Nacionales
Se profundizan diferencias entre la Procuraduría y la Policía Nacional
SANTO DOMINGO. Las críticas al sistema de investigación acentuaron ayer las diferencias entre la Procuraduría General de la República y la Jefatura de la Policía Nacional.
Ayer, el procurador Francisco Domínguez Brito renovó sus cuestionamientos, y fue más lejos, al declarar inadmisible la utilización de métodos de tortura para sacar confesiones a imputados de crímenes y delitos.
Mientras que el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, desligó a la institución de que delincuentes detenidos estén hoy en libertad.
Domínguez Brito abogó porque el método de investigación policial no sea darle un tiro en las rodillas a un imputado, porque esa etapa fue superada. «Que a nadie se le ocurra, a ningún policía se le ocurra, y que no permitamos nunca, ponerle una plancha en el pie a un imputado para obtener una declaración, porque esa no es la sociedad dominicana, porque eso no es lo que manda la Constitución».
El funcionario planteó que el gobierno tiene un compromiso con los derechos humanos, en la lucha contra el crimen y darle a la sociedad lo que merece, que es la paz.
Observó que no quiere polemizar, sino que la posición como gobierno es buscar una policía más eficiente, para lo cual está trabajando. «Queremos una policía más técnica, y vamos a trabajar para ello, queremos profesionalidad en el sistema de acceso y de contratación de la policía». También abogó por un sistema de capacitación.
Afirmó que aspira a que no existan sólo policías de investigación que no hayan sido egresados de la academia policial, bachilleres y con cuatro años de academia.
«Que la academia policial en materia investigativa no sean solo cursos de derecho y sean abogados, sino especialistas en investigación», señaló.
El Jefe PN
En tanto, el jefe de la Policía Nacional argumentó que a pesar de que los policías tienen sueldos muy bajos, trabajan con el corazón las 24 horas del día para llevarle tranquilidad y paz a la ciudadanía.
Dijo que la uniformada ha sido mal valorada por distintos sectores, y se ha creado una errónea percepción de que es la única responsable de la seguridad.
Asimismo, que durante los últimos años han logrado grandes avances tecnológicos, capacitación de personal y adquirir herramientas que le capacitan para enfrentar la criminalidad y la inseguridad.
Señala que esa apreciación se agudiza cuando ciudadanos autorizados critican y señalan deficiencias de la función de la Policía.
Profilaxis
Castro Castillo declaró que la institución que dirige es la única que constantemente hace profilaxis dentro de sus filas, y puso como ejemplo que en tan sólo un año ha expulsado a 3,208 agentes como muestra del esfuerzo que están haciendo.
Dijo que en la actualidad se ha destinado una inversión de recursos, «nunca realizada a lo interno de la institución, con el interés de acelerar el proceso de reforma y modernización de la Policía».
Detención de «Cristian Matatán»trajo tranquilidad
San Cristóbal. Comerciantes y residentes de esta provincia coincidieron que tras el apresamiento del presunto narcotraficante Cristian Pozo (Cristian Matatán) aquí se respira un aire de tranquilidad.
En tanto, un oficial de la Policía que pidió reservas de su nombre dijo que Cristian «sonsacó» a once policías, tres de ellos oficiales para que cuidaran sus operaciones.
El comerciante Fausto Rodríguez Almonte alega que esta banda, la que llamó poderosa y temible, obligaba a muchos comerciantes de barrios marginados a pagarle para cuidarlos de los ladrones y atracadores y ese cobro lo hacían semanal.
En tanto, la profesora Martina Rosario dijo que Cristian se tornaba una persona buena y muy respetuosa, «pero una vez discutimos, porque quería poner un punto de venta de droga al lado del liceo donde imparto docencia».
Residentes de barrios Lava Pies, Jeringa y Madre Vieja Sur, dijeron que ahora están más tranquilos y se sienten más seguros una vez la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a «Cristian Matatán», sindicado como el más grande narco de aquí.
«El matatan»
El Procurador manifestó que se está investigando informaciones concretas de que gente asociada a «Cristian el Matatán» supuestamente recibía RD$6 millones todas las semanas, para comprar complicidades entre personas que tenían que perseguirlo.
Deploró que quienes deben perseguir el crimen se conviertan en sus aliados.
Domínguez Brito indicó que fiscales tuvieron problemas en esa fiscalía por esa conducta.
Advirtió que si los encargados de combatir el crimen se asocian al mismo, no se logrará ningún resultado.
Nacionales
Un modelo plenamente digital prevalecerá en el Poder Judicial con cierre de edificio de Cortes del DN.
Santo Domingo, R.D.-Sin incluir el área penal, el Poder Judicial se enfoca en estos momentos en dejar atrás la centralidad de lo físico para entrar a un modelo de justicia plenamente digital«, con el cierre del edificio que alberga las Cortes y las Salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional, informó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Los jueces de las Cortes y de las Salas del TSA, ubicados en el viejo edificio son trasladados al de Registro Inmobiliario y el personal de las secretarías de los tribunales son movidos al de la Suprema Corte de Justicia, los dos también ubicado en el Centro de los Héroes, en La Feria.
La mudanza, que se inició el pasado lunes, se realiza luego de que un estudio en el 2021 detectara riesgos de colapso en un posible sismo. Se programa clausurar completamente el viejo edificio antes del 30 de mayo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina informó que el «modelo de justicia plenamente digital» ya se han habilitado «más de 180 salas» para operar en línea, en un trabajo gradual que se ha venido realizando desde que se empezó a implementar la Ley 339-22.
No obstante, esa normativa, que regula el uso de medios digitales excluye las audiencias penales para esta modalidad, aunque los asuntos administrativos de esa área serán también de manera digital.
Durante una audiencia solemne de juramentación de casi 1,700 abogados, Molina expresó que esa medida implica el inicio una nueva etapa en su historia institucional y se reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable.
Las 180 salas hacen posible que la ciudadanía pueda presentar actos jurídicos, participar en una audiencia o recibir una decisión judicial sin necesidad de desplazarse ni esperar largas horas.
Asimismo, puntualizó que, gracias a herramientas como la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, se han reducido barreras, acercado los tribunales a la ciudadanía, fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas mediante sistemas trazables y auditables en tiempo real.
Medidas para el cierre del edificio
Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, la continuidad del servicio es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales y las herramientas que ofrece el portal de Acceso Digital, el uso del Sistema de Gestión de Casos y las Política de Teletrabajo de este poder del Estado, que permite modelos de trabajo remoto e híbrido.
Migración a lo digital
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en su sesión extraordinaria núm. 02-2025 de 11 de abril de 2025, adoptó una serie de medidas que permitirán finalizar el proceso de migrar de lo presencial a lo digital en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional.
Juramentación de 1,698 abogados
La Suprema Corte de Justicia juramentó 1,698 abogados a los que llamó a no sólo comprender los códigos y las jurisprudencias sino también a que sean instrumentos de construcción social que ponga a las personas en primer lugar.
En una audiencia solemne, el presidente de la alta corte también dejó posesionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Muy enfurecidos los familiares del menor Ángel José Mercedes (9 años) reaccionaron contra Jesús Alberto Camacho Decena, acusado del rapto, violación y asesinato del niño el pasado viernes 18 de abril y trataron de emprenderla a golpes contra el agresor.
Los familiares lanzaron objetos y golpes e intentaron detener el vehículo en el que los agentes policiales trasladaban al hombre al que se le otorgó medida de coerción consistente en tres meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción los familiares se manifestaron en el edificio judicial de San Cristóbal. Cuando concluyó el conocimiento, persiguieron el vehículo del confeso asesino por las calles.
El pasado Viernes Santo 18 de abril, Ángel fue reportado desaparecido por su familia en el sector Villa Fundación de esta demarcación.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la madre del menor presentó formal denuncia luego de que el niño saliera de su vivienda y no regresara.
Como parte del proceso investigativo, obtuvieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento de comida rápida, ubicado en la calle Constitución esquina carretera La Toma, donde se observó al niño acompañado por un hombre de tez india, delgado, vestido con ropa deportiva azul y montado en una motocicleta marca Bajaj, color negro.
Mediante labores de inteligencia se logró identificar a Jesús, quien fue localizado y detenido mientras se encontraba en la calle Principal próximo al balneario Paraíso Doña Santa Cuper, en el sector Hato Damas.
Prisión preventiva
Tras ser detenido, la Policía Nacional informó que Jesús Alberto Camacho Decena, de 31 años, confesó haber raptado al menor tras ganarse su confianza brindándole alimentos, llevándolo posteriormente a un río ubicado entre los sectores Asise y Montaño, donde cometió el hecho criminal.
Mientras que, la Oficina de Atención Permanente de la provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Camacho Decena, acusado de raptar, abusar sexualmente y asesinar al infante.
La medida impuesta deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», resalta el Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.