Latinoamericanas
Procuraduría de Colombia verificará situación de comunidades indígenas en Guaviare
El Procurador conformará una comisión técnica con el objetivo de corroborar si. tal como afirma la Corte Constitucional, los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente.
Según la Corte Consitucional las comunidades indígenas Jiw y Nucak están en grave peligro.
El Fiscal general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformará una comisión técnica para verificar la situación de las comunidades indígenas Jiw y Nucak en el departamento del Guaviare (Sur).
La información fue suministrada a través de una comunicación enviada a la Corte Constitucional que el pasado jueves emitió una confusa resolución judicial en la que obliga al Ejército y a la Armada a desocupar seis hectáreas de la base de El Barrancón, en San José del Guaviare, que pertenecen a un resguardo de las comunidades indígenas Nukak y Jiwi.
Ordóñez anunció que ordenará la conformación de “una comisión técnica» que verifique en el área de Guaviare, donde está instalada la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, la situación de las personas y pueblos indígenas «cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados», según la resolución de la Corte Constitucional.
El jefe del Ministerio Público le pidió a Alto Tribunal que aclare mediante un auto judicial, y no mediante un comunicado, lo que se le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la devolución de seis hectáreas de tierra en el área donde está la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en el departamento del Guaviare.
El Auto 173 que generó la Corte Constitucional el pasado jueves, generó confusión sobre si la resolución solicitaba al Ministerio de Defensa la devolución de seis hecatáreas del territorio al resguardo indígena de los Jiw o el desalojo o el retiro de las dos bases militares de la zona.
La Corte emitió un comunicado “en atención a la desafortunada información emitida por los medios de comunicación con respecto al contenido del Auto 173” y aclaró que “a través de esta providencia se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses”.
En las seis hectáreas que deben ser devueltas al resguardo están una pista de entrenamiento, una piscina, dos torres de observación, aulas y tanques para almacenar agua.
Ejército plantea canje o compra de tierras indígenas
El general Sergio Mantilla, comandante del Ejército de Colombia, afirmó que “encontró” dos fórmulas, que propondrá para “cumplir” con la orden sin mover las instalaciones.
«Hay una propuesta de intercambios de terrenos. Decirles: déjenme estas seis hectáreas y a cambio nosotros les damos la misma cantidad de terreno en otro lugar para que se le adicione al resguardo. La otra opción es comprar el terreno», aseguró el general Mantilla.
Mientras el Alto Tribunal reiteró que los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección”, el Comandante del Ejército calificó el asunto como un «problema de linderos entre dos vecinos», que no se pudo aclarar luego de cinco años de disputa jurídica.
Latinoamericanas
Al menos 3 muertos y 10 heridos por un atentado terrorista en el noreste de Colombia
EFE
Bogotá, (EFE).- Una mujer y dos policías murieron, mientras que 10 personas más resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander (noreste), en Colombia, informaron este miércoles las autoridades.
Según la información preliminar de la Policía de Norte de Santander, los fallecidos son el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo y el patrullero Andrés Idarraga Orozco, así como una mujer cuya identidad no fue revelada.
También resultaron heridos otros cuatro agentes, uno de los cuales está internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, capital departamental de Norte de Santander.
El director de la Policía de Colombia, general William Salamanca, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 45.000 dólares y unos 42.000 euros) por información sobre quienes perpetraron el ataque.
«Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú, y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz», señaló la Gobernación de Norte de Santander en Twitter.
«No es justo que esta población siga siendo víctima de atentados terroristas (…) Basta ya de tanta violencia contra la ciudadanía y la Fuerza Pública que día a día salen de casa con la esperanza de regresar cada noche a abrazar a sus seres queridos», agregó la Gobernación.
Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó «la acción terrorista en Tibú, Norte de Santander, en contra de la vida» de los policías.
Tibú forma parte del Catatumbo, una región que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, en el departamento de Norte de Santander.
En esta zona del país, que tiene límites con Venezuela, hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, así como de un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se enfrentan por corredores para el narcotráfico y cultivos de coca.
Además de Tibú, del Catatumbo, una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata y Teorama. EFE
San Juan, (EFE).- La Guardia Costera estadounidense informó este miércoles que repatrió a 96 inmigrantes dominicanos detenidos en tres embarcaciones frente a la costa oeste de Puerto Rico.
Las tres embarcaciones, sumamente sobrecargadas, fueron detectadas por la tripulación de un avión polivalente de Aduanas y Protección Fronteriza que patrullaba el Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana.
Vigilantes de la Guardia Costera en el Sector San Juan desviaron a sus barcos Winslow Griesser y Joseph Tezanos para interceptar las embarcaciones sospechosas, según el comunicado.
A bordo de la segunda había 19 personas (15 hombres y cuatro mujeres), que aseguraron ser nacionales dominicanos.
La tercera embarcación llevaba a 28 hombres y tres mujeres dominicanas, así como a dos ciudadanos de Haití.
Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, la Guardia Costera ha interceptado 31 viajes ilegales en aguas cercanas a Puerto Rico, donde ha detenido a 992 inmigrantes, la mayoría de ellos (758) dominicanos.
Puerto Príncipe.- El alcalde de Montrouis, Elysée Blais, criticó la decisión del Gobierno de Haití de trasladar las celebraciones por el Día de la Bandera debido a la inseguridad.
El presidente del Ayuntamiento considera que, en lugar de «huir», las autoridades deben adoptar todas las medidas para desalojar la banda que opera en Canaán e impide los festejos en Arcahaie, ciudad que vio nacer la insignia nacional.
Blais aseguró que la institución que dirige no estará representada en la ceremonia organizada por el Gobierno en Cabo Haitiano, en el extremo norte del país.
«Reubicar esta fiesta de su lugar tradicional e histórico es eludir nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y permitirles circular libremente», dijo el alcalde de acuerdo con la plataforma Vant Bef Info.
Recordó que las acciones de los grupos armados afectan la vida económica y social de las ciudades desde Source Matelas hasta el extremo norte, donde operan al menos tres pandillas.
La semana pasada, las autoridades anunciaron el traslado de la ceremonia, sin ofrecer razones, e invitaron a los titulares de cartera, secretarios generales de la Presidencia y del Consejo de Ministros, así como a los gobernantes locales a acompañar al jefe del Gobierno en los eventos por del Día de la Bandera que se celebrarán el miércoles y jueves.
El acceso a Arcahaie lleva meses controlado por las pandillas de Canaán y de Village de Dieu, que bloquean avenidas, secuestran y asesinan a los residentes, además de protagonizar enfrentamientos con otros grupos armados.
La violencia en Haití se recrudeció desde mediados de 2021, tras el atentado mortal contra el entonces presidente Jovenel Moïse, con un aumento de los asesinatos, raptos y el control efectivo de la capital por parte de las bandas, así como de regiones de Artibonite.
En las últimas semanas la Policía intensificó sus operaciones antipandillas y logró recuperar algunas zonas de Puerto Príncipe, al tiempo que se comprometió con el retorno de la paz al país caribeño.
of-am