Análisis Noticiosos
Desconcierto institucional origina incertidumbres
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de contrarreformas jurídicas.
Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.
Un verdadero escándalo
La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.
Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.
Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.
Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.
Los hombres de Leonel
Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.
Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.
Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.
En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.
Cuentas del desconcierto
El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.
La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.
El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.
Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.
En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.
Lucha por la sucesión
Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.
A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.
Leonel Fernández, presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.
La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.
Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.
El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-
(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo publica con la autorización del autor.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.