Opinión
El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.
Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.
De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.
El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.
El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.
El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.
El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.
La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.
La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.
En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.
La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.
El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.
Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.
La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.
Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.
Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.
Desconcierto general
La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.
Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.
Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.
El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.
Por Narciso Isa Conde
«Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos.»
La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica y social mundial con tendencia a una gran depresión
Abinader, lacayo al fin, se comprometió con la agresión a Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el billete vasallo.
Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante en este país, colocada al servicio de EEUU y del facineroso trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial multipolar.
Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos…
Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas, transporte, salud, educación…
La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que precipita la tendencia a su caída.
Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.
Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos no
La propuesta del pacto nacional del lacayo Abinader incluye a culpables y no culpables; a responsables y no responsables de genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada e incremento brutal de las desigualdades sociales.
· ¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?
De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra el pueblo trabajador.
Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una política de paz o guardando silencio cómplice frente a la prepotencia criminal del neofascismo imperialista.
Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los tutumpotes.
Esto es inaceptable.
Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la partidocracia lo que se roban todos los días.
Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.
En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…
En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.
Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.
En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.
Pero, además, a esto emplaza:
1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,
2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática marginalidad económica-social, y los graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…
3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, la dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial.
La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.
Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser «equitativas» o «equilibradas» en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.
No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.
Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.
Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.
Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.
Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las inversiones productivas.
Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,
Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.
Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.
Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.
Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.
El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna.
La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones
Por Isaías Ramos
Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor? Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno informó la llegada de 3.71 millones de visitantes. Pero el costo promedio de la canasta básica familiar a febrero de 2026 fue de RD$48,476.88, mientras el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado rondaba los RD$30,000 y el de una microempresa apenas RD$16,993.20. Ese contraste no es una anécdota estadística. Es la radiografía de un modelo que produce vitrinas de éxito mientras deja a una gran parte del pueblo atrapada en la lógica de la sobrevivencia.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real. En el turismo hotelero, el salario mínimo subió a RD$19,320 desde junio de 2025 y alcanzó RD$21,840 en junio de 2026. En zonas francas, el aumento aprobado fue de 25% en dos tramos. Pero aun con esos ajustes, esos ingresos siguen muy lejos del costo promedio de la canasta básica familiar. El problema, entonces, no es solo cuánto crecen esos sectores, sino cuán poco de ese crecimiento se traduce en dignidad material para quienes los sostienen con su trabajo.
El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad. Es decir, el problema no es la ausencia de crecimiento; el problema es que ese crecimiento no baja con suficiente fuerza al cuerpo social. Lo que hoy se vende como éxito muchas veces no pasa de ser una fotografía parcial del país.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6% del empleo nacional. En un país serio, esa realidad bastaría para reordenar prioridades. Aquí, en cambio, se siguen privilegiando sectores ya favorecidos mientras a la base productiva se le exige resistencia.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría. Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno. Y, sin embargo, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos cada año en gasto tributario para sostener esos sectores. La pregunta ya no es si generan actividad. La pregunta es si generan, en proporción a los privilegios que reciben, bienestar amplio, encadenamientos productivos y movilidad social.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento. Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente. Y así se consolida una economía donde los beneficios se concentran arriba mientras la sobrevivencia cotidiana se normaliza abajo. Cuando la mesa de la familia dominicana sigue siendo el lugar donde se siente el encarecimiento de todo, los titulares de éxito pierden legitimidad moral ante la vida real del pueblo.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias. La República Dominicana no necesita más propaganda del éxito. Necesita una revisión profunda del modelo. Necesita salarios que se acerquen a la vida real, un compromiso medible de encadenamiento de turismo y zonas francas con la producción nacional, una revisión severa de los privilegios fiscales que no acrediten retorno social suficiente, más apoyo efectivo a las mipymes y al agro, y una política económica que deje de confundir récords sectoriales con prosperidad nacional.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.
(segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
Antes que Donald Trump, dos presidentes de Estados Unidos confrontaron ásperamente a la prensa, John F. Kennedy (1961-1963) y Richard Nixon (1969-1974): El primero sufrió un atentado fatídico y el segundo se vio compelido a renunciar como jefe de Estado. El tercero, Trump, más contestatario en el contrapunteo, si prosigue con su megalomanía e irreflexivo comportamiento, seguirá desencadenando más percances/heridas a los habitantes del globo terráqueo y por la turbulencia no fondeará la barca presidencial en buen puerto.
Trump, osado hasta el extremo, triunfó en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 por la manipulación oculta del presidente ruso Vladimir Putin, y el 30 de octubre de 2025 escuchó con torcimiento la retórica de paz del presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur: En son de concordia, este ha invitado a Trump a visitar próximamente a Zhongguo -la tierra de la muchacha o sirvienta- y luego Jinping estará en Estados Unidos. Contemplando las siete asombrosas maravillas contemporáneas de China, ¿cederá el presidente norteamericano en su beligerancia?
Desde su campaña electoral de 2016, Trump ha desbordado todos los límites frente a los medios de comunicación: Ha impedido el acceso de reporteros a actos y a la Casa Blanca, suspendió la estatal La Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales; ha demandado judicialmente a más de 30 periodistas y medios, y amenazado con suspender licencias de transmisión.
Y se solaza –con gesto teatral- endilgándolos como “enemigos del pueblo, que se inventan fuentes anónimas” y actúan ilegalmente, y a los periodistas los ha calificados como “Cerdita, silencio”, “izquierdistas”, “corruptos” difusores de “noticias falsas”, “imprudentes y maliciosos”, “deshonestos”, “desagradables”, “reporteros de baja calaña” y “escorias humanas”.
“¿Saben por qué lo hago?”, se preguntó. Y contestó: “Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos a todos, para que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea”.
Aparte de las eventuales recomendaciones de Jinping y Putin, un trío de amigos de confianza o familiares de Trump tendrá que pedirle un encuentro íntimo, que comience con una sesión de meditación yoga para la relajación -repitiendo con los ojos cerrados por media hora- un mantra que le tranquilice la mente. ¿Aceptará?
Esos tres atrevidos deberán fungir como consejeros y razonarle -que interprete diáfanamente que se trata de un mensaje de ayuda- que sus disposiciones están impactando perjudicial/dañinamente a los mercados y la economía política global, y en particular a Estados Unidos, que conducían a un holocausto nuclear; que está perdiendo la batalla en la opinión pública y que su desafiante postura de no tener miedo, el establishment y el primer ministro de Israel, el genocida de Gaza Benjamín Netanyahu, lo han colocado peligrosamente en el filo de la navaja.
Además de los medios de comunicación, Trump no deja pasar el tren para pactar marchs, encarar a los superpoderes globales, como China y Rusia; amenazar a distintos países y arreciar la crueldad contra el sufrido, digno y solidario pueblo de Cuba. Pero no se percata que respalda a numerosos presidentes absolutistas, por coincidencias estratégicas, y que se ha convertido en el presidente más anti-democrático en la historia estadounidense.
En su segundo mandato iniciado el 20 de enero de 2025, Trump ha realimentado la Doctrina Monroe de 1823, reetiquetada como la «Doctrina Donroe», en su visión de «la Gran América del Norte» y con una política exterior de «Escudo de las Américas», guarecida en la meta de supremacía universal de Estados Unidos.
No obstante haber proclamado que pondría fin a la participación de Estados Unidos en costosas y destructivas guerras extranjeras, ha llevado a cabo una ofensiva a gran escala contra jefes de Estado, detrás de concesiones para reforzar la presencia de su nación imperialista y limitar influencias externas en el hemisferio Occidental.
Resumamos en 10 puntos las más de 30 controversias y traspiés de Trump:
1.- Imposición unilateral de aranceles globales a importaciones, entre un 10 y un 100%.
2.- Enfrentamiento con Cuba, Canadá, Panamá y su canal, Venezuela y su petróleo, Colombia, Brasil, China, la Unión Europea/OTAN, Rusia, Corea del Norte, México y su Golfo, Dinamarca y su Groenlandia, y Harvard y la primera universidad norteamericana.
3.- Apoyo al exterminador de la Franja de Gaza – Benjamín Netanyahu- y las guerras en Ucrania, Irán, El Líbano y otros territorios de Asia y África.
4.- Destrucción extrajudicial de embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, con un balance de 175 muertos.
5.- Intensa presión sobre el presidente de la independiente Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el gobernante amenazó con despedirlo si no reducía drásticamente la tasa de interés.
6.- Reveses por parte de jueces que han frenado disposiciones suyas, como la protección a periodistas y a medios de comunicación.
7.- Paralizaciones judiciales sobre repatriaciones.
8.- Purgas en jerarcas castrenses y destituciones del secretario de Seguridad Nacional, la Fiscal General, el asesor de Seguridad Nacional y otros miembros de su gabinete.
9.- Suspensión de visas a una larga lista de ciudadanos de 75 países.
10.- Insultos y choque con el papa León XIV.
Sin referencias metafóricas, estrategas políticos y militares han dado relevancia, en eventos y en textos, que cuando el líder de una instancia con facultad de mando -presidentes de la República, corporaciones privadas, organizaciones políticas, religiosas, sindicales y otras- se abren múltiples frentes simultáneamente manipulan una caja giratoria que pilotea hacia el desgaste de su liderazgo, su legitimidad y vulnerabilidad.
Psiquiatras y psicólogos puntualizan que cuando una persona está abrumada aparece el “efecto bloqueo” mental y lidiando con tantos frentes, un gobierno se vuelve reactivo y sobrevienen la desconfianza, la incertidumbre, los sometimientos judiciales, las presiones externas, los conflictos, la inestabilidad en los precios, la violencia y el colapso de la economía y la función presidencial.
Trump ha creado tensión en más de 30 rejas político/sociales y militares, que lo han colocado en la cuerda floja: inflación aupada por la guerra de Irán, conflictividad con otras organizaciones políticas y otras estructuras internas de gran influencia, con mandatarios y naciones; pierde la confianza a todos los niveles, desciende el número de turistas que viaja a Estados Unidos y baja su popularidad. La flecha apunta a que tendría su descarga (Arrow End o Arrow Pointing Left Then Down) en un impeachment o juicio político por «incapacidad moral o física» o «falta absoluta» en el Congreso, que llevaría a su vacancia presidencial o destitución.
Avizorando que su Partido Republicano perdería las elecciones de medio término programada para el martes 3 de noviembre de 2026, Trump ha advertido que pueden pasar “cosas malas”. En tanto, la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), que exigiría a las personas presentar una identificación y una prueba de ciudadanía para votar, mientras que el mandatario presiona para que acojan la legislación, que los demócratas afirman que privaría del derecho al voto a los electores elegibles.
Desconcertado (“¿Qué está pasando…?”) porque su índice de aprobación ciudadana está en el suelo, los informes indican que Trump contempla evitar la celebración de las elecciones de noviembre, en las cuales los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Aceptará el envalentonado los consejos de Putin, Jinping y el posible trío de amigos y familiares que acudiría en su auxilio?
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El autor: Expresidente Colegio de Periodistas y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente Asoc. Dom. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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