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Procuraduría de Colombia verificará situación de comunidades indígenas en Guaviare

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El Procurador conformará una comisión técnica con el objetivo de corroborar si. tal como afirma la Corte Constitucional, los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente.

Según la Corte Consitucional las comunidades indígenas Jiw y Nucak están en grave peligro. 

El Fiscal general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformará una comisión técnica para verificar la situación de las comunidades indígenas Jiw y Nucak en el departamento del Guaviare (Sur).

La información fue suministrada a través de una comunicación enviada a la Corte Constitucional que el pasado jueves emitió una confusa resolución judicial en la que obliga al Ejército y a la Armada a desocupar seis hectáreas de la base de El Barrancón, en San José del Guaviare, que pertenecen a un resguardo de las comunidades indígenas Nukak y Jiwi.

Ordóñez anunció que ordenará la conformación de “una comisión técnica» que verifique en el área de Guaviare, donde está instalada la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, la situación de las personas y pueblos indígenas «cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados», según la resolución de la Corte Constitucional.

El jefe del Ministerio Público le pidió a Alto Tribunal que aclare mediante un auto judicial, y no mediante un comunicado, lo que se le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la devolución de seis hectáreas de tierra en el área donde está la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en el departamento del Guaviare.

El Auto 173 que generó la Corte Constitucional el pasado jueves, generó confusión sobre si la resolución solicitaba al Ministerio de Defensa la devolución de seis hecatáreas del territorio al resguardo indígena de los Jiw o el desalojo o el retiro de las dos bases militares de la zona.

La Corte emitió un comunicado “en atención a la desafortunada información emitida por los medios de comunicación con respecto al contenido del Auto 173” y aclaró que “a través de esta providencia se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses”.

En las seis hectáreas que deben ser devueltas al resguardo están una pista de entrenamiento, una piscina, dos torres de observación, aulas y tanques para almacenar agua.

Ejército plantea canje o compra de tierras indígenas

El general Sergio Mantilla, comandante del Ejército de Colombia, afirmó que “encontró” dos fórmulas, que propondrá para “cumplir” con la orden sin mover las instalaciones.

«Hay una propuesta de intercambios de terrenos. Decirles: déjenme estas seis hectáreas y a cambio nosotros les damos la misma cantidad de terreno en otro lugar para que se le adicione al resguardo. La otra opción es comprar el terreno», aseguró el general Mantilla.

Mientras el Alto Tribunal reiteró que los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección”, el Comandante del Ejército calificó el asunto como un «problema de linderos entre dos vecinos», que no se pudo aclarar luego de cinco años de disputa jurídica.

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Colombia ve «irresponsables» acusaciones de Venezuela

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Por Efe

BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano rechazó este domingo las «acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró que Colombia supuestamente activa planes para afectar la infraestructura eléctrica y atentar contra personalidades de ese país.

Así lo aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado en el que fija la posición del país luego de que el jefe de Estado venezolano dijera que el Gobierno del presidente Iván Duque «sigue activando planes, tenemos la información en la mano, para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela».

«Como ya es costumbre, una vez más el dictador Maduro lanza cortinas de humo acusando al Gobierno de Colombia de presuntas acciones contra Venezuela, país al cual respetamos y queremos profundamente los colombianos y nuestro Gobierno. Esas acusaciones no tienen ningún fundamento», aseguró la Cancillería colombiana.

Maduro, en el pasado, acusó al presidente Duque de estar detrás de los ataques que supuestamente se han perpetrado contra las refinerías y el sistema eléctrico de Venezuela.

El documento de la Cancillería colombiana agrega que lo que busca el gobernante venezolano es «tratar de desviar la atención sobre la delicada situación política, económica, social y de violación de derechos humanos que padece Venezuela».

A renglón seguido agrega que «esta cortina de humo sale precisamente hoy (sábado), cuando el mundo conoce de la presencia, y posiblemente la muerte en territorio venezolano de Iván Márquez».

A propósito del tema, el presidente Duque dijo el sábado que las autoridades están verificando la información sobre la supuesta muerte en Venezuela del máximo jefe de las disidencias de las FARC, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez».

«Son en este momento informaciones que se están verificando. Estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar esa información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración lo informaremos oportunamente», afirmó Duque.

Márquez, según medios locales, supuestamente murió en un atentado, en medio de la confrontación que el grupo de disidentes llamado «Segunda Marquetalia» tiene con bandas criminales por el control del narcotráfico en la frontera de Colombia con Venezuela.

DENUNCIAS DE COLOMBIA

El Gobierno colombiano ha dicho en varias ocasiones que Maduro protege en su país no solo a las disidencias de las FARC sino también a mandos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros que está cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015 por orden del presidente Maduro, que previamente había expulsado a miles de colombianos de esa zona.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. EFE

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Latinoamericanas

Puerto Rico suspende operación de banco investigado por evasión de impuestos

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Agencia Efe

«La industria financiera de Puerto Rico no será un paraíso para evasores de impuestos o conductas ilegales».

San Juan.- Las autoridades puertorriqueñas suspendieron las operaciones en la isla de la entidad financiera Euro Pacific International Bank, que es investigada por lavado de dinero y evasión de impuestos.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió una orden de cese y desista contra el banco, con sede en la isla, por supuestas violaciones a la Ley del Centro Financiero Regional de Puerto Rico.

La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira Díaz, explicó en una comparecencia de prensa que el banco «tiene una larga historia de incumplimiento».

Zequeira adelantó que el regulador estatal no permitirá que «ninguna entidad financiera con una licencia emitida por el Gobierno de Puerto Rico opere fuera de la ley».

Por su parte, el jefe de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Jim Lee, dijo que «la industria financiera de Puerto Rico no será un paraíso para evasores de impuestos o conductas ilegales».

Esta decisión llega después de que hace dos años el Euro Pacific Bank empezara a ser investigado por la organización intergubernamental de cumplimiento fiscal conocida como J5, formada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Países Bajos.

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PERU: Desmantelan red traficaba migrantes RD y los enviaba a Europa

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LIMA.- Las autoridades de Perú desmantelaron una banda que traficaba migrantes principalemnte de República Dominicana, Ecuador y Bolivia y los enviaba a Europa con suplantando las identidades de ciudadanos peruanos.

Una vez los migrantes llegaban al país sudamericano, los integrantes de la red los ubicaban en «domicilios de seguridad» hasta que le suministraran los documentos que les permitirían viajar a Europa.

Según el reportaje del periodista Julio Chuquitaype para el medio peruano América TV, la red se encargaba de conseguir y entregar la documentación y el pasaporte tomando en cuenta los rasgos del migrante con los de un ciudadano del Perú y la hacían pasar por esa persona, usurpando su identidad.

De esta forma el dominicano y personas de otros países que requerían sus servicios podían viajar hacia Europa especialmente a España, Italia y Grecia, pagando una suma que oscilaba entre ocho mil y 12 mil euros.

El pasaporte peruano tiene la ventaja de que puede entrar a cualquiera de los 26 países que conforman el espacio Schengen.

Al momento de la captura de los integrantes de esta red, las autoridades decomisaron 22 pasaportes peruanos, cédulas de migrantes dominicanos, 18 pasaportes de diferentes nacionalidades y sellos migratorios de entrada y salida de diferentes países. Queda pendiente la captura de sus nexos en los países involucrados.

Tras dos años de investigación, según el trabajo periodístico, registró un total de 50 casos y determinó que la captación de los migrantes comienza en la República Dominicana.

En 2018 la República Dominicana entró en la lista de los países que no requieren visado para que sus ciudadanos viajen a Perú. En el caso del espacio Schengen, compuesto por la mayoría de los países europeos, los dominicanos al igual que los ecuatorianos y bolivarianos necesitan de una visa para entrar a ese territorio.

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