Economía
Tres años luchando por una pensión por discapacidad
SANTO DOMINGO. Tras tres años batallando por una pensión por discapacidad con Seguros Universal, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Virginia Margarita Fontana González logró que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogiera un amparo que ordena confirmar la cobertura.
La AFP le había negado la pensión por el contenido de la cláusula 12 del Contrato Póliza, que establece «una prescripción extintiva de dos (2) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía». La SIPEN, que ha avalado este contrato (en el 2006, durante la gestión de Persia Álvarez), había emitido una resolución en la que rechazaba la petición de Fontana de que le reconocieran su pensión.
Al 31 de enero del 2014, las aseguradoras sólo habían otorgado 3,421 pensiones por discapacidad de 6,580 solicitadas. Y 3,997 de 8,428 pensiones por sobrevivencia. Mientras, la recaudación por el seguro de discapacidad y sobrevivencia ascendía el pasado enero a RD$16, 970, 806,906.
El peregrinaje de Virginia empieza el 30 de diciembre del 2010, cuando solicitó a AFP Popular su pensión, acogiéndose en el informe del doctor Héctor de la Cruz Cabrera del 22 de noviembre del 2010, que le diagnostica «Hipertensión arterial sistémica severa, tumor renal (nefrectomía izquierda), síndrome de depresión /ansiedad reactivos».
El día 6 de enero del 2011, la AFP solicitó una calificación de discapacidad a la Comisión Médica Regional, obteniendo el 21 de febrero del mismo año la notificación de que Virginia Fontana tenía un 60.42% de discapacidad. Pero no es hasta el 7 de marzo del 2012 cuando la AFP Popular notifica a Virginia el informe de la Comisión Médica Regional, que establecía como fecha de concreción de la discapacidad el día 19 de noviembre del 2010.
Este dictamen fue apelado por ella ante la Comisión Médica Nacional y el 19 de marzo del 2012 rechazó el informe de la Comisión Médica Regional y le otorgó un porcentaje de discapacidad de 68.28%. Es el 27 de abril, más de un mes después del fallo, cuando la AFP Popular notifica a Virginia Fontana este resultado.
Tras esto, la señora reclama su pensión, pero Seguros Universal le responde que había vencido el plazo de gracia previsto en el Contrato Póliza para hacer reclamaciones y que su seguro no tenía cobertura porque no cotizaba desde final del 2009. Virginia entonces reclama ante la Comisión Médica Regional la revisión de la fecha de concreción de la discapacidad, que determina que hubo un error inicial y establece una nueva fecha: el 16 de enero del 2006.
El día 27 de junio del 2012, Seguros Universal le comunica a la afectada que según la Cláusula 12 del Contrato Póliza que tenía con la AFP Popular, su acción había prescrito y que no le darían la pensión por discapacidad. Esta cláusula establece un plazo de extinción de dos años desde la fecha de concreción a la de solicitud.
Virginia Fontana interpuso un Recurso de Revisión ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que rechazó «los argumentos presentados por la parte recurrente, por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal» en la resolución número 352-13, del 21 de junio del 2013.
Y entonces Virginia interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el día 18 de octubre del 2013.
El 20 de diciembre pasado el tribunal emitió una sentencia (la 500 -2013) a favor de Virginia acogiendo la acción de amparo, ordenando a la SIPEN confirmar la cobertura de la pensión por discapacidad permanente y pidiendo a Seguros Universal realizar un pago retroactivo de las pensiones que la afectada debió recibir desde la fecha de concreción de la discapacidad.
La SIPEN, en su resolución 358-14 del 17 de febrero de este año, derogó la resolución 352-13 y ordenó a Seguros Universal y la AFP Popular cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Según las abogadas, ya han realizado el pago retroactivo, desde enero 2006.
En lo adelante, Virginia recibiría el 85% de su pensión durante cinco años, hasta que cumpla los 60, pues a partir de esta fecha la perdería por entrar en edad de jubilación. Sin embargo, no califica para la pensión por vejez porque las cotizaciones en el país iniciaron en el 2003 y el tiempo trabajado tras esa fecha no le alcanzaría para optar por ella. O sea, que estará desamparada. Las abogadas consideran que dejarle la pensión por sólo cinco años es una interpretación que han hecho «hábilmente».
El 15% restante de la pensión que devengará es parte de los honorarios de las abogadas, pues en el contrato cuota litis le pusieron este porcentaje sobre todo lo que perciba la señora. «Nosotros le pusimos del monto recuperado. ¿Qué significa monto recuperado? Todo lo que ella vaya a percibir por nuestra gestión», afirman.
El actual superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, afirmó en una entrevista con DIARIO LIBRE que en el año 2011 sometió ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de modificación al Contrato Póliza. Esta propuesta incluye incrementar hasta los 65 años la vigencia del seguro de discapacidad y sobrevivencia; aumentar de dos a cinco años el plazo de prescripción de derechos; eliminar la preexistencia de enfermedad como elemento causal de la denegación de derechos y establecer un período de gracia para el disfrute de los derechos derivados del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia en caso de pérdida temporal del empleo, o sea, una especie de seguro por desempleo. No se conoce ninguna respuesta del CNSS sobre esta propuesta de modificación del Contrato Póliza que tanto beneficia a las empresas aseguradoras.
Listin Diario
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Energía y Minas estableció nuevas directrices para reforzar y ampliar el ahorro, gestión y la eficiencia energética en las instituciones gubernamentales, con el fin de fomentar la austeridad en las instituciones del Estado ante la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales.
El ministro Joel Santos explicó que con esta iniciativa también se implementa como un combate directo al “consumo vampiro” mediante la desconexión física de equipos de oficina, como impresoras, microondas y televisores, durante fines de semana y feriados. En cuanto a la movilidad y servicios, sostuvo que se dispuso el apagado de luces en áreas desocupadas y que se restringe el uso de ascensores a partir del tercer nivel, para incentivar el ahorro y el uso de escaleras.
Con estas acciones, el ministro Santos reiteró que el Estado dominicano mitigar el consumo innecesario y el uso eficiente de energía en las instituciones del Estado dominicano.
Seguimiento y cumplimiento
La nueva resolución precisa que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Viceministerio de Innovación y Transición Energética, supervisará la implementación de estas medidas. Las instituciones deberán remitir informes trimestrales en los que detallen los resultados obtenidos y las acciones específicas tomadas para reducir el consumo en modo de espera o “standby”.
Indica que este viceministerio, junto con sus áreas técnicas competentes, continuará brindando acompañamiento, lineamientos y asesoramiento técnico a las instituciones públicas para la implementación de las medidas previstas en la citada resolución, en la que las demás disposiciones se mantienen sin modificación.
Santo Domingo, R-D–Pese al encuentro que tuvieron el sector empresarial, comerciantes y el Gobierno en el Palacio Nacional para garantizar la estabilidad de los precios de los productos básicos de la canasta familiar frente a la crisis internacional, las medidas exactas en base a este objetivo no quedaron definidas.
Si bien el presidente Luis Abinader anunció llegar a un acuerdo con estos sectores para tomar “acciones concretas” ante el conflicto, los detalles sobre estas acciones y cómo serían realizadas no los dio a conocer, manteniendo en incertidumbre a la población.
Para el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio García Batista, es necesario presentar un plan real al país sobre las pautas a tomar para lidiar con los efectos de la guerra en Medio Oriente y su impacto en la economía nacional.
Considera que lo esencial en este escenario es estructurar un plan con objetivos claros de conocimiento público que tenga como meta principal proteger a los sectores más vulnerables, que suelen ser los más afectados en este tipo de situaciones. A su entender, reorientar el gasto público sería un buen paso.
Asimismo, durante su intervención en el programa D´AGENDA, propuso un plan de austeridad por parte del gobierno con pautas reales que contribuyan a enfrentar la crisis.
Palabras similares reiteró la Asociación Nacional de Empresarios (ANJE), agregando que no solo se debe tratar de medidas a corto plazo, sino como reformas estructurales que estimulen el crecimiento de la economía en las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Reiteramos la importancia de que el Gobierno priorice la apertura de un proceso de diálogo público-privado, no solo para la adopción de medidas en el corto plazo de cara a la actual problemática, sino para consensuar e implementar las reformas estructurales pendientes que son necesarias para estimular el crecimiento y la formalización de las mipymes, aumentar la productividad y competitividad del ecosistema empresarial y garantizar la sostenibilidad fiscal” indicaron al medio.
Propuestas
A la propuesta de reorientar el gasto público, la líder del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Luz Eneida, añadió incrementar los salarios a los trabajadores según el costo de la canasta básica y fijar montos máximos y mínimos para los bienes y servicios como una forma de frenar la inflación.
“A nosotros (refiriéndose al movimiento social) lo que nos interesa es que se van a subir los salarios, que se va a buscar la forma de reorientar el gasto público, eso es lo que nos interesa a nosotros los trabajadores”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que su postura ante el aumento de los salarios responde a una forma de alivianar la carga a la masa trabajadora para que el gobierno inicie con sus propios ajustes y mande una señal positiva en ese sentido.
Agencia EFE
Nueva York, Estados Unidos.-El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado la barrera de los 4 dólares por galón (3,78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo tras el estallido de la guerra en Irán.
La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar.
«Prevemos la posibilidad de una interrupción en el suministro de combustible estadounidense», advirtió Zeldin, justificando la flexibilización normativa como una medida de alivio urgente para las familias.
Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció la gravedad de la situación durante un acto en Auburn Hills (Michigan), aunque calificó el repunte de «temporal».
Ayer, lunes, el crudo de referencia en EE. UU. El WTI cerró en 102,88 dólares, superando la barrera de los 100 dólares por primera vez desde 2022.
El mercado permanece atento a la tregua temporal del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha extendido hasta el 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética de Irán.
Trump advirtió en la víspera a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jark a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.
Además, Trump aseguró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.