Nacionales
Comité Político del PLD decide acatar sentencias del Tribunal Superior Electoral
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió una nota de repudio a la profanación de que fue objeto la tumba del Profesor Juan Bosch en La Vega, al tiempo de acatar las decisiones del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa a los dirigentes de esa entidad que presentaron sendos recursos de amparo, reclamando derechos en la recién concluidas elecciones internas.
La decisión se adoptó en la reunión del organismo de dirección política del PLD realizada el lunes 17 de marzo en la Oficina Presidencial. El Comité Político peledeista como primer punto manifestó su indignacion por el acto de profanación del mausoleo del fundador de esa organización, profesor Juan Bosch, en el cementerio Ornamental de la ciudad de La Vega , de donde sustrajeron la escultura que simboliza el vuelo de la gaviota, inspirado en la canción que Bosch escribió estando en prision.
“El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana manifiesta públicamente su repudio al hecho de la profanación de la tumba del prócer nacional, símbolo de la dignidad dominicana, profesor Juan Bosch” se destaca en un breve documento redactado por una comisión designada en la reunión.
Por igual el PLD, mediante su organismo de dirección política manifiestó su solidaridad con la población que ha sufrido el agravio de la profanación de tumbas de sus seres queridos ya fallecidos. “ Nos unimos a la indignación de la familia dominicana quienes también han sufrido este tipo de agravios , que laceran la sensibilidad humana”, apunta..
La reunión del Comité Político inició a las 8.15 de la noche del día 17 de marzo y concluyó a las 12 y 25 de la madrugada del martes 18, con un resumen de los temas acordados realizado por Reinaldo Pared Pérez, secretario general , en compañía de Radhamés Camacho y Cristina Lizardo.
El documento de repudio al hurto de la escultura del mausoleo del profesor Juan Bosch concluyó con un llamado en general: “Llamamos a la sociedad para que unamos nuestros esfuerzos en procura de fortalecer los valores cívicos y morales que simbolizan la dignidad de los seres humanos y la integridad de la familia.
El ex Presidente de la Republica Leonel Fernández, en su condición de Presidente del PLD, encabezó la reunión a la cual se excusó por su inasistencia, el Presidente de la República Danilo Medina. En total 33 de una matricula de 35 miembros asistieron.
La situación que en estos momentos se vive en la Republica de Venezuela fue objeto de análisis del Comité Político peledeísta, externando su preocupación y abogando desde aquí, para que las partes en conflicto acudan a la mesa del dialogo a los fines de procurar una salida a la situación de crisis política que se vive en la actualidad.
Como se había adelantado, el tema de la Ley de Partidos políticos fue abordado en la reunión realizada en el salón Juan Bosch de la Oficina Presidencial del PLD en la zona universitaria, decidiendo en ese sentido convocar para el próximo lunes a las seis de la tarde para continuar conociendo el informe que una comisión, coordinada por Rafael Alburquerque, rindiera a ese organismo.
Con relación a las decisiones del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa a tres dirigentes que recurrieron ante esa alta corte reclamando derechos en la recién elección a los miembros del Comité Central en la candidatura del Nivel Local y dos en el Nivel Nacional, el Comité Político decidió acoger las sentencias del tribunal, que ordena restituir la membresía del Comité Central a los reclamantes.
“En segundo lugar el Comité Político decidió que las compañeras que se ordena su sustitución, se mantengan en el Comité Central en cumplimiento del mandato de los Estatutos del PLD en su articulo 20, acápite F” precisó Pared Pérez, al resumir lo acordado
De inmediato los favorecidos con las sentencias y las mujeres dirigentes del PLD afectadas con la decisión de la corte, fueron convocados para el próximo lunes a las seis de la tarde en la Oficina Presidencial del PLD en donde se le tomará el juramento como miembros del Comité Central.
Según los Estatutos se autoriza al Comité Político a tomar las decisiones de lugar en todos los casos que, a su juicio, puedan afectar la vida del Partido.
En total serán juramentados 21 personas, diez dirigentes del sexo masculino y las diez mujeres afectadas por la decisión del Tribunal Superior Electoral , agregando al dirigente de Nueva York, Gregorio Morrobel, quien empató en las votaciones con el también dirigente Jovanny Rodríguez, apelando también al articulo 20 de los actuales Estatutos.
Finalmente el Comité Político en su reunión del lunes decidió autorizar a los miembros de la Comisión Organizadora del recién concluido Congreso Ordinario Comandante Norge Botello, para que presente un cronograma de aplicación de las decisiones aprobadas en ese evento para su aplicación.
EL NACIONAL
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.