Economía
Tres años luchando por una pensión por discapacidad
SANTO DOMINGO. Tras tres años batallando por una pensión por discapacidad con Seguros Universal, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Virginia Margarita Fontana González logró que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogiera un amparo que ordena confirmar la cobertura.
La AFP le había negado la pensión por el contenido de la cláusula 12 del Contrato Póliza, que establece «una prescripción extintiva de dos (2) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía». La SIPEN, que ha avalado este contrato (en el 2006, durante la gestión de Persia Álvarez), había emitido una resolución en la que rechazaba la petición de Fontana de que le reconocieran su pensión.
Al 31 de enero del 2014, las aseguradoras sólo habían otorgado 3,421 pensiones por discapacidad de 6,580 solicitadas. Y 3,997 de 8,428 pensiones por sobrevivencia. Mientras, la recaudación por el seguro de discapacidad y sobrevivencia ascendía el pasado enero a RD$16, 970, 806,906.
El peregrinaje de Virginia empieza el 30 de diciembre del 2010, cuando solicitó a AFP Popular su pensión, acogiéndose en el informe del doctor Héctor de la Cruz Cabrera del 22 de noviembre del 2010, que le diagnostica «Hipertensión arterial sistémica severa, tumor renal (nefrectomía izquierda), síndrome de depresión /ansiedad reactivos».
El día 6 de enero del 2011, la AFP solicitó una calificación de discapacidad a la Comisión Médica Regional, obteniendo el 21 de febrero del mismo año la notificación de que Virginia Fontana tenía un 60.42% de discapacidad. Pero no es hasta el 7 de marzo del 2012 cuando la AFP Popular notifica a Virginia el informe de la Comisión Médica Regional, que establecía como fecha de concreción de la discapacidad el día 19 de noviembre del 2010.
Este dictamen fue apelado por ella ante la Comisión Médica Nacional y el 19 de marzo del 2012 rechazó el informe de la Comisión Médica Regional y le otorgó un porcentaje de discapacidad de 68.28%. Es el 27 de abril, más de un mes después del fallo, cuando la AFP Popular notifica a Virginia Fontana este resultado.
Tras esto, la señora reclama su pensión, pero Seguros Universal le responde que había vencido el plazo de gracia previsto en el Contrato Póliza para hacer reclamaciones y que su seguro no tenía cobertura porque no cotizaba desde final del 2009. Virginia entonces reclama ante la Comisión Médica Regional la revisión de la fecha de concreción de la discapacidad, que determina que hubo un error inicial y establece una nueva fecha: el 16 de enero del 2006.
El día 27 de junio del 2012, Seguros Universal le comunica a la afectada que según la Cláusula 12 del Contrato Póliza que tenía con la AFP Popular, su acción había prescrito y que no le darían la pensión por discapacidad. Esta cláusula establece un plazo de extinción de dos años desde la fecha de concreción a la de solicitud.
Virginia Fontana interpuso un Recurso de Revisión ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que rechazó «los argumentos presentados por la parte recurrente, por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal» en la resolución número 352-13, del 21 de junio del 2013.
Y entonces Virginia interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el día 18 de octubre del 2013.
El 20 de diciembre pasado el tribunal emitió una sentencia (la 500 -2013) a favor de Virginia acogiendo la acción de amparo, ordenando a la SIPEN confirmar la cobertura de la pensión por discapacidad permanente y pidiendo a Seguros Universal realizar un pago retroactivo de las pensiones que la afectada debió recibir desde la fecha de concreción de la discapacidad.
La SIPEN, en su resolución 358-14 del 17 de febrero de este año, derogó la resolución 352-13 y ordenó a Seguros Universal y la AFP Popular cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Según las abogadas, ya han realizado el pago retroactivo, desde enero 2006.
En lo adelante, Virginia recibiría el 85% de su pensión durante cinco años, hasta que cumpla los 60, pues a partir de esta fecha la perdería por entrar en edad de jubilación. Sin embargo, no califica para la pensión por vejez porque las cotizaciones en el país iniciaron en el 2003 y el tiempo trabajado tras esa fecha no le alcanzaría para optar por ella. O sea, que estará desamparada. Las abogadas consideran que dejarle la pensión por sólo cinco años es una interpretación que han hecho «hábilmente».
El 15% restante de la pensión que devengará es parte de los honorarios de las abogadas, pues en el contrato cuota litis le pusieron este porcentaje sobre todo lo que perciba la señora. «Nosotros le pusimos del monto recuperado. ¿Qué significa monto recuperado? Todo lo que ella vaya a percibir por nuestra gestión», afirman.
El actual superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, afirmó en una entrevista con DIARIO LIBRE que en el año 2011 sometió ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de modificación al Contrato Póliza. Esta propuesta incluye incrementar hasta los 65 años la vigencia del seguro de discapacidad y sobrevivencia; aumentar de dos a cinco años el plazo de prescripción de derechos; eliminar la preexistencia de enfermedad como elemento causal de la denegación de derechos y establecer un período de gracia para el disfrute de los derechos derivados del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia en caso de pérdida temporal del empleo, o sea, una especie de seguro por desempleo. No se conoce ninguna respuesta del CNSS sobre esta propuesta de modificación del Contrato Póliza que tanto beneficia a las empresas aseguradoras.
Listin Diario
Santo Domingo, R.D.-En 55.5 puntos se ubicó en julio el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), una reducción de 1.9 puntos con respecto al mes de junio en que se ubicó en 57.4 puntos., pero cuyo indicador se mantiene sobre el umbral de 50 correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.
El IMAM estuvo potencializado por el comportamiento del volumen de ventas que se ubicó en 56.8 puntos; volumen de producción ubicado 59.0; empleo, ubicado en 51.0; inventario de materias primas, ubicado en 51.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 54.9.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2025 a julio 2026.
El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.
Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad en comparación con el mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad.
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Juan Bosch (FJB) y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron el estudio “La rentabilización de la insuficiencia salarial: endeudamiento y acumulación financiera mediante tarjetas de crédito en República Dominicana”, una investigación que analiza cómo el creciente uso de las tarjetas de crédito se ha convertido en un mecanismo utilizado por miles de hogares para compensar la brecha existente entre los salarios, los ingresos laborales y el costo de la vida.
De acuerdo con el informe, este fenómeno ha dado lugar a un proceso de “rentabilización de la insuficiencia salarial”, mediante el cual las limitaciones de ingresos de una parte importante de la población terminan siendo una fuente de ganancias para el sistema financiero.
El estudio identifica una expansión acelerada del crédito mediante tarjetas en los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Asimismo, el informe señala que cerca de la mitad de los tarjetahabientes de menores ingresos financia sus consumos mediante pagos mínimos, mientras más de la mitad presenta niveles importantes de vulnerabilidad financiera al combinar financiamiento recurrente y morosidad.
La investigación concluye que las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento ocasional de financiamiento para convertirse en una extensión artificial y costosa del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde gran parte de los salarios se sitúa por debajo del costo de la canasta familiar.
La investigación identifica importantes asimetrías de información y una política crediticia que favorece formas de endeudamiento poco productivas, concentradas en segmentos de bajos ingresos, con niveles de interés que cuadruplican los observados en otras modalidades de crédito bancario.
Entre las principales recomendaciones, el estudio plantea la necesidad de impulsar políticas orientadas a mejorar salarios y pensiones, proteger el poder adquisitivo de la población frente al aumento del costo de la vida, fortalecer los servicios públicos de salud y educación para reducir la necesidad de endeudamiento privado y promover una regulación más efectiva de las tasas de interés y del mecanismo de pago mínimo de las tarjetas de crédito.
Además, propone reorientar la política crediticia hacia instrumentos que contribuyan a la acumulación de activos productivos, como vivienda, ahorro y emprendimiento, e incorporar mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y deterioro financiero de los hogares.
La Fundación Juan Bosch y el INISE destacaron que esta publicación forma parte de la cooperación técnica y académica sostenida entre ambas instituciones para promover investigación aplicada y espacios de debate sobre políticas públicas para el desarrollo y la justicia socioeconómica.
El informe constituye el undécimo estudio elaborado y publicado conjuntamente en el marco de este convenio de colaboración y fue realizado por los investigadores Francisco A. Tavárez Vásquez, Matías Bosch Carcuro y Stanly Abreu de la Cruz.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano ascendió 17 posiciones en la clasificación Top 1,000 World Banks 2026, elaborada por la revista financiera The Banker, del grupo Financial Times, al ocupar el puesto 688 entre las mil principales entidades bancarias del mundo.
El avance estuvo impulsado por el crecimiento de su capital primario (Tier 1), principal indicador utilizado por The Banker para evaluar la fortaleza financiera de las instituciones bancarias.
Entre las entidades bancarias dominicanas de capital privado incluidas en la clasificación, el Banco Popular obtuvo la posición más alta, con una ventaja de 247 puestos sobre la siguiente institución de capital privado del país presente en el listado.
El ascenso del Popular en el ranking se sustentó además en el crecimiento de sus activos, una mayor generación de resultados y robustos niveles de rentabilidad y solvencia, factores que respaldan su posición entre las entidades financieras privadas más relevantes de la región.
Al respecto, el presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, valoró el avance alcanzado en la clasificación y destacó que este reconocimiento refleja la confianza de los clientes y el compromiso de los colaboradores.
“Se trata de un logro que demuestra cómo seguimos innovando y construyendo un banco más cercano, ágil y eficiente cada día. Continuaremos impulsando este modelo de banca innovadora y responsable, enfocada en contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana”, expresó el ejecutivo.
Una trayectoria de crecimiento sostenido
Una trayectoria de crecimiento sostenidoEl listado Top 1,000 World Banks, publicado anualmente desde 1970, es uno de los principales referentes internacionales para evaluar la fortaleza de la industria bancaria.
La evolución del Banco Popular en el Top 1,000 World Banks evidencia una trayectoria de crecimiento sostenido en una de las clasificaciones más reconocidas del sistema financiero internacional.
En 2014, la entidad ocupaba el puesto 906 del ranking mundial. Doce años después, se ubica en la posición 688, tras escalar 218 lugares en ese período.
Este avance ha estado acompañado por una estrategia centrada en la innovación, la transformación digital, la disciplina financiera y la adopción de las mejores prácticas internacionales. Como resultado, el Popular ha fortalecido su competitividad y su posición entre las instituciones financieras privadas de mayor robustez de América Latina y el Caribe.