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Comité Político del PLD decide acatar sentencias del Tribunal Superior Electoral
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió una nota de repudio a la profanación de que fue objeto la tumba del Profesor Juan Bosch en La Vega, al tiempo de acatar las decisiones del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa a los dirigentes de esa entidad que presentaron sendos recursos de amparo, reclamando derechos en la recién concluidas elecciones internas.
La decisión se adoptó en la reunión del organismo de dirección política del PLD realizada el lunes 17 de marzo en la Oficina Presidencial. El Comité Político peledeista como primer punto manifestó su indignacion por el acto de profanación del mausoleo del fundador de esa organización, profesor Juan Bosch, en el cementerio Ornamental de la ciudad de La Vega , de donde sustrajeron la escultura que simboliza el vuelo de la gaviota, inspirado en la canción que Bosch escribió estando en prision.
“El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana manifiesta públicamente su repudio al hecho de la profanación de la tumba del prócer nacional, símbolo de la dignidad dominicana, profesor Juan Bosch” se destaca en un breve documento redactado por una comisión designada en la reunión.
Por igual el PLD, mediante su organismo de dirección política manifiestó su solidaridad con la población que ha sufrido el agravio de la profanación de tumbas de sus seres queridos ya fallecidos. “ Nos unimos a la indignación de la familia dominicana quienes también han sufrido este tipo de agravios , que laceran la sensibilidad humana”, apunta..
La reunión del Comité Político inició a las 8.15 de la noche del día 17 de marzo y concluyó a las 12 y 25 de la madrugada del martes 18, con un resumen de los temas acordados realizado por Reinaldo Pared Pérez, secretario general , en compañía de Radhamés Camacho y Cristina Lizardo.
El documento de repudio al hurto de la escultura del mausoleo del profesor Juan Bosch concluyó con un llamado en general: “Llamamos a la sociedad para que unamos nuestros esfuerzos en procura de fortalecer los valores cívicos y morales que simbolizan la dignidad de los seres humanos y la integridad de la familia.
El ex Presidente de la Republica Leonel Fernández, en su condición de Presidente del PLD, encabezó la reunión a la cual se excusó por su inasistencia, el Presidente de la República Danilo Medina. En total 33 de una matricula de 35 miembros asistieron.
La situación que en estos momentos se vive en la Republica de Venezuela fue objeto de análisis del Comité Político peledeísta, externando su preocupación y abogando desde aquí, para que las partes en conflicto acudan a la mesa del dialogo a los fines de procurar una salida a la situación de crisis política que se vive en la actualidad.
Como se había adelantado, el tema de la Ley de Partidos políticos fue abordado en la reunión realizada en el salón Juan Bosch de la Oficina Presidencial del PLD en la zona universitaria, decidiendo en ese sentido convocar para el próximo lunes a las seis de la tarde para continuar conociendo el informe que una comisión, coordinada por Rafael Alburquerque, rindiera a ese organismo.
Con relación a las decisiones del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa a tres dirigentes que recurrieron ante esa alta corte reclamando derechos en la recién elección a los miembros del Comité Central en la candidatura del Nivel Local y dos en el Nivel Nacional, el Comité Político decidió acoger las sentencias del tribunal, que ordena restituir la membresía del Comité Central a los reclamantes.
“En segundo lugar el Comité Político decidió que las compañeras que se ordena su sustitución, se mantengan en el Comité Central en cumplimiento del mandato de los Estatutos del PLD en su articulo 20, acápite F” precisó Pared Pérez, al resumir lo acordado
De inmediato los favorecidos con las sentencias y las mujeres dirigentes del PLD afectadas con la decisión de la corte, fueron convocados para el próximo lunes a las seis de la tarde en la Oficina Presidencial del PLD en donde se le tomará el juramento como miembros del Comité Central.
Según los Estatutos se autoriza al Comité Político a tomar las decisiones de lugar en todos los casos que, a su juicio, puedan afectar la vida del Partido.
En total serán juramentados 21 personas, diez dirigentes del sexo masculino y las diez mujeres afectadas por la decisión del Tribunal Superior Electoral , agregando al dirigente de Nueva York, Gregorio Morrobel, quien empató en las votaciones con el también dirigente Jovanny Rodríguez, apelando también al articulo 20 de los actuales Estatutos.
Finalmente el Comité Político en su reunión del lunes decidió autorizar a los miembros de la Comisión Organizadora del recién concluido Congreso Ordinario Comandante Norge Botello, para que presente un cronograma de aplicación de las decisiones aprobadas en ese evento para su aplicación.
EL NACIONAL
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Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.