Nacionales
Finjus: Estado debe comprometerse con víctimas y testigos
En los tribunales del país muchos casos quedan impunes porque las víctimas tienen miedo a mantener las acusaciones.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer que tiene que existir compromiso de Estado y políticas públicas en materia de protección a víctimas y testigos de procesos judiciales.“Todavía sigue siendo una institución en proceso de construcción en donde las autoridades, no solo la Procuraduría sino al Estado como tal, debiera ver de qué forma se le presta mayor atención, porque hay casos que muchas veces no se procesan por el tenor que tienen las víctimas y testigos de recibir represalias”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán.
Explicó que un testigo y la víctima en todo proceso judicial no son más que una parte de las evidencias, instrumentos esenciales para la solución de los casos, y “hasta que no lo veamos así vamos a estar tropezando, el Estado tiene que tener una política clara. No es un problema exclusivo de una legislación, probablemente lo que está haciendo falta es el compromiso del Estado en esta dirección”.
En ese sentido, Castaños Guzmán advirtió que antes de aprobar una ley sobre la materia, hay que tener bien claro el diseño de cuáles son las políticas de Estado que se van a implementar para luego someter un proyecto de ley.
“No se puede ir al Congreso sin una política de Estado definida”, sostuvo.
También abogó porque se creen las condiciones para que las víctimas se recuperen de sus procesos.
“Para eso tú tienes que diseñar políticas públicas en donde se comprometan las instituciones que deben darle respuestas a la solución de lo que sería eventualmente un trauma, ahí tendría que intervenir Salud Pública”, consideró.
En ese orden, saludó que desde la Procuraduría se creen direcciones de protección, sin embargo, entiende que quizás falte difundir estos programas e invertir recursos en esas unidades.
Castaños Guzmán puntualizó que hay que crear una cultura para que, frente a las agresiones de la delincuencia quienes tengan el valor de denunciar y ser parte del proceso se les ofrezcan las condiciones para que se sientan seguros.
Hoy hay efectividad
Por otro lado, los abogados Carlos Olivares y Félix Damián Olivares dijeron que el Ministerio Público no ha tenido efectividad en la protección de las víctimas y testigos.
“Entiendo que en realidad la protección no existe, eso es totalmente infuncional. Este sistema deviene en inservible. En países tan pequeños como el nuestro, mantener una persona sustraída bajo la protección después de declarar es muy difícil”, expresó Carlos Olivares.
De su lado, Félix Damián criticó que no exista una práctica de reguardar la identidad de los testigos.
Pese a que existe un proyecto de ley que busca crear una legislación para asegurar la protección de víctimas y testigos, está estancado en el Congreso.
Sobre el tema
El 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 40-34 adoptó la declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder. En 1990, movimientos sociales de la provincia Hermanas Mirabal crearon la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género.
La ley sobre violencia intrafamiliar (24-97), el Código Procesal Penal y la norma sobre Las Casas de Acogidas también hablan de esta protección y derechos de la víctima.
Además, existe la Dirección Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia de la Procuraduría, y una Organización no Gubernamental llamada “Centro de Protección a las Víctimas del Delitos (Ceprovide), esta última, rinde asistencia legal gratuita a las víctimas”.
En 2009, el exprocurador Radhamés Jiménez dictó la Resolución 42 que crea la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos Bajo el Amparo de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, aplicando el programa principalmente en este tipo de casos. Esa unidad, según el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, tiene más de 20 personas bajo protección.
La Constitución dominicana en su artículo 169, párrafo primero, establece que el Ministerio Público “dispondrá la protección de víctimas y testigos”, también en el artículo 177 indica que el Estado tiene que crear programas de asistencia legal gratuita para las víctimas de escasos recursos. En adición, la ley Orgánica del Ministerio Público, (133-11), en su artículo 52 numeral 2, también habla de la protección a víctimas y testigos. “Corresponde al director General de Persecución del Ministerio Público: coordinar el sistema de protección de víctimas, testigos u otros sujetos en riesgo en los procesos penales”, indica la norma.
Sobre el proyecto de ley de protección
Algunos elementos del proyecto de ley para la “atención y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgos” presentado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, son la posibilidad de instalar cámara de circuito cerrado, que testigos y víctimas puedan tener nueva identidad, protección policial, asistencia legal gratuita, así como indemnización para la víctima cuando el Estado no identifique al agresor.
Iniciativa
Existe un proyecto de ley sobre la protección de víctimas y testigos depositada en la Cámara de Diputados.
EL CARIBE.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.