Opinión
El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.
Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.
De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.
El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.
El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.
El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.
El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.
La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.
La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.
En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.
La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.
El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.
Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.
La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.
Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.
Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.
Desconcierto general
La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.
Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.
Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.
El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.
Por Narciso Isa Conde
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Esta América es nuestra, la de ellos es la del “Norte Revuelto y Brutal”, destinado a «sembrar de miseria” nuestra América.
No somos “patio trasero” de nadie.
A estas alturas del proceso, consideramos inaceptable una nueva apelación al monroísmo y más aún las demenciales pretensiones del trumpismo y otras variantes del neofascismo.
En esta América…el oro, el litio, las tierras raras, el titanio, la Amazonía, la biodiversidad, las costas, las playas y los ríos, no son de EEUU.
Son nuestros y los vamos a defender.
¡Que lo sepan bien Trump, Elon Musk, Laura Richardson y Marco Rubio!
¡Que lo sepan su CIA, USAID, Comando Sur, el Pentágono y su gabinete de halcones!
Ni su retórica de terror, ni el coloniaje racista, ni sus guerras de variadas intensidades y generaciones, nos asustan.
Carecen de capacidad para intimidar los estados y pueblos que ejercen el derecho a la autodeterminación
Son huesos duros de roer.
Ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua se caen con palabras y fantocherías cobardes, tampoco con guerras de baja intensidad.
Eso está requeté demostrado.
¡Habría que intentar tumbarlas o aplastarlas con armas e invasiones de alto calibre!, y eso no es fácil, porque los invasores corren el riego de empantanarse como le ha pasado en otras partes del planeta.
Pero, además, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia no están solas en el mundo, ni en este continente.
Cuba y Venezuela tienen poder militar para devolver. Como pasa, en otras latitudes con Corea del Norte en la cercanía de Corea de Sur y Japón, aliados carnales y sedes de base militares de EEUU.
El odio colonial neofascista incluso apunta contra México, Colombia y Brasil en favor de las ultraderechas de esas naciones, a pesar de la traición de Lula a Venezuela y las recientes inconsecuencias de Petro con la patria de Bolívar y de Chávez.
Hacia México el trumpismo derrama hiel y desde sus entrañas se esgrimen sanciones y amenazas inaceptables para la dignidad de su gobierno y de su pueblo, y no le será fácil al Gobierno de Trump imponer sus designios; como tampoco le será fácil ejecutar su xenofobia brutal, ni cumplir sus promesas racistas contra los flujos migratorios y la inmigración “tercermundista” que las propias potencias neocoloniales han provocado
· LOS DESIGNIOS NEFASTOS DEL TRUMPISMO HAN SIDO CONFESADOS.
Todas esas pretensiones imperiales han sido confesadas por los halcones “electos” o designados, con todo el descaro del mundo.
Sabemos, además, para que pueden dar Trump, Vance, Musk, Laura Richardson y Rubio, para solo dejarlo en ese nefasto quinteto, hermanado en el anticomunismo, el racismo, la xenofobia y la voracidad sobre riquezas naturales ajenas.
Rubio es más rubio que Trump y más colonialista y neofascista que la sombra de los dos nuevos principales inquilinos de la Casa Blanca. Se crio y formó políticamente en la madriguera de Miami, mientras Musk es un producto del apartheid sudafricano, del elitismo capitalista y de su opulenta existencia.
Estamos enterados, por sus propios alardes que sus “panas full” en estos lares son Milei, Noboa, Bukele, Bolsonaro, Kast, Murillo, Uribe, Duque, Marie Corina-González Urrutia … y con ellos y con otros de parecida calaña, se propone construir el bloque regional de neofascismo mundial; que de seguro va ha ser bendecido por Trump, Netanhau, Zelensky, Giorgia Meloni y la Len Pen…
El plan incluye la ampliación de ese bloque, el asalto a otros estados del continente y el programa para intentar revertir por la fuerza todos los procesos que a escala continental EEUU no controla.
A Puerto Rico le esperan las agresiones consabidas del trumpismo y de su envenenada oferta de estadidad, ahora con menos posibilidades de éxitos, dados acontecimientos (electorales y no electorales) que revelan el ascenso de la conciencia independentista del pueblo de Borinquén.
Y a Haití una mayor dosis de violencia, racismo y opresión.
Entre los/as candidatos/as con “méritos” para esa ampliación están Luis Abinader, el nuevo primer ministro de Haití, Alí Dipré Fil Bien Amé, la presidenta Buluarte de Perú, el presidente Santiago Peña Palacios de Paraguay, entre otros y otras.
· CAUSAS DEL REPLIEGUE VIOLENTO HACIA NUESTRA AMÉRICA.
Trump y sus halcones, no lo confiesan así, pero realmente se trata de un repliegue al “patio trasero”, con un fuerte énfasis en desplazar a China, Rusia e Irán de esta región; desestabilizar y tumbar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la determinación de apoderarse por cualquier medio de su patrimonio natural.
La voracidad minera y el nuevo asalto a la naturaleza no humana tiene portavoces.
La Generala Laura Richardson, Jefa del Comando Sur, organismo encargado de preservar militarmente para EEUU esas riquezas ajenas, ha proclamado abiertamente el interés que tiene esa súper potencia en “el triángulo del litio (Argentina, Chile y Bolivia)”, en “las reservas de petróleo (la más grande del mundo), gas natural, cobre y oro de Venezuela”, en “los bosques de la Amazonia (los pulmones del planeta)” y en “el 31 % del agua dulce del mundo”.
Por su parte, Elon Musk confesó su auspicio al golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia y declaró que tras el litio y los minerales imprescindibles para las tecnologías de punta estaba en disposición de dar golpe de estado donde fuera necesario.
Corporaciones petroleras, mineras, químicas e informáticas y el Pentágono, su Comando Sur, la CIA y el Departamento de Estado, confluyen en la misma dirección rapaz. Su hambre de combustibles fósiles, litio, titanio, oro, tierras raras, agua y biodiversidad, potencia la voracidad imperial.
La hostilidad contra China ha tenido una matriz bipartidista y un carácter estratégico hasta hace poco, y está claro que Trump y sus halcones estas prestos a subirle el tono.
Pero recientemente la momia de Biden ha sido usada en la transición por una facción del fracturado poder estadounidense, para meterle una piedra en el camino a TRUMP; asumiendo sorpresivamente la actual Administración una actitud conciliadora con China, la cual ha sido aprovechada por el liderazgo del gigante oriental para reiterar y dejar aún más claro lo que esa súper potencia no aceptaría ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie.
El repliegue hacia acá, con la contraofensiva anunciada, tiene su razón de ser en la derrota de la OTAN en Ucrania y en el criterio de importantes sectores de poder que auparon al trumpismo, sobre la necesidad de apaciguar ese capítulo desgastante de la guerra global infinita desatada por EEUU, no otros.
A esa negociación, el mismo Biden, ha respondido autorizando a Ucrania a usar de misiles de largo alcance contra Rusia, lo que ha sido rechazado por Francia e Inglaterra; otra evidencia de la creciente fractura de las elites imperialistas europeas y estadounidenses, y de los riesgos que asechan a la humanidad en medio de este tumultuoso proceso de decadencia y descomposición del sistema imperialista occidental.
· TRUMP Y SUS HALCONES NO REPRESENTAN LA PAZ.
No es que Trump y sus halcones son pacifistas, sino que EEUU ha perdido esa guerra y de continuarla le puede ir peor.
El poder político-militar estadounidense está obligado a negociar con Rusia y el ascenso de Trump ofrece esa oportunidad. La condición no la impondrá Trump, sino Putin que controla territorio y podría avanzar más. De todas formas, se trata de una negociación necesaria y a la vez compleja, que puede dilatar.
El complejo militar-industrial-financiero-informático en estos últimos años ha obtenido enormes beneficios y se puede dar el lujo de un receso de guerra en Europa, en favor del alivio a la carga sobre el deficitario presupuesto de EEUU y su colosal endeudamiento. Así opera el poder profundo de ese Coloso decadente.
La carga económica estadounidense en la OTAN es alta y Europa Occidental, sensiblemente diezmada, está bajo la presión de Trump en materia de financiamiento, forzada también a ceder frente a Rusia.
No es el caso de la guerra contra Palestina, ya sensiblemente regionalizada en el Oriente Medio.
Las relaciones carnales con Israel y el lobby estadounidense del gran capital sionista, obligan a continuarla.
Trump no admite la existencia del Estado Palestino e incita a Netanhau a completar el holocausto palestino, para luego intentar colonizar el litoral occidental de Gaza, cesar los combates y concentrar la presión contra IRÁN.
Sigue siendo difícil aplastar a Hamas y más aún derrotar los Huties yemenitas y a Hebollag,
El “pacifismo” de Trump se fue al carajo al referirse a la guerra en esa región, donde, además existe una resistencia palestina que no cree en cuento y con demostrada capacidad ofensiva frente un sionismo cada vez más desacreditado y vulnerable.
Cierto que los jefes del Partido Demócratas-PD y sus enclaves globalistas son terriblemente guerreristas, pero suponer adversidad a las guerras en las entrañas del pacto neofascista que sustenta a Trump, al trumpismo y a su nueva admiración, es más que una tontería, dado que su esencia es la dominación violenta y que el repliegue en Ucrania es fruto de un gran revés militar, como lo fue en Afganistán. Incluso ese pacto contiene fuertes ingredientes del globalismo “demócrata”, traspasado a los “republicanos” leales a Trump.
Del neofascismo como producto de una decadencia agresiva del imperialismo occidental y su súper potencia dominante, en el contexto de un endurecimiento del neoliberalismo neocolonial, en general solo puede esperarse una continuidad de la política con la modalidad de variadas combinaciones de guerras.
Solo la insurgencia global de la humanidad amenazada de extinción. puede derrotar esos designios imperiales y crear lo nuevo, combinando todos los actores de esa gran transformación hacia un mundo justo, diverso, multicultural y solidario.
Por Isaías Ramos
Las recientes declaraciones del gobierno dominicano sobre el llamado “abastecimiento navideño” han generado indignación y descontento en un sector importante de la población. Con anuncios de 10 millones de raciones de alimentos cocidos y productos festivos como manzanas y dulces, se nos presenta un espectáculo que oculta la dura realidad de miles de familias que enfrentan hambre y pobreza durante todo el año.
El director de comedores económicos afirmó que personas hacen filas desde las 11:00 p. m. del día anterior para recibir su ración navideña. Esto no es motivo de celebración; es una muestra alarmante de la humillación y la dependencia extrema que este modelo asistencialista perpetúa. Que miles tengan que someterse a estas condiciones para acceder a lo más básico evidencia el fracaso de un sistema que prioriza lo mediático sobre lo estructural.
En lugar de atacar las raíces del hambre y la pobreza, el gobierno opta por paliativos temporales. La pregunta es inevitable: ¿por qué esperar hasta diciembre para responder a una crisis alimentaria constante? Estas acciones parecen diseñadas más para apaciguar críticas y desviar la atención pública que para ofrecer soluciones reales. Mientras tanto, el campo dominicano continúa en abandono, con agricultores que trabajan arduamente sin el apoyo necesario del Estado.
Hablar de “multiplicar lo que se da al pueblo”, como mencionó el presidente, es irónico cuando ese mismo pueblo ha sido despojado de oportunidades dignas y sostenibles. El acceso a alimentos no debería depender de campañas temporales, sino ser el resultado de políticas agrarias efectivas que fortalezcan la producción nacional, garanticen la seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo rural.
La dependencia del clientelismo o asistencialismo crea un ciclo vicioso: cada diciembre, las familias esperan con resignación una mano tendida, mientras el resto del año se ignoran sus necesidades. Esto no solo perpetúa la pobreza, sino que se convierte en una forma de control social, diseñada para mantener el poder en lugar de empoderar al pueblo.
Más preocupante aún es cómo estas medidas superficiales distraen de los problemas estructurales: falta de empleo digno, educación adecuada y sistemas de salud funcionales. Ofrecer comida en épocas festivas es insuficiente e inaceptable. La solución pasa por un cambio profundo en la gestión de los recursos y en la priorización de las necesidades del pueblo.
El “abastecimiento navideño” debería ser un recordatorio de lo que está mal con nuestro sistema actual. No podemos permitir que nuestras autoridades sigan utilizando estas medidas como herramientas para maquillar el hambre y la pobreza. Es hora de exigir políticas públicas basadas en justicia social, que aseguren salarios justos, inviertan en infraestructura rural y fortalezcan a los agricultores locales.
En el Frente Cívico y Social hacemos un llamado al pueblo dominicano: despertemos ante esta realidad. Cada vez que hacemos fila por un plato de comida, aceptamos la normalización del hambre y la precariedad. Debemos rechazar este sistema que perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
Movilicémonos por nuestros derechos. Exijamos transparencia, rendición de cuentas y acciones concretas que prioricen las necesidades del pueblo. Las festividades no deberían ser un recordatorio de nuestro fracaso institucional, sino una celebración de logros fruto del esfuerzo colectivo entre el gobierno y su gente.
En el FCS creemos que llegó el momento de construir un país donde la dignidad, la justicia y la igualdad sean accesibles para todos. La lucha por un futuro mejor comienza aquí y ahora.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que si se llevara a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.
Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas. Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.
La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y en el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.
Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos. Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos de que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.
Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.
Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.
¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?
Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas? Esta es una cuestión determinante para que el plan vial alcance el éxito que todos esperamos.