Latinoamericanas
Procuraduría de Colombia verificará situación de comunidades indígenas en Guaviare
El Procurador conformará una comisión técnica con el objetivo de corroborar si. tal como afirma la Corte Constitucional, los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente.
Según la Corte Consitucional las comunidades indígenas Jiw y Nucak están en grave peligro.
El Fiscal general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformará una comisión técnica para verificar la situación de las comunidades indígenas Jiw y Nucak en el departamento del Guaviare (Sur).
La información fue suministrada a través de una comunicación enviada a la Corte Constitucional que el pasado jueves emitió una confusa resolución judicial en la que obliga al Ejército y a la Armada a desocupar seis hectáreas de la base de El Barrancón, en San José del Guaviare, que pertenecen a un resguardo de las comunidades indígenas Nukak y Jiwi.
Ordóñez anunció que ordenará la conformación de “una comisión técnica» que verifique en el área de Guaviare, donde está instalada la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, la situación de las personas y pueblos indígenas «cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados», según la resolución de la Corte Constitucional.
El jefe del Ministerio Público le pidió a Alto Tribunal que aclare mediante un auto judicial, y no mediante un comunicado, lo que se le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la devolución de seis hectáreas de tierra en el área donde está la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en el departamento del Guaviare.
El Auto 173 que generó la Corte Constitucional el pasado jueves, generó confusión sobre si la resolución solicitaba al Ministerio de Defensa la devolución de seis hecatáreas del territorio al resguardo indígena de los Jiw o el desalojo o el retiro de las dos bases militares de la zona.
La Corte emitió un comunicado “en atención a la desafortunada información emitida por los medios de comunicación con respecto al contenido del Auto 173” y aclaró que “a través de esta providencia se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses”.
En las seis hectáreas que deben ser devueltas al resguardo están una pista de entrenamiento, una piscina, dos torres de observación, aulas y tanques para almacenar agua.
Ejército plantea canje o compra de tierras indígenas
El general Sergio Mantilla, comandante del Ejército de Colombia, afirmó que “encontró” dos fórmulas, que propondrá para “cumplir” con la orden sin mover las instalaciones.
«Hay una propuesta de intercambios de terrenos. Decirles: déjenme estas seis hectáreas y a cambio nosotros les damos la misma cantidad de terreno en otro lugar para que se le adicione al resguardo. La otra opción es comprar el terreno», aseguró el general Mantilla.
Mientras el Alto Tribunal reiteró que los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección”, el Comandante del Ejército calificó el asunto como un «problema de linderos entre dos vecinos», que no se pudo aclarar luego de cinco años de disputa jurídica.
Latinoamericanas
Maduro llama «ladrón» y «bandido» a Abinader por la confiscación de avión en República Dominicana
Agencia EFE
Caracas,.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.
El mandatario venezolano sostuvo que está «muy pendiente» del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le «hubieran robado el avión en República Dominicana», viajaría a Estados Unidos.
El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, «propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre».
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) «a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches», denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación de este avión
Agencias.-
Puerto Príncipe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un aumento de la ayuda humanitaria a Haití de 45 millones, pidió a otros países que aporten más y prometió trabajar durante la Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad.
“En este momento crítico, necesitamos más fondos. ¡Necesitamos más personal para apoyar y alcanzar los objetivos de esta misión”, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa celebrada durante su visita oficial a Puerto Príncipe.
Al cierre de su visita a la capital haitiana, Blinken también dijo que es “un paso crítico” el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025.
“El éxito llama al éxito y los países están vigilando lo que pasa ahora en Haití. Están viendo lo que ha pasado en los últimos meses, al inicio de esta misión de apoyo de seguridad y si entrega resultados”, reflexionó Blinken.
EE.UU. ha contribuido a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), que desplegó desde junio a 380 policías kenianos, más de 300 millones de dólares.
Asimismo, Blinken adelantó que ha propuesto una reunión ministerial durante la Asamblea General de Naciones Unidas de este mes en Nueva York para conseguir nuevas aportaciones internacionales y asegurar la renovación del mandato del Consejo de Seguridad al despliegue, algo que debe suceder en octubre.
“Necesitamos más fondos y más personal para sostener la misión”, aseguró Blinken tras reunirse con el primer ministro haitiano, Garry Conille; el jefe del Consejo de Transición Presidencial, Eduard Leblanc Fils, y visitar la base en la que se están desplegados los policías kenianos desde junio.
Blinken pasó revista a ese contingente inicial, que acaba de recibir vehículos armados estadounidenses y ya patrulla las calles de Puerto Príncipe junto con la Policía Nacional haitiana.
El secretario de Estado recordó que a principios de año, ni el aeropuerto ni el único gran hospital de la capital operaban por la violencia y ahora las calles han recuperado el comercio y “los padres no tienen miedo de mandar a sus hijos al colegio”.
Blinken agradeció la contribución de Kenia, que ha comprometido un total de hasta 2.500 policías; de Canadá, que aporta financiación y de países como Jamaica y El Salvador, por su compromiso en personal. No obstante, la misión ha avanzado con retraso desde junio y ayer mismo fue declarado el estado de emergencia en todo el país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken se reunió en Puerto Príncipe con las autoridades de transición de Haití.
El secretario de Estado de Estados Unidos confió en que el país pueda celebrar elecciones en 2025, con la mejora de la seguridad tras el inicio de la misión multinacional liderada por Kenia. “La seguridad es el cimiento de todo lo que debe suceder aquí, incluido un camino hacia las elecciones el año próximo, pero también para entregar servicios al pueblo haitiano”, indicó Blinken ante la prensa, junto al primer ministro de Haití, Garry Conille
Latinoamericanas
María Corina Machado asume responsabilidad por publicación de las actas electorales en Venezuela
Agencia EFE
Caracas, Venezuela.-La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, asumió este jueves la responsabilidad por la publicación de actas electorales que -asegura- prueban la «estruendosa derrota» del mandatario Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador de las presidenciales del 28 de julio.
«Asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano», expresó Machado a través de X, minutos después de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara que existe una orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González Urrutia por la difusión de estos documentos.
La opositora se pronunció así después de que González Urrutia transmitiera al fiscal, por medio de su abogado, José Vicente Haro, que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación», después de ser acusado de usurpar las funciones de las autoridades electorales por este hecho.
En el escrito que Haro entregó a Saab, en nombre de su representado, explica que no considera que se «han usurpado funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».
En este sentido, Machado afirmó que «el proceso de defensa del voto, recolección, digitalización» de las actas «no sólo es un derecho constitucional», sino «una hazaña ciudadana épica, que hoy reconoce y admira el mundo entero».
Además, manifestó que los documentos, que -insistió- se recabaron a través de «más de un millón de voluntarios», permitieron que «en 24 horas» el «mundo entero» tuviera «las evidencias» de «la estruendosa derrota» de Nicolás Maduro, por lo que -reiteró- González Urrutia «es el presidente electo de Venezuela».
«Lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los jueces y lo saben los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Los ciudadanos militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir», expresó Machado.
La líder opositora dijo que la «Fiscalía es un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado en Venezuela», al tiempo que aseguró que «la designación y desempeño de su portavoz no sólo es ilegítima, es una vergüenza que la historia juzgará».
Saab subrayó que la Fiscalía, que llamó a comparecer tres veces al opositor, «ratifica la citación, con la orden de aprehensión en curso», para que González Urrutia sea «entrevistado».