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Procuraduría de Colombia verificará situación de comunidades indígenas en Guaviare

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El Procurador conformará una comisión técnica con el objetivo de corroborar si. tal como afirma la Corte Constitucional, los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente.

Según la Corte Consitucional las comunidades indígenas Jiw y Nucak están en grave peligro. 

El Fiscal general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformará una comisión técnica para verificar la situación de las comunidades indígenas Jiw y Nucak en el departamento del Guaviare (Sur).

La información fue suministrada a través de una comunicación enviada a la Corte Constitucional que el pasado jueves emitió una confusa resolución judicial en la que obliga al Ejército y a la Armada a desocupar seis hectáreas de la base de El Barrancón, en San José del Guaviare, que pertenecen a un resguardo de las comunidades indígenas Nukak y Jiwi.

Ordóñez anunció que ordenará la conformación de “una comisión técnica» que verifique en el área de Guaviare, donde está instalada la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, la situación de las personas y pueblos indígenas «cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados», según la resolución de la Corte Constitucional.

El jefe del Ministerio Público le pidió a Alto Tribunal que aclare mediante un auto judicial, y no mediante un comunicado, lo que se le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la devolución de seis hectáreas de tierra en el área donde está la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en el departamento del Guaviare.

El Auto 173 que generó la Corte Constitucional el pasado jueves, generó confusión sobre si la resolución solicitaba al Ministerio de Defensa la devolución de seis hecatáreas del territorio al resguardo indígena de los Jiw o el desalojo o el retiro de las dos bases militares de la zona.

La Corte emitió un comunicado “en atención a la desafortunada información emitida por los medios de comunicación con respecto al contenido del Auto 173” y aclaró que “a través de esta providencia se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses”.

En las seis hectáreas que deben ser devueltas al resguardo están una pista de entrenamiento, una piscina, dos torres de observación, aulas y tanques para almacenar agua.

Ejército plantea canje o compra de tierras indígenas

El general Sergio Mantilla, comandante del Ejército de Colombia, afirmó que “encontró” dos fórmulas, que propondrá para “cumplir” con la orden sin mover las instalaciones.

«Hay una propuesta de intercambios de terrenos. Decirles: déjenme estas seis hectáreas y a cambio nosotros les damos la misma cantidad de terreno en otro lugar para que se le adicione al resguardo. La otra opción es comprar el terreno», aseguró el general Mantilla.

Mientras el Alto Tribunal reiteró que los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección”, el Comandante del Ejército calificó el asunto como un «problema de linderos entre dos vecinos», que no se pudo aclarar luego de cinco años de disputa jurídica.

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Latinoamericanas

El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios

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EFE
La campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 13 de diciembre en Haití no arrancó este lunes, como estaba previsto, lo que supone un nuevo traspié para la celebración de los comicios que el país no realiza desde hace una década.

Según la prensa local, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estudia la posibilidad de publicar en las próximas horas una modificación al calendario de las elecciones que incluya la ampliación del plazo de inscripción de los candidatos.

La campaña debía haber comenzado hoy, pero el CEP aparentemente está a la espera de que el Consejo de Ministros publique un nuevo decreto sobre las elecciones para hacer ajustes.

El calendario oficial prevé para el 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como la ratificación popular de varios cambios propuestos a la Constitución.

Sin embargo, ni en las calles de Puerto Príncipe ni en las grandes ciudades de provincia del país se observó este lunes actividad alguna de campaña electoral.

  • Pese a lo anterior, en los días previos, algunos candidatos hicieron actividades políticas en las calles, lo que llevó al CEP a publicar un comunicado en el que advirtió a los aspirantes sobre la importancia de respetar las fechas previstas.

En ese mensaje, con fecha 28 de septiembre, el CEP recordó a los candidatos que el «período oficial de campaña electoral aún no ha comenzado», e invitó a los partidos políticos a «abstenerse de cualquier actividad asimilable a una campaña electoral fuera del período oficialmente fijado».

Inscripción de candidatos

Al menos diez políticos conocidos se han inscrito como aspirantes a la Presidencia, entre ellos el exprimer ministro Claude Joseph; el alcalde de Delmas, Wilson Jeudy; el expresidente interino Jocelerme Privert, y el activista Wilner Joseph, considerado el candidato del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021.

En medio de esta indefinición electoral intervienen alcaldes en funciones, exministros, comisarios del Gobierno e incluso personalidades sancionadas por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta connivencia con las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y se han extendido al interior del país.

La convocatoria de las elecciones se produce en medio de una crisis que afecta a todos los ámbitos de Haití, donde más de 5,700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año a consecuencia de la violencia de las bandas armadas.

Estos grupos, que son combatidos por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también son presuntos responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas, según la ONU.

El pasado 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027.

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Brasil irá a segunda vuelta: Bolsonaro aventaja a Lula en una cerrada elección presidencial

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Agencia EFE

BRASILIA.– Brasil tendrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República, luego de que ninguno de los principales candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo.

El senador Flávio Bolsonaro se mantenía al frente del escrutinio sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia entre ambos comenzó a reducirse a medida que avanzaba el conteo de los votos.

Con aproximadamente el 85 % de los sufragios contabilizados, Bolsonaro registraba un 48.47 %, frente al 43.49 % obtenido por Lula, resultados que dejaban a ambos por debajo del porcentaje requerido para ganar directamente la Presidencia.

Posteriormente, con más del 90 % del escrutinio procesado, la ventaja del senador se había estrechado todavía más, colocándose en torno al 47.8 %, mientras Lula superaba el 44 %, confirmando el escenario de una segunda ronda electoral.

De acuerdo con las normas electorales brasileñas, cuando ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados deben enfrentarse nuevamente. El Tribunal Superior Electoral establece que la segunda ronda de las elecciones de 2026 será celebrada el domingo 25 de octubre.

Una elección marcada por la polarización

La contienda enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados.

Lula da Silva busca permanecer en el Palacio del Planalto y alcanzar un nuevo mandato presidencial, mientras Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez encabezado por una nueva generación de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

La elección ha mostrado nuevamente la profunda división política de Brasil, con temas como la economía, el costo de vida, la seguridad ciudadana, la corrupción y las relaciones internacionales ocupando buena parte del debate electoral.

Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo, en las que también fueron escogidos gobernadores, senadores y representantes legislativos.

Bolsonaro conserva la delantera, pero Lula acorta distancia

Durante las primeras horas del escrutinio, Bolsonaro llegó a mantener una ventaja considerable sobre Lula. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse conforme fueron incorporándose los resultados procedentes de distintas regiones del país.

El comportamiento del conteo convirtió la noche electoral en una jornada de expectativa, mientras las campañas de ambos candidatos seguían atentamente la actualización de los datos oficiales.

La Justicia Electoral brasileña inició la divulgación de los resultados después de las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, procesando progresivamente los boletines enviados desde los centros de votación del país y del exterior.

Brasil decidirá el 25 de octubre

Con la segunda vuelta confirmada, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrán ahora aproximadamente tres semanas para buscar el respaldo de los electores que apoyaron a otras candidaturas y de quienes todavía no tienen una decisión definitiva.

El resultado convierte el 25 de octubre de 2026 en una fecha decisiva para Brasil y para América Latina, debido al peso económico, político y geopolítico que posee la mayor nación de la región.

La primera vuelta deja a Bolsonaro en ventaja, pero también evidencia una competencia más cerrada de cara al balotaje.

Brasil entra así en una nueva etapa de campaña electoral en la que cada voto podría resultar determinante para definir quién gobernará el país durante el próximo período presidencial.

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Latinoamericanas

Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia

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Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra

Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.

Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.

La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.

Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000

Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.

De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.

Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.

Contactaban a posibles reclutas por TikTok

Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.

Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.

La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.

Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.

Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía

De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.

Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.

Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.

Panamá investiga una red más amplia

El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.

Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.

Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos

La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.

Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.

El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.

La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.

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