el interés de acelerar el proceso de reforma y modernización de la Policía».
Detención de «Cristian Matatán»trajo tranquilidad
San Cristóbal. Comerciantes y residentes de esta provincia coincidieron que tras el apresamiento del presunto narcotraficante Cristian Pozo (Cristian Matatán) aquí se respira un aire de tranquilidad.
En tanto, un oficial de la Policía que pidió reservas de su nombre dijo que Cristian «sonsacó» a once policías, tres de ellos oficiales para que cuidaran sus operaciones.
El comerciante Fausto Rodríguez Almonte alega que esta banda, la que llamó poderosa y temible, obligaba a muchos comerciantes de barrios marginados a pagarle para cuidarlos de los ladrones y atracadores y ese cobro lo hacían semanal.
En tanto, la profesora Martina Rosario dijo que Cristian se tornaba una persona buena y muy respetuosa, «pero una vez discutimos, porque quería poner un punto de venta de droga al lado del liceo donde imparto docencia».
Residentes de barrios Lava Pies, Jeringa y Madre Vieja Sur, dijeron que ahora están más tranquilos y se sienten más seguros una vez la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a «Cristian Matatán», sindicado como el más grande narco de aquí.
«El matatan»
El Procurador manifestó que se está investigando informaciones concretas de que gente asociada a «Cristian el Matatán» supuestamente recibía RD$6 millones todas las semanas, para comprar complicidades entre personas que tenían que perseguirlo.
Deploró que quienes deben perseguir el crimen se conviertan en sus aliados.
Domínguez Brito indicó que fiscales tuvieron problemas en esa fiscalía por esa conducta.
Advirtió que si los encargados de combatir el crimen se asocian al mismo, no se logrará ningún resultado.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.