Economía
Tres años luchando por una pensión por discapacidad
SANTO DOMINGO. Tras tres años batallando por una pensión por discapacidad con Seguros Universal, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Virginia Margarita Fontana González logró que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogiera un amparo que ordena confirmar la cobertura.
La AFP le había negado la pensión por el contenido de la cláusula 12 del Contrato Póliza, que establece «una prescripción extintiva de dos (2) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía». La SIPEN, que ha avalado este contrato (en el 2006, durante la gestión de Persia Álvarez), había emitido una resolución en la que rechazaba la petición de Fontana de que le reconocieran su pensión.
Al 31 de enero del 2014, las aseguradoras sólo habían otorgado 3,421 pensiones por discapacidad de 6,580 solicitadas. Y 3,997 de 8,428 pensiones por sobrevivencia. Mientras, la recaudación por el seguro de discapacidad y sobrevivencia ascendía el pasado enero a RD$16, 970, 806,906.
El peregrinaje de Virginia empieza el 30 de diciembre del 2010, cuando solicitó a AFP Popular su pensión, acogiéndose en el informe del doctor Héctor de la Cruz Cabrera del 22 de noviembre del 2010, que le diagnostica «Hipertensión arterial sistémica severa, tumor renal (nefrectomía izquierda), síndrome de depresión /ansiedad reactivos».
El día 6 de enero del 2011, la AFP solicitó una calificación de discapacidad a la Comisión Médica Regional, obteniendo el 21 de febrero del mismo año la notificación de que Virginia Fontana tenía un 60.42% de discapacidad. Pero no es hasta el 7 de marzo del 2012 cuando la AFP Popular notifica a Virginia el informe de la Comisión Médica Regional, que establecía como fecha de concreción de la discapacidad el día 19 de noviembre del 2010.
Este dictamen fue apelado por ella ante la Comisión Médica Nacional y el 19 de marzo del 2012 rechazó el informe de la Comisión Médica Regional y le otorgó un porcentaje de discapacidad de 68.28%. Es el 27 de abril, más de un mes después del fallo, cuando la AFP Popular notifica a Virginia Fontana este resultado.
Tras esto, la señora reclama su pensión, pero Seguros Universal le responde que había vencido el plazo de gracia previsto en el Contrato Póliza para hacer reclamaciones y que su seguro no tenía cobertura porque no cotizaba desde final del 2009. Virginia entonces reclama ante la Comisión Médica Regional la revisión de la fecha de concreción de la discapacidad, que determina que hubo un error inicial y establece una nueva fecha: el 16 de enero del 2006.
El día 27 de junio del 2012, Seguros Universal le comunica a la afectada que según la Cláusula 12 del Contrato Póliza que tenía con la AFP Popular, su acción había prescrito y que no le darían la pensión por discapacidad. Esta cláusula establece un plazo de extinción de dos años desde la fecha de concreción a la de solicitud.
Virginia Fontana interpuso un Recurso de Revisión ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que rechazó «los argumentos presentados por la parte recurrente, por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal» en la resolución número 352-13, del 21 de junio del 2013.
Y entonces Virginia interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el día 18 de octubre del 2013.
El 20 de diciembre pasado el tribunal emitió una sentencia (la 500 -2013) a favor de Virginia acogiendo la acción de amparo, ordenando a la SIPEN confirmar la cobertura de la pensión por discapacidad permanente y pidiendo a Seguros Universal realizar un pago retroactivo de las pensiones que la afectada debió recibir desde la fecha de concreción de la discapacidad.
La SIPEN, en su resolución 358-14 del 17 de febrero de este año, derogó la resolución 352-13 y ordenó a Seguros Universal y la AFP Popular cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Según las abogadas, ya han realizado el pago retroactivo, desde enero 2006.
En lo adelante, Virginia recibiría el 85% de su pensión durante cinco años, hasta que cumpla los 60, pues a partir de esta fecha la perdería por entrar en edad de jubilación. Sin embargo, no califica para la pensión por vejez porque las cotizaciones en el país iniciaron en el 2003 y el tiempo trabajado tras esa fecha no le alcanzaría para optar por ella. O sea, que estará desamparada. Las abogadas consideran que dejarle la pensión por sólo cinco años es una interpretación que han hecho «hábilmente».
El 15% restante de la pensión que devengará es parte de los honorarios de las abogadas, pues en el contrato cuota litis le pusieron este porcentaje sobre todo lo que perciba la señora. «Nosotros le pusimos del monto recuperado. ¿Qué significa monto recuperado? Todo lo que ella vaya a percibir por nuestra gestión», afirman.
El actual superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, afirmó en una entrevista con DIARIO LIBRE que en el año 2011 sometió ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de modificación al Contrato Póliza. Esta propuesta incluye incrementar hasta los 65 años la vigencia del seguro de discapacidad y sobrevivencia; aumentar de dos a cinco años el plazo de prescripción de derechos; eliminar la preexistencia de enfermedad como elemento causal de la denegación de derechos y establecer un período de gracia para el disfrute de los derechos derivados del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia en caso de pérdida temporal del empleo, o sea, una especie de seguro por desempleo. No se conoce ninguna respuesta del CNSS sobre esta propuesta de modificación del Contrato Póliza que tanto beneficia a las empresas aseguradoras.
Listin Diario
Economía
Denuncian pérdida de decenas de contenedores lanzados al mar durante traslado de mercancías hacia República Dominicana
El incidente habría afectado a empresas consolidadoras de carga y a cientos de familias dominicanas. FECODECA anunció reclamaciones formales contra la naviera y gestiones ante las aseguradoras.
Puerto Plata, República Dominicana.– Decenas de contenedores pertenecientes a empresas consolidadoras de carga dominicanas habrían sido lanzados al mar durante una travesía desde Brooklyn, Nueva York, hacia el puerto de Río Haina, en República Dominicana, provocando pérdidas millonarias y afectando a cientos de familias que esperaban recibir mercancías enviadas desde Estados Unidos.
La situación ha generado preocupación entre empresas del sector, varias de ellas establecidas en Puerto Plata, así como reclamos de personas que remitieron electrodomésticos, ropa, alimentos y otros artículos para sus familiares residentes en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Federación de Consolidadores de Carga (FECODECA), el incidente ocurrió durante el transporte de mercancías a bordo del buque M.V. Seaboard Explorer v77SB, perteneciente a la empresa Seaboard Marine.
La organización indicó que, según una comunicación remitida por la naviera, la embarcación habría enfrentado condiciones marítimas adversas durante las primeras horas del 26 de septiembre, situación relacionada con la pérdida de los contenedores.
FECODECA aclara responsabilidades
La Federación de Consolidadores de Carga precisó que la documentación recibida hasta el momento no atribuye la pérdida de las mercancías a los pequeños negocios consolidadores ni demuestra que estos se hayan apropiado de los artículos enviados por sus clientes.
La entidad explicó que estas empresas recibieron las mercancías y gestionaron su transporte hacia República Dominicana, pero no tenían control sobre la navegación, la estiba ni las operaciones del buque durante la travesía.
Asimismo, advirtió que también se han recibido informaciones sobre contenedores que sí fueron descargados en el puerto de Río Haina, por lo que consideró necesario examinar cada caso de manera individual.
En ese sentido, recomendó verificar las facturas, los recibos, los conocimientos de embarque, los números de contenedores y los inventarios correspondientes para determinar el destino de cada envío y establecer las responsabilidades pertinentes.
Anuncian reclamaciones formales
Ante las pérdidas reportadas, FECODECA informó que está encaminando reclamaciones formales ante la naviera, notificando a las compañías aseguradoras y recopilando la documentación necesaria para determinar las responsabilidades legales derivadas del incidente.
Hasta el momento, no se ha establecido el monto exacto de los daños económicos. Sin embargo, por la cantidad de contenedores presuntamente afectados y el volumen de mercancías transportadas, las pérdidas podrían ascender a millones de pesos.
Entre los artículos enviados habitualmente por esta vía figuran televisores, neveras, estufas, lavadoras, ropa, alimentos y otros enseres domésticos adquiridos por dominicanos residentes en Estados Unidos para sus familiares en el país.
Los envíos proceden principalmente de comunidades dominicanas establecidas en Nueva York y Nueva Jersey, donde numerosas familias utilizan los servicios de consolidación de carga para hacer llegar bienes a sus hogares.
Afectados esperan respuestas
La situación ha generado inquietud entre los propietarios de las empresas consolidadoras y las familias que aún desconocen el paradero de sus mercancías o cómo serán compensadas por las pérdidas.
Según la información difundida, hasta el momento no se había ofrecido una respuesta oficial de la Dirección General de Aduanas ni de la Autoridad Portuaria Dominicana sobre los reclamos de los afectados.
Mientras avanzan las gestiones ante la naviera y las aseguradoras, los perjudicados esperan que se esclarezcan las circunstancias del incidente, se identifiquen los embarques afectados y se determinen los mecanismos para responder por las mercancías perdidas.
Economía
Ministro de Agricultura niega que Danilo Medina solicitara dispensa para extender protección arancelaria al arroz hasta 2035
Oliverio Espaillat Bencosme afirma que los productores arroceros desconocían la supuesta gestión realizada en 2019 y defiende las medidas gubernamentales para proteger la producción nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, negó que el expresidente Danilo Medina haya solicitado formalmente una dispensa a Estados Unidos para extender hasta 2035 la protección arancelaria del arroz dominicano, como parte de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
El funcionario sostuvo que los principales representantes del sector arrocero nacional desconocían la supuesta gestión atribuida al exmandatario, por lo que consideró poco creíble que una iniciativa de esa magnitud se realizara sin informar a los productores, las federaciones, los industriales y los demás actores de la cadena productiva.
Espaillat Bencosme explicó que, durante su gestión como dirigente del sector arrocero y asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, solicitó en varias ocasiones reunirse con el presidente Medina para abordar los riesgos que representaba el calendario de desgravación arancelaria del DR-Cafta. Sin embargo, aseguró que ese encuentro nunca llegó a concretarse.
El ministro también recordó que en 2019 un alto funcionario estadounidense visitó el país para analizar la situación del arroz, pero afirmó que los representantes del sector productivo tampoco fueron informados sobre una eventual solicitud de dispensa en los términos planteados actualmente por Medina.
Gobierno defiende medidas de protección
El titular de Agricultura defendió las acciones del Gobierno del presidente Luis Abinader para preservar la producción arrocera nacional y rechazó las críticas que califican de populista el decreto 693-24, mediante el cual se establecieron medidas para proteger el cereal frente a las importaciones.
Explicó que la disposición se fundamentó en una interpretación del artículo 21.2 del DR-Cafta, relativo a la seguridad esencial, que contempla la facultad de los países de adoptar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad.
En ese sentido, afirmó que República Dominicana considera la seguridad alimentaria un componente estratégico de la seguridad nacional, debido a la importancia del arroz en la dieta de la población, la economía rural y la estabilidad social.
“Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano”, sostuvo el ministro al defender la necesidad de proteger el sector.
Asimismo, aseguró que el Gobierno no abandonará a los productores arroceros y que continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.
Medina cuestiona actuación del Gobierno
Por su parte, el expresidente Danilo Medina afirmó que el Gobierno conocía que el 1 de enero de 2025 vencía la protección arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, pero que no adoptó oportunamente las medidas necesarias para proteger a los productores locales frente a las importaciones, principalmente procedentes de Estados Unidos.
Medina calificó de populista el decreto 693-24, al considerar que establecía una cuota de importación y un arancel de hasta un 99 % para las importaciones fuera de cuota, lo que, a su juicio, contravenía las disposiciones del acuerdo comercial.
El exmandatario también señaló que durante su Gobierno se realizaron gestiones en 2019 para abordar el problema y recordó que posteriormente la pandemia de COVID-19 y las elecciones presidenciales incidieron en el proceso, cuyo seguimiento, según afirmó, no recibió la debida continuidad de la administración entrante.
El arroz ante la apertura comercial
La eliminación progresiva de los aranceles al arroz forma parte de los compromisos asumidos por República Dominicana en el DR-Cafta, acuerdo firmado en 2004, ratificado en 2005 y puesto en vigor en 2006. El calendario de desgravación establecía la entrada plena del arroz estadounidense libre de aranceles a partir de 2025.
Ante este escenario, el Gobierno emitió el decreto 693-24 como mecanismo de protección para el sector arrocero, aunque posteriormente lo derogó.
Actualmente, las autoridades mantienen negociaciones y evalúan alternativas para proteger la producción nacional frente a la apertura comercial, mientras aseguran que continuarán ofreciendo acompañamiento técnico, mecanización, financiamiento y mejores condiciones para preservar la competitividad del sector.
La controversia entre Medina y el actual ministro de Agricultura pone nuevamente en el centro del debate la gestión de las medidas de protección comercial, el cumplimiento de los compromisos del DR-Cafta y el futuro de uno de los principales productos de la canasta básica dominicana.
Agencia EFE
El Banco Mundial proyecta una expansión de 4.7 % para el país, por encima de El Salvador y Panamá, y mantiene una perspectiva favorable hasta 2028
Ciudad de Panamá.— República Dominicana encabeza las previsiones de crecimiento económico para 2026 entre los países vinculados al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo con las más recientes estimaciones del Banco Mundial.
El organismo internacional proyecta para la economía dominicana una expansión de 4.7 % del producto interno bruto (PIB) durante este año, seguida por El Salvador, con 4.5 %, y Panamá, con 4.2 %.
Las cifras forman parte del informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, en el que el Banco Mundial analiza el comportamiento y las perspectivas de las economías de la región.
Otros países mantienen crecimiento moderado
Después de República Dominicana, El Salvador y Panamá, las proyecciones para 2026 sitúan a Guatemala en 3.7 %, Nicaragua en 3.6 %, Honduras en 3.4 %, Costa Rica en 3.3 % y Belice en 2.4 %.
El desempeño proyectado para República Dominicana la coloca no solo entre las economías con mayor dinamismo de este grupo, sino también como una de las que presenta mejores perspectivas en los próximos años.
RD seguiría liderando en 2027
Para 2027, el Banco Mundial estima que República Dominicana continuará a la cabeza, con un crecimiento de 4.4 %.
Le seguirían Panamá, con 4.1 %; El Salvador, con 3.9 %; Guatemala, con 3.8 %; Honduras, con 3.7 %; Costa Rica, con 3.5 %; Nicaragua, con 3.2 %, y Belice, con 2.2 %.
Las proyecciones para 2028 también mantienen una tendencia favorable para la economía dominicana.
En ese año, el organismo multilateral calcula una expansión de 4.8 % para República Dominicana, mientras Panamá crecería 4.1 %, Guatemala y Honduras 3.8 %, El Salvador y Costa Rica 3.5 %, Nicaragua 3.1 % y Belice 2 %.
Banco Mundial resalta fundamentos macroeconómicos
En su análisis, el Banco Mundial señala que el crecimiento sostenido de algunas economías de la región se encuentra vinculado a decisiones de política económica dirigidas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos.
El organismo menciona de manera particular los casos de Panamá y República Dominicana como ejemplos de países que han mantenido un crecimiento sólido apoyado en políticas económicas de mayor continuidad.
También destaca el desempeño de El Salvador, cuya economía ha mostrado una evolución superior al promedio regional.
Entre los factores señalados se encuentran la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y el impulso de la inversión privada.
América Latina crecería 2.2 %
A pesar de las mejores perspectivas para algunas economías, el panorama general de América Latina y el Caribe continúa siendo moderado.
El Banco Mundial proyecta un crecimiento regional de 2.2 %, al tiempo que advierte sobre la necesidad de encontrar nuevos motores capaces de aumentar la productividad.
El organismo considera que uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe será precisamente fortalecer la productividad para generar un crecimiento económico más sostenible y mejorar las condiciones de desarrollo de sus países.